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Más de un millón marchan en Los Ángeles y otras ciudades de Estados Unidos en defensa de los derechos de los inmigrantes

Por Ramón Valle y Rafael Azul
29 Marzo 2006

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Este artículo apareció por primera vez en nuestro sitio en inglés el 27 de marzo, 2006.

En la mayor manifestación que jamás se haya visto en la historia del estado de California, más de un millón de personas marcharon por el centro comercial de Los Ángeles el sábado, 25 de Julio, en defensa de los derechos de los inmigrantes y para protestar en contra de los ataques del gobierno contra los mismos, sobretodo en contra de los trabajadores indocumentados.

La manifestación culminó dos semanas de marchas y protestas contra un nuevo proyecto de ley adoptado por la Cámara de Diputados del Congreso de Estados Unidos. Se supone que la otra cámara del Congreso—el Senado—comience a debatir el proyecto este mismo lunes. Si se adopta, la ley convertiría a la inmigración ilegal en un delito mayor, y también penalizaría como criminales a toda persona que le brinde ayuda a los inmigrantes indocumentados, inclusive a trabajadores que laboran en instituciones que rinden servicios sociales, organizaciones caritativas, comedores populares para los pobres, refugios para la gente sin techo y clínicas de emergencia.

La enormidad de las manifestaciones ha dejado atónitos a los políticos que representan al orden social de Estados Unidos, pero ello no quiere decir que la prensa del país le haya prestado la debida atención a semejante movimiento social. No fue hasta que sucediera la enorme manifestación en Los Ángeles que las cadenas nacionales de televisión comenzaron a cubrir las protestas.

50,000 personas marcharon el sábado en Denver, estado de Colorado, en lo que más probable sea la mayor manifestación en la historia de esa ciudad. 20,000 marcharon en Phoenix, estado de Arizona, donde celebraron un mitin en las afueras de las oficinas del Senador ante del Congreso de Estados Unidos, Jon Kyl, quien ha presentado ante dicha asamblea su propio proyecto de ley anti inmigrante y punitivo. Fue también la mayor manifestación en la historia de ese estado.

Miles más marcharon en lugares tan lejanos como Charlotte, estado de Carolina del Norte; Milwaukee, estado de Wisconsin; y Sacramento, capital de California. En la mayor manifestación que tomara lugar antes de la de Los Ángeles, 100,000 trabajadores inmigrantes y sus partidarios celebraron un mitin en el centro comercial de la ciudad de Chicago, estado de Illinois, el 11 de marzo.

De acuerdo a los organizadores, la cantidad total de personas que participaron en Los Ángeles puede haber excedido un millón. A través de todo el día, miles de manifestantes se unieron a la marcha, y UNIVISIÓN, la cadena de televisión nacional de habla hispana, calculó que la cantidad había llegado a los dos millones.

La manifestación se llevó a cabo bajo los auspicios de CARECEN (Centro de Recursos Centroamericanos), La Asociación Política México-Americana, la jerarquía Católica y grupos locales y las comunidades latino y asiático americanas.

Tan enorme fue la manifestación en Los Ángeles que sorprendió sus propios organizadores, y la policía, quien originalmente había designado la calle Broadway para la marcha, tuvo que abrir las calles adyacentes para acomodar al mar sin fin de gente.

La enérgica marcha, llena de entusiasmo, estuvo compuesta en su preponderante mayoría de trabajadores—hombres y mujeres — hispanos y latinoamericanos: mecánicos de automóviles, ensambladores, obreros de construcción, enfermeras, encargados de estacionar carros en los garajes, barredores de calle, camareros, ayudantes de camareros, trabajadoras domésticas, conserjes; es decir, representantes de la fuerza laboral de California del Sur—comenzó en la Avenida Olympic y terminó 20 cuadras después en las oficinas del Ayuntamiento municipal de la ciudad.

En la marcha dominaron la siguientes pancartas e insignias: “Somos gente ordinaria como ustedes”, “No somos criminales”, “Amnistía y derechos totales para todos los inmigrantes”, ““No somos criminales; somos estudiantes, padres y vecinos”, “Yo estoy en mi tierra”, “No somos el enemigo; somos parte de la solución”, “Estados Unidos es la tierra de la libertad y de los inmigrantes”, “En este país todos somos inmigrantes”, “Trabajar no es crimen”, “No al Proyecto de Ley HR3447”.

Durante la marcah, el World Socialist Web Site, órgano del Partido Socialista por la Igualdad (en solidaridad con el Comité Internacional de la Cuarta Internacional), entrevistó a muchos trabajadores.

Refiriéndose al Proyecto de Ley HR3447 anti inmigrante ante el Congreso de Estados Unidos, un joven instalador de “drywall” del condado de Riverside cerca de Los Ángeles, se expresó de la siguiente manera: “Soy trabajador indocumentado. Vine a este país para obtener mejor vida para mí y para ni familia. Se supone que este sea el país de la libertad. Yo trabajo muy duro y pago mis taxes. Yo ayudo a la economía de Estados Unidos. ¿Por qué no debería yo trabajar aquí? Todos en mi trabajo viven con miedo. ¿Ud. cree que debería ser así? Y ahora, con esta ley que proponen, va a ser peor. Pore so estoy aquí hoy. Nunca me imaginé que estaría marchando por la libertad en los Estados Unidos”.

El proyecto de ley HR3447 fue uno de los blancos de la manifestación. También se conoce como el Proyecto de Ley Sensenbrenner-King, que la Cámara de Diputados adoptara el diciembre pasado bajo los auspicios James Sensenbrenner, diputado Republicano que representa al estado de Wisconsin. En caso de convertirse en ley, no sólo tomaría medidas severas en contra de los patrones y las empresas que empleen a trabajadores indocumentados, sino que toda persona que los ayude o entre a este país ilegalmente sería acusado de cometer un delito mayor y castigado de acuerdo. También intensificaría el cumplimiento de la ley por toda la frontera entre México y Estados Unidos, lo que significa la construcción de una cerca de 700 millas de largo.

Aunque este proyecto de ley cuenta con el apoyo de los dirigentes Republicanos en la Cámara de Diputados, sus contrapartes Republicanos en el Senado, además del gobierno de Bush, han expresado reservaciones basadas en dos influencias inquietantes: las objeciones de los intereses empresariales que necesitan la mano de obra inmigrante para poder continuar funcionando; y el miedo a perder favor entre los votantes hispanos y orientales, sobretodo en estados como California, Texas y la Florida, que cuentan con grandes poblaciones inmigrantes.

Un proyecto de ley bipartita, auspiciado por Edward Kennedy, senador Demócrata del estado de Massachussets, y John McCain, senador Republicano del estado de Arizona, ha mostrado cierta popularidad para atraer el apoyo de una mayoría del Partido Demócrata y de varios Republicanos. Aporta ciertas características que hasta el gobierno de Bush favorece, entre ellas el establecimiento de un programa de trabajadores invitados que convertiría a millones de inmigrantes en una fuerza laboral temporaria fácil de explotar.

Ningún político representante de las grande empresas en en los dos partidos apoya el derecho democrático de los trabajadores inmigrantes a vivir y trabajar en el país que plazcan. Todos proclaman la necesidad de “defender nuestras fronteras” — como si Estados Unidos estuviera siendo invadido por un ejército enemigo—para afanar el sentimiento anti inmigrante derechista. Al mismo tiempo, buscan la reconciliación de semejante propaganda con las necesidades de las grandes empresas para obtener una mano de obra barata.

Las disputas entre los Republicanos y los Demócratas, las cuales no están bien demarcadas según las líneas de los dos partidos, tienen que con hasta que punto se puede acosar y deportar a los trabajadores indocumentados. El proyecto de ley McCain-Kennedy le permitiría a las empresas auspiciar a sus trabajadores para obtener la residencia permanente. Los trabajadores indocumentados que ya se encuentran en el país podrían convertirse en inmigrantes y ciudadanos luego de cierta cantidad de años indeterminada siempre que pagen una multa, llenen ciertos requisitos de trabajo, y aprendan a hablar inglés.

El senador Arlen, presidente del Comité Judicial del Senado, actualmente elabora un proyecto de ley de solución intermedia. Este obligaría a los participantes en el programa de trabajadores invitados a salir de Estados Unidos luego de seis años y tendrían que permanecer en su país natal por un año antes de poder regresar a Estados Unidos. Este proyecto se acerca más a lo que la Casa Blanca desea, pero todavía se le oponen ciertos grupos empresariales, quienes temen que semejante rotación en la fuerza laboral les ocasione enormes trastornos.

Dianne Feintein, senadora Demócrata de mayor antigüedad por el estado de California, ha tratado de satisfacer a los demagogas derechistas que abogan por la ley y el orden y los intereses de las grandes empresas agrícolas. Recientemente criticó ferozmente la manera flácida en que las leyes de inmigración se hacen cumplir: “Tenemos a diez de miles de extranjeros criminales rodando por las calles de nuestras comunidades porque, en vez de ser deportados a sus comunidades luego de servir en la cárcel, son sueltos a cometer más delitos en su comunidades”. Insiste en que toda legislación nueva incluya una excepción a los trabajadores agrícolas porque la economía de California, la sexta mayor del mundo, “se desplomaría” sin semejante excepción.

Sectores de la derecha Republicana consideran que “darle paliza a los inmigrantes” es un “tema cuña” que se puede utilizar en las elecciones el 2006 para quitarle fuerza a los temas principales. Tom Tancredo, diputado por el estado de Colorado, ya explota la posibilidad de su participación en la campaña presidencial de esa manera. Legislaturas estatales en varios estados han introducido proyectos de ley que permitirían el arresto y detención de inmigrantes por transgredir la propiedad ajena — lo cual convertiría a la inmigración en asunto estatal más bien que federal -y haría ilegal que los trabajadores indocumentados compren hogares, reciban atención médica o envíen a sus hijos a las escuelas públicas.

Los trabajadores que marcharon y expresaron sus opiniones al WSWS en Los Ángeles rechazaron la perspectiva que a los inmigrantes se les debería tratar como criminales. Un mecánico de camiones de 28 años de edad, residente del Condado de San Bernardino, dijo, “la ley es racista, apuntada específicamente para los mejicanos más que a nadie, para la gente latinoamericana. Lo que hace es criminalizar a la gente que cruza la frontera y también a la gente que los ayuda. Criminaliza a los trabajadores y a los empleadores con pena de cárcel. La ley parece que todavía no afina los detalles, pero es una ley así que da pena de cárcel a la gente que pasa aquí ilegalmente.

“Ahorita empieza una atmósfera de miedo en el trabajo, sí, por todo lo que está pasando, por toda la ola anti inmigrante que está sucediendo en Estados Unidos”.

Un trabajador de 26 años de edad de Michoacán, México, con seis años de residencia legal en estados Unidos, se expresó de esta manera: “Trabajo en una fábrica de químicos. Una fábricas de bleach, de cloro. Soy operador de las máquinas. Yo me encargo de hacer el bleach, darle el mantenimiento a las máquinas. En el tiempo de verano trabajo hasta 60 horas. Me pagan 15 dólares por hora. Después de seis años no es nada. El ambiente en el trabajo es bueno. La patrona es americana, es una persona muy buena, aprecia a la comunidad hispana.

“No ha habido redadas de inmigración en nuestra planta. Estoy aquí porque quiero apoyar a las personas. Nosotros estamos apoyados, pero pero somos una comunidad. Si no nos unimos...como los hermanos que somos, no vamos a poder conseguir nada. Puede que algunos estemos bien, pero todos los demás que no. ¿Qué va a pasar con ellos? Tenemos que pensar en las demás personas, no nada más que en uno mismo. Por eso estoy aquí. Porque busco el bienestar mío y el todas las personas que están a mi alrededor también.

“En cuanto al Partido Demócrata, es difícil de decir. Yo pienso que son como todos los políticos. En víspera de las elecciones, ellos muestran una cara diferente. Dicen tantas cosas, que van a estar ahí para apoyarte, pero en la hora que llegan al poder, se vuelven totalmente diferentes y se vuelan.

“Yo pienso que el mensaje que yo les daría a los trabajadores [de Estados Unidos, blancos y negros] es que nos acepten y que nos vean como unos hermanos, como los trabajadores que somos, pues podemos hacer los mismo que ellos, que somos tan capaces, incluso hasta más, porque nosotros no estamos temerosos de hacer el trabajo difícil ellos no quieren hacer. As?í que yo creo que somos iguales y tenemos las mismas aptitudes y capacidades que ellos. Solamente necesitamos una oportunidad”.

La perspectiva política que los organizadores de esta marcha revelaron es mantener la enorme reacción de los trabajadores inmigrantes a los ataques en contra de de sus derechos civiles y políticos amarrada por el Partido demócrata y la política de protesta. La lista de discursantes en la plataforma en frente del Ayuntamiento incluyó al alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, y a otros Demócratas latinos.

Sólo el Partido Socialista por la Igualdad (PSI) defiende incondicionalmente los derechos de los trabajadores inmigrantes no importa cual sea su situación legal, y lucha para unir a los trabajadores de Estados Unidos con sus hermanos y hermanas obreros de Latinoamérica, Asia y todo el mundo en lucha común contra el sistema capitalista.