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España: Zapatero mantiene las medidas antidemocráticas
de Aznar en las regiones
Por Paul Bond
9 Junio 2004
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el autor
Cuando en las elecciones generales de marzo el gobierno de
José María Aznar, del derechista Partido Popular
(PP), fue barrido del poder, los partidos regionalistas y nacionalistas
de las 17 regiones autónomas (Comunidades Autónomas)
españolas dieron una cautelosa bienvenida al entrante gobierno
social demócrata de José Luis Rodríguez Zapatero.
Una de las primeras gestiones de Rodríguez Zapatero
tras la toma de posesión del PSOE (Partido Socialista Obrero
Español) fue telefonear al lehendakari (presidente
del País Vasco) Juan José Ibarretxe para reanudar
las relaciones políticas. Ibarretxe no había hablado
con Aznar durante los últimos dos años. Zapatero
ha acordado también que el parlamento debata anualmente
sobre las regiones (debate que no ha tomado lugar desde1997).
Zapatero ha mostrado, sin embargo, su determinación de
mantener elementos de la política de Aznar—particularmente
en relación con el País Vasco—lo que sugiere
que esas relaciones probablemente empeoren.
Inmediatamente después de las elecciones, el movimiento
de mayoría estalinista Izquierda Unida (IU) firmó
un "acuerdo para el pluralismo político" con
varios partidos regionales. En una conferencia de prensa para
lanzar el acuerdo, regionalistas como el moderado Partido Nacionalista
Vasco (PNV), que encabeza el gobierno regional, y el Bloque Nacionalista
Gallego (BNG), celebraron el fin del "autoritarismo y la
política de rodillo" del gobierno de Aznar. En una
declaración aparte, el PNV saludó "el fin de
la política de confrontación, división y
negativa al diálogo del PP".
Se hizo patente con rapidez lo que las organizaciones nacionalistas
esperaban conseguir del gobierno entrante. Tres de los partidos
de "izquierda nacionalista" (el vasco Eusko Alkartasuna,
el aragonés Chunta Aragonesista y el catalán Izquierda
Republicana de Cataluña) firmaron una carta abierta llamando
a cambios en la política lingüística y cultural
y en reconocimiento de la pluralidad nacional. Esto se conseguiría
mediante un mayor desarrollo de la estructura federal del país,
es decir, una mayor asunción de poderes por las regiones.
Los partidos regionales tienen entre sus objetivos el establecimiento
de negociaciones directas con las corporaciones transnacionales
y la Unión Europea para alcanzar acuerdos. Durante las
negociaciones para obtener los votos necesarios con tal de alcanzar
una mayoría holgada en la investidura de Zapatero como
primer ministro, varios de los partidos regionales dejaron esto
claro. Los diputados de Coalición Canaria (partido de las
Islas Canarias), por ejemplo, anunciaron que tomarían su
decisión en función de que Zapatero les garantizara
los subsidios de la Unión Europea. En Galicia, los propios
políticos regionales del PP propugnaron el derecho a mantener
negociaciones directas con la UE sobre acuerdos pesqueros.
El gobierno nacional del PP pretendió usar las tensiones
regionales como una excusa para su legislación represiva,
para tratar de acabar con toda disidencia doméstica. Aznar
consideró como traición las demandas de mayor autonomía
regional. Se ha introducido recientemente una ley que contempla
como delito convocar un referéndum sobre ampliación
de derechos autonómicos sin que haya sido aprobado previamente
por el gobierno nacional. Esta legislación es aplicable
a todas las regiones pero, de hecho, fue propuesta con la intención
de suprimir las propuestas de Ibarretxe tendentes a ampliar la
autonomía política y fiscal en el País Vasco.
Aznar utilizó con vehemencia la "guerra contra el
terrorismo" frente a la organización separatista vasca
ETA (Euskadi ta Askatasuna, o Patria Vasca y Libertad), y se aprovechó
de la campaña terrorista de ETA para justificar la supresión
de la disidencia en el interior del país. El partido parlamentario
vasco separatista Batasuna, acusado de mantener lazos con ETA,
se convirtió en el primer partido prohibido desde el final
de la dictadura militar del General Franco.
En la oposición, el PSOE estaba preparado para tolerar
cierta ampliación de los derechos autonómicos, para
algunas regiones, dentro de los límites establecidos por
el Estado español. El PSOE nacional era razonablemente
comprensivo con tal ampliación en, por ejemplo, Cataluña,
donde su partido hermano regional, el PS,c entró a formar
parte de una coalición de gobierno con Izquierda Republicana
de Cataluña (ER,c Esquerra Republicana de Catalunya). El
PSOE, sin embargo, mantiene una postura más crítica
hacia el regionalismo del País Vasco, aunque su apoyo a
la reforma del Estatuto de Autonomía (ley de autonomía)
en Cataluña ha sido un factor importante en dar aliento
a las tendencias separatistas vascas. Mientras se preparaba para
debatir enmiendas a la actual Constitución española,
el PSOE se manifestaba hostil hacia cualquier reforma de la autonomía
regional propuesta por Ibarretxe.
El gobierno regional del País Vasco rehusó retrirar
el plan de Ibarretxe cuando el partido hermano regional del PSOE,
el PSE, propuso un plan para el proceso de negociaciones más
o menos basado en el modelo catalán. Un vocero regional
exigió saber los cambios: ¿Por qué deberíamos
retirarnos del plan?...¿Sólo porque los socialistas
ganaron las elecciones?" También exigió saber
si el PSE tenía la intención o no de reconocer a
Euskadi (región que se identifica por el nombre País
Vasco) "como nación".
El PNV ha dejado claro sus intenciones de empujar el asunto
en el parlamento regional. Antonio Rubalkaba, del PNV y jefe de
la comisión que participa en dichas gestiones, ignoró
el dictamen del parlamento que se podía permitir un solo
voto en cuanto al plan total. Más bien, para aumentar las
posibilidades de la aceptación del plan, Rubalkaba acordó
aceptar la votación relacionada con cada enmienda y pulverizó
la oposición a gritos.
Después del anuncio de la victoria de Zapatero, el PNV
puntualizó los años de apoyo leal que el PSOE le
había brindado al gobierno del PP, y declaró que
este era un patrimonio que no se iba a olvidar fácilmente.
El ejemplo más claro de esto fue el Pacto Anti Terrorista
en el 2000. Al firmar este acuerdo, el cual tenía como
objetivo al ETA, el PSOE respaldó al PP en cuanto a la
supresión de derechos democráticos en el País
Vasco. Tras las elecciones, el PNV específicamente se refirió
al pacto como un acuerdo que eventualmente tendría que
ser anulado. Indicó que las restricciones a la libertad
que había creado tendrían que retroceder.
La reacción inmediata del PSOE fue que nada cambiaría.
Éste ahora ha excedido su postura inicial y entrado en
negociaciones con el PP para asegurar la existencia continua del
pacto. La reunión fue la primera asistida por el jefe del
gobierno desde que se firmara el pacto. Un vocero del PSOE declaró
que la reunión había servido para reforzar la unidad
de los partidos principales contra el terrorismo.
La reunión retiró las críticas que el
Ministro del Interior, José Antonio Alonso, le había
hecho al gobierno anterior. Alonso había sugerido que el
hecho que el PP no había tenido ninguna visión política
puede haber contribuido al ataque terrorista en Madrid el 11 de
marzo. Los intentos del gobierno del PP en negar que Al Qaida
puede haber sido responsable por dichos ataques—y en culpar
a ETA por ellos—se convirtió en el blanco de una hostilidad
creciente que barrió al PP del gobierno.
Uno de los dirigentes del PP. Mariano Rajoy, ha prometido que
su partido permanecerá "fiel" al pacto. Los partidos
han acordado reunirse cada seis meses para debatir el tema, o
en todo momento que uno de los dos partidos pida un análisis
de los últimos desarrollos.
Aunque el pacto ahora alude a la posibilidad de ataques por
parte de Al Qaida, ha hecho hincapié a que éste
se dirige a la amenaza terrorista tanto en el extranjero como
en el suelo español. El gobierno regional del País
Vasco ha dado a conocer que el preámbulo del pacto se refiere
con mayor frecuencia al PNV y al EA que a ETA, la cual ha llegado
a su punto más bajo en años.
Aunque Zapatero indicó que rehusaría negociaciones
con ETA , un conjunto de partidos nacionalistas, inclusive representantes
de Batasuna, abogó por la creación de un comité
para debatir la paz. El grupo no hizo ningún llamado para
que cesar el fuego, pero ETA no ha estado muy activa desde que
estallaran las bombas en Madrid. Informes de la prensa de última
hora han sugerido que han habido negociaciones sobre el plan de
Ibarretxe. ETA ha menospreciado al plan públicamente, el
cual no permite la independencia, aunque si han habido informes
no comprobados que varias secciones de la organización
se han puesto a favor de un acuerdo con los nacionalistas parlamentarios.
Zapatero también ha obtenido el apoyo para la extradición
de personas sospechadas de ser militantes de ETA de países
que anteriormente se oponían a semejante acción.
Luego de Zapatero reunirse con el Primer Ministro, Cuy Verhofstadt,
las autoridades belgas acordaron entregarle al gobierno español
Jon López Gómez y Diego Ugarte López de Arkaute,
arrestados en Bossu en marzo. Los tribunales belgas también
acordaron re examinar los casos de Luis Moreno y Raquel García,
quienes residen en Bélgica desde principios de la década
del 90. El Tribunal de Apelaciones de Bélgica dictaminó
el marzo pasado que los españoles habían presentado
insuficientes pruebas para obtener la extradición, pero
los casos han sido reiniciados.
El pacto también le permite a los dos partidos a llegar
a un acuerdo en cuanto a la continuación de otros aspectos
de la política de Aznar hacia los asuntos regionales. El
PP había perseguido a Batasuna y a sus militantes por medio
de los tribunales e inmediatamente y proscribía a a todo
grupo que surgiera de él. La reunión entre Zapatero
y Rajoy resultó en que a un nuevo partido, Herritaren Zerrenda
(HZ), se le prohibiera participación en las elecciones
de la Unión Europea (EU). Se ha alegado que HZ está
bajo el control de Batasuna y por eso la Corta Suprema lo ha anulado.
HZ ha lanzado un llamado directo a la Unión Europea,
en cuya constitución revisada HZ, como muchos otros partidos
regionales de toda España, ve su futuro. "Creemos
que las venideras elecciones nos ofrecen la oportunidad ...de
mostrarle a Europa que Euskal Herria [el País Vasco] es
una nación europea", según una declaración
oficial de HZ. Ésta se refiere a que hay que invigorar
de nuevo al plan nacional, pero deja bien claro que la región
independiente vasca es considerada parte del bloque comercial
europeo. "El modelo para la formación de una nueva
Unión Europea el futuro de Euskal Herria".
La Corte Suprema, actuando para adelantar la apelación
del gobierno, inicialmente rehusó entregarle a HZ la lista
de votantes, alegando que a esa organización se le sospechaba
de terrorismo. (Rajoy indicó tras la reunión que
Batasuna era una organización terrorista, y la prueba de
esto era el apoyo a esta línea que Aznar había obtenido
de la EU y de Estados.)
La Corte Suprema, basándose en la cantidad de firmas
requeridas por la ley para participal en las elecciones, dictaminó
que HZ era arma de Batasuna. (HZ colectó aproximadamente
49,000 firmas en la región vasca de España.) Esta
acción continúa la supresión de los derechos
democráticos que el gobierno de Aznar comenzó, pues
le niega voz parlamentaria a aproximadamente el 10% de los habitantes
de la región.
HZ llama a sus partidarios a que voten desde Francia con papeletas
de papel. (Cuando Batasuna fue prohibido la primera vez, sus simpatizantes
votaron con papeletas hechas en casa.)
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