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El gobierno de Bush toma pasos para cancelar las elecciones
Declaración del Partido Socialista por la Igualdad
(Socialist Equality Party—SEP)
21 Julio 2004
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el autor
Esta declaración apareció en nuestro sitio
originalmente en inglés el 13 de julio, 2004.
Funcionarios del gobierno de Bush han solicitado un análisis
detallado de la estrategia jurídica necesaria para postergar
las elecciones de 2004. Esta movida constituye una amenaza implícita
para revocar la Constitución de Estados Unidos, cancelar
los derechos democráticos y establecer una dictadura policíaca-militar.
Representa la acción desesperada de un régimen desacreditado
e impopular que le teme no sólo a la derrota electoral,
sino a la explosión de tensiones sociales y políticas
en Estados Unidos.
La revista Newsweek, que divulgara la noticia de la petición
del gobierno, ha nombrado a las tres agencias federales que la
promovieron: la relativamente nueva Comisión para La Asistencia
con las Elecciones [Election Assistance Commission], que
fue la primera en sugerir las posibilidades; el Departamento para
la Seguridad de la Patria [Department of Homeland Security:
DHS], que constantemente ha estado emitiendo alarmas—sin
ninguna prueba concreta—acerca de acciones terroristas durante
a las elecciones; y las Oficinas del Consejero Jurídico
del Ministerio de Justicia [Office of Legal Counsel of the
Department of Justice], que actualmente estudia las leyes
jurídicas y constitucionales para cumplir con una petición
de Tom Ridge, ministro del DHS.
El presidente de la Comisión para la Asistencia con
las Elecciones, DeForest Soaries, le ha enviado una carta los
dirigentes Demócratas y Republicanos de ambas cámaras
del Congreso nacional en la que puntualiza que no existe ninguna
disposición constitucional legal para postergar las elecciones:
“Parece que no existe ningún proceso claro para suspender
o postergar el voto durante las elecciones si sucede un ataque
terrorista importante”.
El Partido Socialista por la Igualdad (PSI) categóricamente
rechaza esta mentira: que las preparaciones para atrasar las elecciones
se deben a la posibilidad de un ataque terrorista. Es el tipo
de mentira que se utilizó para justificar la guerra ilegal
contra Irak; mentira para legitimar medidas anti democráticas
extremistas que han sido parte integral del programa de la Administración
Bush desde que ésta asumiera las riendas del poder luego
de robarse las elecciones presidenciales del 2000.
A este gobierno no se le puede creer nada de lo que diga acerca
de “amenazas terroristas”. El informe del Comité
de Inteligencia del Senado, publicado la semana pasada, ha establecido
que el gobierno, sin duda alguna, sistemáticamente mintió
acerca del peligro que Irak y sus llamadas armas de destrucción
masiva presentaban a la seguridad nacional. El gobierno de Bush
consiste de gente, desde el presidente mismo, al vicepresidente,
a otros subordinados, que dicen cualquier cosa para justificar
sus acciones delictivas en cuanto al militarismo y la política.
Este gobierno también consiste de hombres peligrosos
y desesperados que están listos para valerse de todo para
quedarse en el poder. Si en realidad existe el peligro de un episodio
terrorista antes de las elecciones en noviembre, sus planificadores
y perpetradores serán individuos de la extrema derecha
con vínculos al gobierno de Bush y a las varias agencias
policiales y de espionaje, no militantes de células secretas
de Al Qaeda que funcionan en el país.
Al gobierno de Bush revelar que se prepara a postergar y cancelar
las elecciones en caso de un ataque terrorista, es posible que
le haya dado el motivo político, para no decir ánimo,
a elementos neo fascistas entre sus partidarios que lleven a cabo
semejante acto; elementos que no están dispuestos a aceptar
la derrota de este gobierno en las venideras elecciones nacionales.
Aún si aceptáramos la posibilidad de que Al Qaeda
podría lanzar un ataque terrorista, este de ninguna manera
justifica la postergación de las elecciones nacionales,
decisión que no ha tenido ningún precedente desde
que George Washington fuera elegido a la presidencia hace 216
años. Durante la Primera y la Segunda Guerras Mundiales,
y hasta durante la Guerra Civil, cuando las batallas rugían
en doce estados, las elecciones nacionales se llevaron a cabo
a su debido tiempo. Hasta en la Guerra de 1812, cuando los británicos
barrieron a Washington, y quemaron la Casa Blanca, el gobierno
no levantó el menor dedo para cancelar las elecciones.
No ha habido ninguna explicación clara por qué
un ataque terrorista, si en realidad ocurriera, obligatoriamente
ocasionaría la postergación de las elecciones de
noviembre. Más bien han habido ciertas referencias al impacto
que tuvo el ataque en Madrid sobre las recientes elecciones, en
la que el gobierno derechista pro guerra fue derrotado. Estas
referencias se basan en una premisa tácita pero obvia:
que las elecciones deben ser postergadas o canceladas luego de
un acto terrorista porque el pueblo puede votar “erróneamente”,
tal como hizo el pueblo español.
Las contradicciones sociales de la sociedad
estadounidense
No es la amenaza de un ataque terrorista, inspirado por fuerzas
extranjeras, las que animan al gobierno de Bush a postergar las
elecciones de noviembre. La verdadera razón para esta amenaza
sin precedentes contra los derechos democráticos ha de
encontrarse en los conflictos y las contradicciones sociales internas
de la sociedad estadounidense. El hecho que el gobierno seriamente
considera la cancelación de las elecciones presidenciales
significa que toda la estructura de la democracia burguesa estadounidense
ha llegado no simplemente a una encrucijada política, sino
un callejón sin salida histórico.
Tal como a menudo nos mostró la sangrienta historia
del Siglo XX, la transición de la democracia burguesa a
varias formas de dictadura policial-militar, inclusive el fascismo,
comienza exactamente cuando los antagonismos y los conflictos
sociales de una sociedad llegan a un punto tan explosivo que no
se pueden resolver por medio de las estructuras tradicionales
constitucionales. Esta es la situación que actualmente
existe en Estados Unidos, donde el abismo social que existe entre
la clase gobernante extraordinariamente rica y las masas del pueblo
trabajador es mucho más profundo y amplio que en todos
los otros países capitalistas avanzados.
La amenaza con cancelar las elecciones ha de considerarse dentro
del contexto de la reciente historia política de Estados
Unidos, la cual ha sido definida por las crecientes agresiones
contra las normas democráticas tradicionales. Un aspecto
importantísimo de este período ha sido la manera
en que elementos de mentalidad fascista se han apoderado del Partido
Republicano; elementos que consideran que el proceso electoral
es una barrera intolerable a sus planes para eliminar todas las
restricciones a la acumulación de la riqueza privada en
el interior del país y la expansión del poderío
militar de Estados Unidos por todo el mundo. Es imposible poner
en práctica semejantes planes a través de la democracia,
aún cuando la oposición oficial del Partido Demócrata,
el cual está absolutamente comprometido a defender el sistema
de ganancias y los intereses de la clase gobernante empresarial,
es flácida y cobarde.
Desde a mediados de la década del 90, la extrema derecha
ha laborado sistemáticamente, primero para socavar y sacar
del poder al gobierno de Clinton a través de las investigaciones
del fiscal Starr, que terminaron en el juicio político
de ese presidente en el Senado, y luego con el robo de las elecciones
del 2000, que culminara cuando la Corte Suprema intervino en la
crisis electoral que ocurrió en estado de la Florida.
Este proceso ahora culmina en un punto donde se discuten abiertamente
los planes para suspender las elecciones del 2004. Nadie debería
malentender las intenciones de esta movida: la postergación
del voto en el 2004 significa la cancelación de las elecciones
y el atrincheramiento de George W. Bush en la Casa Blanca por
un período indefinido.
La evolución de este proceso es extraordinario y verídico:
primero, la subversión de un presidente elegido; luego
la instalación de un presidente no elegido en el poder
que no ganó el voto popular; y ahora el esfuerzo por postergar
el voto por medio de lo cual es casi un golpe de estado.
Las amenazas para cancelar las elecciones del 2004 es el apogeo
de todas las medidas represivas que la Administración Bush
ha adoptado, basándose en los ataques terroristas del 11
de septiembre, 2001, como pretexto: la adopción del Acta
Patriota, el establecimiento del Ministerio para la Seguridad
de la Patria; la creación del Comando del Norte (primer
comando centralizado que ahora controla todas las tropas en Estados
Unidos continental); la creación de una red internacional
de campamentos de concentración para prisioneros atrapados
por los militares de Estados Unidos y por la CIA; el uso de la
tortura en estos campamentos y en las prisiones militares de Irak;
y la presión constante para que los tribunales, ahora dominados
por funcionarios nombrados por Bush, ratifiquen medidas que más
puedan agredir las libertades civiles de manera aún más
drástica.
Las Oficinas del Consejero Jurídico (OLC), que actualmente
repasas las disposiciones legales y constitucionales que se requieren
para suspender las elecciones, es la misma agencia del gobierno
que hace dos años emitiera un memorándum (de 50
páginas) para justificar el uso de la tortura contra prisioneros
detenidos durante la “guerra contra el terrorismo” del
gobierno de Bush. La OLC declaró que, como “jefe de
las fuerzas armadas”, el presidente esencialmente podía
asumir poderes dictatoriales durante una guerra. Ni los tribunales
ni las leyes adoptadas por el Congreso nacional podrían
tocarlo, ya que él está por encima de la ley.
No cabe duda que estas preparaciones tienen que ver con mucho
más que análisis jurídicos. Ya toda una red
de agencias policiales del gobierno federal está activamente
preparando toda una serie de planes alternativos.
Hace dos meses la Agencia Federal para la Dirección
de Emergencias [FEMA: Federal Emergency Management Agency],
división del Ministerio para la Seguridad de la Patria,
puso en práctica unos ejercicios llamados Forward Challenge
‘04, los cuales sirvieron para movilizar a 4000 integrantes
del personal federal en más de 100 lugares secretos. Misión:
simular una reacción a ataques terroristas contra Washington.
FEMA tiene una larga historia como la agencia principal que prepara
la represión interna de las masas en el mismo Estados Unidos.
En la era del gobierno de Reagan fue responsable por el plan conocido
como Operación Rex ‘84, que incluyó
preparaciones por encarcelar a cientos de miles de inmigrantes
centroamericanos y militantes contra la guerra en caso de un conflicto
entre Estados Unidos y Nicaragua.
El artículo publicado por Newsweek fue obviamente
una revelación calculada del gobierno de Bush para poner
a prueba la reacción del público y de la prensa
a la posibilidad de cancelar las elecciones. El autor del breve
informe fue Michael Isikoff, quien jugara un papel estelar en
el asunto Lewinsky, cuando sirviera de coordinador entre Linda
Tripp, quien grabó las conversaciones de Lewinsky acerca
de sus relaciones con Clinton, y las oficinas del asesor legal
independiente, Kenneth Carr.
Por lo menos un dirigente del Congreso nacional, el diputado
Republicano Christopher Cox del estado de California, ha reaccionado
favorablemente, refiriéndose a la cuestión como
si fuera simplemente un asunto técnico. En una entrevista
por televisión el domingo por la noche, puntualizó
que funcionarios de la ciudad de Nueva York habían cancelado
las elecciones primarias que iban a tener lugar el 11 de septiembre,
2001. Éstas se celebraron en una fecha posterior.
“No hay nadie que tenga el derecho a hacer lo mismo en
cuanto a las elecciones federales. El ministro Ridge, pues, le
ha pedido al Ministerio de Justicia que lo haga y que le provea
un expediente legal que le informe que debe hacerse. ¿Es
necesario comparecer ante el Congreso y adoptar nuevas leyes?”
Hasta ahora la reacción del Partido Demócrata
y de la prensa es muy significante. La prensa ha menospreciado
la noticia, y los periódicos se han limitado a pequeños
artículos enviados por cable que ni siquiera aparecieron
en los diarios más importantes del país, tales como
el New York Times y Washington Post. Las noticias
por la televisión han sido rutinarias; han tratado la extraordinaria
petición como si fuera un plan de emergencia ordinario;
es decir, una acción burocrática sin ningún
significado político.
Durante el curso de una entrevista por CNN, Condoleezza Rice,
asesora de la seguridad nacional en el gabinete de Bush, participó
en un intercambio, aparentemente ensayado de ante mano, con el
anfitrión del programa, Wolf Blitzer. Éste le preguntó
acerca del artículo de Newsweek. Luego de Rice declarar
que el gobierno de Bush no tenía “ninguna intención”
de suspender las elecciones de noviembre, Blitzer simplemente
continuó con otros temas.
La campaña presidencial de Kerry y Edwards no ha reaccionado
oficialmente a la sugerencia que sus esfuerzos electorales podrían
desaparecer en caso de un evento “terrorista” real o
resultado de un complot interno. Según se informa, Kerry
declaró que era “demasiado temprano” para hacer
comentarios sobre el caso.
Las declaraciones de los dirigentes Demócratas en el
Congreso nacional también fueron muy suaves. El congresista
Edward Markey, del estado de Massachusetts e integrante del comité
que se encarga de vigilar al Ministerio de la Seguridad para la
Patria, declaró que, aunque lo mejor sería prevenir
un ataque terrorista, vale la pena planear con anticipación
por semejante evento.
Estas reacciones reivindican las advertencias que el Partido
Socialista por la Igualdad hizo en diciembre del 2000, luego que
el Partido Demócrata capitulara ante la decisión
de la Corte Suprema, en la causa, Bush contra Gore: ningún
sector significante en la clase gobernante está dispuesto
a defender los derechos democráticos, pues considera que
la democracia representa una amenaza a su riqueza y a sus privilegios.
Apenas hace dos meses que el PSI advirtió acerca del
peligro de una provocación durante el proceso electoral
del 2004. En nuestra declaración electoral, titulada “¡Brindar
apoyo al Partido Socialista por la Igualdad durante las elecciones
nacionales de Estados Unidos en el 2004!”:
“La decisión de Bush para basar su salvación
política en una apocalíptica “guerra contra
el terror” sugiere consecuencias nefastas para el pueblo
de Estados Unidos. No hay razón para presumir que el gobierno
de Bush voluntariamente va a entregar las riendas del poder aún
violando la voluntad popular. Existe un peligro muy real que,
durante el transcurso de la campaña del 2004, el gobierno
permitirá, o dirigirá, un nuevo ataque terrorista
devastador en Estados Unidos, sobretodo si la suerte electoral
de Bush no resulta tan afortunada. Ya han aparecido varias advertencias
en la prensa del país que si semejante ataque sucediera,
las elecciones del 2 de noviembre serían postergadas o
canceladas del todo, o se llevarían a cabo bajo ley marcial.”
Nada es más peligroso que la paralización debida
a la inacción. La postergación—es decir, la
cancelación—de las elecciones no es simplemente un
asunto técnico. Significaría tanto para el destino
de la democracia de Estados Unidos como lo fue para la República
Romana cuando Julio César cruzó el Rubicón.
Representaría el punto de no volver, el abandono definitivo
a las normas democráticas y a las legalidades constitucionales;
es decir, un viraje hacia los métodos de dictadura policial
y de guerra civil.
El peor peligro actualmente es la falta de la preparación
y conciencia política en la clase obrera. Hay que sobreponerse
a esta situación por medio de la lucha para organizar a
la clase obrera como fuerza política independiente. El
punto esencial es la creación de una verdadera alternativa
política a los Demócratas y a los Republicanos,
partidos de la plutocracia empresarial y financiera. Ese es el
significado de la campaña política que ahora conduce
el Partido Socialista por la Igualdad en las elecciones del 2004.
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