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Estados Unidos muestra a delegados de la OEA la democracia
en acción
Por Bill Van Auken
11 Junio 2005
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el autor
La versión original en inglés de este artículo
apareció en nuestro sitio por primera vez el 7 de junio,
2005.
En su discurso a la Organización de Estados Americanos
(OEA) alabando los beneficios de la democracia que se practica
en Estados Unidos, el Presidente George W. Bush declaró
el lunes pasado que los latinoamericanos "necesitan darse
cuenta que en una sociedad democrática la gente puede caminar
por las calles con seguridad".
Desafortunadamente, para aquellos que viajaron a la ciudad
de Fort Lauderdale en el estado de la Florida para asistir a la
asamblea general de la OEA, este sosiego democrático no
abastecía lo suficiente. Más bien, el ambiente de
esta reunión interamericana se parecía a la de un
estado policial. Los que caminaban las calles—manifestantes
y funcionarios—no sólo fueron acosados sistemáticamente.
También se les amenazó con ser detenidos.
Tan intensa fue la represión llevada a cabo por la gran
masa de policías federales, estatales y locales—-provenientes
de veintiseis agencias diferentes—que la misma OEA presuntamente
está preparando una queja formal contra las acciones del
gobierno estadounidense.
El Ministro Asistente para Asuntos del Hemisferio Occidental,
Roger Noriega, se vio obligado a disculparse en público
y ofreció las siguientes palabras al comenzar su discurso:
"Quería expresar lo mucho que lamentamos los varios
problemas con que algunos delegados y miembros de la sociedad
civil se han dado en cuanto a la transportación y la seguridad".
Se habían eregido varios puntos de registro en todas
las rutas que se dirigían a, o salían del, Centro
de Conferencias Broward, donde las reuniones se llavaban a cabo.
Los vehículos que transportan a los funcionarios a dichas
conferencias fueron detenidos y sometidos a búsquedas con
perros detectores de bombas, así como también a
registros policiales por medio de detectores de metales. Numerosos
fueron los casos en que a vehículos se les cerró
el paso porque a los choferes no les consideró estar autorizados
para entrar en la zona asegurada.
Muchos de los diplómatas latinoamericanos que se vieron
forzados a seguir a pie fueron detenidos en varios puntos de registro
y en varias ocasiones fueron obligados a regresar de nuevo a sus
lugares de partida.
En la sala de la conferencia, a los perodistas se les trató
como si les sospechara de ser criminales. A los corresponsales
sólo se les permitía acercarse a los funcionarios
sólo si estos últimos iban acompañados con
guardias de seguridad.
Una corresponsall venezolana, Lyng-Hou ramírez, presentó
una queja ante la OEA luego de ser detenida por agentes del Servicio
Secreto y otros policías.
Según un informe publicado por La Jornada, periódico
mexicano, la corresponsal, quien había sido oficialmente
aprobada para cubrir la reunión para un grupo de prensa
que representaba a varios periódicos destacados de Latinoamérica,
fue detenida por más de una hora y se le amenazó
con ser deportada.
A la corresponsal se le ha citado con haber expresado a los
20 agentes que la interrogaron, luego de la policía interceptarla
mientras salía del centro, que no era ninguna "terrorista",
sino una "periodista".
El periódico mexicano citó a un funcionario del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos que defendió
la detención basándose en que la "seguridad"
tenía que ser acérrima" y añadió
que Ramírez "no había sido la única"
que fue detenida.
Ramírez declaró que los agentes rehusaron comunicarse
con la OEA para confirmar que sus credenciales eran legítimos.
Le respondieron que "nosotros somos los que establecemos
los reglamentos, no ellos".
El incidente se inició luego de que los policías
registraran su cartera, en la que encontraron un documento de
la OEA acerca los derechos humanos, lo cual aparentemente la catalogó
de sospechosa.
Varios cientos de personas se aparecieron para manifestarse
en contra de la conferencia de la OEA, pero fueron consagrados
a una zona de "libre expresión" lejos del centro
de conferencias, donde la polícía contra los motines
era mucho más numerosa.
Carlos Sobel, abogado que ha entablado pleito jurídico
en defensa de los manifestantes, ha llamado "draconianas"
a tales medidas. Declaró que "los diplómatas
que asistieron a [la conferencia] podrán hablar de la democracia,
pero no podrán verla en práctica".
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