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Aumentan las dudas sobre la liberación de rehenes colombianos

Por Bill Van Auken
14 Julio 2008

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Este artículo apareció en nuestro sitio en su inglés original el 7 de julio, 2008

Mientras los políticos derechistas de tres continentes se deleitaban de la gloria que recibieron luego del rescate genial de los rehenes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) el 2 de julio, han surgido dudas con respecto a la verdadera índole de esta maniobra.

Los tres rescates—de Ingrid Betancourt, la ciudadana francesa-colombiana y ex candidata presidencial; de tres "contratistas" de las fuerzas armadas estadounidenses empleados por la sociedad anónima Northrop Grumman; y el de otros 11 rehenes—han sido explotados para reparar el estigma de la "política de Latinoamérica" del gobierno de Bush, y así hacer aparentar como héroe a Alvaro Uribe, presidente colombiano involucrado en el narcotráfico y las masacres paramilitares, con tal de levantar la popularidad caída del presidente derechista francés, Nicolás Sarkozy.

Incluso el senador John McCain, presunto candidato presidencial del Partido Republicano, quien acomodó un viaje a Colombia (¿tal vez una coincidencia fortuita?) el día antes del rescate de los rehenes, se metió en el enredo. Mientras estuvo en Colombia, recibió información de parte de Uribe, permitiéndole asociarse con la próxima operación.

Existe casi nada que distinga a McCain de su adversario democrático en cuestión a lo de Colombia. El senador Barack Obama hizo su propia declaración alabando la operación, llamando a las FARC una "organización terrorista" y aseverando su apoyo al gobierno colombiano "sin hacer concesiones" a las guerrillas. Sin embargo, si Uribe pudiera conceder algún favor político, incuestionablemente sería a los Republicanos luego de ser el aliado latinoamericano más íntimo del gobierno de Bush durante seis años.

Lo que cada uno de estos personajes pretendía explotar era la indudable compasión que tendría el público hacía Betancourt, madre de dos detenida en la selva por seis años, y hacia los otros rehenes. Además, le dan a la operación colombiana la imagen de un golpe de inteligencia genial - descrito por algunos como algo sacado directamente de una película de Hollywood - en la "guerra mundial contra el terrorismo".

Es claro que la compasión por Betancourt creada por los funcionarios gubernamentales y por la prensa, no sólo en Colombia sino también en los Estados Unidos, Francia y en toda Europa, no se extiende a muchos otros quienes han sido secuestrados o detenidos bajo condiciones más severas. Existe, a fin de cuentas, otro lugar en las Américas en donde cientos han sido detenidos por seis años, sujetos a la tortura y brutalidad después de ser raptados de sus hogares. Estos prisioneros, detenidos sin haber cometido ningún delito, tienen la menor posibilidad de ser rescatados de semejante manera, debido a que están encarcelados en Guantánamo Bay por los militares estadounidenses.

Se debería notar que ni los cientos de prisioneros políticos pudriéndose en las cárceles colombianas, ni los que han sido raptados por las organizaciones paramilitares derechistas que están estrechamente vinculadas con el gobierno y las fuerzas armadas, recibieron semejante atención tampoco. Sus orígenes sociales son por lo general muy distintos a los de Ingrid Betancourt, educada en Francia, hija del ex-ministro gubernamental y producto de la oligarquía colombiana.

En cuanto a la operación misma, la comparación a Hollywood puede involuntariamente resultar reveladora. Según el informe oficial de los militares colombianos, agentes de espionaje lograron infiltrarse en el movimiento guerrillero y lograron hacer creer a los líderes de las FARC que tropas de élite disfrazados con camisetas de Che Guevara y pilotos militares eran cooperantes, guerrilleros y periodistas involucrados en un plan de la mismísima FARC para trasladar los rehenes por helicóptero a otro sitio. Elogios a la operación incluían repetidas observaciones de que "no hubo ni un disparo".

El hecho de que los guerrilleros expertos simplemente entregarían los rehenes más valiosos de las FARC a personas desconocidas llegando en helicóptero no facilita la credulidad. Lo que más crea duda en este informe, sin embargo, es la historia del ejército colombiano, el cual no exactamente trae a la mente recuerdos de operaciones en donde "no hubo ni un disparo". De hecho, ha llevado a cabo una de las campañas más sangrientas en el hemisferio occidental a través de las décadas, impulsada los últimos diez años por unos $5.4 billones en asistencia militar de los Estados Unidos.

Entre el 2002 y el 2007, activistas pro derechos humanos documentaron la matanza indebida de casi mil civiles por el ejercito nacional, también otros 3,500 asesinados y desaparecidos llevados a cabo por las divisiones paramilitares derechistas - rutinariamente ejerciendo con auxilio militar. Fue en Diciembre del 2002 cuando el gobierno colombiano acordó a un alto de fuego con los paramilitares, esencialmente exonerándolos de sus delitos, los cuales eran responsables por la mayor parte de las víctimas civiles en la extensa guerra civil del país. No obstante, los asesinatos y las masacres continúan.

Durante ese mismo tiempo, las guerrillas - tanto las FARC como la organización más pequeña, el ELN - con quienes no se acordó ningún alto de fuego, eran responsables por apenas la mitad de muertes civiles en comparación a las de los paramilitares.

Además, el gobierno de Uribe no ha manifestado ningún interés en efectuar una liberación pacífica de los rehenes en el pasado. Efectivamente, el último intento por negociadores para asegurar la liberación de Betancourt y otros fue estropeado en marzo, cuando el ejército colombiano atravesó fronteras para asaltar un campamento de las FARC en Ecuador, matando al negociador principal de las guerrillas, Raúl Reyes, lo cual aparentemente fue el objetivo para impedir algún acuerdo. La familia de Betancourt repetidamente expresó sus temores de que las acciones de Uribe resultarían en la muerte de ella.

Es esta versión la que le da credibilidad al informe que se difunde por Europa y que pone en duda el cuento heroico que se conoce en Bogotá.

Según una fuente "cercana a los eventos", la radio pública suiza informó que la libertad de los rehenes había sido comprada con un rescate de $20 millones, y que "toda la operación en seguida fue fingida". El objetivo político de simular dicho desempeño es bastante claro; tanto el gobierno de Uribe como el de Bush han clasificado a las FARC como una "organización terrorista" y ambos se han empeñado en rechazar toda negociación con semejantes grupos.

De acuerdo con el informe de Suiza - cuyo gobierno, junto al de Francia y España, había participado en las negociaciones por los rehenes - los Estados Unidos tomó el papel principal en organizar el trato.

El informe también declaró que el acuerdo se logro al usar como intermediaria a la esposa capturada de uno de los líderes de las guerrillas. Según este informe, la mandaron de vuelta al campamento de las FARC y convenció a su esposo a que rompiera su lealtad por el dinero.

En Francia, donde llegó Betancourt el viernes a una bienvenida de héroes, Dominique Moisi, uno de los más expertos en política exterior en Francia, pareció apoyar esta versión de eventos. Le dijo a la televisión estatal francesa que es "probable" que el dinero aseguró la cooperación de los líderes de las FARC. "Fueron comprados para voltearlos, como los jefes de la mafia".

Mientras tanto, Mediaparte, la página de internet de noticias francesa fundada por el ex-redactor jefe de Le Monde y otros periodistas, informó que la liberación "no fue logro de los militares colombianos, sino porque se entregó un grupo de miembros de las FARC" después de "negociaciones directas entre el servicio secreto de Colombia y el grupo guerrillero que detenía cautiva a Betancourt". Según fuentes colombianas, Mediaparte informó que en mayo, Uribe le había contado a un grupo que una rendición de los que detenían a los rehenes se estaba negociando. Mediaparte también declaró que el gobierno de Sarkozy acordó ofrecerles asilo en Francia a los ex-guerrilleros después de su rendición.

El gobierno tiene acceso a grandes cantidades de fondos suministrados por los Estados Unidos para sobornar a los guerrilleros a que quiebren su lealtad. Esto se manifestó en marzo con el asesinato del líder de las FARC Ivan Ríos, cuyo guardaespaldas lo mató y presentó la mano amputada de Ríos a las autoridades para recaudar una recompensa estadounidense de $2.5 millones.

Otra versión, según fuentes cercanas al liderazgo de las FAR,c acusa al gobierno colombiano de fingir la operación debido a que las FARC misma había llegado a un acuerdo con negociadores europeos y estaba preparando la entrega de rehenes para este fin de semana o para el próximo. El propósito de la intervención, según este informe, fue más para convertir la entrega en un éxito de relaciones públicas que para levantar la imagen de las FARC.

Sean lo que sean los detalles precisos de la rara "operación de rescate", la liberación de Betancourt, de los mercenarios estadounidenses y de otros, en donde Uribe y sus aliados americanos se atribuyen el mérito, es otro indicio de la grave crisis de las FARC.

Con sus orígenes políticos en el Partido Comunista de Colombia, las FARC surgió de la amarga guerra civil que desangró al país desde 1948 en adelante, época conocida como "La Violencia", que vio la mayor lucha armada en tierra del hemisferio occidental desde la revolución mexicana.

Formado en 1964, las FARC siempre se ha basado en la perspectiva stalinista de subordinar las luchas de los obreros y campesinos bajo al ala "progresista" de la burguesía nacional. Las FARC usó sus maniobras armadas en el campo - que la pusieron en control de 40 por ciento del territorio de Colombia en los años 90, durante la cima de su poder - como medio para presionar al gobierno. Su perspectiva durante la época reciente ha sido a forzar al gobierno a negociaciones, permitiéndole a que siga el camino ya gastado por otras guerrillas latinoamericanas al convertirse en un partido político burgués.

Con poco apoyo de los obreros urbanos de Colombia, las FARC se ha nutrido del campesinado, cada vez más dependiente de los impuestos que recauda de los cultivadores de coca a cambio de protección. Al igual que el estado burgués, las organizaciones militares y paramilitares han sido corruptas por los inmensos ingresos procedentes de la producción de narcóticos y el narcotráfico.

Los golpes que ha sufrido las FARC durante la época reciente no han hecho nada para detener el flujo de la cocaína. Según el informe mundial de drogas de las Naciones Unidas, el cultivo de la cocaína en Colombia aumentó en un 27 por ciento el año pasado. La derrota de las guerrillas simplemente significaría que otros ambiciosos estatales o privados recaudarían los ingresos que actualmente financian las actividades de las guerrillas.

Incapaz de presentar alguna verdadera alternativa política o social al dominio de la oligarquía de Colombia, el movimiento guerrillero es cada vez más considerado por el sistema político como la causa, más que un resultado, de la crisis prolongada y de las masacres del país. En la clara falta de una salida progresiva del punto muerto, Uribe ha ganado apoyo popular a base de la promesa de imponer orden a mano firme.

Sin duda, el presunto éxito de los militares en esta operación será utilizada por Uribe para fortalecer su dictadura presidencial y para distraer la atención de las múltiples crisis políticas que su gobierno enfrenta.

El presidente y sus partidarios más fieles están seriamente involucrados en el escándalo parapolítica, el cual ha revelado lazos entre ellos y las organizaciones paramilitares derechistas responsables por las masacres y los asesinatos de miles. Por lo menos 33 miembros del Congreso de Colombia han sido detenidos actualmente, y unos 60 más están bajo investigación — casi todos partidarios de Uribe — por vínculos semejantes. El mismo presidente está involucrado en una de las masacres más brutales de los años 90.

Además, la liberación de los rehenes ocurrió poco más de una semana después de que el Tribunal Supremo del país declarara que el presidente colombiano, mediante el soborno de miembros del Congreso, estableció una enmienda constitucional permitiéndole que se suceda a él mismo en el 2006. El fallo, que resultara en la condena de un legislador, ha puesto en tela de juicio la validez del segundo plazo de Uribe. Como resultado, el presidente colombiano ha exigido otra votación, que esencialmente dependerá de un referéndum popular para denegar una decisión constitucional. Cada vez hay más sospechas que el presidente intentará lograr un doblete con esta maniobra para un obtener tercer plazo.

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