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Nuevo decreto Estadounidense expande los poderes para detener
inmigrantes
Por Kate Randall
3 Enero 2002
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el autor
A pesar de las crecientes criticas, la administración
Bush continúa defendiendo la autorización otorgada
a tribunales militares para juzgar a sospechosos de terrorismo
y otros tipos de medidas que atacan los derechos democráticos
básicos como secuela de los ataques del 11 de Septiembre.
En un discurso dado a un grupo de fiscales federales en Washington
el jueves, George W. Bush dijo “Somos una sociedad abierta,
pero estamos en guerra”.
Bush añadió: “Personas que no son ciudadanos
estadounidenses, y que planean y/o cometen asesinatos en masa
son más que criminales sospechosos. Son combatientes ilegales
que buscan destruir nuestro país y nuestra forma de vida.
Y si yo determino que en vista de los intereses de la seguridad
nacional de nuestro grandioso país es necesario procesar
mediante una comisión militar aquellos quienes hacen la
guerra en contra de los Estados Unidos, entonces así será”.
De acuerdo a este razonamiento, el principio fundamental de
que un acusado es inocente hasta que se pruebe lo contrario es
puesto de pies a cabeza. Una vez que un individuo es señalado
como sospechoso de terrorismo por el gobierno, es considerado
culpable , se le niegan sus derechos civiles básicos y
es sujeto a la sucesión de medidas antidemocráticas
que han sido implementadas -la mayor parte a través de
decretos ejecutivos- a partir del 11 de Septiembre.
La última embestida en contra de los derechos básicos
es la decisión del Fiscal General John Ashcroft de expandir
los poderes del Servicio de Inmigración y Naturalización
(INS) para mantener detenidos a inmigrantes atrapados durante
la redada gubernamental antiterrorista posterior al 11 de Septiembre.
Las autoridades ahora pueden mantener a los detenidos en las celdas
aún después de que un juez federal de inmigración
haya ordenado la liberación del detenido por falta de pruebas.
Esta nueva regulación fue firmada por Ashcroft el 26
de Octubre y se puso en efecto a partir del 29 del mismo mes.
Al igual que muchas de las regulaciones ”anti terror”,
fue hecha sin público conocimiento ni consulta al congreso,
y fue implementada por decreto ejecutivo.
Otras medidas, además de la mencionada autorización
de tribunales militares, son:
* la regla que autoriza al Departamento de Justicia para escuchar
las conversaciones entre inmigrantes detenidos y sus abogados;
* la directiva de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI)
para efectuar entrevistas ”voluntarias” a más
de 5.000 hombres entre 18 y 33 años que viven en los Estados
Unidos, la mayor parte provenientes del Medio Oriente, aduciendo
que son para colectar información sobre posibles futuros
ataques terroristas;
* una nueva política en las postulaciones a visas, la
cual afecta a hombres entre 16 y 45 años de edad, provenientes
de 25 países del Medio Oriente y África, quienes
enfrentarán exhaustivas investigaciones y retrasos en el
procesamiento de sus solicitudes;
* sesiones a puerta cerrada en “ciertos casos” cuando
el fiscal general considere que el secreto de las audiencias son
de interés para la seguridad nacional;
* un memo del Departamento de Justicia a las agencias del gobierno
sugiriendo correcciones al Acta de Libertad de Información
(FOIA). Si antes las agencias estaban obligadas a publicar información
a no ser que estas provocaran un “daño previsible”,
el gobierno ahora puede mantener información secreta con
sólo reclamar que posee “bases legales sólidas”
para hacerlo.
La nueva regla sobre detención de inmigrantes autoriza
al INS a posponer cualquier orden emanada de un juez de inmigración
en los casos en que la agencia declare que el detenido es un peligro
para la comunidad o un riesgo para los vuelos. Para sobrepasar
la autoridad del juez, el INS sólo necesita llenar un formulario
en que se indica que el INS planea apelar la decisión del
juez frente al Consejo de Apelaciones de Inmigración. Si
este organismo ordena la liberación del inmigrante, el
INS puede aún así apelar directamente al Fiscal
General, quien puede detener la liberación del detenido.
Debido a esto, la presentación de un inmigrante al juez
de inmigración es una mera formalidad y la orden de excarcelación
puede ser anulada por instrucciones personales del Fiscal General.
David W. Leopold, abogado de inmigración de Cleveland,
comenta: “Con este cambio de normativa, el gobierno puede
encerrar a alguien con un mínimo o ninguna prueba, y arrojar
la llave lejos hasta que ellos decidan liberarlo”.
Se ha informado de la negativa de oficiales del INS de seguir
las órdenes de jueces de inmigración que han ordenado
la excarcelación de un detenido por falta de pruebas. Los
220 Jueces de Inmigración son empleados del Servicio Civil
del Ministerio de Justicia, y fueron separados del INS en 1993.
Los estudios muestran que estos jueces, aunque en general se ponen
de lado del INS en los casos de deportación, usualmente
imponen fianzas menores de lo que el servicio impone para estos
casos.
En los casos en que la evidencia del gobierno en contra de
un detenido consiste completamente en información clasificada
que se prefiere no revelar en la audiencia, el juez puede que
ordene la excarcelación del detenido. Bajo la nueva normativa,
el INS no está en la obligación de probar su caso
para lograr que el detenido siga bajo custodia, sino que simplemente
necesita apelar al Fiscal General si se falla en obtener el fallo
que se desea.
De acuerdo con los últimos informes dados a conocer
por el Departamento de Justicia, más de 1.100 personas
han sido arrestadas por fuerzas policiales a partir del 11 de
Septiembre como parte de las medidas anti-terror. A comienzos
de este mes el gobierno anunció que no daría a conocer
la lista de nuevos detenidos. Siendo criticado por la decisión
de no dar a conocer las identidades de los nuevos detenidos, donde
son mantenidos bajo custodia , y bajo que cargos, si es que los
hay, el fiscal general Ashcroft anunció que el gobierno
simplemente no daría a conocer ningún informe.
En la víspera de la audiencia de la administración
Bush sobre la autorización de tribunales militares -y fallando
en tratar de desviar las críticas sobre la política
de detenciones del gobierno- Ashcroft reveló el pasado
martes los nombres de 93 personas que enfrentan cargos criminales.
Cerca de 60 de estas personas permanecen bajo custodia. También
reveló una lista de 548 acusaciones relacionadas con violación
a la ley de inmigraciones, identificando a estas personas sólo
con su país de origen y la fecha en las que fueron arrestadas,
pero no sus nombres.
Además, hay entre 10 y 15 acusados que están
aun detenidos como testigos materiales, la mayor parte en el centro
de detención de Manhatan. Entre ellos está Zacarías
Moussaoul, de 33 años, ciudadano francés de ascendencia
marroquí, quien fue arrestado el 17 de Agosto en Minnesota.
De acuerdo con el New York Times, personeros del gobierno están
aún pensando si poner a Moussaoul como el primer acusado
por terrorismo frente a un tribunal militar.
El Fiscal General Ashcroft defendió la redada a nivel
nacional, diciendo que “Aquellos asociados con terroristas,
y quienes están envueltos con terroristas no deberían
estar libres de encarcelación”. Pero de acuerdo con
documentos entregados al congreso durante la semana pasada, ninguno
de quienes enfrentan cargos criminales ha sido acusado de complicidad
directa con los secuestros del 11 de Septiembre.
Un análisis de la poca información entregada
por el gobierno con respecto a los 93 nombres de los detenidos
muestra la futilidad de los cargos entablados contra la mayor
parte. Estos cargos incluyen acusaciones de fraudes con tarjetas
de crédito, declaraciones falsas al solicitar pasaportes,
y obtener licencias para conducir camiones de manera fraudulenta,
entre otros cargos menores.
Uno de los arrestados, Osama Awadallah, estudiante universitario
de 21 años proveniente de Jordania, ha sido acusado de
mentir a un gran jurado al negar que conocía a Khalid al-Midhar,
uno de los sospechosos del secuestro del avión que se estrelló
en el Pentágono. Se dice que su nombre fue encontrado en
el auto de los sospechosos del secuestro en el aeropuerto Dulles.
Awadallah ha reconocido que si conoció a un segundo
sospechoso de los secuestros, Nawaf Alhazmi, diciendo que lo vio
unas 35 o 40 veces el año pasado en San Diego, California.
El fiscal en el caso alegó que el perjurio de Awadallah
“promueve el terrorismo” y solicitó que se le
mantuviese retenido sin derecho a fianza.
Por su parte, la jueza de distrito Shira A. Scheindlin no concordó
con esto, haciendo nota de que Awadallah “conoció
casualmente a dos de los terroristas envueltos en los ataques
del 11 de Septiembre” y que los fiscales no habían
aducido que el “estaba envuelto con [los terroristas] en
actividades ilegales y que haya tenido parte en alguna manera
en la planeación o preparación de los ataques. La
jueza decretó que Awadallah podía ser liberado previo
pago de una fianza de $500.000, comentando que “Esta siendo
acusado de hacer declaraciones falsas, no de terrorismo, ni ayudando
o protegiendo el terrorismo, ni conspirando con terroristas”.
También en la lista del gobierno hay dos iraquíes
acusados de obtener falsamente licencias para transportar materiales
peligrosos en Pensilvana, sin importar que las autoridades han
declarado públicamente que ellos no tienen ningún
tipo de vínculo con los eventos del 11 de Septiembre.
Los nombres de tres otros hombres -Nasser Abuali, Hussein Abuali
y Rabi Ahmed- están también presentes en la lista.
Estas personas están acusadas de desfalco, en conexión
con el robo de cereales avaluados por $45.000 en Newark, Nueva
Jersey en Mayo del 2000. Ningún cargo fue levantado en
contra de los hombres hasta el 19 de Septiembre, ocho días
después de los ataques terroristas. Aunque los documentos
en la corte no hacen mención alguna a sospechas de terrorismo
o secuestros y atentados, sus nombres están incluidos entre
los 93 supuestos criminales nombrados por el fiscal general como
parte de las investigaciones del 11 de Septiembre.
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