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Represión y abstención de las masas durante
las elecciones de Honduras
Por Bill Van Auken
4 Diciembre 2009
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el autor
Este artículo apareció en nuestro sitio en
su inglés original el 1ro. de diciembre, 2009.
La represión sistemática de los adversarios del
régimen golpista y una aparente abstención del voto
que batió el récord definieron las elecciones nacionales
del domingo pasado en Honduras. No obstante, el gobierno de Obama
en Washington alabó los resultados como “un paso hacia
adelante muy importante para Honduras” y “una salida
legítima” de la crisis que comenzó cuando los
militares derrocaron al Presidente electo, Manuel Zelaya, el 28
del junio pasado.
Las elecciones se llevaron a cabo solo un día después
del golpe haber cumplido los cinco meses, y el mismo Zelaya todavía
se encuentra atrapado en la embajada brasileña en Tegucigalpa,
donde se refugió dos meses atrás luego de haber
regresado clandestinamente al país.
Las mediaciones que Estados Unidos había respaldado
durante meses, las cuales resultaron en el Acuerdo de San José
y luego en el Acuerdo de Tegucigalpa, fracasaron en restaurar
Zelaya a la presidencia. Más bien le permitieron al régimen
golpista, encabezado por Roberto Micheletti, líder congresista
hondureño, ganar tiempo hasta que se celebraran los comicios,
los cuales se consideran como una artimaña para legitimar
al golpe.
Hay toda razón para creer que ésta fue la verdadera
intención del gobierno de Obama, el cual, a pesar de sus
críticas verbales al derrocamiento de Zelaya, ejerció
muy poca presión contra los responsables del golpe. En
cuanto al golpe mismo, es muy improbable que la clase gobernante
hondureña, que depende totalmente de Estados Unidos para
el comercio y las inversiones, y que sus militares—entre
los más leales al Pentágono (Estados Unidos mantiene
la mayor base militar de Latinoamérica en tierra hondureña)—
habrían actuado sin el permiso de Washington.
El voto del domingo se condujo bajo condiciones en que el país
se encuentra casi totalmente militarizado; más de 30,000
tropas se han movilizado para intimidar a los adversarios del
régimen.
En la ciudad norteña de San Pedro Sula, segunda ciudad
mayor de Honduras que sirve como su cede industrial, la policía
y soldados dispersaron una manifestación en contra de las
elecciones. Más de 1000 personas habían marchado
a la plaza central y a la Catedral de San Pedro Sula, donde cantaron
el himno nacional y llevaron cruces en memoria de las decenas
de personas que han muerto a causa de los últimos cinco
meses de represión.
Las fuerzas de seguridad reaccionaron con una fusilada de granadas
de gases lacrimógenos, chorros disparados por un cañón
de agua montado en un tanque militar, y golpizas a los manifestantes.
Luego de éstos dispersarse, los soldados comenzaron a destruir
un camión que llevaba equipo de sonido y pancartas en protesta
del voto ilegítimo.
Esta fue solo la manifestación más visible de
la represión que se había intensificado cada vez
más a medida que se acercaban los comicios.
La policía y los soldados ocuparon pueblos y aldeas
en todo el país; dirigentes de la oposición fueron
arrestados o se vieron amenazados. De acuerdo a la cadena de televisión
venezolana, Telesur, en Zacate Grande, comunidad isleña
al sur, grupos de hombres armados y vestidos de civiles forzaron
a los residentes a ir a las urnas. Esto sucedió luego que
el ejército persiguiera y cazara a los oponentes locales
del gobierno. Las fuerzas de seguridad también allanaron
varias moradas.
En la capital, la policía le cayó a toletazos
a ciudadanos que distribuían volantes instándole
al pueblo que boicoteara las elecciones.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en
Honduras (COFADEH), organización que defiende los derechos
humanos, reportó que tropas militares y agentes de la policía
habían allanado las oficinas centrales de varias organizaciones.
COFADEH añadió que el sábado el ejército
y la Policía Nacional habían montado una intensa
persecución de varias organizaciones y militantes de la
resistencia. La organización también reportó
que un oposicionista había sido arrestado por caminar en
la calle con un megáfono a cuestas, y que las fuerzas gubernamentales
habían entrado a las oficinas de un grupo y confiscado
sus computadoras y equipos.
Según la coordinadora de CODAFEH, Bertha Olivia, aproximadamente
30 personas han sido arrestadas. También ha habido allanamientos
arbitrarios de las oficinas y hogares de activistas que apoyan
a Zelaya como presidente legítimo del país, así
como también todo tipo de acción para intimidar
al pueblo. Las autoridades militares también han sitiado
las cedes de varios sindicatos y a varios vecindarios pobres (“colonias”),
que son bastones de la resistencia.
Porfirio “Pepe” Lobo, de 61 años de edad y
candidato del derechista Partido Nacional, fue declarado ganador
en estas elecciones celebradas a punta de pistola. Según
el voto oficial final, Lobo ganó por amplio margen sobre
su rival principal, el ex vicepresidente Elvin Santos, candidato
del Partido Liberal, en el cual Zelaya tanto como Micheletti son
figuras dirigentes.
Los resultados preliminares muestran que Lobo obtuvo 52% del
voto y Santos el 34%.
Lobo y Santos se parecen a Micheletti y Zelaya en que ambos
también son ricos miembros de la oligarquía hondureña.
Lobo es un prominente latifundista y gran dueño de ganados.
Por su parte, Santos es cabecilla de una de las mayores empresas
de obras de construcción del país.
Pero mucho más importante que el margen de victoria
fue la asistencia general del pueblo a los comicios. El Tribunal
Supremo Electoral (TSE) del régimen sostiene que la tasa
de abstención había alcanzado un 38.7%. La oposición,
sin embargo, insiste que entre el 65 y el 70% de los votantes
hondureños no comparecieron ante las urnas electorales.
Informes anecdóticos provenientes de la ciudad capital
de Tegucigalpa indican que el voto, si bien fue bastante numeroso
en los vecindarios de los ricos y de las capas superiores de la
clase media que habían apoyado el golpe, los centros de
votación, en su mayoría, se quedaron vacíos
en las colonias obreras que rodean a la ciudad.
Han aparecido sólidos indicios que las elecciones han
sido fraudulentas. Aunque las urnas electorales cerraron a las
17 horas (hora local), los resultados no se reportaron hasta las
21 horas. debido a lo que funcionarios llamaron un “problema
técnico mientras se contaban los votos. Funcionarios del
proceso electoral reportaron que se le había acabado la
tinta que se usa para marcar los dedos de los votantes con tal
de que no votaran varias veces. Fuentes de la oposición
en el sur del país también reportaron que partidarios
del partido derechista de El Salvador, Arena, estaban cruzando
la frontera y asistiendo a las urnas electorales para aumentar
el voto.
Todo el proceso se organizó bajo los auspicios de Washington.
Se calcula que aproximadamente 800 funcionarios estadounidenses
se encontraban presentes en el país para supervisar las
elecciones. Tanto el Instituto Internacional Republicano (IRI;
siglas en inglés) como el Instituto Nacional Demócrata
(NDI; siglas en inglés) enviaron observadores con tal de
legitimar el voto. Estas organizaciones, patrocinadas por los
dos partidos principales de Estados Unidos, reciben fondos de
la Fundación Nacional para la Democracia, creada en la
década de los 1980 para las responsabilidades políticas
en el extranjero que anteriormente se habían desempeñado
bajo el mando de la CIA.
Ninguna de las agencias que normalmente asesora las elecciones
de las Américas—la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA)
y la Fundación Carter—envió observadores. Pero
entre los presentes se hallaba un grupo de exilados cubanos anti
castristas que residen en Miami. Los pocos críticos del
régimen que fueron al país a observar las elecciones
fueron registrados por fuerzas de seguridad. Militantes de los
partidos derechistas del país los amenazaron con violencia.
La mayoría de los estados en la Cumbre Iberoamericana,
celebrada en Portugal el lunes pasado y que incluía a España
y a la mayoría de las naciones latinoamericanas, indicó
que no reconocerían la legitimidad de las elecciones.
En cuanto a este punto, Brasil, la potencia principal de Latinoamérica,
se ha mostrado la más intransigente. Esta postura refleja
las tensiones crecientes entre Brasilia y Washington a medida
que Brasil emerge como gran potencia regional y rival en una región
del globo que el imperialismo yanqui por largo tiempo ha llamado
su “patio trasero”. Funcionarios estadounidenses duramente
criticaron la colaboración del gobierno brasileño
con el regreso de Zelaya a Honduras antes de que se llegara a
un acuerdo— negociado por Estados Unidos—con los líderes
golpistas.
El asesor del presidente brasileño, Marco Aurelio García,
le declaró a la prensa en Portugal que Luis Ignacio Lula
da Silva considera que las elecciones se han usado para justificar
y absolver al golpe. Pero en una muestra de que Brasil está
suavizando su postura, añadió que por ahora se “tenía
que esperar” y debatir el tema con la “comunidad internacional”.
Por su parte, el gobierno español se mostró más
equívoco. El Ministro de Relaciones Exteriores, Miguel
Ángel Moratinos, dijo que su gobierno no acepta las elecciones
en Honduras, pero añadió que tampoco las ignora.
Indicó que el voto había creado “nuevos actores
políticos” interesados en lograr una solución
de “reconciliación nacional”.
Mauricio Funes, presidente de El Salvador electo recientemente
con el respaldo del frente ex guerrillero, FMLN [Farabundo Martí
para la Liberación Nacional], también lanzó
un llamado para un “diálogo nacional”. Declaró
que no era asunto de aceptar las elecciones o no, sino de estimular
procesos que permitan el fortalecimiento de la democracia.
Entre las naciones latinoamericanas, solo las más aliadas
con Washington—Colombia, Costa Rica, Panamá y Perú—abiertamente
apoyaron el voto del domingo pasado.
En Washington, Arturo Valenzuela, secretario asistente del
Departamento de Relaciones Exteriores de Estados Unidos para el
Hemisferio Occidental, felicitó a Lobo en nombre del gobierno
de Obama, declarando a la vez que “Él [Lobo] será
el próximo presidente de Honduras...Reconocemos esos resultados”.
Pero aunque declaró que el voto representaba “un
enorme paso hacia delante para Honduras”, Valenzuela insistió
que éste “no era el último paso”.
Puntualizó que el régimen hondureño debe
cumplir con las disposiciones del acuerdo, negociado por Estados
Unidos en Tegucigalpa en octubre entre los bandos de Micheletti
y Zelaya. Este pacto aboga por la creación de un gobierno
de “unidad y reconciliación nacional” y el voto,
por parte del congreso hondureño, sobre si a Zelaya se
le debería restaurar a la presidencia durante los casi
dos meses que quedan antes de que el nuevo gobierno asuma las
riendas del poder.
Zelaya aceptó este reaccionario pacto, pero luego protestó
que Micheletti había creado un régimen de “unidad
nacional” que no incluía a ningún partidario
del mandatario derrocado. El Congreso anunció que no volvería
a reunirse de nuevo para considerar la restauración del
derrocado presidente hasta el 2 de diciembre; es decir, después
de las elecciones.
El pacto también dispone que la Corte Suprema de Honduras,
que sancionara la legalidad del golpe del 28 de junio, emita un
dictamen para asesorar al Congreso acerca de la restitución
de Zelaya. El jueves pasado, la corte publicó su determinación
de los hechos: Zelaya no puede regresar a la presidencia a menos
que se le arreste y sea enjuiciado por presuntamente haber violado
la constitución de Honduras.
El golpe fue provocado cuando Zelaya trató de establecer
un voto para consultar con el pueblo hondureño y determinar
si éste apoyaba un plebiscito para establecer una asamblea
constituyente que enmendara la constitución del país,
documento reaccionario impuesto sobre Honduras por la ex dictadura
militar y la Embajada de Estados Unidos en 1983.
Zelaya ya había suscitado el antagonismo de la oligarquía
criolla y de Washington al establecer un modesto aumento del sueldo
mínimo y cementar una alianza basada en el petróleo
barato con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Desde el golpe, Zelaya se ha distanciado de Chávez,
quien a su vez a adoptado un plano secundario al Brasil en cuanto
a la crisis hondureña. Durante los últimos cinco
meses, ambos han expresado esperanzas de que el Presidente Barack
Obama intervendría para resolver la crisis y obligar al
régimen golpista a ceder el poder.
No podría haber una peor condena del fracaso político
de todos los sectores de la burguesía nacional de Latinoamérica,
a pesar de todas sus pretensiones “izquierdistas”. Igual
que en Irak y Afganistán, el gobierno de Obama, con sus
declaraciones hipócritas acerca del “cambio”
y el mejoramiento de las relaciones internacionales, trata de
defender sus intereses imperialistas en Latinoamérica tan
implacable y despiadadamente como el gobierno de su predecesor.
En el caso de Zelaya, esta dependencia de la intervención
de la Casa Blanca lo obligó a intentar (y también
a los burócratas sindicalistas y los nacionalistas de izquierda
en la dirigencia del Frente de Resistencia Nacional [FRN]) subordinar
las luchas, cada vez más militantes, de los trabajadores,
campesinos y estudiantes hondureños a las negociaciones
dictadas por Estados Unidos que le han dado una cubierta política
al régimen golpista.
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