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En Uruguay la izquierda triunfante se vira vigorosamente hacia
la derecha
Por Bill Van Auken
17 Enero 2005
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el autor
La versión original en inglés de este artículo
apareció en nuestro sitio por primera vez el 7 de enero,2005.
La victoria sin precedentes de la coalición del Frente
Amplio sobre el sistema bipartito que había regido a Uruguay
por más de un siglo desató celebraciones de masas
por todo el país.
Durante el último mes, sin embargo, el gobierno electo,
que incluye a los Partidos Comunista y Socialista, así
como también al Movimiento de Participación Popular,
dirigido por ex militantes del grupo guerrillero Los Tupamaros,
ha dado señales inconfundibles que tienen toda intención
de seguir una política fundamentalemente igual a la del
gobierno derechista que acaba de reemplazar.
El indicio más asombroso apareció a mediados
de la semana festiva entre Navidad y el Año Nuevo tras
una reunión entre el presidente electo, Tabaré Vázquez,
y el presidente derrotado, Jorge Batlle, del Partido Colorado.
El periódico El País, publicado en la ciudad
capital de Montevideo, reportó el 19 de diciembre que Vázquez
le había ofrecido a Batlle el puesto de embajador uruguayo
en Washington.
Para muchos la noticia pareció increíble. No
cabe duda que Batlle ha sido uno de los presidentes más
impopulares de toda latinoamérica. Durante las elecciones
de octubre pasado, su partido gobernante, el Colorado, quedó
en un distante tercer puesto con apenas un 10 porciento del voto
popular.
Muchos de los trabajadores que votaron en contra de esta posibilidad—la
de Batlle asumir un puesto en el nuevo gobierno—fue como
un chiste cruel. Una de las reacciones típicas fue que
Batlle debería trabajar para el circo, como el tipo que
sale del cañón, o como payaso, papel que bien sabe
como desempeñar.
El odio hacia el presidente, quien llegara al poder en 1999,
tienen sus raíces en la manera en que ha dirigido la economía
nacional, que entró en una recesión tan profunda
que, durante el 2002, dejó sin empleo a por lo menos el
17 porciento de la población económicamente activa
y a casi el 33 porciento del país por debajo del umbral
de la pobreza. También se le ha implicado en un gran escándalo
bancario que contribuyó al desastre económico. Fielmente
ha obedecido las exigencias del Fondo Internacional Monetario
para que Uruguay pague una deuda aplastante de $13.400 millones
que equivale a un poco más del Producto Nacional Bruto
del país.
Batlle también ha sido de los líderes latinoamericanos
más serviles a Washington. Actuó como perro de ataque
del gobierno de Bush contra Cuba en foros regionales y se solidarizó
con la invasión estadounidense de Irak. Condenó
a la Organización de las Naciones Unidas por no respaldar
la política de Washington basada en la guerra preventiva.
Enviar a un individuo de semejante calaña a Washington
es como poner el mando de los asuntos extranjeros del país
en manos de la Casa Blanca de Bush. Con todos los vínculos
que tiene con los militares uruguayos y otros sectores con íntimas
relaciones a la antigua dictadura—por ejemplo, el ministro
del turismo en el gobierno Colorado es hijo del ex dictador Juán
María Bordaberry—el nombramiento de Batlle a Washington
efectivamente convertiría a la embajada uruguaya en la
capital de Estados Unidos en oficina central de todo golpe de
estado militar que pueda ocurrir en el futuro.
Las noticias de la reunión entre Vázquez y Batlle
dejaron al Frente Amplio en desorden total. Vázquez aparentemente
reaccionó a la ira que había despertado entre sus
propios partidarios cuando inicalmente le dijo a la prensa que
todo había sido un "chiste". Su asesor
principal negó que el tema siquiera se había tratado.
Pero el compañero electoral de Vázquez, el vicepresidente
electo Rodolfo Nin Novoa, inmediatamente contradijo esta versión
de la conversación. Confirmó que la oferta se había
presentado y elogió al presidente electo por su "pragmatismo".
El mismo Batlle declaró que se le había ofrecido
el puesto que lo había rechazado.
Un corresponsal de la revista semanal, Búsqueda, por
fin le preguntó a Batlle lo que habría hecho si
hubiera aceptado la oferta, no importa cuales hayan sido sus intenciones.
Vázquez, por su parte, declaró que se tenía
que pensar más allá de la circunstancias de la manera
en que la oferta se hizo, porque, Batlle, quien tenía buen
conocimiento de Estados Unidos y del gobierno de ese país
y era, además, amigo del presidente Bush, podría
ofrecerle al país un "importante servicio".
Este episodio tan extraño fue sólo uno entre
varias declaraciones y acciones tomadas por el Frente Amplio cuyo
objetivo era aparentemente aplacar al imperialismo estadounidense
a la clase gobernante criolla.
Anteriormente en el mes de diciembre, los legisladores nacionales
de la coalición ya se habían unido en masa para
votar a favor de un incremento del contigente del ejército
uruguayo que forma parte de la llamada fuerza de paz en Haití.
Los diputados del Frente Amplio en la Cámara inferior que
votaron contra la medida fueron pocos.
Eleuterio Fernández Huidobro, ex guerrillero tupamaro
y ahora senador uruguayo, defendió el voto con palabras
que pudieron haber sido pronunciadas por un senador Republicano
de Estados Unidos pidiendo fondos para la invasión de Irak.
Puntualizó que su gente y sus contingentes estaban al frente
de la lucha en ese país bajo situaciones muy difíciles,
y que no se les podía negar lo que pedían. Pero
en este caso, la "gente" y los "contingentes"
a que alude representan a los mismos militares que hace tres décadas
liquidaron a tantos de los antiguos camaradas del Fernández
Huidobro.
Entre los que votaron contra el aumento se encuentra el diputado
del Partido Socialista, Guillermo Chifflet, cuya defensa de su
postura fue como una acusación contra los dirigentes del
Frente Amplio. Declaró que "los integrantes de
la misión militar que ahora irán a integrarse al
contingente enviado por el gobierno uruguayo contribuirán
a consolidar el régimen que usurpó el poder, con
el clásico desembarque de marines, destituyó al
presidente electo e impuso un gobierno ilegítimo."
Añadió que se trata de "respaldo a un régimen
fruto de un golpe de estado perpetrado con intervención
extranjera" y una intervención violatoria del
derecho a la "autodeterminación de un pueblo hermano."
Se reportó que el voto del Frente Amplio a favor del
aumento de las tropas había sido una reacción a
la amenaza explícita de la embajada de Estados Unidos:
si no votan por el aumento, puede que impongamos sanciones económicas.
Por otra parte, el nuevo ministro que asumirá las riendas
de la economía, Danilo Astori, le ha asegurado a los bancos
extranjeros y al FMI que el Frente Amplio seguirá poniendo
en práctica el programa de ajustes estructurales impuesto
por sus predecesores.
Astori también se reunió con la Asociación
Rural de Uruguay, que representa a los poderosos latifundistas
del país, y les garantizó una política basada
en el "libre mercado". La reunión se
llevó a cabo para disipar todo miedo que el nuevo gobierno
adoptaría medidas, propuestas por sectores del Frente Amplio,
para fomentar el desarrollo de industrias nacionales relacionadas
con la agricultura. Las propuestas incluyen restricciones sobre
las exportaciones de ganado en pie y cueros y lana sin procesar.
En una señal muy similar a las corporaciones multinacionales
y a los capitalistas uruguayos, Vázquez nombró a
Jorge Lepra, ex director de la Texaco y ex presidente de la Cámara
de Comercio de Uruguay-Estados Unidos, como Ministro de la Industria.
El nombramiento de este ejecutivo de las empresas petrolíferas
provocó murmullos de protesta por parte de los dirigentes
sindicalistas, quienes consideran que semejante movida constituye
una amenaza para continuar la privatización de las empresas
estatales.
Aunque se esperaba ampliamente en Uruguay que la victoria del
Frente Amplio por fin llevaría a la justicia a aquellos
responsables por la enorme represión que ocurrió
durante las décadas del 70 y el 80, aparentemente esto
no va a suceder. En una conferencia pre electoral del año
pasado, el Frente Amplio votó para continuar la amnistía
que protege a los militares de ser enjuiciados por las ejecuciones,
las desapariciones, la tortura y el encarcelamiento político
de decenas de miles de uruguayos que tomaron lugar durante los
doce años que siguieron a la toma del poder por la dictadura
en el 1973.
Únicamente una persona—el ex Ministro de Asuntos
Exteriores, Juán Carlos Blanco—ha sido acusado y enjuiciado
por estos crímenes. Fue encontrado culpable en el 2002
en conexión con la desaparición y asesinato de Elena
Quinteros, maestra activa en la política que fuera detenida
por las fuerzas militares mientras se encontraba en la embajada
venezolana. Blanco pasó solamente seis meses en la cárcel,
período tras el cual fue puesto en libertad para luego
ser nombrado por el gobierno de Batlle a una junta arbitral del
mercado común Mercosur.
Al ex dicatdor Juán María Bordaberry anteriormente
se le había imputado el cargo de haber ultrajado a la constitución
con sus acciones del 1973, cuando disolvió el parlamento
y efectivamente le entregó el poder a los militares. El
mes pasado, en medio de las negociaciones políticas de
transición gubernamental, un juez de la Corte Suprema desestimó
el cargo y declaró que proceder el caso para someter a
la justicia al ex dirigente del golpe sería lo mismo que
enjuiciarlo dos veces por el mismo delito. Pero el hecho es que
el precedente al cual el juez aludió fue un dictamen de
la Corte Suprema—basado en una tecnicalidad jurídica—para
no aceptar los cargos relacionados con el golpe. La causa nunca
compareció ante los tribunales.
El nuevo caso, no obstrante, incluye cargos que nunca se imputaron
en 1986, inclusive quien fue responsable por la tortura, los asesinatos
y la colaboración de la policía secreta de Uruguay
con la Operación Cóndor, acción en conjunto
de varias dictaduras latinoamericanas para seguir la pista de,
y asesinar a, adversarios políticos en el exilio.
Fue una asociación que representa a los parientes de
los individuos asesinados por la dictadura que le imputó
a Bordaberry los nuevos cargos. La confederación principal
de sindicatos obreros del país, la PIT-CNT, le ha brindado
su apoyo al caso. Anteriormente Bordaberry había logrado
frustrar a los fiscales que habían tratado de ponerlo en
tela de juicio por su papel en ordenar la masacre, en 1972, de
ocho sindicalistas de izquierda.
Aunque se espera que otra vez se le lleve ante los tribunales,
el tiempo apremia. Puede que el 1ro. de marzo, día en que
Vázquez asume la presidencia de Uruguay, los abogados del
ex dictador se acojan al principio de la prescripción legal
para evitar que lo enjuicien. La fecha marca el vigésimo
aniversario del fin de la dictadura militar. Si Bordaberry logra
vencer el límite de tiempo, grupos defensores de los derechos
humanos han jurado imputarle crímenes contra la humanidad,
los cuales, bajo las leyes del derecho internacional, no respetan
la prescripción legal.
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