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España: oposición a la ley de reforma universitaria
Por Vicky Short
22 Enero 2002
El gobierno del Partido Popular ha tomado el camino de enfrentamiento
contra la comunidad universitaria. Se trata de la ley para reformar
el sistema universitario. Manifestaciones masivas organizadas
por estudiantes, profesores y el personal universitario han ganado
la simpatía y apoyo de la gran mayoría de la población:
según una encuesta reciente, dos de cada tres españoles
favorecen que el gobierno retire la ley.
La Ley Orgánica de Universidades (LOU) cambiaría
completamente el sistema de educación superior que fuera
establecido después de la transición de la dictadura
franquista a la monarquía constitucional burguesa en los
1970. Las nuevas reformas han sido propuestas como respuesta a
la exigencia de la Unión Europea de estandarizar el sistema
de educación para todos los estados miembros de la unión.
Las medidas presentadas por el primer ministro José María
Aznar representan un paso importante hacia la privatización
de la educación y su reorganización para servir
las necesidades de las grandes compañías.
El 1ro de diciembre último, más de 350 mil estudiantes,
profesores y personal universitario marcharon por las calles de
Madrid. La marcha, que contó con el apoyo de padres de
familia, sindicalistas y otras organizaciones, demandó
el retiro de la nueva ley. Los manifestantes también pidieron
la renuncia del ministro de educación, Pilar del Castillo,
y que se realicen consultas con varias organizaciones políticas
y educativas.
En el mes anterior, cientos de miles de personas participaron
en una serie de protestas a lo largo de todo el país. Muchos
manifestantes fueron detenidos en Santiago de Compostela, Barcelona
y otras ciudades importantes, y en Sevilla estudiantes pasaron
las navidades acampados frente a las oficinas gubernamentales
responsables de hacer cumplir la ley.
Pero, a pesar de esta oposición masiva, el congreso
y el senado aprovaron la LOU el 20 de diciembre con sólo
unos cuantos cambios cosméticos en respuesta a las manifestaciones.
La ley de reforma univesitaria pasó rápidamente
por el parlamento con debate muy limitado. La Comisión
del Congreso sólo dedicó dos sesiones para considerar
800 enmiendas, y el Senado limitó a 12 horas el debate
de otras 600.
El aspecto más controversial de la ley se centra en
la autonomía univesitaria, la estructura y administración,
el personal de enseñanza e investigación, las finanzas
y la representación del personal.
Bajo la LOU, cada universidad estará libre para poner
en práctica sus propios medios de admisión. Estos
pueden variar desde un examen general de admisión o exámenes
en ciertas materias, o de acuerdo a títulos dentro de la
misma universidad, una entrevista, calificaciones de la escuela
secundaria, los antecedentes de empleos previos, o ningún
requisito. La ley no menciona específicamente la abolición
del exámen nacional de admisión, que, de ser aprobado,
garantiza el ingreso a la universidad, pero se espera que este
sea el próximo paso.
Las condiciones de los profesores también cambiará.
En la universidades estatales, donde asiste más del 90
porciento de los estudiantes españoles, más de la
mitad de los puestos de profesor no podrán gozar de la
permanencia de sus cargos.
La ley también crea una nueva agencia para evaluar a
las universidades. También se limitará la representación
estudiantil en la administración de las universidades.
Una gran cantidad de políticos entrarán a los diferentes
cuerpos universitarios. Las universidades privadas también
jugarán un rol y con ésto se producirá un
viraje hacia el financiamiento privado de la investigación
universitaria. Muchos piensan que estos cambios resultarán
en que unas cuantas pocas universidades elitistas recibirán
el grueso del financiamiento a costa de las otras. España
ya se encuentra a la cola de los miembros de la UE en cuanto a
gastos por estudiante y métodos de financiar la educación
continua de los estudiantes que ya se han recibido.
La mayoría de la gente común considera que la
LOU es uno de los componentes del programa del gobierno de derecha
de Aznar para desmantelar los servicios públicos esenciales.
La dimensión de la manifestación de Madrid, con
banderas y consignas que se referían a una seria de quejas
políticas y sociales, indica el nivel de descontento popular
que existe contra el gobierno., A pesar que la reforma ya se ha
convertido en ley, varias universidades en las regiones autónomas
de España, tales como Cataluña, han rehusado ponerla
en práctica. Con otras regiones que amanezan con actuar
de la misma manera, se abre el camino para mayores confrontaciones.
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