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Corte Suprema emite dictamen anti inmigratorio
Por Joe Anthony
15 Julio 2006
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el autor
Este artículo apareció en nuestro sitio en
su inglés original el 26 de junio, 2006.
El 22 de junio del presente, la Corte Suprema de Estados Unidos,
en una decisión 8-1, sostuvo la decisión de deportar
a Humberto Fernández Vargas. Las autoridades de Inmigración
basaron la deportación del ciudadano mexicano, de 58 años
de edad, sobre el Acta para la Reforma de la Inmigración
Ilegal y Responsabilidad Inmigratoria de 1996 (IIRIRA; cifras
en inglés), que estableciera que los inmigrantes indocumentados
que entra al país de nuevo luego de ser deportados deben
ser deportados una vez más. Además, debe negárseles
toda apelación o cambio de status como inmigrantes y prohibírsele
entrada al país por diez años. Vargas había
entrado ilegalmente a Estados Unidos en 1982 luego de haber sido
previamente deportado.
Vargas desafió la orden para deportarlo a base de las
leyes que regían en 1992, que permitían a los inmigrantes
sin antecedentes penales permanecer en Estados Unidos mientras
solicitaban status legal. Arguyó que su deportación
inmediata, luego de haber vivido tantos años en Estados
Unidos, era una aplicación restroactiva de la ley. El único
juez de la Corte que no estuvo de acuerdo John Paul Stevens, aceptó
esta lógica. Declaró también que “la
Corte por lo regular no aplicaba leyes nuevas a casos antiguos”.
Las circunstancias específicas de Vargas ponen en relieve
la naturaleza punitiva de la decisión sobre el caso. Luego
de entrar de nuevo a Estados Unidos 24 años atrás,
Vargas abrió un pequeño negocio sin nunca tener
ningún problema con la ley. Se casó con una ciudadana
estadounidense y eventualmente tuvo un hijo con ella.
Solicitó status legal basándose en su matrimonio
con una ciudadana de Estados Unidos. Eso puso en alerta a las
autoridades de Inmigración, quienes lo arrestaron y lo
deportaron a la ciudad de Juárez, México, dos años
atrás. Su esposa, Rita, ha continuado la batalla jurídica
en su nombre.
Los ocho jueces de la Corte Suprema que votaron en contra de
Juárez incluyen tres que se supone son liberales. Uno de
ellos, David Souter, escribió la opinion de la mayoría,
por medio de la cual arguyó que Vargas era un “quebrantador
de la ley continuo” que debió haber recibido “amplias
advertencias” del IIRIRA.
La opinión del único juez en desacuerdo—el
juez Stevens—puso en relieve la crueldad y dudosa legalidad
de la decisión mayoritaria. Escribe Stevens: “Cuando
entró al país y durante los próximos 15 años,
su estadía llegó a ser un beneficio para el peticionante,
pues logró permanecer continuamente en Estados Unidos,
estableció su negocio y empezó su familia. Luego
del 1ro. de abril, 1997, fecha en que la dispocisión de
reintegración aplicable se hizo efectiva, todas esas actividades
fueron declaradas ireelevantes por la ley”.
Las consecuencias para Vargas y su familia han sido devastadoras.
De acuerdo a desertnews.com, Vargas declaró en una
entrevista telefónica que “necesito a mi familia...Quisiera
estar con mi familia”. La esposa de Vargas dijo que que su
familia había sido “destruída”, según
la web site.
Jennifer Chacón, Profesora de leyes en la Universidad
de California en Davis, dijo que “Esto tiene que ver con
la gente que menos deberían preocuparnos. Son gente estable,
con empleos. Son abuelos, padres, esposos, padres. Esta gente
no representa ningún peligro para la seguridad”.
La Unión para la Defensa de los Derechos Civiles de
Estados Unidos y varias organizaciones que defienden los derechos
inmigratorios le habían instado a la Corte que no aplicara
la ley de 1996 retroactivamente.
Vargas y sus abogados continuarán con apelaciones a
la Corte Suprema, pues cierto inciso en la decisión le
permite solicitar una renuncia a ciertos derechos que le dejaría
regresar a Estados Unidos legalmente. Sin embargo, sus abogados
no se muestran optimistas, pues es difícil obtener dichos
documentos de renuncia.
Fue en 1996 que el Congreso, bajo control Republicano, adoptó
el IIRIRA y luego el Presidente Demócrata Clinton lo firmó
como ley. La disposición de la ley que fue aplicada retroactivamente
contra Vargas es sólo una entre varias de sus medidas draconianas.
La ley rotundamente reduce el repaso judicial de los casos
de deportación y amenaza con deportar a residentes permanentes
legales por cometer delitos menores tales como robos menores o
posesión de marihuana. También autoriza a los gobiernos
locales y estatales a negarle beneficios a los “extranjeros”.
El dictamen ha de afectar a miles de extranjeros indocumentados
en Estados Unidos.Trabajadores que han vivido en el país
por años serán separados de sus familias y amigos
y serán privados de ganarse la vida como consecuencia de
que semejante ley tan reaccionaria se haga efectiva de manera
retroactive.
Los efectos de la campaña derechista en contra de los
inmigrantes, así también como la colocación
de las dos personas nominadas por Bush a la alta Corte, puede
verse en la diferencia entre el dictamen de la semana pasada y
la decisión de la misma Corte en el 2001 en un caso que
tuvo que ver con la misma ley. En el caso INS vs. St. Cyr.,
la Corte decidió que la ley de 1996 no podia ser aplicada
retroactivamente a residentes permanentes legales que habían
sido imputados de un crimen. En un dictamen de 5 a 4, Stevens,
representando a la mayoría, arguyó por escrito que
“estatutos no pueden aplicarse retroactivamente...al menos
que el Congreso indique claramente semejante resultado”.
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