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España: Funcionarios de policía de alto rango
son enviados a prisión por "arresto ilegal" de
militantes del derechista Partido Popular
Por Vicky Short
26 Junio 2006
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el autor
El 8 de Mayo, tres magistrados de la Audiencia Provincial de
Madrid impusieron penas de cárcel al comisario Rodolfo
Ruiz Martínez, de 55 años, al inspector jefe Javier
Fernández Gómez, de 52 y al inspector José
Luis González Salgueiro, de 56.
Ellos no son policías corrientes. González Salgueiro
fue el líder del grupo anti-GRAPO. GRAPO es el acrónimo
de la sospechosa rama militar del Partido Comunista de España
(Reconstituido), que ha perpetrado varios actos terroristas brutales.
El comisario, Ruiz Martínez, fue sentenciado a cinco
años y medio de prisión e inhabilitación
absoluta durante ocho años. Fernández Gómez
fue enviado a prisión durante cinco años y suspendido
por ocho años. González Salgueiro fue sentenciado
a tres años de prisión. Los cargos fueron "detención
ilegal", "falsificación de documentos" y
"coacción". Además, los dos primeros funcionarios
deben pagar compensación de 12.000 Euros que seran donados
a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).
Los funcionarios han anunciado que apelarán al Tribunal
Supremo.
Las sentencias, desproporcionadas y sin precedentes, aplicadas
a los tres se refieren a la acusación de que en Madrid
el pasado año detuvieron ilegalmente a dos destacados miembros
del partido de derechas en la oposición, el Partido Popular
(PP). Los dos militantes del PP, Isidoro Barrios y Antonia de
la Cruz, fueron reconocidos e identificados en fotografías
de prensa atacando al entonces Ministro de Defensa del Partido
Socialista (PSOE) gobernante, José Bono, en la manifestación.
El Partido Popular inmediatamente se querelló contra
los policías que llevaron a cabo el arresto y exigieron
dimisiones al gobierno.
El incidente tuvo lugar el 22 de Enero de 2005 en una manifestación
masiva en Madrid organizada por la AVT. El anterior Presidente
del Gobierno, José Maria Aznar, es socio honorario de la
AVT y la manifestación era efectivamente una actividad
del PP. Los manifestantes denunciaron estruendosamente al gobierno
del PSOE de ser blando con el terrorismo así como por sus
políticas de reconocimiento de derechos a los homosexuales,
el aborto y la investigación con células madre.
El ministro del PSOE, José Bono, junto con la europarlamentaria
Rosa Díez se unieron sin anunciarlo y sin ser invitados
a la protesta para tender la mano al PP. Como pago, los acompañantes
de Bono fueron sometidos a un continuo acoso. Una vez se difundió
la noticia de que el ministro del PSOE estaba presente en la manifestación,
el enfado hacia el gobierno se volvió contra el ministro
quien fue rodeado por un grupo de hombres y mujeres que le insultaron,
sacudieron y zarandearon. Bono recibió un puñetazo
y alguien intentó golpearle con el palo de una bandera
antes de ser rescatado por la policía y los guardaespaldas.
Desde el mismo momento que el PSOE fue elegido en las elecciones
generales después del ataque terrorista con bombas en Madrid
en 2004, el PP ha llevado a cabo una campaña de provocaciones
para desestabilizar al gobierno. El PSOE ganó las elecciones
como resultado de la oposición masiva a la participación
de España en la guerra de Irak, la cual alimentó
el enojo ya existente por el intento del gobierno del PP de negar
el hecho que las bombas explosionadas en Madrid fueron un acto
de militantes islamistas, acusando en cambio al grupo separatista
vasco ETA.
El PP ha representado la elección del PSOE como un virtual
golpe de estado, acusando al partido de organizar protestas callejeras
ilegales en la jornada de reflexión el día anterior
al de la votación.
Como ministro de Defensa, Bono fue, de hecho, una figura destacada
en los intentos del PSOE de apaciguar al partido de derechas y
restaurar el consenso político. En 2004 llegó a
hasta invitar a los veteranos de la fascista División Azul
del General Franco, que luchó en la Segunda Guerra Mundial
al lado de la Waffen SS en la Unión Soviética, para
participar junto a veteranos republicanos en la marcha militar
el día de la Hispanidad.
El PSOE no respondió inmediatamente al ataque a su propio
ministro por los manifestantes del PP. Solamente tres días
mas tarde, cuando la prensa publicó los nombres de los
responsables, un coche fue enviado para recoger a los dos militantes
del PP. Estos fueron interrogados sobre el incidente durante unas
pocas horas y mas tarde liberados. Los jueces luego construyeron
el argumento que esto significaba una privación de libertad
y de derechos civiles de los dos militantes. Este fue el argumento
para el arresto y el procesamiento de los tres funcionarios de
policía.
El veredicto ha indignado a varios de los presentes en la manifestación.
Euopa Press ha informado el 5 de Mayo que una mujer de
Navarra - identificada solo como MU - declaró recientemente
en un juzgado en Pamplona que fue testigo de como los dos antes
mencionados militantes del PP trataron de agredir a Bono. "Los
dos militantes del PP, Antonia de la Cruz e Isidoro Barrios, intentaron
golpear a Bono y si no lo consiguieron fue porque yo y otras personas
nos interpusimos", explicó. Su " actitud fue
de extrema violencia", continuó y ella fue a su vez
atacada e insultada.
Preguntada por qué tardo tanto en denunciar los hechos
MU replicó, "Porque jamás hubiera creído
que lo que viví en primera línea y todo el mundo
pudo ver después en televisión se convirtiera en
una condena injusta e indignante contra unos funcionarios que
cumplieron con su deber. Los policías condenados son las
víctimas de un atropello. Decidí actuar porque los
detenidos, junto a otra persona, fueron quienes intentaron agredir
a Bono, y yo fui testigo directo de ello".
Otras personas también han dicho que informaron del
ataque en su momento, pero nadie se ha puesto en contacto con
ellos.
Después del veredicto uno de los funcionarios, Rodolfo
Ruiz, afirmó que fue "una sentencia absolutamente
injusta, arbitraria y radicalmente política".
En otras circunstancias, la policía actúa sin
el menor temor de ser procesados por los tribunales. Cientos de
personas, tanto ciudadanos españoles como inmigrantes han
sido arrestados, golpeados, incomunicados sin cargos por largos
periodos e incluso asesinados sin que ningún policía
fuera condenado.
Anteriormente el 24 de Julio de 2005 en Almería, por
ejemplo, un granjero de 39 años, Juan Martínez Galeano
fue al cuartel de la Guardia Civil para buscar protección
de la gente que lo perseguía después de un accidente
de tráfico. Fue supuestamente golpeado hasta morir por
nueve Guardias Civiles en sus dependencias con porras y armas
paralizantes eléctricas, impulsando a Amnistia Internacional
(AI) a solicitar al gobierno español "una investigación
exhaustiva e independiente" sobre los hechos que condujeron
a este fallecimiento. En un ejercicio de contención de
daños Bono simplemente suspendió a ocho de los nueve
funcionarios implicados en la agresión durante seis meses.
El Partido Popular, el único acusador en el caso del
ataque a Bono, no satisfecho con el encarcelamiento y suspensión
de los tres policías, está ahora pidiendo la dimisión
del nuevo ministro de Defensa, José Antonio Alonso quien
era ministro de Interior en el momento en el que tuvo lugar la
afrenta. Alegan que Alonso rehusó admitir en el Parlamento
que los arrestos de los militantes del PP fueran ilegales. Alonso
ha declarado que el gobierno "no está de acuerdo"
con la decisión judicial, la cual dijo que será
obviamente recurrida por las partes afectadas.
Después de las sentencias de prisión diputados
parlamentarios del PP convirtieron la sesión del Parlamento
en una bufonada, sosteniendo las manos en alto con esposas y gritando
"arréstame" cada vez que un miembro del gobierno
hablaba. El líder del PP, Mariano Rajoy, está pidiendo
una Comisión de Investigación para encontrar "quién
dio la orden y por qué" para detener a los dos miembros
del PP. También declaró que el PP va a pedir una
sesión plenaria extraordinaria en el parlamento para discutir
el asunto y que denunciará las detenciones ante la Unión
Europea.
En respuesta a las payasadas de los diputados del PP el Presidente
del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sumisamente
afirmó: "Ellos no van a encontrar una repuesta nuestra
a sus actitudes por nuestro respeto a esta institución
democrática que tan difícil ha sido de conseguir."
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