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Ejército colombiano le pone sitio a barrio de Medellín
Por Bill Vann
25 Octubre 2002
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el autor
El miércoles pasado, tropas de asalto colombianas, en
colaboración con la policía y respaldadas por tanques
de guerra y helicópteros armados, le pusieron sitio a un
empobrecido barrio de Medellín, segunda ciudad mayor de
la nación sudamericana.
La acción fue de las mayores campañas contrainsurgentes
de los últimos años llevada a cabo en una zona urbana
superpoblada. Álvaro Uribe, nuevo presidente derechista
del país, dio las órdenes directas para el asalto.
Por lo menos 14 personas fueron muertas durante el primer día
de batalla, inclusive un joven de 16 años de edad. Muchos
más fueron heridos, la gran mayoría ancianos, mujeres
y niños.
El alcalde de Medellín, Luis Pérez, declaró
que Uribe había instruido al ejército que continuara
la acción hasta que se pudiera asegurar el control total
del distrito, conocido como Comuna 13, donde residen 130,000 personas
de las 2.5 millones que pueblan a Medellín. El general
Mario Montoya, comandante del ejército en la zona de Medellín,
declaró que sus fuerzas iban a invadir a los hogares, uno
por uno, en búsqueda de armas.
El asalto militar fue precedido por ataques violentos dirigidos
por unidades paramilitares derechistas, quienes colaboran íntimamente
con el ejército. Los militares y los paramilitares derechistas
ambos tratan de quitarle control de la zona a la milicia llamada
Comando Armado del Pueblo, vinculada al segundo movimiento guerrillero
mayor, el Ejército de Liberación Nacional.
Las oficinas colombianas del Alto Comisario sobre los derechos
Humanos de las Naciones Unidas expresó su consternación
acerca de los encuentros bélicos
Muchos habitantes del barrio informaron que el asalto militar
los había forzado a refugiarse en sus propios hogares,
lo cual les prohibió presentarse a trabajar. Al mismo tiempo,
6,000 estudiantes no pudieron asistir a las escuelas y las clínicas
de salud fueron cerradas. En varios casos, balas de gran potencia
atravesaron las ventanas y paredes de las moradas y encontraron
sus víctimas.
Civiles heridos que invadieron la clínica de salud en
el barrio de San Javier contaron como un helicóptero armado
les había volado por encima y ametrallado a la superpoblada
zona residencial.
“Estamos bajo fuego de ametralladoras”, dijo una
perturbada mujer a la prensa local. “Las balas salen de los
helicópteros y caen sobre nuestros techos. Es horrible.
Como en Vietnam”.
La intensificación de la represión militar coincide
con la expansión conspicua de la intervención estadounidense
en la guerra civil, que comenzara hace 38 años. Washington
reveló a principios de mes que las Fuerzas Especiales del
Ejército de los Estados Unidos iban a ser desplegadas en
el país con tal de capacitar al batallón especial
colombiano que se dedica a luchar contra las organizaciones guerrilleras
armadas.
La semana pasada, el gobierno de Bush dio la autorización
oficial para que el gobierno colombiano usara la ayuda militar
que se le diera bajo el Plan Colombia - cuyo objetivo aparente
era combatir el cultivo de la coca y la exportación de
la cocaína - para llevar a cabo acciones contrainsurgentes
contra los guerrilleros, que incluiría el uso de los helicópteros
tipo Black Hawk, además de otros equipos, que los
Estados Unidos ha suministrado.
El Congreso recientemente también le autorizó
al Pentágono que comenzara la capacitación de dos
brigadas del ejército colombiano, que serán asignadas
permanentemente a la protección del oleoducto de Cano-Limón,
el cual transporta petróleo que la empresa Occidental
Petroleum explota en los campos al norte de Colombia.
Unidades de Fuerzas Especiales han comenzado a llegar al país
para capacitar a la quinta y décimoctava brigadas del ejército
colombiano a proteger el oleoducto. Grupos que defienden los derechos
humanos han acusado a ambas brigadas de perpetrar abusos contra
la población civil y de colaborar íntimamente con
los escuadrones paramilitares de la muerte.
Colombia es uno de los países más pobres de Latinoamérica.
La Organización sobre los Alimentos y Agricultura de las
Naciones Unidas recientemente publicó un informe que revela
que 11 millones de colombianos, o sea, uno de cada tres, viven
en la pobreza. Hasta el gobierno ha reconocido que la causa de
la violencia endémica que azota al país se debe
a la enorme miseria y al abismo tan grande que existe entre los
ricos y los pobres.
Para los intereses empresariales de los Estados Unidos, sin
embargo, la importancia estratégica de Colombia se vincula
al petróleo. Aunque las reservas petrolíferas del
país - por lo menos de las que se sabe - sólo llegan
a 2.6 billones de barriles al día, solamente se ha explorado
el 20% de los campos que potencialmente guardan petróleo.
Actualmente, Colombia produce aproximadamente una cantidad de
petróleo equivalente a la que Kuwait abasteció durante
la víspera de la última Guerra del Golfo Pérsico.
Junto con sus países vecinos, Venezuela y Ecuador, Colombia
le provee al mercado estadounidense más petróleo
que todos los países del Golfo Pérsico juntos.
El papel militar creciente de Washington en Colombia esencialmente
tiene un objetivo: asegurar el acceso al petróleo y suprimir
no sólo a los movimientos guerrilleros armados, sino a
toda oposición popular al dominio empresarial estadounidense
de las materias primas del país. Occidental Petroleum,
Amoco, la repulsiva Enron Corporation - ex dueña
de Centragas, sistema de gas natural que se extiende por 357 millas
en el norte del país - y varias otras empresas de la energía
colaboran para procurar que el congreso y la rama ejecutiva [de
los Estados Unidos] expandan la ayuda militar y la intervención
en Colombia.
Por otra parte, Amnistía Internacional ha publicado
un informe, basado en sus propias investigaciones y en las de
las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos
(OEA), que advierte que la “política de seguridad”
de Uribe “sólo servirá para arraigar aún
más el ciclo de violencia que azota a toda Colombia”.
El informe nota que desde 1985, más de 60,000 personas
han perdido la vida — 4 de cada 5 muertes son civiles - y
que la gran mayoría ha sido víctima de masacres
llevadas a cabo por los paramilitares derechistas. El grupo defensor
de los derechos humanos también indicó que solamente
el año pasado más de 4,000 civiles habían
sido muertos durante la violencia política, y lo más
probable es que las bajas para 2002 lleguen a una cifra mayor.
Son cientos de miles los que el conflicto ha desplazado, o los
que han “desaparecido” y sufrido la tortura.
Al presentar este informe en una conferencia de prensa en Madrid,
Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional,
declaró que la evidencia obtenida por el grupo defensor
de los derechos humanos (y otras organizaciones) mostraba que
“el vínculo entre las fuerzas armadas y los paramilitares
es una relación institucional”.
El informe declara: “A medida que las fuerzas armadas
colombianas, durante los últimos años, se han encontrado
con la creciente condena internacional de sus infracciones contra
los derechos humanos, han recurrido más y más al
uso de auxiliares paramilitares para emplear la táctica
de la ‘guerra sucia'.
Y las fuerzas de seguridad no pueden depender de la maquinaria
jurídica tradicional para actuar con impunidad. La atención
nacional e internacional más y más enfoca la necesidad
apremiante de desmantelar esta maquinaria, que hasta ahora ha
garantizado a los miembros de las fuerzas armadas el escaper,
con muy pocas excepciones, a las investigaciones y a las sanciones
adecuadas. Para evitar estas presiones, los responsables de formular
y poner en práctica la ‘guerra sucia' pueden continuar
su estrategia, sin miedo a ser enjuiciados, de responsabilizar
a fuerzas paramilitares con el cumplimiento de esta misión”.
Este informe desenmascara aún más lo fraudulento
del acta promulgada por el Congreso de los Estados Unidos para
que Colombia, como requisito para recibir ayuda militar, observe
los derechos humanos. La ley exige que se tome acción eficaz
para quebrar las relaciones entre el ejército colombiano
y los paramilitares. El mes pasado, el Ministerio de Relaciones
Exteriores [ State Department] otra vez más “certificó”
que Colombia había cumplido con el acta, lo cual abrió
paso para que se soltaran otros $70 millones destinados a la capacitación,
las armas y las amuniciones. Amnistía Internacional también
condenó la intención del gobierno de formar una
red de espías civiles que reclutaría hasta 1 millón
de colombianos que asistan a los militares con las acciones contrainsurgentes.
El ejército sostiene que ya ha reclutado a 4000. Esta iniciativa,
advirtió el grupo defensor de los derechos humanos, “inevitablemente
va a echarle fuego a la lata de la violencia política”.
La formación de grupos similares en la provincia de Antioquía,
de la cual Uribe fuera gobernador, le dio origen a los escuadrones
de la muerte, que en muchos casos fueron precursores de las unidades
paramilitares actuales.
El informe cuenta detalladamente el reino de terror llevado
a cabo por el ejército colombiano y sus aliados paramilitares
en San Vicente de Caguán, que fue de las cinco municipalidades
que componían la zona desmilitarizada bajo control de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Luego que las negociaciones entre el gobierno y las guerrillas
cesaran el febrero pasado, el pueblo, que funcionaba como sede
de la organización guerrillera, fue retomado por los militares
en una acción que incluyó el bombardeo aéreo,
lo cual infligió grandes bajas civiles.
Según el grupo defensor de los derechos humanos, los
militares han pintado a la población civil del distrito
como colaboradores de los guerrilleros, sometiéndolos al
acoso incesante, la cual incluye el registro arbitrario de las
casas de los obreros y campesinos, junto con el robo y la destrucción
de la propiedad, inclusive por medio del incendio premeditado
de varios hogares. Los militares también han detenido a
muchas personas sin imputarle cargos, y rehúsan informar
a los parientes la razón por qué han sido arrestados
o dónde han sido llevados.
Residentes de la zona también han contado instantes
en que los interrogadores militares han torturado a los detenidos
físicamente para forzarlos a identificar a miembros del
FARC o a sus colaboradores con álbumes de fotos. Un joven
desempleado le dijo a Amnistía Internacional que soldados
le habían envuelto la cabeza con una toalla mojada, tapándole
la boca y la nariz, y vertido agua sobre ella para asfixiarlo.
Al continuar negando que era guerrillero, recurrieron a otros
métodos.
“Entonces me quemaron el cuello con cigarrillos”,
dijo. “Me preguntaron cuanto tiempo había estado con
los guerrilleros y yo les dije que no era guerrillero. Entonces
me quemaron los brazos y los pies con el cigarrillo...me tiraron
al suelo y me patearon la cara, los pies y los brazos y comenzaron
a cortarme los pies y la barriga con un machete. Me agarraron
los testículos y le pusieron encima el filo del machete...fue
entonces que sentí un golpe en la cabeza y me desmayé”.
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