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España: El gobierno intenta prohibir la asistencia
de los partidos separatistas vascos a las elecciones.
Por Paul Bond
19 Marzo 2008
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el autor
Este artículo apareció en nuestro sitio en
su inglés original el20 de Febrero de 2008.
En el periodo previo a las elecciones generales del mes de
marzo, el gobernante Partido Socialista Obrero Español
(PSOE) está dejando claro que se mueve hacia apaciguar
a los votantes de derechas. Incluso los más fieles partidarios
del partido dentro de los medios de comunicación cuentan
en el periódico El País las similitudes entre las
campañas del PSOE y el derechista Partido Popular (PP).
En la región vasca del noroeste del país, esto
ha tomado una forma predecible, con el gobierno haciendo nuevos
intentos de prohibición de dos partidos separatistas vascos
a participar en las elecciones del 9 de marzo. La policía
ha detenido también a 14 nacionalistas vascos bajo sospecha
de tratar de reorganizar el partido separatista Batasuna, prohibido
tras la detención de sus dirigentes, en octubre del año
pasado.
El Primer Ministro José Luis Rodríguez Zapatero
también ha descartado cualquier negociación con
el grupo separatista armado ETA (Euskadi ta Askatasuna-Patria
Vasca y Libertad) si el PSOE es reelegido. Él le dijo a
la cadena de televisión Cuatro que no hay esperanza
alguna de volver a abrir el diálogo en la próxima
legislatura. Hizo un llamamiento para que el grupo deponga
las armas sin condiciones.
Zapatero había tratado de abrir conversaciones con ETA
tras su alto el fuego en 2006. Fue vilipendiado por esto por el
PP del ex Primer Ministro José María Aznar, aunque
Aznar había hecho lo mismo en 1998. Tras el colapso del
cese el fuego, el PSOE anunció un fortalecimiento de la
policía y el poder judicial, que llevó a la detención
el pasado otoño, de 23 dirigentes de Batasuna (ampliamente
considerado como el brazo político de ETA). El PP aplaudió
las detenciones.
Batasuna fue proscrito en 2003 por sus presuntos vínculos
con ETA. Esta fue la primera vez desde el final de la dictadura
del general Franco en que un partido había sido prohibido
por el estado español. Efectivamente privaron del derecho
al voto al 15 por ciento del electorado local que votaron a favor
de Batasuna. El PSOE ha continuado apretando las tuercas sobre
ellos. La semana pasada el resto de los principales portavoces
de Batasuna, Pernando Barrena y Patxi Urrutia, miembro del consejo
nacional del partido, ambos fueron detenidos después de
prometer que Batasuna estará presente el 9 de marzo no
importa las circunstancias.
A través de pactos electorales, votos de Batasuna fueron
trasladados a dos pequeños partidos nacionalistas. La ANV
(Acción Nacionalista Vasca), existía desde 1930
como un partido nacionalista marginal, aunque se afirma que Batasuna
lo había reactivado como un vehículo electoral.
EHAK-PCTV (Partido Comunista de las Tierras Vascas) se formó
en 2002. Era completamente desconocido antes del pacto electoral
de 2005 que lo vio recibir los votos de Batasuna.
Ambos partidos están representados en el parlamento
regional y han sido objeto de la represión estatal de separatistas
vascos. Sus sedes fueron registradas durante las redadas del mes
de octubre, y a la mitad de los candidatos de la ANV se les impidió
participar en el pasado mes de mayo en las elecciones regionales
y locales. Ambos partidos están ahora bajo la amenaza de
los tribunales españoles.
El Fiscal General Cándido Conde-Pumpido indicó
hace dos semanas que se iniciarían los procedimientos en
contra de los partidoss por sus presuntos vínculos con
ETA. Esto suspendería las actividades de los partidos,
cerraría sus oficinas y congelaría sus activos.
A ambos partidos también se les impediría presentar
candidatos (a las elecciones generales) el 9 de marzo. Conde-Pumpido
argumentó que EHAK-PCTV había financiado Batasuna,
y, a cambio, Batasuna había proporcionado apoyo operacional
a ambos, EHAK-PCTV y la ANV. La policía informó
de que Batasuna ha sido fundamental para permitir que PCTV
y ANV continuaran funcionando.
Los procedimientos fueron llevados por el principal juez de
la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón,
quien también ejerció el procedimiento que condujo
a la prohibición de Batasuna y autorizó el pasado
mes de octubre las redadas. Hizo un llamamiento para la prohibición
durante un período de cinco años de EHAK-PCTV y
la ANV.
Como un paso hacia la suspensión de la ANV, Garzon acusó
al cabeza del partido Kepa Bereziartua y otros dos miembros del
partido de pertenecer a una organización terrorista. En
virtud de la Ley de Partidos Políticos del 2002, por lo
menos un miembro de un partido debe ser acusado de un delito relacionado
con el terrorismo antes de que el partido se pueda suspender.
Los cargos contra Bereziartua son que el ANV proporcionó
fondos a Batasuna y, por tanto, ayudó a financiar
las actividades terroristas de ETA-Batasuna.
El 8 de febrero, Garzón anunció la suspensión
de las dos partidos por su presunta vinculación con ETA
y Batasuna, bloqueando asi su participación en las elecciones
del 9 de marzo. Se afanó en afirmar que la suspensión
no es una medida ad hoc para impedir a los partidos presentarse
a las elecciones el próximo mes. Su suspensión
se lleva a cabo con independencia de esa circunstancia,
afirmó, pero insistió en que era una medida
de precaución.
Catorce miembros de los partidos han sido acusadas de delitos
relacionados con el terrorismo, pero Garzón alegó
que otros miembros electos de los partidos no tendrían
que renunciar a sus escaños. Su decisión, dijo,
no afecta a sus actividades como individuos y titulares
de los puestos públicos. Esto no es realmente cierto,
si los partidos están suspendidos y se les impide presentarse
a las elecciónes.
Hubo desacuerdos tácticos dentro de la clase dirigente
acerca de como tratar a los partidos. Cuando el asunto se remitió
al Tribunal Supremo, la puja de Garzón de suspender los
partidos fue revocada. El Tribunal Supremo está igualmente
comprometido con la ilegalizacion final de los partidos, pero
insiste en que este proceso se debe desarrollar en los próximos
meses. Los esfuerzos para disolver de inmediato a los partidos,
advirtió, sería desproporciónado.
En la declaración revocando la decisión sobre
ANV, el Tribunal Supremo destacó que su juicio es totalmente
compatible con Garzón. Aunque sus oficinas
están autorizadas a permanecer abiertas en virtud de su
decisión y a la ANV se le permite que continúe la
organización de actos públicos, siguen siendo excluidos
de participar en las elecciones. Tampoco son ya elegibles para
subvenciones públicas. El Tribunal Supremo hizo hincapié
en su preocupación de que el partido no gane ningún
escaño en el Parlamento, lo que les garantizaría
la inmunidad frente a futuras decisiones de limitar sus actividades.
Posteriormente, emitió una declaración similar sobre
EHAK-PCTV.
Elogiando la decisión sobre la ANV, El País fue
claro en el razonamiento. Reconociendo que una decisión
de suspensión de los partidos ahora significaría
su aplicación antes del hecho, como medida de precaución,
lo cual significaría el resultado final de un proceso legal,
el periódico afirma que la prohibición de presentarse
a las elecciones en marzo era una medida preventiva.
Si el Tribunal Supremo no hubiera dado este paso ahora, pero posteriormente
quisiese prohibir al partido, no habría entonces
ninguna manera de obligar a los candidatos electos a abandonar
sus asientos. El País afirma, convincente, que el
Tribunal Supremo debe considerar que es probable que las partidos
serán finalmente prohibidos.
Por su parte, los políticos nacionalistas están
tratando de utilizar los ataques para promover su agenda separatista
y regionalista. Representantes de la autodenominada izquierda
abertzale [nacionalistas], incluida Batasuna, llamaron a
huelga general la semana pasada en contra de la represión
judicial, política y policial. Reveladoras fueron
sus demandas dirigidas sólo a los ciudadanos vascos,
pidiendo a los huelguistas apoyo por un marco democrático
y la libertad de este país [el País Vasco].
La declaración pidió un voto por la independencia
el 9 de marzo, y se utilizaron los ataques a los partidos vascos
como una oportunidad para insistir en la demanda de separatismo
contra los nacionalistas moderados del Partido Nacionalista Vasco
(PNV), que domina el gobierno regional. Acusaron al PNV de apoyar
los ataques de Zapatero a las partidos de la región. Refiriéndose
a una manifestación prohibida contra las suspensiones en
Bilbao el fin de semana, donde se efectuaron varias detenciones,
denunció a la policía política del
PNV por actuar en defensa del marco constitucional
español.
No hay nada progresivo sobre el separatismo que está
siendo avanzado por los nacionalistas vascos. Ellos están
buscando un mayor control sobre una de las regiones más
ricas de España, con objeto de garantizar las inversiones
internacionales. Con negociación directa con los organismos
internacionales, y mediante la reducción de sus subvenciones
fiscales a las regiones más pobres de España, su
objetivo es labrarse un nicho para la burguesía vasca en
el mercado global. Esto sólo puede lograrse sobre la base
de una mayor explotación de la clase trabajadora regional,
ofreciéndola como mano de obra barata para las corporaciones
europeas y transnacionales.
El separatismo vasco sólo sirve para dividir a los trabajadores
vascos de sus hermanos y hermanas de clase en España y
en el plano internacional. Esto ha encontrado su expresión
más reaccionaria en las campañas de bombas de ETA,
con sus ataques indiscriminados contra los trabajadores y los
turistas. ETA había perdido mucho apoyo después
los ataques del 11 de septiembre de 2001, y los atentados de Madrid
en 2004. Se vió obligada a un alto el fuego por la hostilidad
a su agenda regional y el fracaso de su estrategia de la lucha
armada. A través del proceso de paz, ETA buscó
un frente combinado de partidos nacionalistas vascos en el parlamento
regional. Pero no encontró apoyo para su participación
en las negociaciones del gobierno, cuando el PSOE se acercó
al PP. Por tanto, ETA anunció el fin de su alto el fuego
en junio del año pasado, y la reanudación de su
campaña en todos los frentes.
Las bombas y asesinatos de ETA han proporcionado una excusa
para fortalecer el aparato represivo del estado, y el uso de ese
aparato para atacar los derechos democráticos en todo el
país. La policía se jacta de haber impedido diez
ataques en los últimos meses. Un oficial de la policía
vasca fue citado recientemente diciendo que Si ETA continúa
como ahora, pronto entregarán sus armas.
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