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Fuerza de tarea "contra el terrorismo" persigue
a los adversarios de Bush
Por el Comité de Redacción
28 Agosto 2004
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el autor
La versión original en inglés de esta declaración
apareció por primera vez en nuestro sitio el 18 de agosto,
2004.
El FBI ha puesto en práctica planes de amplio y largo
alcance para intimidar y agredir a los adversarios de la política
pro guerra del gobierno de Bush. En anticipación a la Convención
Nacional Demócrata, celebrada en Boston a principios de
mes, y la venidera convención del Partido Republicano en
la ciudad de Nueva York a principios de septiembre, la Fuerza
de Tarea Conjunta Contra el Terrorismo [JTTF] del FBI ha movilizado
a sus agentes para que espíen, interroguen y amenacen a
los manifestantes contra la guerra, inclusive interferir con sus
actividades para rendirlas obsoletas.
En plena infracción de los derechos democráticos
básicos y constitucionales, la JTTF actualmente mantiene
bajo vigilancia y en varios casos ha interrogado a docenas de
personas en por lo menos seis estados acerca de sus acciones y
opiniones en contra de la guerra. La JTTF ha visitado los hogares
y lugares de trabajo de oposicionistas a la guerra, así
como también a amigos y a parientes. En ninguno de los
casos ha habido evidencia de actividad delictiva—ni perpetrada
ni calculada—por parte de los individuos en cuenta.
Siguiendo las pautas establecidas por la política del
gobierno de Bush tras los ataques terroristas del 11 de septiembre,
el FBI sostiene que se ve obligado a poner en práctica
estas medidas debido a la "guerra contra el terrorismo",
la cual está por encima a todas las libertades civiles
fundamentales, inclusive la Primera Enmienda a la Constitución,
que garantiza la libertad de expresión y la asociación
libre. Este espionaje no es más que la resucitación
del mccartismo, cuyo objetivo es silenciar a los adversarios de
la política del gobierno.
Las oficinas locales de la Unión pro Derechos Civiles
de Estados Unidos [ACLU] han informado que agentes del FBI por
todo Estados Unidos han estado vigilando las actividades diarias
de numerosos activistas políticos quienes las autoridades
creen planean manifestarse en varios de los acontecimientos políticos,
inclusive la Convención Nacional Republicana en septiembre.
El 16 de octubre, el New York Times reportó que
tres hombres en el Estado de Missouri, aproximadamente de veinte
y pico años de edad, fueron perseguidos por agentes federales
por varios días durante el período justamente antes
de la convención Demócrata. Agentes del FBI visitaron
los hogares de los padres de los jóvenes y los interrogaron
acerca de las actividades y creencias políticas de sus
hijos. Los tres habían planeado irse en carro a Boston
con un grupo activista basado en San Luis para participar en una
manifestación durante la convención, pero no pudieron
salir del estado porque una orden jurídica los obligó
a comparecer ante un gran jurado federal el 29 de julio.
"Un efecto escalofriante sobre la libre
expresión"
Denise Lieberman, directora de asuntos jurídicos de
la ACLU en la sección oriental de Missouri, se expresó
de la siguiente manera: "La experiencia de ser vigilados
por la JTTF debido a sus actividades de protesta han dejado a
estos tres jóvenes muy aterrorizados. Las interrogaciones
del FBI han tenido un efecto escalofriante sobre la libre expresión."
Hace varias semanas que en Denver, Estado de Colorado, agentes
policiales visitaron el hogar de Sarah Bardwell, estudiante de
21 años de edad haciendo un cursillo con el Comité
de Servicio de los Amigos Americanos, grupo cuáquero contra
la violencia. Cuatro agentes del FBI y dos oficiales de la policía
de la ciudad de Denver la interrogaron. La joven le informó
a la ACLU que los agentes le dijeron a ella y a sus compañeras
de casa que "estaban tomando ciertas medidas de precaución
e investigatorias".
Según la ACLU, las preguntas que los agentes le hicieron
a Sarah fueron muy similares a las que se le hicieron a otros
que la JTTF había previamente interrogado: "¿Tiene
usted planes para perpetrar actos criminales en la convención
nacional? ¿Conoce a alguien que tenga esos planes? ¿Sabe
usted que es un crimen tener conocimiento de, o prestarle ayuda
a, alguien que tiene planes para perpetrar dicho delito y no denunciarlos?"
El 5 de octubre, 2003, el Buletín sobre el Espionaje
del FBI admitió que el "FBI no posee ninguna información
que indique que se están planeando actividades violentas
y terroristas como parte de las manifestaciones [en contra de
la guerra], pero si sostuvo que "existe la posibilidad que
elementos de grupos activistas puedan tratar de participar en
actos violentos destructivos para causar el desorden". Así
el FBI puede justificar sus acciones.
Es decir, ciudadanos estadounidenses que no han cometido ningún
crimen y contra quienes no existe ninguna prueba que sus intenciones
han sido delictivas, se han convertido en víctimas de la
persecución policial y posiblemente de enjuiciamientos
en los tribunales debido a las creencias y actividades que la
Constitución protege. Existe una similaridad muy nefasta
entre, por una parte, esta política "preventiva"
contra ciudadanos y residentes que respetan las leyes y, por otra,
la política oficial de que el gobierno puede lanzar guerras
preventivas contra otros países;guerras que se justifican
porque en el futuro puede que la "seguridad nacional se vea
amenazada".
El ejemplar del 16 de agosto del Times reporta que el
periódico ha obtenido una opinión jurídica
de cinco páginas, previamente clasificada, del Asesor Jurídico
del Ministerio de Justicia, quien asegura que la interrogación
de los manifestantes y el espionaje al cual han sido sometidas
no constituyen ninguna infracción de la primera enmienda
a la Constitución, la cual protege la expresión
libre. La opinión declara: "Dada la índole
limitada de semejante espionaje llevado contra el público,
todo efecto ‘escalofriante' que dichos informes posiblemente
causen [del espionaje del FBI] serían mínimos y
mucho menos importantes que la imperativa de defender la seguridad
y el orden para proteger al público durante manifestaciones
tan enormes".
Los funcionarios del gobierno de Bush repetidamente han negado
toda intención de restringir los derechos civiles e insinúan
que estas acusaciones se basan en la política de la calumnia,
pero éstas protestas son puramente formales. Joe Parris,
vocero del FBI en Washington, defiende las nuevas medidas contra
los manifestantes cuando le declara al New York Times que
"el FBI no tiene que ver nada con la restricción de
los derechos que la Primera Enmienda a la Constitución
le garantiza a todos".
Pero estas promesas no significan nada. Son la reacción
típica a todo el que proteste o ponga en tela de juicio
a la violencia flagrante contra los derechos protegidos por la
Constitución. Funcionarios del gobierno nunca se molestan
en explicar como sus acciones se adhieren a los interdictos legales
y constitucionales que prohíben la invasión de la
privacidad del individuo y la destrucción del derecho a
la expresión y a la asociación libres. Proclaman
su inocencia e insinúan que el público simplemente
debería aceptar con confianza lo que ellos dicen y hacerle
caso omiso a sus acciones anti democráticas, las cuales
son evidentes.
En sus comentarios al New York Times, Parris añadió
que "la Primera Enmienda no protege la acción criminal.
Lo que nos preocupa son los daños físicos que los
convencionistas, los ciudadanos, los policías y los que
primero llegan a esas situaciones podrían sufrir".
Esta declaración muestra que el FBI cree en la existencia
de una relación entre la expresión libre protegida
por la Constitución y la criminalidad violenta. Así
puede justificar el acoso y la intimidación de personas
contra quienes, según la misma agencia admite, no existe
ninguna prueba de actividad delictiva.
La persecución que el FBI ha puesto en marcha es un
elemento muy importante de la "guerra contra el terror"
del gobierno de Bush. Y es con esta "guerra" que el
gobierno ha buscado, desde un principio, la manera de sembrar
el pánico proveniente de peligros externos y así
justificar las medidas dictatoriales puesras en práctica
por el estado mismo. Inmediatamente tras los ataques del 11 de
septiembre, el blanco principal de estos ataques fueron inmigrantes
árabes y musulmanes. Varias redadas terminaron en el encarcelamiento
de miles. Muchos permanecieron detenidos por meses sin imputárseles
ningún cargo. Muchos fueron deportados sólo porque
los individuos habíam infringido ciertos reglamentos insignificantes
de inmigración. Este ataque contra los derechos básicos
cada vez más se dirige contra los propios ciudadanos de
Estados Unidos.
Bush y los Republicanos, con el apoyo de la gran mayoría
de los Demócratas en el Congreso de Estados Unidos, se
aprovecharon de los eventos del 11 de septiembre, 2001, para socavar,
de una manera sin precedente, derechos civiles muy antiguo: el
derecho a a la privacidad, la protección contra los registros
y las incautaciones ilegales, la presunción de la inocencia
y el derecho de habeas corpus. A instituciones policiales del
estado, tales como el FBI y la CIA, se les ha concedido poderes
sin paralelo para compartir información por medio de enormes
bases de datos. El Acta Patriota de Estados Unidos de América
y el Ministerio para la Seguridad de la Patria han integrado estas
medidas anticonstitucionales a la estructura jurídica del
país.
Los oposicionistas dentro del país son
el verdadero blanco
Con las actividades del Comité Unido Contra el Terrorismo
del FBI, los políticos del sistema buscan la manera de
crear cierta mentalidad patra confundir al terrorismo externo
con toda oposición que pueda producirse dentro del país.
La premisa básica es que toda persona que se oponga a la
política extranjera o interna del gobierno es, por obligación,
culpable de auxiliar e incitar a los terroristas.
El Fiscal de la nación, John Ashcroft, compareció
ante el Comité Judiciario del Senado en diciembre, 2001,
cuando explicó la lógica en la que el gobierno se
había basado para adoptar las medidas dictatoriales. Ashcroft
defendió las acciones del gobierno para crear tribunales
militares secretos en los cuales enjuiciar a individuos acusados
de ser terroristas y puntualizó que todo que criticara
esas medidas "le estaba dando munición a los enemigos
de Estados Unidos". Hizo la siguiente amenaza: "A aquellos
que les gusta asustar a la gente que aman la paz con el fantasma
de las libertades que han desaparecido les tengo este mensaje:
las tácticas de ustedes sólo ayudan a los terroristas,
pues socavan la unidad nacional y disminuyen nuestra determinación".
[Ver en inglés “Ashcroft
defends Bush’s war against the Constitution: Tells Senate
hearing that critics ‘aid terrorists’”]
El Comité de Redacción del Sitio de la Maya Mundial
Socialista [World Socialist Web Site: WSWS] lanzó su propia
declaración el 7 de noviembre, 2001, en la que advirtió
lo siguiente: "Aunque por el momento la mayoría de
los que han caído víctimas de las redadas del gobierno
son inmigrantes con raíces en el Oriente Medio y el Asia
central, sólo es cuestión de tiempo antes de que
estos mismo métodos anti democráticos se usen de
manera más amplia". Los La veracidad de estas palabras
la comprueban los hechos actuales.
Cada vez queda más claro que estas medidas dictatoriales,
las cuales aumentan cada vez más, no han aparecido para
contrarrestar el peligro del terrorismo extranjero, sino para
suprimir la creciente oposición a la política del
gobierno. ¿Es mera coincidencia que los que el Comité
Unido Contra el Terrorismo del FBI ha acusado de promover la violencia
son inevitablemente oposicionistas a la política militarista
del gobierno de Bush? El gobierno todavía tiene que explicar
por qué los oposicionistas izquierdistas a la política
del gobierno son aliados conscientes o inconscientes del terrorismo.
Vale la pena recordar el acto terrorista más sangriento
que haya tenido lugar en suelo etadounidense anterior al 11 de
septiembre: el bombardeo en la ciudad de Oklahoma City en abril,
1995, perpetrado por elementos fascistas relacionados a las milicias
y a otros grupos vinculados a individuos muy destacados del Partido
Republicano.
Los periódicos y otros medios de difusión, inclusive
la televisión y la radio, han prestado muy poca atención
a las últimas medidas que se han tomado contra personas
que se manifiestan en contra de la guerra. Y los pocos informes
que han aparecido, como en el New York Times del 16 de
agosto, no le han dado mucho significado, menospreciando así
al pueblo de Estados Unidos.
El titular del Times justificó ímplicitamente
las actividades del gobierno y pintó de "agitadores
políticos" a las víctimas del espionaje del
FBI. Un editorial del periódico, publicado al día
siguiente, hizo una ligera crítica a estas "investigaciones
burdas" del FBI, llamándolas ineficaces y un desvío
de la verdadera "lucha contra nuestros enemigos extranjeros".
El Partido Demócrata y su candidato presidencial, John
Kerry, no han variado en nada en cuanto a su apoyo a estas agresiones
contra los derechos democráticos. No han protestado en
lo más mínimo las acciones dictatoriales del FBI.
El World Socialist Web Site y el Partido Socialista
por la Igualdad advierten que las acciones del FBI muestran que
a partir del 11 de septiembre, los derechos civiles han sido enormemente
socavados en Estados Unidos. Todas las medidas que se han adoptado—el
Acta Patriota, la creación del Ministerio para la Seguridad
de la Patria, los arrestos y las detenciones sin límite
de tiempo de ciudadanos y no ciudadanos, acusados de ser "combatientes
enemigos" que no tienen derecho a obtener defensa jurídica—representan
el armazón de una dictadura militar.
A estas amplias agresiones contra los derechos democráticos
sólo se le puede poner paro por medio de la organización
y la movilización del pueblo trabajador, independientemente
de los dos partidos de la empresarial, en una lucha contra la
oligarquía que domina a Estados Unidos a través
de sus representantes políticos.
Le instamos a todos los que el FBI ha puesto en sus miras,
o que caigan víctimas de cualquier acción del gobierno
contra los derechos democráticos, que le escriban al WSWS
para así darle la mayor información posible a nuestros
lectores acerca de los ataques contra los derechos básicos
de la población.
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