|
WSWS
: Español
Presidente colombiano pide a Estados Unidos que intervenga
como en Irak
Por Bill Vann
5 Febrero 2003
Utilice
esta versión para imprimir | Envíe
esta conexión por el email | Email
el autor
El mes pasado, en un extraordinario comentario a la prensa
internacional, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe
Velez, le pidió a los Estados Unidos que interviniera militarmente
en su país de la misma manera y con la misma intensidad
que piensa invadir a Irak.
Uribe declaró que "Pienso que el conflicto
causado por tráfico de drogas y el terrorismo en Colombia
es más grave para la estabilidad democrática a largo
y medio plazo que el conflicto con Irak. Si están desplegando
sus fuerzas contra Irak, ¿por qué no consideran
acabar de una vez por todas con el transporte de la cocaína
entre Colombia y California, por ejemplo?"
Uribe, político derechista partidario de Washington
que tomara las riendas del poder hace seis meses, hizo los comentarios
en Quito el 14 de enero, durante la ceremonia de investidura del
nuevo presidente de Ecuador, Lucio Gutierrez. Repitió sus
comentarios en varias otras entrevistas y comunicó a los
otros presidentes latinoamericanos presentes durante la inauguración
que tenía toda intención de presentar su propuesta
ante reuniones bilaterales con Washington y también en
foros multilaterales. Indicó que a los países europeos
y a las fuerzas militares latinoamericanas se les podría
invitar para que contribuyan con poder aéreo y naval para
ponerle paro al tráfico de drogas y armas.
Que Uribe haya hecho semejante súplica para que los
Estados Unidos lance una enorme invasión militar en la
región no refleja más que una cosa: la desesperación
de Uribe como representante de la oligarquía colombiana
a medida que la desintegración socioeconómica del
país se va profundizando. Aún cuando la presencia
militar ha aumentado en Colombia, la clase gobernante del país
siente que Washington ha consagrado toda su atención en
el Golfo Pérsico y no le está prestando suficiente
atención a la crisis en expansión de Latinoamérica.
Colombia es el tercer recipiente mayor de la ayuda militar
estadounidense; ya $22 billones han sido destinados al Plan Colombia,
plan militar que el gobierno de Clinton iniciara, ostensiblemente
para combatir la producción de cocaína en el país.
Desde el 11 de septiembre, 2002, el gobierno de Bush ha designado
la intervención estadounidense en Colombia como parte de
la "guerra contra el terrorismo" a nivel internacional
ha dado permiso explícito para recibir ayuda de las fuerzas
militares de los Estados Unidos en llevar a cabo una campaña
contra insurgente contra dos movimientos guerrilleros colombianos:
la Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército
de Liberación nacional (ELN).
El mes pasado, el Pentágono intensificó cualitativamente
la intervención de los Estados Unidos en Colombia cuando
envió un pelotón de 70 tropas de sus Fuerzas Especiales
a la provincia de Arauca—considerada entre las regiones más
violentas—para capacitar a una brigada del ejército
colombiano que se acaba de formar.
La misión de esta nueva unidad será luchar contra
la FARC y el ELN y proteger el oleoducto petrolífero de
Caño-Limón contra ataques. El oleoducto transporta
petróleo de los campos que maneja la empresa Occidental
Petroleum, basada en el estado de California. Esta es la primera
vez que soldados estadounidenses han sido enviados con el propósito
explícito de capacitar a las fuerzas colombianas a luchar
contra los guerrilleros. Anteriormente habían funcionado
bajo el pretexto oficial que los militares recibían ayuda
para erradicar la cocaína. Se sostenía que el conflicto
con los guerrilleros sólo podría convertirse en
consternación si la FARC y el ELN interferían con
la batalla para erradicar las plantas que hacen posible la producción
de drogas ilícitas.
Un funcionario estadounidense dijo el mes pasado que los Boinas
Verdes estaban capacitando a tropas colombianas no sólo
para proteger al oleoducto a todo lo largo de sus 490 millas contra
ataques, sino también para "descubrir"
a los guerrilleros. Es decir, le enseñarán las mismas
tácticas de contra insurgencia para "buscar y
destruir" que se usaron en Vietnam, El Salvador y por
doquier; tácticas de consecuencias catastróficas
para la población civil.
Aunque funcionarios estadounidenses han insistido que a los
Boinas Verdes sólo se les ha asignado la misión
de capacitación y que se les ha prohibido estrictamente
que participen en combate, los periódicos colombianos ya
han publicado fotografías de tropas estadounidenses armadas
hasta los dientes junto a fuerzas colombianas.
La conexión entre la guerra inminente contra Irak y
la creciente intervención de los Estados Unidos en Colombia
no es solamente producto de la mente de Uribe. Colombia es el
séptimo exportador mayor de petróleo crudo al mercado
estadounidense, y se cree que el país posee varias de las
mayores reservas sin explotar del mundo. Dado que la amenaza de
guerra puede interferir con los abastecimientos petrolíferos
procedentes del Golfo Pérsico, y en combinación
con los efectos continuos que la huelga de los patronos en Venezuela
pueda producir, el petróleo que sale de Colombia podría
ser lo suficiente para sostener los precios.
La presencia mayor de las fuerzas militares estadounidenses
en Arauca ha llevado a la intensificación continua de la
violencia en esta provincia del norte del país, la cual
es rica en petróleo. En septiembre del año pasado,
Uribe declaró que la provincia era una "zona de
rehabilitación y consolidación" y le concedió
a los militares poderes extraordinarios para arrestar y detener
a individuos sin imputarles cargos, registrar hogares, y restringir
el movimiento interno.
Sólo esta semana Uribe anunció varias propuestas
para reforzar la presencia militar colombiana en la provincia
y nombrar un nuevo gobernador. El último, quien había
sido un coronel jubilado del ejército, renunció
mientras se quejaba que la situación era incontrolable.
Por otra parte, la ministro de defensa de Colombia, Marta Lucía
Ramírez, ha revelado planes para un aumento dramático
de las fuerzas militares colombianas. El propósito de esta
expansión incluye la creación de 11 brigadas móviles
nuevas; el fortalecimiento de la maquinaria que gobierna el espionaje
militar; y el empleo de 10,000 miembros adicionales nuevos para
la Policía Nacional. El ejército colombiano recibiría
35,000 soldados más.
Mientras tanto, el régimen de Uribe ha propuesto que
se reclute una enorme red de espías que se supone ha de
incluir a 1.5 millones de colombianos. Se han recibido informes
que los militares han tratado de comenzar este programa en las
zonas de conflicto, donde han presionado a niños de edad
escolar con sobornos y amenazas para que den información
acerca de sus vecinos. El gobierno también ha propuesto
que se recluten por los menos 15,000 "soldados campesinos"
para el espionaje de zonas rurales.
Se considera ampliamente en el país que las recientemente
concluidas "negociaciones" entre el gobierno
y la organización paramilitar derechista AUC son un esfuerzo
para legalizar y reorganizar a estos elementos como parte de la
nueva fuerza vigilante del gobierno.
La AUC funciona como fuerza auxiliar de represión que
colabora íntimamente con los militares a la vez que recibe
gran ayuda monetaria de los traficantes de drogas y de la oligarquía
colombiana. Grupos de los derechos humanos han calculado que esta
organización es responsable por más del 80% de las
muertes civiles en la prolongada guerra civil colombiana. Sus
escuadrones de la muerte han marcado no sólo a personas
sospechadas de apoyar a los guerrilleros, sino también
a militantes sindicalistas, partidarios de los derechos humanos
y dirigentes de grupos de acción campesina y sociales.
El año pasado más de 8,000 muertes de semejante
índole se reportaron en Colombia.
La dirigencia de la AUC ha proclamado una "tregua"
como condición para las negociaciones con el gobierno,
pero ha seguido con los asesinatos, inclusive la reciente masacre
de 11 trabajadores agrícolas en la provincia de Antioquía.
Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Estados
Unidos ha llamado a la AUC una organización "terrorista
extranjera" y oficialmente ha pedido la extradición
de dos dirigentes importantes, en la práctica Washington
se ha hecho la ciega en cuanto a la colaboración entre
el ejército y los escuadrones de la muerte. También
ha violado las leyes de los Estados Unidos, que requieren la ruptura
de tales relaciones como condición para darle ayuda militar
a Colombia. Existe bastante evidencia que la CIA y el Pentágono
jugaron un papel importantísimo en crear los íntimos
vínculos entre los militares y la AUC hace más de
una década, cuando los Estados Unidos auspició la
reorganización de la estructura del espionaje militar colombiano.
El "diálogo" entre la AUC y el régimen
de Uribe—arbitrado por la jerarquía de la Iglesia
Católica—está creando las condiciones para
legitimar los escuadrones de la muerte y ofrecerles directamente
fondos del estado.
Durante una breve visita a Bogotá en diciembre, el secretario
de relaciones exteriores, Colin Powell, comunicó las bendiciones
de Washington a negociaciones con un grupo que el mismo Estados
Unidos ha catalogado de terrorista a la misma vez que su ministerio
pedía repetidamente—con tal que quedara en las actas
oficiales—la extradición. "Mantendremos nuestro
apoyo al presidente Uribe a medida que toma este camino",
dijo Powell.
Por su parte, el gobierno colombiano ha indicado que está
listo para cancelar las órdenes de arresto contra los dirigentes
de la AUC que Washington presuntamente quiere sean entregados
por extradición.
Gordon Sumer, teniente general jubilado del ejército
estadounidense, quien previamente había sido representante
especial del gobierno de Reagan en Latinoamérica, le dio
al Washington Times una entrevista en la que asesoró
la situación con más sinceridad y franqueza. "En
la batalla nunca sobran amigos", dijo. "Primero
hay que hacer que obedezcan las leyes, eliminen las drogas y acepten
los derechos humanos. Hay que tratar de unirlos bajo el mismo
techo para que luchen contra los guerrilleros, que son la amenaza
principal".
Hace un año que el gobierno de Bush exitosamente hizo
presión para que se le pusiera fin a las negociaciones
de paz con el movimiento guerrillero principal. Contrario a la
FARC—que los Estados Unidos también catalogó
de organización terrorista—la AUC es partidaria vociferante
del programa económico que Washington y el Fondo Monetario
Internacional han propuesto. "Somos defensores de la
libertad de negocio y de los sectores industriales nacionales
e internacionales", declaró el dirigente principal
de los paramilitares derechistas, Carlos Castaño, cuya
extradición es de las que el ministerio de relaciones exteriores
de los Estados Unidos ha pedido.
Con la protección del gobierno, estos elementos paramilitares
se han usado, con regularidad que ya no sorprende, contra los
adversarios del programa socio político de Uribe. De acuerdo
a organizaciones sobre los derechos humanos, tres de cada cuatro
asesinatos de dirigentes sindicalistas y militantes que toman
lugar en el mundo ocurren en Colombia. El año pasado más
de 150 sindicalistas fueron muertos. Otros tantos, si no más,
han desaparecido.
El mes pasado, fuerzas de seguridad invadieron la sede de la
CUT, federación sindicalista obrera, en Cali. Ala vez,
fiscales han tratado de arrestar a dirigentes sindicalistas, imputándoles
el cargo de "terrorismo" por organizar manifestaciones
contra los homicidios que los escuadrones de la muerte han perpetrado
contra sus militantes.
El gobierno de Uribe está poniendo en práctica
un programa político que sólo puede intensificar
la lucha de clases. Recientemente entró en acuerdo con
el FMI para recibir un préstamo en reservas de $2.1 billones
si se imponen ciertas medidas: la austeridad y la extensa conversión
de industrias estatales en empresas privadas.
Para reducir los gastos del déficit, va a desahuciar
40,000 empleados del sector público a la vez que drásticamente
reduce los servicios sociales. Entre las agencias que han de eliminarse
se encuentra el Servicio Geológico de Colombia, que conduce
estudios de los recursos minerales del país. Esta misión
actualmente está completamente en manos de Occidental
Petroleum y otros monopolios petrolíferos extranjeros.
Luego del gobierno de Bush dar instrucciones para proceder
con la política del "mercado libre",
el régimen de Uribe ha puesto en práctica reformas
en el sistema de rentas internas que le han dado a los ricos del
país ganancias enormes al mismo tiempo que los impuestos
sobre las ventas y los precios de los combustibles y transporte
han aumentado. Ha presentado un plan para la reestructuración
del sistema de jubilaciones del país, reduciendo los beneficios
y aumentando la edad de retiro. Cierta "reforma laboral"
aumenta la cantidad máxima de horas del día laboral
a 16, congela los salarios y agrede otros derechos de los obreros.
El programa político del gobierno, cuyo fin es pagar
por completo las deudas que consumen casi el 40% del presupuesto
nacional, está profundizando la miseria social que domina
a una nación en que el 20% de la población activa
en la economía está desempleado y el 70% vive en
la pobreza.
Detrás del llamado de Uribe para que los Estados Unidos
intervenga militarmente yace el miedo de la clase gobernante:
que esta situación ocasionará una explosión
social que será peor amenaza a su riqueza y privilegios
que el conflicto con los guerrilleros.
Regresar a la parte superior de la página
Copyright 1998-2012
World Socialist Web Site
All rights reserved |
