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México: Calderón se aprovecha de la violencia
del narcotráfico para justificar la militarización
de la sociedad
Por Kevin Kearney
12 Junio 2007
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el autor
Al querer imitar la fraudulenta “guerra contra el terrorismo”
de George Bush, el Presidente Felipe Calderón y sus partidarios
en la prensa están profundamente involucrados en una campaña
para sembrar el miedo con tal de intimidar a la opinión
pública mexicana para que ésta acepte el proceso
hacia un gobierno autoritario y la creciente posibilidad de una
intervención por parte de Estados Unidos.
En unos comicios contaminados por acusaciones de fraude, Calderon
ganó la presidencia con el margen más pequeño
en la historia de México. Resultado: Calderón asumió
las riendas del poder en un ambiente de desconfianza y hostilidad.
Su contrincante, Andrés Manuel López Orbrador, desafió
los resultados por medio de una enorme movilización de
millones de personas que espontáneamente ocuparon El Zócalo,
plaza central de La Ciudad de Mexico, convirtiéndole en
un campamento semi-permanente y bloqueando las zonas más
importantes de la ciudad durante varios meses. Pero con gran diplomacia,
López Obrador hizo todo lo posible para atar y mantener
al movimiento dentro de los límites de la política
electoral burguesa. Lo único que exigió fue un recuento
completo del voto.
Aterrado por la posibilidad de que podía perder el control
de la lucha, López Obrador y su partido, el PRD, liquidaron
las enormes mobilizaciones una vez que El Tribunal Electoral Federal,
a base de un recuento parcial, declarara a Calderón presidente..
Simultáneamente, una huelga del sindicato de maestros
en el estado de Oaxaca pronto se convirtió en una tremenda
insurrección que atrajo a grandes sectores de la juventud
estudiantil, trabajadores y campesinos. Los manifestantes eventualmente
formaron un grupo sombrilla llamado APPO (Asamblea Popular de
los Pueblos de Oaxaca), que llegó a controlar el centro
de la ciudad por meses. Tal como procediera previamente en la
Ciudad de México, el PRD de López Obrador eventualmente
trató de cooperar con el PAN (Partido de Acción
Nacional) y el PRI (Partido Revolucionario Institucional) para
“desaparecer” a todas las organizaciones políticas
que surgieron del conflicto, inclusive la más importante
de todas, APPO.
México ocupa el cuarto lugar mundial en la cantidad
de millonarios que tiene, pero 30 millones de sus habitantes sobreviven
con 22 pesos al día ( a penas US$2.00). La desnutrición
y el hambre azotan la vida cotidiana de millones de niños.
Los estallidos de las insurrecciones civiles del año pasado
fueron esencialmente una manifestación de la ira popular
ocasionada por las condiciones vida que van empeorando y la poralización
social entre las clases. Las insurrecciones hizo temblar a las
capas más altas de la clase gobernante de Mexico.
Los políticos de todos los partidos principales —
quienes eventualmente incluyeron al PRD de Lopez Obrador —
y los medios de comunicación de México se unieron
para tratar de neutralizar la creciente radicalización,
inundando al público con una red de mentiras acerca del
proceso electoral y de la imposibilidad de un completo recuento
del voto. Recientemente, esta campaña de metiras se ha
transformado en una campaña sistemática para vilificar
a López Obrador con tal de castigarlo por la osadía
de querer involucrar a las masas en la política.
Aún cuando la popularidad de Calderón comenzaba
desvanecer antes de su inauguración, el ex-presidente Vicente
Fox se vio presionado para resolver el problema de Oaxaca antes
de entregarle las riendas de su gobierno. Una combinación
de la PPF (Policía Federal Prentiva) y fuerzas militares
fue enviada el octubre anterior para aplastar a la sublevación
con el terrorismo.
Luego de terminar las acciones militares de Fox contra el pueblo
de Oaxaca — en la que fueron muertos o desaparecidos docenas
de personas por su participación en la manifestación
politica — Calderon no desperdició nada de tiempo
para lanzar la occupación militar total de varios estados
mexicanos bajo el pretexto de declarar guerra contra los narcotraficantes.
El sitio de internet Stratfor — basado en los Estados
Unidos, que se auto denomina agencia de espionaje privada que
sirve de”sombra a la CIA” — aprobó las acciones
de Calderón poco antes después de su inauguración
en diciembre y escribe que “El dominio del APPO y su miembros
pone en relieve el éxito de la Policía Federal Preventiva
en contrarresstar al grupo...Calderón ha comprobado que
tiene las agallas para gobernar a México y terminar con
los conflictos internos, pero Oaxaca es sólo el comienzo”.
“La guerra” de Calderón contra el antiguo
y complicado problema socio económico del narcotráfico
empezó el 8 de Diciembre, cuando se puso en marcha una
serie de acciones contra los carteles narcotraficantes. Per el
plan estaba muy lejos de reducir el narcotráfico o proteger
al pueblo de la violencia. Más bien las acciones consistieron
de un simple despliegue militar en masa a lo largo del país.
Según el diario mexicano La Jornada, hasta ahora
se han desplegado 23,000 soldados, quienes han recibido instructiones
oficiales de “usar toda la fuerza necesaria para resolver
los disturbios y regresar la paz a la sociedad”.
Tal como se podía anticipar, las acciones han resultado
en un gran aumento de las muertes violentas en las pandillas del
narcotráfico, las fuerzas militares y la población
civil. Durante los primeros 100 días de su presidencia,
La Jornada reportó que los carteles habían
ejecutado a 291 personas, la mayoría en los estados norteños
de Guerrero, Sinaloa, Baja California y Michoacán, estados
que la gran mayoría de las tropas ocupó. Además,
las oficinas del fiscal general han reportado que, entre el 1ro.
de diciembre, 2007, y el 31 de marzo del mismo, ocurrió
un promedio de 225 crímenes diarios, todos relacionados
con el narcotráfico. Esta cifra representa un aumento de
40% en comparación al promedio de 2006.
En vez de enfocar el siniestro peligro que estas desastrosas
acciones militares significan para los derechos humanos, hasta
el punto de bañar al pueblo en sangre, la prensa mexicana
y mundial ha presentado reportajes sensacionales y serviles acerca
de los tiroteos y los ejércitos secretos de los carteles,
tales como “los zeta” (grupo de ex soldados de las fuerzas
especiales que aparentemente han formado un ejército mercenario
para servir a los carteles).
Por meses los medios de prensa han colaborado con la rama ejecutiva
del gobierno mexicano para crear la histeria acerca de la violencia
relacionada con el narcotráfico, de la cual Calderón
se ha aprovechado para forzar varias propuestas de ley y decretos
ejecutivos con el fin de darle mayores poderes al poder ejecutivo
y criminalizar todo movimiento social de las masas en oposición
a la creciente desigualdad económica y a la corrupción
política.
El 9 de Marzo, Bush se reunió con Calderón como
parte de su famosa “Gira por América Latina”.
Al día siguiente, Calderón anunció que México
daría conocer un plan de reforma de la justicia social
para expandir los poderes de la policía y adelantar los
casos en los tribunales.
El 27 de abril el Senado mexicano aprobó una propuesta
general de ley para la reforma conocida como el “paquete
antiterrorista. La definición que la propuesta le da al
terrorismo es nebulosa: a toda “ persona que utilice... cualquier
tipo de violencia para interrumpir la seguridad nacional o presionar
las autoridades para hacer una determinación” se le
puede acusar de haber cometido el crimen de terrorismo y ser condenado
a 40 años de cárcel. Además, toda persona
que no revele la identidad o las actividades de un “terrorista”
puede ser sentenciada a nueve años de cárcel, y
toda persona que amenace con perpetrar el “terrorismo”
puede ser condenada a quince años de cárcel.
Al atacar la prensa, las reformas también prohíben
a “cualquier persona que publique o distribuya, o permita
que otros publiquen o distribuyan fotos o imágenes sin
el permiso expreso de las personas quienes aparecen en tales”.
Una persona declarada culpable de este crimen puede ser condenada
a ocho años de cárcel. Un día después
de las reformas ser aprobadas, senadores del PAN y del PRI admitieron
que el proyecto de ley podría usarse para criminalizar
las manifestaciones contra los males sociales y prometieron enmendarla
luego, según La Jornada.
Actualmente, Calderón le insta al Congreso de México
que enmiende la constitución nacional para permitirle a
los funcionarios del espionaje instalar micrófonos y grabadadoras
en los teléfonos sin obtener el permiso de un juez en aquellos
casos que el gobierno considere “urgente”.
Una de las primeras personas enjuiciadas bajo las leyes contra
el terrorismo es Ignacio del Valle, líder del movimiento
social campesino, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT),
en San Salvador Atenco, quien luchara contra las autoridades para
prevenir la expropiación ilegal de sus tierras y la construcción
de un aeropuerto internacional en 2002 cuyo costo alcanza miles
de millones de dólares. Del Valle y su hija fueron acusados
de ser terroristas. El padre fue sentenciado a 67 años
de cárcel por participar en el movimiento. Tres otros dirigentes
del Frente fueron detenidos y encarcelados. Se les prohibió
comunicarse con el mundo de afuera por más de un año
antes de sufrir penas semejantes.
La primera víctima de las reformas legales fue un disidente
político, pero esto no paró ni a Calderón
ni a la prensa de seguir repitiendo la mentira que el objetivo
de estas medidas tan crueles era luchar contra los carteles narcotraficantes.
Tal como sucede con el movimiento hacia el autoritarismo en la
política interna de Estados Unidos, los esfuerzos jurídicos
de Calderón han recibido el apoyo de la Corte Suprema,
que es derechista. La Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN)
anticipó las acciones militares de Calderón en Oaxaca
y declaró el año pasado que los militares pueden
asistir legalmente a las fuerzas policiacas en cuanto a la seguridad
pública se refiere.
En enero, luego de los sucesos en Oaxaca, la Corte también
dictaminó que los funcionarios a cargo de hacer cumplir
la ley tenían la autoridad de conducir allanamientos y
órdenes de incautación sin orden judicial, sobretodo
en “situaciones flagrantes” y a pesar de ser estas acciones
una infracción de la Convención Amedricana sobre
los Derechos Humanos, adoptada como ley en México y cuya
constitución también la prohíbe. El resultado
es que casi todo miembro del personal militar puede allanar los
hogares, incautar propiedad y detener a individuos sin tener que
contestarle a nadie. Y lo puede hacer con tan sólo con
sospechar que algo es “flagrante”.
El mes pasado, Calderón lanzó un decreto ejecutivo
para organizar y entrenar, en un período de 90 días,
a un nuevo ejército basado en la ciudad de México.
La nueva fuerza ha sido denominada torpemente como Cuerpo Especial
de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y la Fuerza Aérea
Mexicanos. La fuerza ha de funcionar bajo el control directo del
presidente y será administrada por el ministro de la defensa
nacional (Sedena). El anuncio fue publicado en el periódico
oficial del gobierno federal, el El Diario Oficial, el
cual indicó que a los soldados se les entrenaría
para manejar las “situaciones críticas en las cuales
se altera la seguridad social de la paz y del público”.
La cantidad de tropas todavía no se ha anunciado, pero
se calcula que será en los miles.
El manual de entrenamiento de Sedena declara el propósito
de la nueva fuerza: “Quienes alteren o perturben el orden
público, se reúnan tumultuariamente, intimiden u
obliguen a la autoridad a tomar alguna determinación y
pongan en peligro la vida y la propiedad, podrían incurrir
en el delito de motín y ser blanco de la acción
represiva del Estado mediante el accionar de tropas especiales,
paracaidistas y unidades blindadas provistas de escopetas, agentes
químicos y fusiles de precisión.”
¿Plan México?
La “guerra contra el narcotráfico” de Calderón
incluye varios llamados a Estados Unidos para que éste
intensifique su ayuda y planes de intervención con dinero
y apoyo logístico, muy similar a la ayuda prestada a Colombia
en su larga lucha contra el “narcotráfico”; es
decir, contra los guerrilleros del FARC.
El 22 de enero, Calderón supervisó la extradición
de un individuo sospechado de ser dirigente del cártel
de narcotráfico en el Golfo de México—Osiel
Cárdenas—a las autoridades de Estados Unidos. El Fiscal
General de ese país, Alberto Gonzáles, reaccionó
a la entrega de Cárdenas— y de otros 15 prisioneros
— elogiando la colaboración con entusiasmo, llamándola
“sin precedentes en alcance e importancia”.
El 7 de Febrero, funcionarios de la agencia estadounidense
a cargo de hacer cumplir las leyes contra los narcóticos
y del FBI se reunieron con los jefes de la policía de México,
Belice, El Salvador, Guatemala y Honduras. Esta cumbre, que duró
tres días, se celebró en Los Ángeles, planteó
la manera de fortalecer los esfuerzos multilaterales contra lo
que llaman las “pandillas transnacionales”. El 23 de
abril las autoridades mexicanas públicamente le pidieron
ayuda a Estados Unidos para ubicar, en el estado de Durango, a
una persona sospechada de homicidio; esto a pesar de que la policía
local había perdido al sospechoso a casi 500 millas de
la frontera entre los EE.UU. y México. Por fin, a principios
de mayo, Calderón anunció que México había
comenzado a colaborar con los EE.UU. para detectar dentro de ese
país a compradores de armas mexicanos.
El 27 de abril, el periódico Los Angeles Times
divulgó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados
Unidos le había facilitado a Calderón $3 millones
para la instalación de un nuevo sistema para la intercepción
de las comunicaciones. El sistema le permitirá a Calderón
comenzar su propio programa que espionaje interno. Susan Pittman,
de las Oficinas de los Asuntos y Leyes Internacionales sobre los
Narcóticos, que forma parte del Ministerio de Relaciones
Exteriores, le declaró al corresponsal del Times,
que el sistema “es una actividad del gobierno de México
financiada por los EE.UU.” El contrato dispone que el sistema
se ha diseñado para permitir que ambos gobiernos “intercambien
la información oportuna, precisa y accionable entre los
socios federales, estatales, locales, privados e internacionales
de cada país”.
Estas acciones colectivas muestran que la participación
creciente de Estados Unidos que va desarrollándose toma
lugar al mismo tiempo que surge una campaña para imponer
medidas de seguridad que forman parte de la legislación
sobre la inmigración que ahora se debate en Estados Unidos.
El proyecto de ley que se ha propuesto requiere un aumento en
100% de los patrulleros fronterizos y la creación de una
enorme cárcel en la frontera en la que en cualquier momento
puedan caber 30,000 presos. Dado que el deseo de Calderón
es convertirse en socio menor de Washington en “la guerra
global contra el terror”, estas medidas podrían fácilmente
adaptarse para formar un nuevo eslabón en la cadena internacional
de calabozos estadounidenses en los que puedan desaparecerse los
presos políticos mexicanos y estadounidenses con mayor
eficacia.
Calderón actualmente se basa en el modelo que el gobierno
de Bush ha creado para establecer una dictadura policiaca en Estados
Unidos y así imponer medidas similares cuyo propósito
es controlar el crecimiento explosivo del descontento social en
México.
Pero Calderón se enfrenta a una situación muy
diferente a la de Bush. Sus medidas contra los derechos democráticos,
y sobretodo de la manera más obvia en contra de la disconformidad
política, toman lugar a la misma vez que estallan los movimientos
populares de las masas por todo el país.. Los intentos
imprudentes de utilizar la violencia perpetrada por los carteles
narcotraficantes como si ésta fuera el 11 de septiembre
de México, reflejan la profunda desesperación que
existe en la clase gobernante que domina la economía de
México. Pero a fin de cuentas es posible que resulte en
todo lo contrario a las intenciones originales, lo cual podría
fomentar una oposición política aún más
vigorosa y mayor y unificar las sublevaciones anteriormente locales
en contra del gobierno mexicano entero.
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