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Vida política de los Estados Unidos 227 años
después de la Declaración de Independencia
Por el Comité de Redacción
14 Julio 2003
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el autor
Al celebrar el aniversario de su revolución fundadora,
los Estados Unidos se encuentra en una situación en que
la vida política del país ha comenzado a paralizarse.
Las crisis tambalean las bases económicas y sociales.
De acuerdo a un informe de noticias, a pesar de las banderas
ondulando en el aire y la retórica patriótica, las
celebraciones del 4 de julio están siendo reducidas por
todo el país; enormes déficits en los presupuestos
gubernamentales de los estados y las municipalidades han forzado
a los funcionarios ha reconsiderar los gastos para los fuegos
artificiales.
Además, las celebraciones oficiales del Día de
Independencia de los Estados Unidos—comienzo de la lucha
para romper el dominio colonialista—suenan huecas cuando
se considera que Washington participa en la ocupación colonial
de Irak que resulta en bajas diarias para Estados Unidos e Irak.
Las inquietudes acerca esta hazaña aumentan por día,
perno no pueden expresarse a través del sistema política
actual.
El 4 de Julio es ocasión adecuada para reflejar seriamente
sobre el estado de la vida política en los Estados Unidos.
Este día marca la aceptación de la Declaración
de Independencia, documento que le dio significado a la lucha
anti colonialista que había surgido durante la década
anterior y proclamado el nacimiento de una nueva nación.
Durante su época, los hombres que autorizan y firman
este documento son iconoclastas extraordinarios; hombres de gran
coraje. La declaración que producen proclama profundos
principios democráticos, las verdades "auto evidentes"
que "todos los hombres son creados iguales", dotados
con "derechos inajenables", entre los cuales se encuentra
el derecho a derrocar, por medio de revolución, todo gobierno
despótico y que no sea representativo.
El documento, que dibuja en detalle los abusos de la monarquía
británica, se lee en voz alta en las plazas de las ciudades
y los pueblos. Se le muestra en lugares públicos. Pronto
se hace famoso entre amplios sectores de la población.
Thomas Paine publica su famoso panfleto—"El sentido
común"—ese mismo año; éste critica
ferozmente a la monarquía y aboga por la revolución
contra la opresión colonial. El panfleto vende medio millón
de ejemplares en un país con menos de tres millones de
habitantes.
A pesar de sus límites, la revolución burguesa
de 1776 es verdaderamente un acontecimiento mundial transcendental
y profundamente liberador en el que amplias masas del pueblo estadounidense
participan.
Hoy vale la pena preguntarnos: ¿Cuál es el estado
de la vida política de los Estados Unidos luego de 227
años? Hasta un análisis casual de la situación
actual revela lo siguiente: la disminución espantosa de
la participación del pueblo en la política y una
caída aún más estrepitosa en el calibre de
sus dirigentes políticos.
Ninguno de los temas de importancia crítica a los que
se enfrenta el pueblo estadounidense puede debatirse amplia y
públicamente: ni la guerra que—dos meses después
del presidente declararla acabada—cada día se torna
más sangrienta; ni la tasa de desempleo que casi llega
al 6.5%; ni la crisis del sistema de la salud; ni la escasez de
pensiones para la gran mayoría de los jubilados.
La Cámara de Diputados, controlada por los Republicanos,
la semana pasada silenciosamente liquidó dos resoluciones
que buscaban ampliar la investigación congresista del gobierno
de Bush referente al espionaje posiblemente falsificado que resultó
en una guerra no provocada e ilícita contra Irak.
Los dirigentes Demócratas no levantaron la menor protesta
contra la negativa de hacer un estudio más profundo de
esta situación. La diputada Jane Harman (representante
del estado de California), Demócrata de antigüedad
en el Comité Sobre Asuntos de Espionaje de la cámara,
admitió que se había opuesto a esta movida porque
le preocupaba que interfiriera con la investigación ‘bipartita'
para averiguar si el presidente le mintió al Congreso y
al pueblo de los Estados Unidos. Es casi seguro que los resultados
se quedarán en varias audiencias cerradas al público,
seguidas por el típico encubrimiento y exoneración
oficial.
Tan osificado y controlado está el sistema político
de los Estados Unidos que hace que Gran Bretaña parezca
una democracia en plena flor. El Comité del Parlamento
Británico que dirige los asuntos exteriores ya ha conducido
diligencias, con testimonio y evidencia, acerca de si el Primer
Ministro, el laborista Tony Blair, mintió para adelantar
la guerra contra Irak. El mismo Blair se encuentra bajo presión
para prestar testimonio.
El método de Washington para explorar lo que quizás
sea el tema político más explosivo de la actualidad
es sintomático de un sistema político que, desde
todo punto práctico, ha dejado de existir.
No es que el sistema bipartito en existencia no ofrezca ninguna
alternativa a la política social y militar rapaz del gobierno
de Bush. Es que el pueblo estadounidense se enfrenta a graves
problemas, pero toda la estructura política oficial y los
órganos de prensa excluyen casi todo debate sobre los temas
importantes y los intereses creados.
La belicosa derecha Republicana, que goza del respaldo de sectores
influenciales de la oligarquía financiera, considera que
todo es tabú político y el Partido Demócrata
lo acepta todo cobardemente. Por otro lado, los órganos
de prensa se dedican a servir de voceros de la Casa Blanca y el
Pentágono y envenenan las ondas transmisoras con distracciones:
homicidios sensacionales, secuestros y un desfile sin fin de historias
de "interés humano" que quieren hacer pasar como
noticias. En fin, cualquier cosa que osifique la opinión
pública.
La lista de "temas prohibidos" ha crecido continuamente
desde que el gobierno de Bush llegara al poder. Tenemos en primer
lugar la ilegalidad de la presidencia de Bush misma. Aunque fue
instalado por medio de la supresión de votos y el mandato
judicial, la situación—un presidente de los estados
Unidos que no fue elegido—es aparentemente un tema del cual
no se puede hablar en público.
Y también tenemos los ataques terroristas del 11 de
septiembre en Nueva York y en Washington, que se supone son la
razón para las medidas arrolladoras que el gobierno de
Bush ha puesto en práctica para reducir los derechos democráticos
del país y lanzar agresiones militares sin precedente en
el exterior. Mientras Bush continua y fraudulentamente invoca
las trágicas muertes que resultaron de estos ataques para
justificar su política, su gobierno busca la manera de
encubrir no sólo información esencial relacionada
con los sucedió aquel día, sino sus propias acciones
durante los meses antes de los ataques.
La prensa cuidadosamente ignora la labor de llamada comisión
independiente que se supone investigue los ataques.
No existe ningún debate acerca de la enorme corrupción
en los niveles más altos de las empresas estadounidenses
y del mundo de las finanzas, ni de los íntimos vínculos
que existen entre el gobierno de Bush y los acusados—desde
Kenneth Lay, de la Enron, a Cheney, de Halliburton—que participaron
en estafas criminales que borró del mapa a miles de empleos
y los ahorros de por vida de cientos de miles de trabajadores.
Ni la prensa ni los políticos casi mencionan las agresiones
fundamentales contra los derechos democráticos. El mes
pasado, Bush clausuró las diligencias jurídicas
contra un hombre a quien se le había imputado los cargos
de cometer fraude con tarjeta de crédito. Lo declaró
"combatiente enemigo" y lo encarceló indefinidamente
en un calabozo militar sin presentarle la lectura de cargos, sin
enjuiciarlo, y quitándole el derecho a un abogado.
Casos como este, que son infracciones directas de las bases
de los derechos constitucionales en los Estados Unidos, no causan
la menor protesta en el Congreso. Y reciben poca atención
de la prensa: ni siquiera el 1% de la cobertura que se le da al
caso de Laci Peterson, que la prensa le vende al público
estadounidense como si fuera una radionovela barata.
Y por fin está la guerra contra Irak y la evidencia
creciente e irrefutable que el gobierno de Bush lanzó la
guerra usando falso pretextos—las armas (para la destrucción
de masas) que no existen—para beneficio de las mismas empresas
e instituciones financieras que lo pusieron en la Casa Blanca.
Los comentaristas de la prensa sostienen que a los ciudadanos
de los estados Unidos no les importa si se les mintió o
si los soldados del país están matando y muriendo
a diario en nombre de intereses que han sido escondidos del público.
Eso es mentira. Ese engaño intencional para lanzar esta
guerra ha causado la ira popular. La clase obrera está
enojada porque sus jóvenes en uniforme están siendo
sacrificados para que las empresas y los conglomerados petrolíferos
como Halliburton, quienes están íntimamente vinculados
a los elementos empresariales criminales que dominan a la Casa
Blanca y al Pentágono, puedan apoderarse de las riquezas
de Irak y convertirlas en ganancias.
Pero el actual sistema político no la da ninguna salida
a esta cólera, la cual no se expresa ni en la campaña
impotente de los esperanzados candidatos del Partido Demócrata
que desean salir postulados para la presidencia, ni en ningún
sector de la prensa, que las empresas controlan.
Razones objetivas le dan ímpetu a la frigidez de la
vida política y a la manera en que a la prensa de los Estados
Unidos se le ha tapado la boca. Al mismo tiempo, el sistema político
del país está casi exhausto, lo cual también
tiene un significado profundamente objetivo.
La polarización social entre la riqueza y la pobreza
en los Estados Unidos ha aumentado tan increíblemente que
no existe una sola cuestión política seria sobre
la cual se puedan unir los intereses de la clase gobernante y
la gran mayoría del pueblo trabajador.
Estadísticas publicadas recientemente por la Oficina
de Rentas Internas muestran que sólo 400 individuos actualmente
reciben, en conjunto, ingresos de $70 billones. Durante la última
década, la tasa de ingresos de esta aristocracia obscenamente
rica ha sido 15 veces mayor que la tasa de ingresos del 90% menos
rico de la población. El ingreso promedio de los que están
en la cima fue $175 millones; o sea, 6,400 veces más que
el promedio anual ($27,000) de nueve de cada diez estadounidenses.
Estas estadísticas son consecuencias de la política
llevada a cabo durante las dos décadas antes que el segundo
gobierno Bush se instalara en la Casa Blanca. Las enormes reducciones
en las rentas internas que este gobierno y el Congreso han puesto
en práctica sólo acelerará esta tendencia.
En tanto, los fondos del gobierno—para la salud, la educación,
la vivienda y todos los otros servicios para la gente trabajadora
y los pobres—han de agotarse.
El sistema actual de dos partidos—ambos completamente
subordinados al enriquecimiento de una pequeña élite
privilegiada—es incapaz de expresar, aún de manera
distorsionada, los intereses de la mayoría del pueblo trabajador
de los Estados Unidos. Por consiguiente, su utilidad para mediar
los conflictos sociales del país ha llegado a su fin. Aquellos
que hoy día consideran que el Partido Demócrata
es el vehículo adecuado para llevar a cabo reformas sociales
importantes son pocos y esparcidos. No se han tomado medidas de
esta índole durante las últimas tres décadas;
y las que estaban en existencia han sido gravemente comprometidas.
No es que los círculos gobernantes de los Estados Unidos
todos piensen igual. Amargas diferencias existen detrás
de las cortinas. Pero la preocupación es que pronto podrían
perder el control si los temas que los dividen se debaten en público.
Los que se encuentran en la cima de la sociedad están bien
conscientes de que están aislados y de la precaria situación
de las fortunas que han acumulado. Viven con miedo, con gran sentido
de culpabilidad, de que cualquier tema político que se
investigue seriamente resultará en revelaciones horribles
acerca de la corrupción y criminalidad que los hará
caer. Apoyan, pues, todo esfuerzo para excluir a las masas de
la política.
Pero ello no significa que la ira y las frustraciones profundas
que millones de estadounidenses sienten—y que no pueden expresar
a través de los partidos principales o los órganos
de prensa—han dejado de existir. Siempre que ninguna de las
instituciones en existencia les permita expresar sus sentimientos,
buscarán otras vías inesperadas. La clase gobernante
no puede mantener la olla de presión tapada para siempre.
Las masas entrarán en la política se les permita
o no.
La negativa del sistema político en sacar al aire todas
estas diferencias no significa que el agudo conflicto entre intereses
sociales ha desaparecido. Más bien indica que el mismo
sistema está tambaleándose al borde del precipicio.
Aún cuando al conflicto se le trate de suprimir, más
temprano que tarde conducirá a levantamientos explosivos
y revolucionarios.
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