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Senado de Estados Unidos adopta proyecto de ley anti inmigratorio
con el respaldo de los Demócratas
Por Patrick Martin
8 Junio 2006
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el autor
Este artículo apareció en nuestro sitio en
su inglés original el 27 de mayo, 2006.
El jueves de esta semana, el Senado de Estados Unidos adoptó
por un voto de 67 a 36 una legislación anti inmigratoria
basada en gran parte en la política de los Demócratas,
quienes se unieron a la minoría de un bloque Republicano
con tal de ganar la aprobación.
El proyecto de ley provee billones de dólares para la
construcción de una muralla fronteriza entre México
y Estados Unidos a lo largo de 370 millas; el empleo de agentes
policiales de la Patrulla Fronteriza; y nueva tecnología
para prevenir que trabajadores indocumentados sean empleados en
Estados Unidos sin la aprobación oficial del programa de
“trabajadores invitados”.
La prensa considera que este proyecto de ley es “moderado”
y hasta “humanitario, pero esto es sólo en comparación
al que la Cámara de Representantes adoptó en noviembre;
proyecto que pinta a todo trabajador indocumentado de criminal
y criminaliza a toda persona que trate de asistirlo, inclusive
a organizaciones caritativas que sirven alimentos a los pobres,
clínicas gratis, servicios legales e instituciones escolares.
Las estipulaciones principales del proyecto de ley del Senado
fueron producto de Demócratas cuyo líder principal
es Edward Kennedy, por mucho tiempo dirigente de los liberales
del Congreso y vocero principal que abogó por llegar a
un acuerdo con una gran cantidad de Republicanos. Los esfuerzos
de Kennedy fueron recompensados cuando 21 Republicanos se unieron
a 41 Demócratas y un Independiente pro Demócrata
para adoptar el proyecto de ley. El senador Republicano, John
McCain, fue uno de los co patrocinadores del proyecto, que recibió
el apoyo tácito de la Casa Blanca de Bush.
Pero el resultado, sin embargo, es una reaccionaria abominación.
En ciertos aspectos es más antidemocrático que el
proyecto de ley adoptado por la Cámara de Representantes
[Diputados]. El espíritu de la represión anima ambos
proyectos; ambos tratan a los trabajadores indocumentados como
criminales que deben ser castigados. Difieren principalmente en
como poner en práctica las redadas, los encarcelamientos
y las deportaciones.
El proyecto de ley de la Cámara de Representantes se
bosquejó para satisfacer los prejuicios anti inmigrantes
del ala ultra conservadora del Partido Republicano, donde el populismo
derechista (inclusive los esfuerzos de convertir a los inmigrantes
en chivos expiatorios por las condiciones cada vez más
difíciles de los trabajadores criollos estadounidenses)
se junta con el odio racista y étnico que ahora empieza
a asomar la cabeza. Por otra parte, el proyecto de ley del Senado
se ha diseñado para satisfacer los intereses de los grandes
negocios de Estados Unidos, los cuales desean mantener acceso
a una mano de obra super explotada, sobretodo en la agricultura
y en las industrias de la construcción y el procesamiento
de alimentos.
Pero el proyecto de ley del Senado difiere del de la Cámara
de Representantes en un aspecto: ofrece un programa para trabajadores
invitados, con un máximo de 200,000 trabajadores al año,
para servir las necesidades de las empresas agrícolas.
Le ofrece a los inmigrantes “ilegales” con largo tiempo
en el país la oportunidad de legalizar su estadía
si toman clases de inglés y pagan los impuestos debidos
y una multa bastante cara. El proyecto de la Cámara de
Representantes no legalizaría ni a un solo trabajador indocumentado
y requiere la deportación de aproximadamente 12 millones
personas, lo cual significaría uno de los mayores traslados
forzados de población en la historia del mundo.
La mayoría del Senado rechazó el plan por ser
impráctico, basándose en las dificultades de llevar
a cabo deportaciones tan numerosas, pero la misma mayoría
propone un sistema de legalización limitada tan complejo
que tampoco sería práctico. Bajo este plan del Senado,
“solo” 2 millones de trabajadores indocumentados serían
deportados: los que han entrado al país durantes los dos
últimos años.
Los que han residido en el país entre dos y cinco años—es
decir, cinco millones más—serían obligados
a regresar a sus países de origin por lo menos durante
un día para obtener su visa. Si la obtienen, podrán
regresar a Estados Unidos y quedarse en el país siempre
que cumplan con los complejos y onerosos requisitos de elegibilidad
según las estipulaciones de la legislación.
Las estipulaciones se hicieron más y más onerosas
durante las últimas dos semanas a medida que enmienda tras
enmienda reaccionaria era aprobaba para que el proyecto de ley
del Senado fuera más aceptable a los Republicanos de la
Cámara de Representantes.
Una de las enmiendas aumentó por $500 la multa que el
grupo más privilegiado de inmigrantes—aquellos con
más de cinco años de residencia en el país—debería
pagar, llevando el total a $3,250, lo cual es una enorme cantidad
para trabajadores que ocupan los puestos más bajos y peores
pagados de la fuerza laboral de Estados Unidos. La gran mayoría
trabaja como bedeles, trabajadores domésticos, obreros
agrícolas y en la construcción.
Otra de las enmiendas niega elegibilidad para integrarse al
programa de trabajadores a todo inmigrante culpable de haber quebrantado
la ley, inclusive de ser culpable de delitos menores y de no obedecer
órdenes de deportación (lo cual representa una encrucijada,
puesto que casi todos los “inmigrantes ilegales” por
definición han violado alguna ley relacionada con la inmigración).
Durante los primeros cuatro años, los inmigrantes empleados
bajo el programa de trabajadores invitados pueden solicitar residencia
permanente solamente con el permiso y patrocinio de sus patronos,
lo cual hace a estos trabajadores sumamente vulnerables a la explotación.
Han habido numerosos cambios técnicistas a los procesos
jurídicos para enjuiciar a los casos de inmigración.
Muchos de estos restringen los derechos de los refugiados y de
los que piden asilo en Estados Unidos para protegerse de regímenes
represivos. Al refugiado que trabaje con una tarjeta de seguro
social falsificada—y casi todos los trabajadores indocumentados
se ven obligados a hacerlo—se le consideraría culpable
de perpetrar un “delito mayor con agravantes”—y
sería sujeto a deportación inmediata no importa
si en país de origen el régimen que gobierna practica
la represión, la tortura y hasta el asesinato.
Los agentes de la Patrulla Fronteriza tendrían mayor
autoridad para arrestar, encarcelar y deportar a inmigrantes en
el acto—con la excepción de ciudadanos mexicanos—sin
recurrir a los debidos procesos judiciales, en una zona que cubre
100 millas norte y sur de la frontera con México y Canadá,
respectivamente. El resultado sería que ciudades tales
como Detroit, El Paso, San Diego y Buffalo se convertirían
en zonas libres en las que los inmigrantes podrían ser
arrestados y transportados al otro lado de las fronteras sin ningún
recurso a los procesos judiciales debidos.
Tal vez la enmienda más onerosa, aprobada por un voto
de 58 a 40, requiere que los patronos se inscriban en, y utilicen,
el Programa Piloto Básico, programa “software”
desarrollado por el Ministerio para la Seguridad de la Patria
[Department of Homeland Security; DHS] que analiza las
bases de datos del seguro social y de inmigración para
verificar la categoría legal de todo futuro empleado. Todos
los patronos se verían obligados a entregarle al gobierno
el número de seguro social o de identificación de
inmigración de toda persona que solicite empleo, inclusive
de todos los ciudadanos de Estados Unidos, para confirmar que
su residencia en el país es legal.
El resultado sería la creación de una enorme
base de datos controlada por el DHS, agencia establecida para
proseguir la “guerra contra el terrorismo” dentro de
Estados Unidos, que contiene información acerca de la vida
laboral de todos los ciudadanos del país. Potencialmente,
ésto sería un arma invaluable para la represión
de las masas, sobretodo si surge un nuevo movimiento de la lucha
de clases en la que paros en el trabajo y otras acciones laborales
sin duda jugarían un paper importante.
El Senado también votó 83 a 16 a favor de una
enmienda, presentada por el Republicano ultra derechista, Jefferson
Davis Sessions, del estado de Alabama, que aboga por la construcción
de una muralla de tres capas de ancho a lo largo de 370 millas
de la frontera con México. Y también votó
63 a 34 por una enmienda que declara el inglés como “idioma
nacional” de Estados Unidos, bofetada simbólica a
los casi cuarenta millones de hispanoamericanos en el país.
En tanto que los Demócratas alabaron el proyecto de
ley del Senado, grupos hispanos y de los derechos civiles lo criticaron
ferozmente. El Demócrata número dos del Senado,
Richard Durbin, del estado de Illinois, declaró que “este
proyecto de ley tiene muchas cosas erróneas, pero también
tiene muchas cosas buenas”.
Pero hay muchas dudas que el proyecto eventualmente se convierta
en ley, puesto que hay divisiones muy serias en el Partido Republicano.
En la Cámara de Representantes, el presidente, Dennis Hastert,
declaró que no va permitir ningún voto sobre un
proyecto de ley acerca de la inmigración que no cuente
con el apoyo de “una mayoría de la mayoría”;
es decir, de por lo menos 116 integrantes del bloque Republicano.
Si semejante reglamento se hubiera aplicado en el Senado, el proyecto
de ley no habría existido, pues los Republicanos se opusieron
a él 32 a 23. Fueron los Demócratas, quienes votaron
41 a cuatro a favor, los que hicieron la victoria posible.
El Senador Bill Frist, del estado de Tennessee y dirigente
de la mayoría Republicana, votó a favor del proyecto.
Dijo que él y su contraparte Demócrata, Harry Reid,
nombrarían a varios senadores al comité de conferencias
encargado de resolver las diferencias entre las versiones del
proyecto aprobadas por el Senado y la Cámara de Representantes.
Pero no se sabe con certidumbre si los Republicanos de la Cámara
de Representantes aceptarán la existencia de un comité
de conferencias, puesto que la dirigencia está rotundamente
opuesta a toda legalización de los millones de trabajadores
indocumentados que actualmente residen en Estados Unidos.
El representante James Sensenbrenner criticó ferozmente
las estipulaciones del proyecto de ley del Senado, llamándolas
una “amnistía” y agregó que el proyecto
“no presentaba nada nuevo”. Pero parece que la Cámara
de Representantes eventualmente aceptará una forma u otra
del programa de trabajadores invitados tal como lo exigen las
empresas agrícolas, pero esa versión requerirá
que los trabajadores agrícolas importados regresen a México
tan pronto termine la cosecha.
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