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Masas bolivianas derrocan al presidente títere de Estados
Unidos
Por Tomás Rodríguez y Bill Vann
24 Octubre 2003
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el autor
Tras una rebelión de las masas que paralizó al
país y la matanza de por lo menos 86 personas a manos de
las fuerzas de seguridad, el presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez
de Lozada, a quien Estados Unidos había respaldado en pleno,
se vio obligado a renunciar a su cargo el viernes pasado. Inmediatamente
se exilió en Estados Unidos.
El vicepresidente Carlos Mesa lo reemplazó enseguida
e inmediatamente retiró su apoyo al gobierno luego que
las masacres de los manifestantes, que iban desarmados, llevaron
a Bolivia al borde de la revolución. Mesa anunció
el establecimiento de un gabinete de "tecnócratas"
al cual llamó un gobierno de unidad nacional.
En realidad, el nuevo presidente representa el mismo sector
privilegiado de su predecesor, a quien había apoyado hasta
que se hizo evidente que el gobierno se enfrentaba una tremenda
insurrección. Dueño millonario de una cadena de
televisión del país, Mesa, igual que Sánchez
de Lozada, es miembro del MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario),
partido derechista que ha dominado a toda una serie de gobiernos
de coalición en Bolivia que han puesto en acción
la austeridad y la privatización dictadas por Washington
y el Fondo Monetario Internacional desde la década del
80.
Durante su gobierno—del 1993 al 1997—Sánchez
de Lozada aceleró la privatización del sector estatal
con brío, sobretodo la desnacionalización de la
industria petrolífera del país. Cuando estadísticas
mostraron que las inversiones habían aumentado y que la
economía se había expandido debido principalmente
a que los recursos de la nación y de los servicios básicos,
inclusive la industria telefónica y de ferrocarriles, habían
sido puestos en subasta a precios bajísimos, su política
se consideró un éxito y recibió grandes elogios.
Pero al mismo tiempo, el desempleo y la miseria social aumentaban
más rápido que las inversiones.
Igual que el ex presidente, Mesa ha sido gran partidario de
la privatización en general y específicamente ha
aprobado la propuesta de construir un oleoducto, a un costo de
$5,000 millones, para exportar las reservas de gas natural a Estados
Unidos y a México por vía de un puerto chileno.
Críticos del plan lo acusan de crear enormes ganancias
para las empresas energéticas transnacionales y enriquecer
a un pequeño sector de comerciantes locales al mismo tiempo
que le roba a Bolivia los recursos naturales de mayor valor.
La oposición de las masas a la propuesta y a la privatización
de los recursos energéticos de Bolivia impulsó a
masas de campesinos, pobres urbanos y trabajadores a luchar contra
el gobierno. El tema del gas natural ha originado la reprimida
furia del pueblo hacia la enorme pobreza y la desigualdad social
que durante dos décadas seguidas se han ahondado sin interrupción.
Pero las bases de la rebelión son mucho más profundas
en la memoria histórica del pueblo boliviano, quien desde
los días del colonialismo español ha presenciado
a los capitalistas extranjeros saquear ininterrumpidamente los
recursos de la nación—plata, estaño, petróleo,
y ahora el gas—junto con la represión bestial de los
mineros, campesinos y trabajadores.
El esfuerzo por bañar a las manifestaciones de las masas
en sangre—aparentemente coordinado por oficiales militares
estadounidenses que funcionan en la Embajada de Estados Unidos
y en el Ministerio de Defensa Boliviano—ha sido un fracaso.
La masacre que el ejército perpetró contra los campesinos
que se manifestaban en una autopista en la región de Warisata,
y el ametrallamiento de docenas de trabajadores y gente pobre
que residen en la enorme favela "El Alto", suburbio
industrial de La Paz, provocó la furia de todo el país;
tanto así que la huelga general pronto se expandió
y carreteras fueron bloqueadas, aislando así a la capital
de otras ciudades principales.
El mismo día de la renuncia de Sánchez de Lozada,
batallones de mineros armados con dinamita, junto con miles de
campesinos agrícolas, invadieron a La Paz y se unieron
a las enormes manifestaciones de las masas y a las barricadas
que tenían paralizada a la ciudad.
Parece que el cambio en la élite gobernante fue planeado
en consulta con Washington. Entre los primeros actos de Mesa al
éste asumir las riendas del poder fue reunirse con el embajador
estadounidense David Greenlee, quien anteriormente había
sido jefe de la CIA en el volátil país.
En medio de la rebelión, la Embajada y el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Estados Unidos habían amenazado
con represalias directas si el movimiento de las masas lograba
derrocar al gobierno. Por ejemplo, Greenlee le comunicó
a la prensa boliviana "que en caso de surgir un gobierno
de la presión callejera (es decir, del pueblo que está
en las calles) la comunidad internacional aislará a Bolivia".
Ahora el objetivo del gobierno de Bush y la oligarquía
criolla es ganar tiempo para disolver la explosión social
en Bolivia y preparar otra ofensiva política contra las
masas. Mesa ha repetido las promesas que Sánchez de Lozada
hizo antes de su renuncia: llevar a cabo un referendo popular
sobre el pacto acerca del gas natural y rehacer la ley nacional
sobre la energía. También ha jurado elecciones tempranas.
Pero no dio ninguna indicación que el referendo sería
la última palabra, y hasta ahora no se ha fijado ninguna
fecha para elegir a un nuevo presidente.
A corto plazo, el cambio de políticos parece haber tenido
el efecto deseado, gracias a la política conciliatoria
de los dirigentes sindicalistas y campesinos. Según la
Agencia EFE, Evo Morales, ex dirigente de los agricultores cocaleros
y diputado representante del MAS [Movimiento al Socialismo], ha
sugerido que la elección de Mesa como presidente representa
una "solución constitucional" aceptable a Washington.
"Le daremos un respiro al presidente Carlos Mesa, una tregua,
para que se organice y cumpla sus promesas al país",
indicó Morales.
El dirigente de la Confederación Sindical Única
de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Felipe Quispe Huanca, declaró
que las promesas de Mesa eran falsas, pero, como líder
de los campesinos indígenas, aclaró que su organización
le daría al nuevo presidente 90 días para establecer
los cambios.
Y, por último, la Confederación de Obreros Bolivianos
anunció que iba a suspender la huelga general. Su máximo
dirigente, Jaime Solares, acudió a una reunión con
Mesa en el palacio presidencial para presentar una lista de 20
exigencias. Luego expresó que "Hemos indicado que
él va a tener el respaldo siempre que pelee energéticamente
contra la corrupción, porque no olvidemos que este punto
le ha hecho mucho daño al país. Hay más de
3 mil millones que se han defraudado por culpa de la corrupción".
A pesar de estas humillaciones por parte de las organizaciones
obreras y campesinas, Mesa no mostró ninguna confianza
en que su gobierno podrá contener el resurgimiento de las
explosiones revolucionarias y el domingo pasado le dijo a su gabinete:
"...tenemos que entender que el abismo está allí
todavía, y que cualquier equivocación, cualquier
falta de perspectiva, cualquier proceso de mezquindad, cualquier
negativa a poner el hombro o cualquier decisión de una
zancadilla en el camino, puede hacer que caigamos en el abismo".
El gobierno de Bush inmediatamente le dio asilo político
a Sánchez de Lozada, comerciante multimillonario que los
bolivianos llaman "el gringo" debido a que habla el
castellano con acento bastante fuerte, pues se crió y se
educó en Estados Unidos.
En una entrevista con el Miami Herald, Sánchez de Lozada
desató su ira contra el movimiento de las masas que lo
había derrocado y declaró que era una "conspiración
para crear el primer Estado narcosindicalista en América
del Sur".
En Bolivia, la Comisión de los Derechos Humanos de la
Cámara de Diputados anunció que tiene toda intención
de enjuiciar a Sánchez de Lozada por haber causado la muerte
de casi 200 personas cuando su gobierno, apenas 14 meses en el
poder, ordenó varios actos de represión.
Además de estas recientes matanzas, el gobierno desató
a las fuerzas armadas contra las enormes manifestaciones que tuvieron
lugar el febrero pasado contra el aumento de los impuestos y otros
planes de austeridad exigidos por el Fondo Monetario Internacional.
Dichas manifestaciones, conocidas en Bolivia como "el febrero
negro", se tornaron excepcionalmente sangrientas luego que
la policía se declara en huelga y sus miembros fueran acribillados
por tropas militares. Por lo menos 323 personas murieron en las
manifestaciones. Las exigencias para destituir y enjuiciar a Sánchez
de Lozada comenzaron tras la masacre de febrero.
Mesa dejó bien claro que no tienen ninguna intención
de buscar la extradición de Sánchez de Lozada por
crímenes de los cuales fue cómplice. Al mismo tiempo
anunció que no habría ningún cambio en el
mando de la policía o de las fuerzas militares.
El Comando del Sur de Estados Unidos, ubicado en Miami, mientras
tanto confirmó el viernes que iba a enviar un "equipo
de seguridad" de asesores militares a Bolivia. Un vocero
declaró que el equipo "haría una asesoría
técnica de la situación" y que también
serviría de consejero a la Embajada de Estados Unidos y
al Grupo Militar de Estados Unidos en el país".
El gobierno de Bush está determinado a prevenir que
los sucesos bolivianos no se puedan controlar, pues teme que el
desafío a la economía política que el FMI
y las empresas multinacionales exigen podría expandirse
por todo el continente.
Bolivia es el país más pobre de América
del Sur. Ningún otro país de la región ha
sufrido tanto debido a la política del "libre mercado",
sobretodo la relacionada con la privatización y las reducciones
draconianas en los gastos para los programas sociales. Según
el Centro para el Estudio del Trabajo y el Desarrollo Agrícola,
la tasa oficial de desempleo llega al 12%, pero el 45% de la población
que directamente participa en la economía no tiene empleo
estable y se ve forzado a sobrevivir con trabajos en jornada parcial
en el llamado sector informal.
El Programa de las naciones Unidas para la Alimentación
Mundial ha colocado a Bolivia de último en cuanto a los
índices de nutrición, a pesar que el sector agrícola
del país es completamente capaz de sustentar a una población
de 8.8 millones. De acuerdo a la agencia de la ONU, por lo menos
2 millones bolivianos sufren de hambre crónica y 12% de
las familias bolivianas sólo consumen los requisitos mínimos
diarios en términos de calorías.
Un informe publicado por la Unidad para el Análisis
de la Política Económica y Social, organización
boliviana de investigaciones, ha descubierto que la cantidad de
personas en el país que vive en la pobreza ha aumentado
de 5,076,000 en 1995 a 6,448,000 en el 2001.
Aunque esta situación sea de las más agudas,
de ninguna manera es única. Por ejemplo, un informe sobre
la desigualdad en Latinoamérica, recientemente publicado
por el Banco Mundial, muestra que el décimo más
rico de la población de la región gana el 48% de
los ingresos totales. El décimo más pobre gana solamente
el 1.6%.
De acuerdo a un informe publicado a fines de agosto por la
Comisión Económica Para América Latina y
el Caribe (CEPAL), la cantidad de latinoamericanos que viven en
la pobreza aumentó a 220 millones (43.4%). De éstos,
95 millones, o sea, el 18.8%, se considera indigente. El informe
indica que "El proceso de superación de la pobreza
se estancó durante los últimos cinco años"
. Al mismo tiempo advierte que las bajas tasas de expansión
económica aseguran que la situación se pondrá
peor. El mes pasado, el FMI bajó sus miras y proyectó
que la expansión económica de la región para
este año apenas alcanzará el 1.1%.
Hay señales que la rebelión social que reventó
en Bolivia podría expandirse por toda la región
a medida que toman lugar los efectos acumulados de décadas
de programas basados en la austeridad económica exigida
por el FMI y las empresas multinacionales de Estados Unidos.
En Ecuador, el gobierno de Lucio Gutiérrez se enfrenta
actualmente a enormes manifestaciones a medida que trata de imponer
los planes de austeridad dictados por el FMI, que exigen la agresión
contra los derechos de los trabajadores, las condiciones sociales
y las pensiones. Los empleados civiles ya se han manifestado varias
veces, y organizaciones que representan a los campesinos indígenas
que previamente habían respaldado a Gutiérrez han
criticado ferozmente a la política de su gobierno. La expansión
económica del Ecuador continúa declinando. Al mismo
tiempo, la deuda del país ha llegado a casi el 42% de su
Producto Nacional Bruto anual.
En Honduras, otro de los países más pobres de
Latinoamérica, miles de gente bloquearon las carreteras
la semana pasada. Se manifestaban contra las medidas económicas
propuestas por el gobierno como parte de sus negociaciones con
el FMI. El gobierno hondureño tiene planes para privatizar
los abastecimientos de agua del país al mismo tiempo que
despiadadamente reduce los salarios de 100,000 trabajadores del
sector público. El 80% completo de la población
hondureña vive en la pobreza.
Como ya han indicado los acontecimientos bolivianos, Washington
está listo para apoyar y poner en acción los métodos
de represión más bestiales para defender la hegemonía
estadounidense sobre la región y controlar sus abastecimientos
energéticos y otros recursos naturales. A pesar de la represión,
la enorme crisis social que tiene al continente en sus garras
está llevando al imperialismo estadounidense cara a cara
con una explosión revolucionaria en lo que por mucho tiempo
ha considerado su "patio de atrás".
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