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Protestas masivas contra gobierno peruano por masacre en la
selva
Por Luis Arce
16 Julio 2009
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el autor
Una ola de manifestaciones y marchas en repudio a la masacre
de indígenas amazónicos a manos del gobierno peruano
se llevó a cabo en todo el país el jueves pasado.
La jornada de lucha contó con la participación
de indígenas amazónicos, mineros y campesinos andinos,
trabajadores urbanos como obreros de construcción y maestros
entre otros, más escolares y universitarios. Ha sido el
mayor acto de fuerza contra el desacreditado gobierno aprista
desde que Alan García asumiera el poder hace tres años.
Los manifestantes se enfrentaron a actos de violencia por parte
de la policía en varias ciudades incluyendo Lima, la capital.
La jornada de lucha tenía como fin inmediato expresar
la indignación popular contra el regimen aprista por haber
ordenado el violento ataque policial del 5 de junio para desalojar
a los nativos que se encontraban bloqueando la carretera Fernando
Belaúnde Terry cerca a la ciudad norteña de Bagua.
La violencia dejó un saldo de docenas de muertos y cientos
de heridos.
Según el gobierno, 24 policías y solo nueve indígenas
murieron en los enfrentamientos. Sin embargo, hospitales y organizaciones
religiosas de la zona han presentado cifras de civiles muertos
mucho mayores. Testigo han declarado que la policía quemó
los cuerpos de manifestantes, los pusieron en bolsas negras y
los arrojaron al río. Algunos de los cuerpos que fueron
recuperados muestran señas de haber sido quemados y disparados
repetidas veces en la cara antes de ser asesinados.
Los manifestantes del jueves demandaron la derogatoria de los
Decretos Ley 1090 y 1064. El objetivo de estos decretos es regular
la explotación de los recursos energéticos, minerales
y forestales en la amazonía por parte de compañías
transnacionales . Llamaron también a la renuncia del presidente
Alan García, el premier Yehude Simon y otros miembros del
gabinete ministerial.
En un intento de apaciguar el creciente descontento e indignación
popular por la masacre de Bagua, el Congreso Peruano decidió
suspender por un período indefinido los decretos mencionados.
Los manifestantes sin embargo rechazaron esta medida y pidieron
la derogatoria de éstos, alegando que son inconstitucionales
porque violan los reglamentos establecidos por la Organización
Internacional del Trabajo y fueron adoptados sin consultar a los
indígenas.
Respaldando este alegato, el Tribunal Constitucional del Perú
admitó la demanda de inconstitucionalidad presentada por
la Defensoría del Pueblo contra el DL 1064.
El gobierno aprista se opone a la derogatoria porque los decretos
representan una parte integral del Tratado de Libre Comercio firmado
con Washington. El Presidente García teme que los EE.UU.
podrían declarar nulo el tratado, lo cual sería
desvastador para la política económica de su gobierno.
En Lima más de 20 mil personas iniciaron una marcha
pacífica desde la Plaza Dos de Mayo hasta el Congreso y
Palacio de Gobierno, donde reside el presidente. Entre los organizadores
de la marcha están la Central General de Trabajadores del
Perú (CGTP), Sutep (sindicato de maestros), organizaciones
estudiantiles y varios partidos de izquierda.
Un manifestante mandó la siguiente nota al WSWS:
"A las 2 pm llegué a la Av. Colmena con Tacna que
estaba resguardada por policías. De repente desde la Av.
Colmena escucho a los maestros del Sutep llegar.
"Eran bastantes y estaban en las pistas, estaban cantando
slogans denunciando a la mascare en Bagua...
"Después llegaron [a la Plaza Dos de Mayo] las
federaciones de las universidades PUCP y San Marcos... que también
denunciaron a García, a la masacre y llevaban carteles
con diversos mensajes, todos en apoyo a los nativos, y en denuncia
a García.
"Eventualmente la congregación se empezó
a mover por la Av. Colmena, eramos miles, pasamos la Plaza San
Martín. Y al llegar a la Av. Abancay ... de repente los
policías nos atacaron con gases lacrimógenos, su
objetivo fue impedirnos llegar a Palacio de Gobierno (donde se
suponía que iba a acabar el paro).
"Todos los manifestantes corrimos mientras los gases lacrimógenos
nos alcanzaban. Los ojos de todas las personas que corrían
a mi alrededor de repente se volvieron lacrimosos y rojos, supongo
que los míos estaban así también.
"La gente gritaba: ‘No tenemos un presidente sino
un genocida.' Retrocedimos por la Av. Colmena hasta que nos detuvimos
en la Plaza San Martín donde el paro acabó. Miembros
de distintas organizaciones se paraban a hablar en contra de la
represión vivida ahí. También vi a una persona
atacada, cuyo rostro estaba ensangrentado y golpeado."
Otra joven que participó de la marcha en Lima mandó
una pequeña nota al WSWS, diciendo: "Fue bastante
complicado porque hubo mucha represión por parte de los
policías, mucho enardecimiento, mucho caos, por tanto poca
organización. Hubo mucha gente joven de distintas universidades."
Esta nota inocente tiene un gran significado. La marcha del
11 de junio representa el primer paso hacia la lucha por la justicia
social de una nueva generación de estudiantes. Otro factor
digno de resaltar es el surgimiento de nuevas organizaciones de
base representando al pueblo y que ahora están jugando
un papel dirigente en la lucha contra el gobierno, inpendientemente
de los viejos partidos y burocracias sindicales.
Se dieron manifestaciones en varias ciudades norteñas.
En Trujillo, cuna del partido Aprista, universitarios y organizaciones
de frentes populares marcharon lanzando arengas en respaldo a
los nativos.
En Chiclayo los manifestantes, incluyendo estudiantes y sindicatos,
fueron impedidos por la policía de ingresar al parque central.
Universitarios quemaron muñecos con la cara de Alan García.
Los actos de protesta en Lima y el norte del país tienen
un alto significado político porque fueron esas las únicas
regiones prácticamente donde ganó el Apra y que
le dio la presidencia a Alan García.
Su rival, el líder del ultra-nacionalista del Partido
Nacionalista Peruano, ex-oficial del ejército Ollanta Humala,
derrotó a García abrumadoramente precisamente en
los territorios que hoy se encuentran a punto de revelarse contra
el gobierno—la región andina y la selva amazónica.
Mientras los partidos de la burguesía—apristas,
fujimoristas y el derechista Unidad Nacional—se unieron para
pasar la suspensión de los DL 1090 y 1064, los Humalistas
votaron en contra, pidiendo en su lugar la derogación de
los decretos.
En el sur del país se presentaron disturbios en las
ciudades principales. En Puno, un grupo de 500 estudiantes de
la Universidad del Altiplano armados de palos y piedras se enfrentó
a la policía. Se informa que la protesta en Tacna—ciudad
limítrofe con Chile—fue multitudinaria y que incluyó
el bloqueo de la carretera Panamericana.
Los campesinos de Sicuani iniciaron una huelga general indefinida
y bloquearon varios puntos de las vías Cusco-Puno, Cusco-Arequipa
y Cusco-Puerto Maldonado.
En Arequipa, la segunda ciudad del país, los manifestantes
colmaron la Plaza de Armas y quemaron muñecos y féretros.
La ciudades de la sierra central también levantaron
su voz contra los actos de violencia y la política económica
del gobierno. En Ayacucho la protesta fue masiva, muchos marcharon
con los rostros pintados.
En Huancayo, el centro del comercio de la sierra central, universitarios
bloquearon la carretera central y resistieron un intento de desalojo
por parte de la policía.
Como era de esperarse, la región mas convulsionada fue
la selva amazónica. En abril, las tribus indígenas
dirigidos por la Asociación Interétnica de Desarrollo
de la Selva Peruana (Aidesep) inició una serie de actos
de protestas demandando la derogatoria de los DL 1090 y 1064.
Aidesep representa a 1,350 comunidades y unos 600,000 indígenas
amazónicos.
Rápidamente la protesta indígena ganó
apoyo popular. Frente a la intransigencia al diálogo por
parte del premier Yahude Simon, los nativos intensificaron sus
luchas e iniciaron una serie de bloqueos de carreteras y oleoductos.
El apoyo a los nativos incluyó marchas y paros de 24 horas
en diferentes ciudades.
Ante ésto, el gobierno reaccionó pasando una
orden que permitía a las FF.AA. dar apoyo a las policía
nacional. También se declaró un estado de emergencia.
Ahora se sabe que una representante de los EE.UU. en las negociaciones
del TLC había expresado su preocupación de que si
Perú no mantenía sus compromisos en cuanto a abrir
la selva al capital extranjero, entonces propondría la
nulidad del TLC.
Sin duda, la actidud del gobierno norteamericano tuvo un gran
peso en la decisión del Presidente García para provocar
los actos de violencia, primero desalojando a los nativos que
habían tomado un oleoducto en el sur del país y
luego organizando a la masacre de Bagua.
Ante el anuncio de la jornada de lucha para el 11 de junio,
el gobierno movilizó masivamente a la policía nacional
y las FF.AA. en las poblaciones de la selva peruana.
Se ordenó la movilización de policías
y la Marina de Guerra en Pucalpa. La ciudad de Iquitos fue militarizada
cuando se ordernó la intervención del ejército,
marina, fuerza aérea y la policía. Pucalpa e Iquitos
son las principales ciudades comerciales de la selva peruana.
Mientras la fuerza aérea se encargó de custodiar
los aeropuertos, la marina hizo lo propio con los puertos fluviales
en los ríos Ucayali y Amazonas.
Desafiando la fuerte movilización militar, los pueblos
indígenas amazónicos salieron a la lucha. Miles
de shipibo-cunibos, ashaninkas, awajún, sharanahuas y cashibo-cacataibos
se transladaron a Pucalpa para participar de las acciones de protesta
junto con la CGTP y otros frente de defensa.
Más de 600 nativos estudiantes de la Universidad Intercultural
de la Amazonía Peruana en Yarinacochas asistieron a la
marcha de Pucalpa.
Por otro lado, 3,000 shipibos y ashaninkas de la localidad
de Iparia, en el alto Ucayali, anunciaron su disposición
a cerrar el río Ucayali. Igualmente, los nativos de Lago
Imiria, a una hora al norte de Pucalpa, amenazaron con bloquear
el río Imiria. Anuncios de otros bloqueos fluviales llegaron
desde Tamaya, cerca a la frontera con Brasil, donde 2,000 ashaninkas
cerrarían el río Tamaya.
Los colegios y el comercio cerraron en toda la selva durante
el día de protesta.
Ante la enorme movilización de los pueblos indígenas
y el apoyo contundente por parte de los sectores populares del
Perú, las medidas matonezcas y soberbias del gobierno aprista
sólo servirán para echar más leña
al fuego.
El premier Yehude Simon, que en los 1990s fuera encarcelado
por supuestamente ser simpatizante de grupos de izquierda, se
ha convertido en el principal vocero de la matonería y
mentalidad dictatorial del Partido Aprista. Simon ha declarado
que no permitirá que un grupo de personas de la amazonía
afecte la democracia. Ahora reclama que está dispuesto
a dialogar con los indígenas pero que excluirá a
Aidesep de la negociaciones y a su líder Alberto Pizango
que se encuentra refugiado en la Embajada de Nicaragua.
En un spot publicitario cuyo único motivo era antagonizar
y enardecer la opinión pública contra los nativos
amazónicos, el gobierno difundió tomas de los policías
muertos durante el conflicto de Bagua, llamando a los nativos
"salvajes."
La respuesta de la población del Perú, de indígenas
amazónicos, campesinos, obreros y estudiantes, ha sido
una clara denuncia masiva contra la medidas de fuerza del estado.
El gobierno de García rápidamente está perdiendo
las opciones de gobernar democráticamente y se mueve en
dirección de medidas dictatoriales para defender el TL,c
los intereses del capital extranjero y el de sus socios menores
en la oligarquía peruana.
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