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El costo social de la crisis argentina
Por Rafael Azul
14 Septiembre 2002
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el autor
Para la persona que visita a Buenos Aires, las consecuencias
no son inmediatamente evidentes; puede que le tome varias horas
darse cuenta del impacto devastador que la depresión argentina
sigue ejerciendo sobre el tejido social del país. Al caer
la noche, a medida que la bulla y los afanes típicos de
las grandes ciudades comienzan a desvanecerse, indicios de la
crisis emergen: padres y madres salen a mendigar acompañados
de sus hijos; gente hambrienta come los desperdicios de los restaurantes;
y las personas sin hogar empiezan a acomodarse para pasar la noche.
En el mismo centro de la ciudad, niños de tres y cuatro
años se ponen a tocar pequeños instrumentos musicales
y piden limosna. En los vecindarios más adinerados, niños
de nueve y diez años ofrecen sus servicios para vigilar
los automóviles estacionados en las calles.
Todas las noches, un ejército de 100,000 cartoneros—recogedores
de cartón—invaden las calles principales de Buenos
Aires. Acumulan cartón, papel y vidrio para vendérselos
a los recicladores por unas pocas monedas. La mercancía
más codiciada—papel de oficina blanco—se vende
a 15 centavos (4.5 centavos estadounidenses) el kilo. Luego de
siete horas de labor, una familia cartonera típica recoge
50 kilos de papel; su ingreso mensual es entre 150 y 200 pesos
($45-60), lo cual apenas pone comida en la mesa.
Esta actividad más y más se convierte en la única
fuente de ingreso para miles de familias en todas las ciudades
argentinas. A principios sólo los cabezas de familia desempleados
hacían ese tipo de trabajo. Ahora la competencia es feroz;
familias enteras desempeñan la labor.
Cinco días a la semana, un “tren blanco” especial
de madera, cuyos vagones no tienen asientos, trae a los cartoneros
desde José León Suárez, pueblo empobrecido
en los suburbios industriales al norte de Buenos Aires, a los
distritos del centro comercial de la ciudad. Los pasajeros pagan
10.5 pesos por pasajes vigentes por 15 días. Desde diciembre
pasado, la cantidad de pasajeros diarios ha aumentado de 300 a
2,000.
Aunque estas actividades, en su gran mayoría, son lícitas,
los cartoneros se ven forzados a protegerse del acoso de la policía,
sobornando a sus agentes con un máximo de 20 pesos semanales.
Aún cuando los desalojos fracasan, a cientos de miles de
argentinos se les corta los servicios públicos porque no
pueden pagarlos. Un informe acerca de un vecindario porteño
de la clase media, en su mayoría judío, calcula
que 10% de su población—o sea, 17,500 personas—no
se alimenta adecuadamente. 1,700 no tienen hogar donde vivir e
incontables otros viven con parientes. Muchos no tienen servicio
de luz, de gas o teléfono.
El gobierno federal, así como también los municipales
y provinciales, se han estancado en la corrupción ya hace
tiempo que dejaron de responsabilizarse por sostener el mínimo
nivel de vida para los pobres, y le han dado la espalda a todos
estos problemas sociales.
Los desahucios han causado enormes estragos en el cinturón
industrial que rodea a Buenos Aires. Las estadísticas oficiales
sobre el desempleo indican que éste ahora excede el 24%,
pero en realidad puede que llegue al 30% o más. A nivel
nacional, sólo la mitad de la fuerza laboral trabaja a
jornada completa.
Entre los que se consideran empleados se encuentran mensajeros
(“cadetes”), quienes, además de tener que presentarse
con sus propias motocicletas, no reciben ningún salario
excepto las propinas que los clientes les obsequian; una cantidad
excesiva de choferes de taxi, , que compiten agresivamente por
una demanda más y más disminuyente; asistentes en
los baños públicos que dependen de las propinas;
criados que solían trabajar como locutores de radio y televisión;
licenciados en antropología que ahora trabajan en los lotes
para estacionar autos; y técnicos capacitados en la electrónica
que ahora venden artesanía en las calles.
Aquellos que trabajan en jornada completa se enfrentan a situaciones
ominosas. En Acindar, fábrica gigante de acero cerca
de la ciudad de Rosario, obreros jóvenes no cuentan con
ninguna de las protecciones para la salud y la seguridad que existían
antes. Los gerentes caprichosamente cambian los horarios de trabajo
y sus salarios han sido reducidos aproximadamente un 30%.
La duración del día laboral ya no refleja para
nada las condiciones dictadas por las leyes laborales en vigencia.
Especialmente en los pequeños negocios, a muchos trabajadores
ahora se les requiere que trabajen catorce horas, seis días
y medio a la semana. Un trabajador en un supermercado de Rosario
cuenta que su sueldo mensual de 300 pesos mensuales no le basta
y que ya para la tercera semana del mes no le queda nada, aunque
ahora vive con su madre.
Para la nación en general, el nivel de vida ha disminuido
70% y el Producto Interior Bruto 17%. Por lo menos 2.3 millones
de niños están mal nutridos y 60% de la población
recibe menos ingreso de lo que el gobierno ha fijado para definir
la pobreza; es decir, reciben menos de 703 pesos ($200) mensuales
para una familia de cuatro. Recientemente hubo un aumento general
de sueldo de 100 pesos mensuales (¡$27!) para los trabajadores
del sector privado, pero éste ha de expirar en diciembre.
Las compañías de servicios públicos que se
han convertido en empresas privadas ahora exigen aumentos de tarifas
que llegan al 70%. No es nada raro que trabajadores lleguen a
las fábricas y las encuentren cerradas. No hay explicaciones,
no hay cheques de pago, no hay indemnización por despido,
no hay subsidio de paro.
Las proyecciones económicas del momento no muestran
ninguna disminución de esta caída. Si comparamos
el consumo de alimentos y de medicinas con la situación
de seis meses atrás, vemos que el primero ha disminuido
un 12% y el segundo 55%, lo que representa una masa empobrecida
de más de 20 millones de personas (60% de la población)
y de 7 millones que viven en condiciones paupérrimas. La
profundidad de la miseria a la que se va a llegar, dado los cálculos
del gobierno que la inflación va a alcanzar el 50% (cifra
subestimada) hacia finales del 2002, sólo puede imaginarse.
Los peritos dicen que, como consecuencia de largo alcance,
los 2.3 millones de niños desnutridos sufrirán desarrollo
físico y capacidad intelectual disminuidos—30% bajo
lo normal—por el resto de sus vidas. La desnutrición
en Argentina toma la forma de una dieta que carece de vitaminas
esenciales y de hierro. El desarrollo canijo, la apatía,
la evolución intelectual subdesarrollada y la obesidad
(para aquellos que logran reemplazar sus dietas balanceadas con
arroz y pasta) pueden ser las consecuencias a largo plazo. Según
un cálculo oficial, 40% de los estudiantes de las escuelas
públicas estuvieron ausentes cuando las clases se abrieron
en marzo.
El secuestro reciente—en uno de los suburbios al sureste
de Buenos Aires—de un joven de bachillerato asesinado luego
que se pagara el rescate, ha hecho posible que se descubriera
que un escuadrón de la muerte, que también se dedica
al secuestro, lo forman agentes de la policía local. Puesto
que tienen que hacer equilibrios para vivir con los salarios que
el gobierno les paga, muchos policías consiguen empleos
como guardias de seguridad para negocios ansiosos por barrer a
los jóvenes sin hogar de las zonas comerciales. Se sospecha
que la desaparición de otros dos jóvenes de la misma
zona se debe a actividades ilícitas de la policía.
Al mismo tiempo, el gobierno del Presidente Eduardo Duhalde
trata de asegurar otro pacto con el Fondo Monetario Internacional
que ha de profundizar aún más las medidas de austeridad
que se han presentado según la doctrina económica
neo liberal. Lo cual no es más que un eufemismo para el
traslado en masa de la riqueza que le pertenece a los trabajadores,
a los pobres y a las clases medias a los bancos internacionales,
lo que impondría miseria permanente a la mayoría
de argentinos.
Estos planes económicos son incompatibles con las instituciones
democráticas. Puede que una dictadura que obedientemente
ponga en práctica las exigencias del FMI sin fingir ningún
debate público o ninguna acción por parte del congreso
esté al doblar la esquina. Los militares de Argentina,
perennemente susceptibles a las necesidades de los ricos del país,
acostumbran a actuar con rapidez cada vez que las ganancias se
ven amenazadas. En la Argentina se dieron golpes militares casi
en cada década del Siglo XX. Éstos culminaron en
la sangrienta dictadura de 1976-1982 que resultó en la
muerte de 30,000 trabajadores y jóvenes argentinos.
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