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Los engaños y la hipocresía de Estados Unidos en cuanto a las torturas y humillaciones en Irak

Por Alex Lefebvre
21 Mayo 2004

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La versión original en inglés de este artículo apareció en nuestro sitio el 12 de mayo, 2004.

En los informes efectuados por los funcionarios estadounidenses recientemente, se han ventilado una sarta de afirmaciones que sostienen, y que a la vez desacreditan sobradamente, las afirmaciones de que la tortura de prisioneros iraquíes llevada a cabo por un grupo de soldados bribones, es un hecho insólito y excepcional. Lo que ha surgido, sin embargo, es un cuadro indiscutible de metódicas y antiguas prácticas de abusos cuyo propósito fue torturar a iraquíes detenidos para interrogarlos e intimidarlos.

Las declaraciones del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que advertían al gobierno de Bush de tales hechos han sido condenatorias en extremo. Según un artículo del Wall Street Journal publicado el 7 de mayo, el CICR estaba en comunicación continua con las autoridades estadounidenses durante el periodo entre mayo y noviembre del 2003; instancia en que este organismo se dedicaba a preparar su informe sobre los abusos a prisioneros iraquíes para el gobierno estadounidense. Dicho exhaustivo informe sobre los abusos datan de la primavera del 2003, momento en que las fuerzas estadounidenses tomaron el mando de Irak.

El CICR reveló que "los prisioneros estaban desnudos en celdas vacías [...] y que eran obligados a vestirse con ropa interior femenina [...] eran golpeados por fuerzas de la coalición. En un caso en particular esto causó la muerte a un prisionero [...] en otros, las fuerzas de la coalición, ubicadas en las torres de vigilancia, disparaban a detenidos que no portaban armas, y mataron a varios".

Un artículo publicado por Los Angeles Times el 11 de Mayo describió otros métodos de tortura usados por las fuerzas estadounidenses: crueles y grandes quemaduras efectuadas premeditadamente, el uso de choques eléctricos, y amenazas con violar sexualmente a las mujeres parientes de los detenidos. El artículo del Los Angeles Times también reveló que el CICR considera que entre el 70 y el 90 por ciento de iraquíes detenidos son maltratados.

Estos resultados coinciden con otros de divulgación pública, entre cuyos resultados se encuentra un informe de Antonio Agudas, General de División estadounidense. Éste informe, asequible en http://www.antiwar.com/article.php?articleid=2479, cita la violación sexsual de mujeres iraquíes bajo custodia. El informe de Amnistía Internacional se puede localizar en http://news.amnesty.org/mav/index/ENGAMR510772004/ y en http://web.amnesty.org/library/index/engmde14097200. Documenta los hechos de tortura y humillación efectuados a prisioneros iraquíes en abril del 2003.

A pesar de que el gobierno estadounidense y los medios de comunicación se han mostrado sorprendidos e incrédulos ante estas revelaciones, hay pruebas cuantiosas de que la clase gobernante de Estados Unidos se embarcó en una política intencional de crímenes de guerra y tortura cuando inició la invasión de Afganistán durante el último cuatrimestre del 2001.

El gobierno de Bush efectuó sus primeras atrocidades documentadas a prisioneros de guerra durante el derrocamiento del régimen Talibán en Afganistán, cuando fuerzas de la Alianza Norteña afganas se aliaban a las tropas de EE.UU. el 19 de noviembre en la ciudad de Kunduz. En ese momento, los comandantes afganos manifestaron que estaban considerando anunciar garantías de seguridad para aquellos soldados Talibanes extranjeros que iban a rendirse. El Ministro de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, inmediatamente declaró que no estaba dispuesto a negociar semejante acuerdo.

En la semana previa a la rendición de Kunduz, Rumsfeld dejó claro que prefería una salida en dónde todos los soldados del Taliban fuesen masacrados, afirmando que EE.UU. "no tenía intenciones de negociar rendiciones," aunque él esperaba que las fuerzas de Al Qaeda "fueran ejecutadas o cayeran prisioneras."

El 21 de noviembre del 2001, cuando se le preguntó acerca del destino de Osama Bin Laden y si prefería que éste fuese ejecutado o capturado, Rumsfeld respondió, "¡Pero por supuesto que sí!". En ese momento, el periódico británico, the Observer, publicaba un artículo que decía, "Hasta que los hechos se investiguen, se sospecha que EE.UU. desea instigar la pena de muerte sin juicio previo."

Luego de su rendición en Kunduz, los Talibanes no afganos fueron trasladados a la fortaleza Qala-i-Janghi en Mazar-i-Sharif, bajo la custodia de las fuerzas de Rashid Dostum. Allí se sublevaron al ser interrogados por estadounidenses quienes se mofaban, les pegaban, y los amenazaban de muerte. En respuesta a esta acción, Fuerzas Terrestres Especiales estadounidenses dirigieron ataques aéreos y con tanques contra los prisioneros, ejecutando a unos 800. Estas escenas fueron captadas por equipos de filmación estadounidenses y alemanes. Con el tiempo estos abusos se convirtieron en el tema de un documental emitido por la CNN en agosto del 2002 . (Ver http://www.wsws.org/articles/2001/nov2001/afgh-n27.shtml y http://www.cnn.com/TRANSCRIPTS/0208/03/cp.00.html)

Después de cesar el bombardeo, las Fuerzas Especiales estadounidenses y las tropas de Dostum reunieron una multitud de 3,000 prisioneros en recipientes de metal sellados y los transportaron a la prisión de Sheberghan en una travesía de 20 horas de duración. La mayoría de los prisioneros se asfixiaron durante el viaje. Al llegar a su destino, vaciaron los recipientes y aquellos prisioneros sobrevivientes fueron ultimados a tiros; luego se enterraron sus restos en una fosa común. Jamie Doran, director de cine irlandés, documenta esta atrocidad en su película, Masacre—Convoy Afgano de la Muerte (Ver http://www.acftv.net.)

Uno de los sobrevivientes de esa masacre fue el "Talibán estadounidense", John Walker Lindh, quien fue separado de los demás prisioneros después del bombardeo de Qala-i-Janghi. Las fuerzas estadounidenses torturaron a Lindh y a propósito ignoraron la herida de bala que llevaba en la cabeza. Lo dejaron desnudo, a congelarse de frío por varios días en un recipiente de metal donde los ruidos eran ensordecedores.

Lindh renunció a sus derechos constitucionales inmediatamente y fue interrogado por agentes del FBI, quienes le arrebataron una confesión. Luego se lo trasladó al [buque de guerra] USS Peleliu dónde recibió tratamiento médico. (Ver http://www.wsws.org/articles/2002/jun2002/lind-j25.shtml.) Esta confesión, extraía bajo tortura e informalmente sintetizada por agentes del FBI, fue la evidencia principal que los fiscales estadounidenses presentaron para someter a Lindh a juicio y enviarlo a la cárcel por 20 años.

Las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo la matanza de prisioneros en Kunduz en un ambiente donde las prácticas ilegales reinaban. Rumsfeld y otros miembros prominentes del gobierno de Bush promovieron tales actos pública y abiertamente. Al ser interrogado sobre las condiciones que afrontaban los Talibanes y otros aliados detenidos por fuerzas estadounidenses o sus apoderados, Rumsfeld respondió lo siguiente: "No siento ni la más leve preocupación en referencia a los procedimientos que se siguen con ellos."

El término "combatiente ilegal", en contraposición a "prisionero de guerra", para designar a las fuerzas detenidas por el ejército estadounidense en Afganistán, fue inaugurado y adoptado por funcionarios de antigüedad en el gobierno de Bush, que incluye a Rumsfeld, al vicepresidente Cheney, al procurador general Ashcroft y al mismo Presidente Bush. Este malabarismo semántico tiene su fin: negar a dichos detenidos las protecciones y los derechos legales que se conceden a los prisioneros de guerra según los estatutos de la Convención de Ginebra, acordada en 1949. Estados Unidos se adhiere a todos los estatutos de la Convención, así como al tratamiento de prisioneros de guerra. Esto significa que las disposiciones del Convenio son ley vigente en EE.UU., y su infracción se considera un delito.

No obstante, y luego de las perturbadoras revelaciones de tortura en Irak, funcionarios estadounidenses insisten que tales prácticas son aberraciones que violan la política del gobierno. Pero el repudio a la Convención de Ginebra interpreta las estipulaciones de ésta como si fuesen mentiras. ¿Por qué Rumsfeld, Bush, Cheney y compañía declararían que EE.UU. no estaba obligado a respetar ciertas restricciones según las convenciones y estipulaciones de ésta en Afganistán y en la llamada "guerra contra el terrorismo", si sus decisiones no hubiesen sido someter a los detenidos intencionalmente, y así violar explícitamente medidas proscriptas por La Convención; medidas consideradas crímenes de guerra? Al formular la pregunta uno encuentra la respuesta.

Cientos de personas detenidas durante la guerra en Afganistán, y quienes tienen poco o nada que ver con el Talibán o Al Qaeda, fueron encapuchados, engrillados y transportados a la base naval estadounidense en la Bahía de Guantánamo en Cuba. En aquel momento, la prensa internacional y la estadounidense documentaron con fotografías muy inquietantes el movimiento de dichos prisioneros.

En Guantánamo, los prisioneros son ubicados en canastas de metal diminutas con paredes de malla de acero. Aquellos prisioneros británicos liberados dan testimonio de un programa habitual de palizas, amenazas de muerte, comida podrida, agua sucia, y de tortura psicológica. (Ver http://www.wsws.org/articles/2004/mar2004/guan-m19.shtml.) Las organizaciones de derechos humanos repetidamente han reprobado estas condiciones (el informe de Amnistía Internacional se encuentra en el siguiente sitio: http://web.amnesty.org/pages/guantanamobay-índice-eng.

El gobierno de Bush sostiene que tiene el derecho a mantener a los detenidos en Guantánamo Bay sin juicio y por tiempo indeterminado, alegando la eventual necesidad de interrogarlos por posibles conexiones a Al Qaeda. En julio del 2002, el Juez Colleen Kollar-Kotelly determinó que no se aplicarán protecciones legales a los prisioneros en Guantánamo Bay, alegando que, aunque se encuentran en una base naval estadounidense, no están en territorio de Estados Unidos.

Las detenciones efectuadas en la Bahía de Guantánamo constituyen una infracción total de las Convenciones de Ginebra referente al tratamiento de los prisioneros de guerra (ver Convención III en http://www.genevaconventions.org/. Las palizas y las humillaciones sexuales infringen los Artículos 13 y 14. Toda interrogación que le exija a un detenido que revele información que no sea su nombre, rango y número de serie constituye una infracción del Artículo 17. Las condiciones en los campamentos—ropa que marca a los prisioneros como reos, encarcelamiento en celdas pequeñísimas, la falta de ejercicio físico y psicológico, la suministración de alimentos podridos—infringen los Artículos 18, 21, 26 y 28. EE.UU. manifiesta el derecho de mantener a los presos en este lugar indefinidamente, pero esa práctica infringe el Artículo 118, el cual sostiene que los presos deben ser restituidos a su país luego de finalizadas las hostilidades.

El Artículo 4 de la convención concede a los prisioneros de guerra la categoría de "milicia o cuerpo voluntario" en los siguientes casos: los Talibanes, los ciudadanos civiles que acompañan a estas fuerzas y los habitantes de un territorio que se sublevan espontáneamente para resistir a una ocupación extranjera. También existen otros casos.

Funcionarios estadounidenses se arrogaron el derecho de excluir de la categoría de prisionero de guerra a los detenidos, así transgrediendo una de las disposiciones de la Convención de Ginebra: que a los prisioneros se les puede negar dicha condición solamente mediante decisión de un tribunal competente. Rumsfeld, en referencia a esto, manifestó lo siguiente: "No son prisioneros de guerra. No se les considerará prisioneros de guerra. [...]. Este caso no tiene ninguna ambigüedad".

El Comité Internacional de la Cruz Roja y las organizaciones que defienden los derechos humanos, tales como la Human Rights Watch, acusan a Washington de fingir respeto por la Convención de Ginebra y han declarado que el gobierno estadounidense carece de fundamentos legales para asumir dicha actitud. Ambas organizaciones hicieron hincapié en que todos los detenidos en Afganistán deben regirse por las protecciones impuestas y permitidas a los prisioneros de guerra bajo los estatutos de dicha Convención.

No obstante, y a pesar del menosprecio del gobierno de Bush por estas leyes internacionales, éste no se encontró con ningún impedimento por parte del Partido Demócrata o de los medios de comunicación estadounidenses.

Es importante resaltar aquí que muchos de los presos no mantienen lazos con Al Qaeda, más allá del hecho irrefutable que las condiciones en la Bahía de Guantánamo sean injustificables e ilícitas. El periódico Los Angeles Times informó en enero del 2003 que, como mínimo, el 10 por ciento de los detenidos no tenían ningún vínculo al Talibán o a Al Qaeda. (Ver http://www.wsws.org/articles/2003/jan2003/guan-j03.shtml.

Un Artículo del Washington Post del 9 de mayo del 2004, titulado "El Pentágono aprobó interrogaciones más penosas", revela que abogados del Ministerio de Defensa de Estados Unidos redactaron un documento que legaliza el uso de tortura en la Bahía de Guantánamo. "Quisimos encontrar la manera legal de aumentar la presión", puntualiza uno de los abogados.

Aunque el periódico no define qué métodos eran aceptados, estos incluían suspensión del sueño, exposición a calor y a frío extremos y mantener a los prisioneros desnudos, según "dos funcionarios del Ministerio de Defensa" entrevistados por el periódico. Fueron funcionarios a cargo de los campamentos en la Bahía de Guantánamo que, por tres meses, hacia fines del 2002, habían pedido que se estableciera la legalidad de estas prácticas. El Post revela también que algunas de estas técnicas requerían notificación a funcionarios del Pentágono y al mismo ministro defensa, Rumsfeld.

Como parte de "la guerra contra el terrorismo", las agencias gubernamentales estadounidenses, tales como la CIA, han estado rutinariamente "trasladando" a personas sospechadas de ser "terroristas" a los servicios de espionaje de otros gobiernos, tales como Egipto, Jordania, Arabia Saudita y Siria, que son avezados conocedores de una amplia gama de técnicas de tortura para extraer confesiones.

Un artículo publicado por Washington Post declaró: "Según funcionarios estadounidenses, abogados egipcios, y grupos partidarios de los derechos humanos, el gobierno de Estados Unidos ha subrepticiamente trasladado a docenas de personas sospechadas de tener vínculos con terroristas de otros países, obviando así los procedimientos y las formalidades legales de extradición.. [Allí, en estos países] pueden llegar a ser sometidos a tácticas— interrogatorios, torturas y amenazas a sus familias—que se considerarían ilegales en los Estados Unidos. ... Agentes del espionaje estadounidense participan íntimamente en dichos interrogatorios." (Ver http://www.wsws.org/articles/2002/mar2002/cia-m20.shtml.)

Las fuerzas del espionaje estadounidense han raptado a sus víctimas de docenas de países en todos los rincones del mundo: Yugoslavia, Pakistán, Indonesia, Azerbaiyán, Albania, Nigeria, las Filipinas, Kenya, y África del Sur. Advierte el Post: "Los detalles de la mayoría de estas actividades, que con frecuencia ignoran las leyes locales e internacionales pertinentes a la extradición, quedan absolutamente secretos".

Los principales medios de comunicación han optado por hacer la vista gorda a estos traslados, pero por lo menos una de estos ha llamado la atención de la prensa. Se trata de un ciudadano canadiense de descendencia Siria, Maher Arar (Ver http://www.wsws.org/articles/2003/nov2003/arar-n18.shtml.) Basándose en acusaciones sin pruebas que pintaban a Arar de colaborador de la red Al Qaeda, funcionarios estadounidenses lo trasladaron a Siria para que fuese interrogado. Éste sufrió palizas y torturas con toques eléctricos varias veces. Un funcionario estadounidense, entrevistado por el Post acerca de este hecho, declaró: "Alguien podría obtener información de los detenidos que nosotros no podemos. Nosotros no los pateamos para sacarles la m_ _ rda, pero los enviamos a otros países donde los patean hasta sacársela".

Aunque hoy día los alaridos de alarma de la prensa traten de hacernos olvidar, hay que recordar que inmediatamente luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre, 2001, esa misma prensa repetidamente suplicó para que se permitiera la tortura legal de prisioneros presuntamente terroristas. De hecho, estos artículos le dieron su aprobación explícita a muchas de las torturas previamente mencionadas por este artículo.

El 5 de noviembre del 2001, en una edición de Newsweek, su editor, Jonathan Alter, escribió un artículo titulado, "Es tiempo de considerar la tortura". Después de explayarse y expresar su apoyo a la tortura psicológica, concluyó que "No podemos legitimar la tortura, que es contraria a los valores de estados Unidos, pero mientras continuemos oponiéndonos a los abusos contra los derechos humanos en todo el mundo, nos incumbe mantener una perspectiva abierta acerca de ciertas prácticas [...], como, por ejemplo, los interrogatorios psicológicos autorizados por los poderes judiciales. Y tendremos que considerar el traslado de algunos sospechosos a los países aliados donde la tortura no afecta tanto, aún cuando esto parezca hipocresía nuestra".

El 5 de noviembre, 2001, el New York Times publicó un artículo de Jim Rutenberg, titulado "La tortura se debate en los medios de comunicación", que ofreció una larga lista larga de artículos que abogaban por la tortura y que habían aparecido en los medios de comunicación, tales como las cadenas de televisión CNN y Fox, periódicos como el Wall Street Journal, y la revista on-line, Slate. Pero quizás el momento más escalofriante, que indirectamente define el estado moral envenenado de la prensa empresarial, fue el comentario de Jim Murphy, productor ejecutivo del programa "Noticias de la noche con Dan Rather", televisado por la cadena nacional, CBS. Murphy expresó que la CBS no cubría el debate sobre la tortura porque no lo consideraba noticia; para él, más bien, el asunto era cuestión de conversaciones teóricas informales, que explica de la siguiente manera: "Es como la conversación que usted o yo tendríamos mientras cenamos: ‘Me pregunto si deberíamos torturar'".

Tan fascinada estaba la clase gobernante de Estados Unidos con la tortura que Alan Dershowitz, destacado abogado defensor de los derechos civiles y profesor de derecho de la Universidad de Harvard, propuso que se emitieran órdenes judiciales para "metodizar" las torturas empleadas por funcionarios de Estados Unidos. Dershowitz justificó la idea con que "Todas las democracias, incluyendo la nuestra, se han valido de la tortura que ignora las leyes". Varios artículos de Dershowitz en apoyo de este plan aparecieron el 8 de noviembre, 2001, en el Los Angeles Times y el 22 de enero, 2002, en el San Francisco Chronicle.

El horror que ahora fingen los medios de comunicación estadounidenses y los funcionarios del gobierno en cuanto a las revelaciones acerca de las torturas efectuadas por las fuerzas de EE.UU. en Irak, es una sórdida farsa. Tiene su fin: encubrir el vínculo directo que existe entre, por una parte, las invasiones a Afganistán e Irak y la llamada "guerra contra el terrorismo", y, por otra, la perpetración de crímenes de guerra en el extranjero y las agresiones contra los derechos democráticos en el mismo Estados Unidos. El hecho que a semejante farsa se le considere necesaria desenmascara, en forma devastadora, los alegatos del gobierno de Bush: que la campaña para dominar al Oriente Medio cuenta con el respaldo popular del pueblo de Estados Unidos.

Ante esta pila de mentiras, se debe reiterar un hecho fundamental: el uso de la tortura en Afganistán e Irak, ambos ocupados por EE.UU., es consecuencia directa de la decisión para lanzar guerras ilegales, colonialistas y de saqueo. Las fuerzas estadounidenses trataron de quebrar la voluntad del ejército Iraquí para luchar en contra de la invasión de marzo, 2003, con un bombardeo para causar "el espanto y el temor". Ahora que el pueblo iraquí resiste la ocupación estadounidense, el gobierno de Estados Unidos recurre a la tortura para destruir esa misma voluntad que alimenta la resistencia.