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Las raíces sociales y políticas de la crisis
de la democracia en Estados Unidos
Por Barry Grey
27 Noviembre 2003
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el autor
Este mes la cadena nacional de televisión, CBS-TV, decidió
no mostrar la película en series acerca del ex Presidente
Reagan y su familia que ya había financiado y rodado. El
hecho marca otro importante paso hacia la disolución de
la democracia en Estados Unidos. Sólo bastó que
los comentaristas derechistas y el Comité Nacional Republicano
organizaran una campaña de cartas, correo electrónico
y protestas para que los ejecutivos de CBS—y sus jefes en
la empresa gigante de Viacom—se convencieran que la series
tenía que cancelarse apenas dos semanas antes de ser televisada.
De todos modos, es la primera vez que una cadena nacional de televisión
de Estados Unidos, debido a presión política, cancela
de su horario un proyecto ya terminado.
Pero si la policía de la derecha Republicana que se
encarga de vigilar el pensamiento humano estableció las
bases de esta capitulación, la prensa, que antes podía
considerarse liberal, también jugó un papel no menos
importante en la debacle. El New York Times furiosamente atacó
a CBS-TV no porque ésta había accedido a la presión
derechista, sino porque en primer lugar había concebido
la idea de mostrarle al público la series, cuya crítica
a Reagan de ningún modo es severa.
El Washington Post no se quedó atrás. Uno de
sus editoriales comienza menospreciando el significado de las
acciones de CBS: "Cuando a una cadena de televisión
se le obliga a cancelar un controversial programa acerca de una
figura nacional, ello no significa que la oscura noche del fascismo
ha descendido sobre la nación..." El Post sugiere
que la cadena "puede haber tenido la razón" y
puntualiza su solidaridad con los partidarios de Ronald Reagan,
quienes afirman que una de las declaraciones anti homosexual de
Reagan en la película "ni se ha documentado ni tampoco
es característica del ex presidente". El Post se refiere
a los "éxitos indisputables" de Reagan y declara
que el ex presidente "todavía cuenta con la acogida
de gran parte de la nación".
Ambos periódicos ignoran el tema básico y fundamental:
las ondas públicas ahora están sujetas al veto de
elementos de extrema derecha cuya influencia grotesca en el gobierno
y la prensa no goza para nada del verdadero apoyo del pueblo estadounidense.
Y ningún sector del ámbito político que reina
se atreve a hacer la menor oposición a estos elementos.
La prohibición de la película acerca de Reagan
no se basa en ningún fondo legal. El ex presidente es una
figura pública y, por lo tanto, objetivo de escritores,
productores y directores que escogen pintarlo de manera crítica.
Desde el punto de vista histórico, la época de
Reagan marcó un cambio fundamental hacia la decadencia
en la democracia estadounidense. El gobierno de Reagan terminó
en un pantano de escándalos y criminalidad, sobretodo cuando
se descubrió que la Casa Blanca había conspirado
secreta e ilícitamente para financiar a los terroristas
Contra en su guerra contra el gobierno y el pueblo de Nicaragua.
Si los Demócratas se hubiesen atenido a la Constitución
de Estados Unidos, aún de la manera más tenua, el
llamado "Escándalo Irán-Contra" habría
probablemente terminado en el enjuiciamiento político de
Reagan por parte del Congreso de Estados Unidos..
Bush recurre a las fuerzas de la reacción
El significado político de la debacle de CBS es de gran
importancia, y dos sucesos políticos adicionales de la
semana pasada le prestan mayor fuerza aún. El 5 de noviembre,
solamente un día después de CBS cancelar la mini
series sobre Reagan, George Bush firmó un proyecto de ley
que prohíbe el llamado "aborto parcial"; ley
apoyada por los cabilderos derechistas contra el derecho al aborto.
Bush convirtió su aprobación de dicha ley en una
celebración de la victoria, que tuvo lugar en el Edificio
de Oficinas Reagan y a la cual asistieron cientos de destacados
dirigentes cristianos derechistas y otros super partidarios de
las bases Republicanas.
Bush pronunció un discurso ante fanáticos intolerantes,
tales como Jerry Falwell, representante de los bautistas fundamentalistas.
Lanzó un ataque al principio básico democrático
de la separación de la iglesia y el estado, declarando
que "El gobierno ni puede ofrecer, ni puede negar, este derecho
a la vida, pues éste no proviene del gobierno, sino del
Creador de la vida".
Ninguno de los informes de la prensa sobre el acontecimiento
le hizo hincapié a la hipocresía tambaleante de
esta declaración, proclamada por un hombre quien, durante
sus cinco años como gobernador del Estado de Texas, permitió
que se cumplieran las ejecuciones de 152 individuos.
La ceremonia en que se aprobó este proyecto este proyecto
de ley muestra la estrategia política que Bush va a emplear
para las elecciones presidenciales del 2004. La campaña
Republicana, en primer lugar, recurrirá a los sectores
más atrasados y reaccionarios de la población. Según
el tomo de la revista Newsweek publicada el 3 de noviembre, Karl
Rove, asesor político principal de Bush, ha dejado entender
que está determinado a recibir los votos de 4 millones
de cristianos evangélicos que no votaron en el 2000.
El mismo día que el proyecto de ley sobre el aborto
se convirtió en acta, la Casa Blanca de Bush, en un acto
que apenas fue notado, notificó a los Comités de
Apropiaciones de ambas cámaras del Congreso nacional—los
senadores y los diputados—que ya no respondería a
las preguntas que miembros de la minoría Demócrata
le habían presentado. Los Demócratas de dicho comité
de la Cámara de Diputados acababan de pedirle información
acerca de cuanto dinero la Casa Blanca había gastado al
instalar un pendón con la leyenda "Misión Cumplida"
cuando Bush se apareció a bordo del portaviones USS Abraham
Lincoln el 1ro. de mayo y anunciara que la guerra en Irak había
terminado.
Con este memorándum, fechado 5 de noviembre, el gobierno
de Bush repudió normas parlamentarias que habían
estado en vigencia por largo tiempo. Con un gesto de la pluma,
desafió no solo la legitimidad de toda oposición
política, sino también el derecho del Congreso,
otorgado por la misma Constitución de Estados Unidos, a
vigilar los poderes de la Rama Ejecutiva del gobierno.
La agresión contra los derechos democráticos
y las elecciones del 2000
La repugnante cobardía y el oportunismo burdo de los
ejecutivos de la cadena de televisión, de los editores
de periódicos y de los funcionarios Demócratas no
han sido nada insignificantes en el desenlace de estos eventos.
Pero el significado tiene raíces mucho más profundas
que los motivos subjetivos y las espinas dorsales flexibles de
figuras destacadas. Los sucesos de la última emana son
eslabones muy importantes en una extensa cadena de sucesos que,
cuando se vinculan unos a otros, denotan la agonía mortal
de las instituciones democráticas en Estados Unidos. Esta
evolución transcendental ha de arraigarse en históricos
procesos socio económicos objetivos.
Los gobiernos democráticos no se plasman eternamente,
anclados para siempre en abstracciones como el "Espíritu
Norteamericano" o normas legales codificadas en la Constitución
de Estados Unidos. A fin de cuentas, se basan en la existencia
de ciertas relaciones sociopolíticas que restringen la
capacidad de las clases propietarias para establecer gobiernos
autoritarios y a la vez contribuyen a un acuerdo político
en la clase gobernante que favorece normas parlamentarias y la
vigilancia constitucional al poder ejecutivo. La clase que monopoliza
el poder económico, sin embargo, no tiene ningún
interés esencial en promover formas democráticas
de gobierno.
El gobierno de Bush, el más reaccionario de la historia
moderna de Estados Unidos, ha lanzado una agresión sin
paralelo contra los derechos democráticos. Ha atropellado
los principios constitucionales que separan a los tres poderes
del gobierno: el legislativo, el ejecutivo y el judicial; los
procesos legales establecidos; la separación de la iglesia
y el estado; y las libertades codificadas en la Carta de los Derechos
[las diez primeras enmiendas a la Constitución de Estados
Unidos]. Y la oposicióm de la prensa y los políticos
casi no existe.
Este agravio contra la democracia surgió desde que el
Gobierno de Bush comenzó. Tomó las riendas del poder
como consecuencia de una conspiración ilícita y
delictiva para ignorar el voto popular por medio del fraude electoral
y las confabulaciones de la mayoría Republicana derechista
en la Corte Suprema. Debemos recordar que los líderes ideológicos
de la mayoría Republicana en la Corte Suprema, en su infame
dictamen del 12 de diciembre, 2000, dio la orden para parar el
conteo de votos en la Florida, y declaró que el pueblo
de Estados Unidos no tienen ningún derecho constitucional
a votar por el presidente de su país. Esta decisión
implícitamente respaldó a los legisladores de la
Florida que estaban listos a hacerle caso omiso a todo voto que
le diera al candidato Demócrata, Al Gore, los votos electorales
del estado, y escoger electores que favorecieran a Bush.
La crisis política que surgió de las disputadas
elecciones del 2000 se resolvió, no basándose en
la fidelidad a principios de gobiernos elegidos y en el derecho
del pueblo a que sus votos cuenten, sino en la decisión
de los sectores más reaccionarios de la clase gobernante
en instalar el candidato que ya habían escogido, sin importarles
un bledo la voluntad del electorado. Fue un golpe de estado donde
no se vertió una gota de sangre, pero sí significó
una escisión irrevocable con los métodos y normas
tradicionales.
Gore y el Partido Demócrata se postraron ante este robo
del poder, y la prensa laboró afanosamente para cubrir
al gobierno de Bush con el manto de la legalidad, pero nada de
esto altera los hechos del caso.
David North, presidente del Comité de Redacción
de la World Socialist Web Site [Sitio de la Maya Socialista Mundial]
y Secretario Nacional del Partido Socialista por la Igualdad de
Estados Unidos, en un informe que presentara el 3 de diciembre,
2000, ha dicho lo siguiente: "Esta decisión de la
Corte ha de revelar hasta que punto la clase gobernante estadounidense
está lista para romper con las normas constitucionales
burguesas-democráticas tradicionales. ¿Está
preparada para autorizar el fraude electoral y la supresión
de votos con tal de poner en la Casa Blanca a un candidato elegido
a la presidencia por medio de métodos flagrantemente ilícitos
y anti democráticos?"
La WSWS y el PSI llegaron a la conclusión ocasionada
por estos eventos, que existe en la clase gobernante de Estados
Unidos no existe ningún sector significante que pueda defender
los derechos democráticos. Los sucesos de los últimos
tres años ampliamente han confirmado esta conclusión.
Luego, en un informe presentado en enero, 2001, este escritor
hizo un resumen del significado de las elecciones del 2000 con
las siguientes palabras: "Los medios de prensa y la clase
gobernante política—tanto los liberales como los conservadores—han
menospreciado los eventos de noviembre y diciembre, 2000, y quieren
"marchar pa'lante" como si nada significante hubiera
ocurrido. No obstante, para Los Estados Unidos—y para el
mundo entero—todo ha cambiado para siempre".
La desigualdad social y la oligarquía
en Estados Unidos
Este mar político de cambios se arraiga en los cambios
dados en la estructura básica de la sociedad estadounidense;
cambios de largo alcance. El factor de mayor significado es el
enorme aumento de la desigualdad social. Durante el último
cuarto de siglo ha ocurrido una vasta redistribución de
la riqueza, cuyo ímpetu ha provenido de la política
los gobiernos Demócratas tanto como de los Republicanos.
Esta ha pasado de las manos del pueblo trabajador al 10% más
rico de la población. Para las elecciones del 2000, la
concentración de las fortunas en manos de una élite
oligárquica ya había alcanzado niveles asombrosos.
Citemos varias estadísticas. Desde a mediados de la
década del 70, el 1% de los hogares más ricos ha
doblado sus ingresos de la riqueza nacional, del 20% al 38.9%.
En 1999, el 1% más rico de la población, es decir,
2.7 millones de habitantes, recibió, luego de tomar en
cuenta los impuestos que se le cobraron, un ingreso cuyo total
igualó el ingreso de los 100 millones de ciudadanos con
los ingresos más bajos. Entre 1977 y 1999, el ingreso promedio
del 1% más rico, luego de pagar los impuestos, aumentó
por las nubes: 370%, o sea, de $234,700 a $868,000.
Fue sobretodo durante la década del 90, que la locura
por los ingresos no merecidos se apoderó de la clase reinante,
quien se sintió liberada de toda restricción sobre
la acumulación de la riqueza personal. Durante los años
del gobierno Clinton-Gore, la compensación de los jefes
principales de las empresas aumentó 535%. Típico
de la era: en el 2000, los jefes empresariales ganaron 475 veces
más que el ingreso del trabajador común. Los primeros
años del Siglo XXI han presenciado la continuación
de este proceso.
Tal como la experiencia histórica de la humanidad ha
mostrado, la desigualdad social acérrima es, a fin de cuentas,
incompatible con la democracia. Llega el punto en que los niveles
de polarización social son tan extraordinarios que los
métodos democráticos tradicionales no pueden restringirlos.
Estados Unidos ha llegado a ese punto.
El abismo cada vez más ancho entre la oligarquía
que rige la economía y las masas del pueblo trabajador
va mano a mano con otros procesos relacionados que socavan las
bases de la democracia. La base social tradicional de la democracia
parlamentaria son aquellos sectores de la pequeña burguesía
que sirven de almohadón entre las dos clases contrincantes
principales: la capitalista y la obrera. Pero los enormes cambios
que se han dado en la economía que afecta la vida cotidiana,
que se relacionan a la mundialización de la producción
y el desarrollo de las empresas transnacionales gigantes, en gran
parte han disipado a la pequeña burguesía de Estados
Unidos, cuya influencia socio política ha quedado enormemente
reducida.
Un pequeño sector se ha aprovechado de las ganancias
capitalistas orgiásticas y la especulación en la
bolsa de valores y convertido en parte de la clase gobernante
privilegiada. La enorme mayoría de aquellos a quienes anteriormente
se les consideraba parte de la pequeña burguesía
(la clase media)—los profesionales, los pequeños negociantes,
granjeros, oficinistas—han sido impulsados a las filas de
los que tienen que trabajar por sueldos, lo cual convierte a la
clase obrera en la mayoría de la población.
Dos factores han tenido un gran impacto en la dinámica
político social de la clase gobernante misma: el dramático
aumento en la riqueza que proviene de la especulación en
la bolsa de valores y mercados de bonos y otras formas de auto
enriquecimiento que en gran parte han sido apartadas de la producción
de mercancías útiles; y la ascendencia de nuevas
industrias relacionadas a la tecnología de la computadora
(ordenador) y telecomunicaciones. Un sector de arribistas fabulosamente
ricos, cuyas fortunas se deben menos al establecimiento de imperios
industriales que a las enormes ganancias que resultan de las acciones
que constantemente suben de valor, la manipulación del
mercado, adquisiciones apalancadas y simplemente suerte, han llegado
a la cima del poder empresarial. Los elementos más parásitos
y de visión más estrecha, que en gran parte han
nacido de sus filas, encuentran sus nichos políticos en
la dirección del Partido Republicano.
El programa de este elemento que más y más domina
a la clase gobernante es la abolición de todas las restricciones
jurídicas, políticas y morales a la acumulación
de las ganancias empresariales y las fortunas privadas: los reglamentos
que rigen el bienestar ambiental; los códigos que protegen
la salud y la seguridad; las leyes contra los monopolios; los
derechos de los sindicatos; estándar de salarios mínimos;
y las restricciones sobre la jornada diaria y la mano de obra
juvenil. Estas fuerzas exigen que la situación social y
los derechos democráticos de la clase obrera retrocedan
vertiginosamente a la época cuando la intervención
estatal era mínima, pero de manera más bestial de
la que prevalecía durante los tiempos de los barones ladrones.
Estos planes no pueden realizarse por medio de métodos
democráticos. Ponerlos en práctica requiere que
se impongan por medio de la fuerza bruta y la violencia del estado.
Y en cuanto a la prensa—el Cuarto Poder—ésta
ha perdido el poco de independencia que tenía y se ha convertido,
literalmente, en una sucursal que totalmente le pertenece a empresas
gigantes tales como General Electri,c Viacom, Disney y al imperio
de Murdoch. Más nunca que antes, son los intereses económicos
y visión política de los jefes ejecutivos y grandes
inversionistas los que dictan lo que hoy pasa por "noticias".
Un sistema en crisis
El aumento de la desigualdad social no refleja a un sistema
capitalista saludable y vital; más bien representa su crisis
y degeneración. Los escándalos empresariales de
los últimos años no son simplemente aberraciones.
Son síntomas de un sistema social enfermizo que ha engendrado
una clase gobernante ahogada por la corrupción y el crimen.
Sea en la prensa, en la que serviles ignorantes reciben millones
para repetir como loros las mentiras del gobierno, o en el mundo
empresarial, donde los jefes ejecutivos saquean a sus propias
compañías para agrandar sus fortunas privadas y
crean ganancias fantasmas enredando los libros de contabilidad,
uno se topa con tremendo espectáculo: la decadencia intelectual,
política y moral.
Este cabal criminal encuentra su máxima expresión
política en el gobierno de Bush, que mezcla la ambición
desnuda con la violencia y con el desprecio por los derechos democráticos
del pueblo trabajador. Es un gobierno de, por y para la oligarquía
de Estados Unidos.
No se puede confiar en que este u otro sector de la clase gobernante—liberal
o conservador— va a defender los derechos democráticos.
Y tampoco se le puede confiar a toda fuerza política que
defienda al sistema social actual. Los derechos democráticos
sólo pueden conservarse basándose en una lucha de
masas social y política contra las bases económicas
del gobierno de la oligarquía.
Ello exige la enorme redistribución de la riqueza y
cambios enormes y profundos en la estructura económica
con tal de quitarle el control de los recursos a la clase gobernante
parásita y ponerla en manos de las amplias masas del pueblo
trabajador. El principio económico fundamental tiene que
ser la satisfacción de las necesidades humanas, no la acumulación
de las fortunas privadas y las ganancias empresariales.
La democracia política no puede seguir existiendo a
menos que se una a la lucha por la igualdad social. La única
fuerza social que puede cumplir esta transformación revolucionaria
es la clase obrera, la cual tiene que organizarse como fuerza
política independiente y basarse en un programa socialista
e internacionalista. El partido Socialista por la Igualdad y la
World Socialist Web Site se han dedicado a establecer el nuevo
movimiento político que cumplirá esta urgente misión
histórica.
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