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Bush presenta programa 'bracero' para trabajadores inmigrantes
Por Bill Vann
21 Enero 2004
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el autor
El miércoles, 7 de enero, el Presidente Bush anunció
un plan, por cierto bastante nebuloso, para conceder estadía
legal—temporaria y limitada—a casi 12 millones de inmigrantes
indocumentados que residen en Estados Unidos. Desde el punto de
vista político, esta propuesta es profundamente cínica.
Bush se jactó de que su plan es más "humanitario"
que el sistema actual, pero la verdad es que el objetivo del plan
es sólo uno: favorecer enormemente a las empresas y a los
patronos. Si se convierte en ley, establecería una mano
de obra de segunda categoría y superexplotada en Estados
Unidos.
Bush dio a conocer el plan desde la Casa Blanca, donde hizo
alusiones al "sueño norteamericano" y dijo que
dichos trabajadores, víctimas del "abuso y la explotación",
por fin saldrían de "las sombras". Pero partidarios
de los inmigrantes criticaron al plan ferozmente y lo catalogaron
como sistema de servidumbre legal que podría terminar en
la intensificación de las represiones y las deportaciones
en masa.
El plan no incluye ningún criterio nuevo para concederle
a los trabajadores indocumentados que actualmente residen en el
país la oportunidad de convertirse en residentes permanentes
o en ciudadanos. Bush se declaró explícitamente
en contra de todo tipo de "amnistía que automáticamente
le conceda la ciudadanía a los trabajadores indocumentados".
Más bien, el plan establecería una nueva categoría
de "trabajadores eventuales" con derechos limitados
y dependientes de la merced del gobierno y los patronos.
Muchas fuentes consideran que el plan es una estratagema hipócrita
para ganar el favor de la población hispana del país
durante este año de elecciones presidenciales; población
que los estrategas Republicanos más y más consideran
clave en ciertos estados, inclusive California, Texas y la Florida.
La propuesta casi no ofrece ningún detalle, y ni siquiera
se refiere a otros proyectos de ley sobre la inmigración
que están bajo consideración ante el Congreso de
Estados Unidos.
Según la estratagema de Bush, a los inmigrantes indocumentados
ya en Estados Unidos y los que desean emigrar se les permitiría
solicitar visas como trabajadores eventuales, lo cual los dejaría
permanecer en el país un total de tres años, con
la posibilidad de por lo menos una extensión siempre que
estén empleados.
Los trabajadores indocumentados que actualmente residen en
Estados Unidos tendrían que comprobar que están
empleados, ser sometidos a una prueba de seguridad y pagar una
cuota. Los que solicitan trabajo desde el exterior serían
elegibles únicamente cuando se les ofrezca empleos que,
según el gobierno, los trabajadores estadounidenses rechacen.
El Ministerio de Trabajo estaría a cargo de producir una
lista de los empleos vacantes, los cuales serían llenados
con la ayuda de contratistas privados.
El gobierno y ciertos sectores de la prensa han propagado la
idea que el plan protege a los trabajadores contra los abusos
patronales, pero esto es en gran parte una fantasía. La
verdad es que no concede ningún derecho nuevo en los lugares
de trabajo. Las leyes actuales ya presuntamente garantizan a los
trabajadores inmigrantes indocumentados varios derechos: al salario
mínimo, a recibir ayuda del Programa para la Compensación
a Trabajadores [si se lastiman mientras laboran], a reglamentos
que rigen la seguridad y la salud en el trabajo, a horas adicionales,
y a organizarse en sindicatos.
No existe ninguna razón para creer que a los patronos
se les va a obligar a poner en práctica estos reglamentos
con más vigor que antes. Más bien, el plan obligaría
a los trabajadores a depender aún más de los patronos,
quienes actuarían como los auspiciadores de su estadía.
Susan F. Martin, perito en cuestiones de inmigración
en la Universidad de Georgetown y ex jefe de la Comisión
sobre la Reforma de Inmigración durante la década
del 90, le dijo al Washington Post: "Con este tipo de legislación
vamos a crear una gran cantidad de lo que básicamente serían
sirvientes casi esclavos". Añadió que "esta
es la propuesta acerca de la inmigración más inquietante
que he visto durante los últimos 25 años".
Raúl Aguirre, presidente del Consejo Nacional de la
Raza, grupo hispano partidario de los derechos de los inmigrantes,
ha catalogado a la propuesta de Bush de ser "no más
que otra versión del programa para braceros", plan
iniciado durante la Segunda Guerra Mundial que facilitó
la entrada de millones de trabajadores agrícolas mexicanos
al país bajo contratos provisionales. Fueron explotados
brutalmente en los campos. El plan de Bush, añade el Sr.
Aguirre, "parece ofrecer a las empresas acceso total a los
trabajadores inmigrantes que requieren, pero aparentemente no
le ofrece mucho a los trabajadores mismos".
Luego de su estadía provisional y vencerse toda extensión,
los trabajadores corren el riesgo de ser deportados. Aunque podrían
solicitar sus tarjetas de residencia, estas tardan una eternidad:
de ocho a quince años para la mayoría de los mexicanos.
Bush afirmó que su gobierno aumentaría la cantidad
de residencias permanentes—las cuales le dan a las personas
que no son ciudadanas el derecho permanente a vivir y trabajar
en Estados Unidos—pero no detalló cuantas.
Actualmente, el gobierno de Estados Unidos limita la cantidad
de residencias permanentes anuales que concede a 140,000. Pero
la cantidad de inmigrantes indocumentados que residen en el país
es 100 veces mayor, y millones en el extranjero han solicitado
visas. En la última lotería que terminó la
semana pasada, casi 10 millones de personas solicitaron las 110,000
visas disponibles.
Dado que al cabo de cinco años el resultado final de
la propuesta es la deportación, es dudable que grandes
cantidades de trabajadores indocumentados salgan a la luz y participen
en el programa. Tendrían que ser sometidos a interrogaciones
e imágenes biométricas.
El apoyo más entusiasta para el plan proviene de los
grandes comercios, los cuales lo aceptan como medida para regularizar
y legitimar la continua super explotación de la mano de
obra inmigrante. Pero si de alguna manera el plan significa la
amnistía, esta sería únicamente para las
empresas como Walmart, cuyas tiendas fueron objeto de redadas
el año pasado. La acción resultó en el arresto
de 245 trabajadores supuestamente indocumentados que limpiaban
las tiendas. El efecto principal del plan sería legalizar
la explotación de la mano de obra inmigrante barata.
"La economía no puede expandirse a menos que tengamos
los trabajadores que puedan llenar los empleos que están
disponibles", dijo Randy Johnson, Vicepresidente de la Cámara
de Comercio de Estados Unidos. "El anuncio de hoy nos da
una buena oportunidad para echar hacia adelante y adoptar una
reforma de la inmigración que sea sensible y amplia".
Varios sectores del propio Partido Republicano de Bush se opusieron
al plan porque éste no era lo suficientemente draconiano
en el tratamiento de los indocumentados. Por ejemplo, el dirigente
de los Republicanos en la Cámara de Diputados, Tom Delay,
del estado de Texas, expresó "reservaciones acerca
de permitir que inmigrantes ilegales participen en un programa
de trabajadores invitados que parece recompensar el comportamiento
ilícito".
El Diputado Elton Gallegly, Republicano de California y miembro
del comité encargado de redactar las leyes sobre inmigración,
dijo que el plan de Bush "no es más que el perdón
de un acto criminal que, según la ley, no difiere en nada
de impromir billetes de $100 en su propio garaje".
Otros miembros de la mayoría Republicana de la cámara
indicaron que el plan recibiría poca prioridad y que lo
más probable era que éste no se adoptara como ley
muy pronto. Y la verdad es que el Congreso recientemente dejó
"morir" en comité un proyecto de ley sobre la
inmigración de mucho menor alcance.
No es muy probable que Bush pase mucho tiempo politiqueando
para que su plan no sufra el mismo destino. Al mismo tiempo que
quiere pasarse como amigo del inmigrante para que el electorado
hispano lo favorezca, también trabajará fuerte para
movilizar a su base ultra derechista, que es fanática en
su hostilidad hacia los trabajadores extranjeros.
El anuncio tomó lugar justamente días antes de
Bush asistir a una reunión hemisférica cumbre en
Monterrey, México. El gobierno mexicano del presidente
Vicente Fox previamente había criticado ferozmente la negligencia
del gobierno de Bush en cuanto al tema de la inmigración;
negligencia debida a los ataques terroristas del 11 de septiembre,
2001, las guerras en el extranjero y la persecución policial
de inmigrantes en Estados Unidos mismo.
Bush comenzó su presidencia con negociaciones bilaterales
con Fox acerca de propuestas para reglamentar la estadía
de los inmigrantes mexicanos, que constituyen casi el 70% de los
indocumentados en Estados Unidos. Pero las negociaciones terminaron
abruptamente. Bush dejó bien claro el miércoles
que este plan era unilateral, no uno negociado con México.
Aunque México y los propios inmigrantes mexicanos en
Estados Unidos han mostrado poco apoyo entusiasmo o apoyo popular
por el plan, el gobierno de Fox lo considera algo muy positivo,
a pesar que el tema principal que había empujado en las
negociaciones con Washington durante la primavera y el verano
del 2001—es decir, la creación de un plan que le concediera
residencia permanente los trabajadores indocumentados—ha
sido excluido del programa de Bush.
Para la clase gobernante mexicana, la cuestión clave
no son los derechos democráticos de los trabajadores inmigrantes
emprobrecidos que trabajan al norte de la frontera. Más
bien son las divisas que estos trabajadores constantemente envían
a México, las cuales constituyen hoy día la segunda
fuente mayor de ingresos extranjeros. El gobierno de Fox considera
que este programa para establecer trabajadores eventuales es el
complot perfecto para asegurar que esta fuente de ingresos no
se detenga.
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