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Francia: El gobierno anuncia la austeridad para el Año
Nuevo
Por Alex Lefebvre
17 Enero 2003
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el autor
Jacques Chirac, presidente de Francia, anunció en su
discurso de Año Nuevo que el 2003 presenciaría enormes
“reformas” en casi todas las categorías principales
de los gastos para los programas sociales, inclusive las pensiones,
la salud y la educación escolar.
Como suele suceder con casi todos los pronunciamientos de los
gobiernos conservadores, sus frases solemnes pero trilladas—ejemplo:
“Estoy seguro que es posible unir a la mayoría de
los franceses”—tienen el objetivo de dejar a los trabajadores
con la impresión que manipulaciones tecnocráticas
resultan en programas de austeridad que, de una manera u otra,
son compatibles con sus intereses.
Informes de la prensa indican que en los ámbitos oficiales
hay mucha ansiedad acerca de las restricciones que la frágil
economía le ha impuesto a las iniciativas del gobierno
y de la dificultad de esconder de la población, bajo condiciones
en que el descontento de la clase obrera se anima, el significado
de las medidas de austeridad.
El presupuesto para 2003, que el Primer Ministro Jean Pierre
Raffarin negociara a finales de septiembre, 2002, incluye reducciones
significantes en la educación escolar, la infraestructura,
y subvenciones para las actividades culturales. No obstante, estas
medidas son menos draconianas que las que se habían debatido
anteriormente durante la planificación del presupuesto.
Que las reducciones no hayan sido tan severas se debe a que
fueron justificadas por una perspectiva ultra optimista de la
expansión económica nacional para 2003. El Instituto
de Estadísticas Nacionales— Insee —ha
puesto en duda la presunción del gobierno que la expansión
aumentaría por una tasa de 2.5%, la cual en su tiempo desató
bastante controversia en los ámbitos gobernantes. Insee
ahora predice una taza de expansión del 1 Al 1.5%.
Los gastos de los consumidores es la fuente principal de la
expansión económica en Francia. Por otra parte,
las inversiones de los negocios disminuyeron ligeramente durante
los trimestres del 2002 para los cuales en la actualidad existen
cifras. Aunque hay cierto optimismo en cuanto a la futura mejoría
del clima económico mundial para fomentar las inversiones
de los negocios franceses, a Insee lo inquieta no sólo
la deuda creciente de los consumidores, sino también las
preocupaciones que éstos sienten acerca de la inflación.
Ambas situaciones podrían frenar los gastos de los consumidores.
Raffarin mismo recientemente reconoció que la cifra del
2.5% era en realidad “voluntaria”.
A medida que las dificultades fiscales del gobierno aumentan,
las dificultades económicas también van tomando
auge. En diciembre, el gobierno comenzó a elaborar la Ley
de la Seguridad Económica, que se promulgaría a
principios de marzo. Establecería una agencia independiente
a cargo de las empresas inversionistas y de seguros que establecería
restricciones a las actividades de los asesores financieros y
prohibiría que los contadores presten servicios en capacidad
de asesores. El 3 de enero, la compañía de seguros
CGA (Fondo de Seguro General) fue liquidada, lo cual tomó
lugar cuando la prensa comentaba que muchas de las empresas de
ese sector estaban en una “situación económica
muy precaria”.
Los objetivos y métodos fundamentales del gobierno Raffarin
se han hecho evidentes en la reforma de Unedic, plan de
beneficios para el desempleo. Aumentó los impuestos que
los trabajadores tenían que pagarle al plan, aumentó
los impuestos que los desempleados pagan a su propia jubilación
del 1.2% al 3%, aumentó la edad de retiro para los desempleados
de 55 a 57, y disminuyó el tiempo de cobertura para los
empleados que pasan de los 50 de 36 a 45 meses.
También amplió los requisitos de empleo para
los trabajadores que reciben suplementos por “empleo precario”.
Para recibirlos tenían que trabajar 4 meses de cada 18;
ahora son seis meses de cada 22. Medef, la federación
de patronos, declaró su apoyo con entusiasmo. Varios sindicatos
obreros rehusaron firmar el acuerdo, pero un sindicato, la CFDT,
firmó. Según las leyes laborales de Francia, esto
es suficiente para poner al plan en vigencia.
Las reformas del gobierno de Raffarin en cuanto a la salud
y la educación escolar mezclan grandes reducciones con
mejorías cosméticas. Estas últimas tienen
como objetivo desviar la oposición en masa. Referente a
la educación escolar nacional, el gobierno ha eliminado
5,000 puestos del personal y cientos de miles de contratos de
trabajos para la juventud. Muchos de estos eran puestos como asistente
de maestros.
Además de declarar su apoyo a la conversión del
cuidado de la salud en empresa privada, el Ministro de la Salud,
Jean-Francois Mattei, recientemente anunció su intención
de cerrar las alas de parto en las zonas rurales. Las madres nuevas
darían a luz en centros regionales de maternidad; si el
parto es normal, de nuevo serán enviadas—luego de
siete horas—a instalaciones médicas no profesionales.
El gobierno sufre de una ansiedad muy especial en cuanto a
la reforma del sistema de jubilaciones que se acerca. El poder
de compras promedio de los jubilados ordinarios ha disminuido
todos los años desde 1996. La última vez que el
gobierno trató de imponer grandes reducciones al sistema
de jubilaciones bajo Alain Jupée, el sector público
reventó con una ola de huelgas enormes durante noviembre-diciembre,
1995. Las huelgas se desarrollaron fuera del control de los sindicatos
y gozaron el apoyo de las masas populares. Las huelgas fueron
tan poderosas que forzaron al gobierno a cancelar parte del plan.
El levantamiento eventualmente llegó a ser controlado
con la asistencia de los sindicatos oficiales y varios partidos
de "izquierda", pero el gobierno de coalición
de Jupée, que era de centro-derecha, fue derrotado en las
elecciones parlamentarias de junio, 1997. Fue reemplazado por
una coalición bajo la dirección del Partido Socialista,
de Lionel Jospin.
La militancia de la clase obrera de nuevo se encuentra en la
ascendencia en Francia. Noviembre y diciembre presenciaron manifestaciones
enormes y huelgas en los sectores de la energía, la telecomunicación,
los ferrocarriles, el transporte de camiones y la educación
escolar.
Aunque las confederaciones nacionales de los sindicatos no
han hecho llamados a grandes acciones desde el 9 de diciembre,
cuando París celebró una manifestación nacional
en defensa de la educación escolar, los trabajadores han
reaccionado a la nueva ola de reducciones planificadas y cierres
de fábricas con huelgas y ocupaciones industriales. Después
que se anunciaran las reformas de Mattei, los ginecólogos
se fueron en huelga; exigían que se redujeran los aumentos
en las pólizas de seguro que cubren la práctica
negligente de los servicios profesionales. Dichos aumentos, que
ya se habían planeado, iban a ser de 9,156 a 16,000 euros.
Los médicos de las instalaciones de esquiar también
están en huelga por mejores salarios y condiciones de trabajo.
Obreros han ocupado la fábrica ACT en Angers, la cual
va a cerrar. Tiendas locales han donado alimentos a los huelguistas.
Obreros en la fábrica de Daewoo en Mont-Saint-Martin,
en el nordeste de Francia, han ocupado la fábrica donde
trabajan y han amenazado con arrojar substancias químicas
venenosas en un río cercano si la empresa rehusa garantizarles
una indemnización mayor por despido y beneficios para recapacitarlos
luego que la planta cierre.
Las elecciones prud'homale del 11 de diciembre y la
reacción del gobierno esclarecen la manera en que los ámbitos
gobernantes tratan de debilitar la oposición de la clase
obrera a tales medidas. Los prud'hommes son magistrados
no profesionales que funcionan como árbitros en disputas
de contratos, que toman lugar en un sistema jurídico organizado
según la región y la industria. La mitad de los
delegados son nombrados por los sindicatos obreros y elegidos
por los trabajadores; la otra mitad la nombra y elige los dueños
de negocios.
Pero la elección no fue de mucho valor para amplios
sectores. La tasa de abstención de los trabajadores igualó
previos récords con un 67%. Y la posición relativa
de las confederaciones sindicalistas permaneció relativamente
igual: la CGT (Confederación General de Trabajadores) recibió
32.5% del voto. El voto de la CFDT (Confederación Francesa
Democrática de los Trabajadores) aumentó ligeramente
al 25.6%, el FO (Fuerza Obrera) recibió 18.9%, o sea, perdió
aproximadamente 2%.
El gobierno y Le Figaro, periódico conservador,
reaccionaron con la declaración que se había obtenido
una gran victoria, puesto que la CFDT había favorecido
las reducciones de las pensiones y la FO había rehusado
participar en toda negociación cuyo objetivo fuera reducirlas.
Anunciaron que el gobierno tenía la intención de
participar en negociaciones prolongadas con los sindicatos y las
federaciones de los patronos, lo cual usaran para presentar unos
resultados “balanceados”.
Ninguno de los sindicatos oficiales tiene la menor intención
de entablar una lucha acérrima para proteger las pensiones
y los beneficios sociales. Y aunque la FO ha criticado sonoramente
los planes para reformar las pensiones—en lo cual se difiere
de la CFDT, que ha declarado que la reforma de las pensiones es
inevitable, sobretodo en el sector público—no se ha
comprometido a fomentar un movimiento social que se oponga al
programa del gobierno de Raffarin. Más bien, el periódico
Libération recientemente publicó un artículo
acerca de como los funcionarios de la FO habían organizado
negociaciones secretas con funcionarios del gobierno para desarticular
la huelga de los camioneros el 24 y 25 de noviembre.
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