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Los derechos democráticos en EE.UU.: la primera víctima
de la guerra antiterrorista de Bush
Por la Junta Editorial
26 September 2001
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El fiscal de la nación John Ashcroft y el director del
FBI Robert Mueller se reunieron el 16 de septiembre con líderes
de ambos partidos en el Congreso para exigir acción immediata
con un conjunto de nuevas medidas que le darán al gobierno
federal enormes poderes policiales. Tres días antes el
Senado había adoptado el Acta para Combatir el Terrorismo
de 2001, que legaliza el espionaje policial en el Internet.
El gobierno de Bush ha pedido una ampliación de poderes
para intervenir en los teléfonos de personas bajo sospecha,
espiar las transacciones financieras, y vigilar, detener y expulsar
a inmigrantes y extranjeros que visitan el país. La nueva
ley también incrementaría el castigo contra aquellos
que le den asistencia a los terroristas y eliminaría la
ley de prescripción referente a las acusasiones relacionadas
al terrorismo.
Estas nuevas leyes son presentadas como reacción urgente
al ataque contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Sin
embargo, se están exigiendo medidas que el FBI, la CIA
y sus agencias de inteligencia han estado buscando por mucho tiempo.
Anteriormente, el gobierno de Clinton había querido poner
en práctica un plan similar, pero éste fue opuesto
porque constituía una violación a los derechos civiles.
Ahora esta inquietud se ha tirado por la ventana en nombre de
la “guerra contra el terrorismo”.
Durante las últimas dos décadas ha habido una
continua erosión de los derechos democráticos en
los EE.UU.—mayores poderes de espionaje gubernamental, aumento
de la brutalidad policial, el uso ampliado de la pena capital,
un enorme crecimiento del personal y los métodos de seguridad.
(EE.UU. tiene más policías y guardias de seguridad
que todos los países industriales en conjunto.)
En la esfera política, el asalto a los derechos democráticos
tomó la forma de repetidos ataques de la extrema derecha
para desestabilizar y minar al gobierno de Clinton. Esto se hizo
a través de una serie de provocaciones fomentadas por los
medios de comunicación que culminaron con la aventura de
Mónica Lewinsky y el enjuiciamiento político. Y
si bien la derecha fracasó en derrocar a un presidente
que fue elegido dos veces, finalmente logró robarle la
elección a su sucesor.
El gobierno de Bush es un producto del deterioro de la democracia
en los EE.UU. Bush llegó a la Casa Blanca a pesar de haber
perdido el voto popular, después que la Corte Suprema,
por una mayoría de 5 a 4 y cuyos miembros no son elegidos,
intervino para prohibir el recuento de votos en la Florida. Es
una ironía que los medios de comunicación hayan
mantenido en silencio el hecho que un gobierno instaurado de semejante
manera ahora exija una guerra en defensa de la “democracia”
en contra de sus enemigos.
Las consecuencias de las nuevas leyes
Ashcroft presentó las nuevas leyes como las medidas
necesarias para alinear el código de justicia con los más
recientes avances tecnológicos, entre los cuales se incluyen
teléfonos celulares desechables y mensajes electrónicos
codificados. Pero las medidas tienen grandes significados para
los derechos democráticos.
Una ley de 1978 estableció un tribunal federal secreto
que se encarga de asuntos de espionaje dirigidos por el Departamento
de Justicia contra personas bajo sospecha por terrorismo, espionaje
y sabotaje. Cada petición al tribunal debe de especificar
el número telefónico y la localidad que debe ser
vigilada. Bajo la nueva ley, el Departamento de Justicia podrá
espiar cualquier equipo de telecomunicaciones que la persona bajo
sospecha usa; procedimiento de alcance mucho mayor, ya que potencialmente
incluiría los teléfonos públicos ubicados
en las calles, todos los terminales de computadoras en las bibliotecas
públicas, o los chat rooms del Internet que la persona
bajo sospecha esté usando.
La nueva ley también le daría mayores poderes
al Servicio de Inmigración y Naturalización (INS)
para detener y expulsar a extranjeros, en algunos casos con el
mero alegato de un agente y sin necesidad de acción judicial.
Aún más, Bush podría dentro de poco invocar
la Sección 215 del Acta de Inmigración y Nacionalidad,
que le da al presidente amplios poderes para limitar la entrada
y salida de extranjeros. También se espera que el INS ponga
presión para que se ejecute una ley de 1996 que establece
una base de datos sobre todos los extranjeros que estudian en
universidades estadounidenses—más de 500,000 personas,
muchas de ellas del Medio Oriente.
La propuesta de ampliar los poderes del gobierno federal para
vigilar y enjuiciar a organizaciones que recaudan fondos y que
el gobierno designe como “terrorista” puede tener graves
consecuencias para la actividad política legítima.
No hace mucho, el gobierno de los EE.UU. clasificó como
organizaciones terroristas al Congreso Nacional Africano, al Ejército
Republicano Irlandés y a la Organización de Liberación
Palestina. Tanto el PLO como el IRA pueden volver a ser clasificados
como terroristas—lo cual insinúa que sus simpatizantes
políticos en los EE.UU. podrían ser arrestados y
enjuiciados por varios actos, entre ellos colectar fondos de ayuda
a los refugiados. Esto fue precisamente lo que le pasó,
a inicios de este año en Gran Bretaña, a los simpatizantes
del movimiento guerrillero nacionalista Tamil de Sri Lanka (LTTE).
Los líderes de ambos partidos en el Congreso dijeron
que el Comité Judicial del Senado y la Cámara de
Diputados tomará en cuenta la ley antiterrorista que se
ha propuesto cuando el Congreso se reuna el próximo jueves,
a pesar que el Departamento de Justicia aun no ha preparado la
propuesta final. Un vocero del senador Patrick Leahy, el demócrata
que preside el panel del Senado, dijo que todos los otros asuntos
serían postergados.
Liberales como Barney Frank y Martin Meehan, Demócratas
de Massachusetts, han sido mencionados dando su apoyo entusiasta
a las medidas que restringirían enormemente las libertades
civiles. Meehan le dijo al New York Times, “Creo que no hemos
hecho un buen trabajo en este país en usar la tecnología
disponible, como la de reconocer las facciones de la cara. Necesitamos
invertir más en este aspecto. Dado este horrible acto,
los estadounidenses tolerarán las limitaciones a sus libertades
a cambio de mayor seguridad”.
Espiando el Internet
La acción del Senado para aprobar el Acta para Combatir
el Terrorismo sólo se puede describir como una estampida..
No hubo ninguna discusión ni oposición a la medida
después que fuera presentada por los senadores republicanos
Orrin Hatch de Utah y Jon Kyl de Arizona, como un enmienda a la
ley de apropiaciones.
La nueva ley ampliaría los poderes del FBI y otras agencias
policiales. Permitiría el espionaje del Internet usando
nueva tecnología, conocida como Carnivore, que vigila el
correo electrónico que pasa por los servicios del Internet.
Bajo la ley actual de espionaje telefónico, es bastante
fácil para la policía obtener los registros de llamadas,
un procedimiento que se llama “trap and trace”. El resultado
es una lista de todos los números telefónicos que
han sido conectados desde la localidad en cuestión. Se
necesitan pruebas de mayor peso para grabar las conversaciones.
En el pasado, la vigilancia del tráfico del Internet
estaba sujeto a los mismos criterios del espionaje telefónico.
Bajo la nueva ley, la vigilancia del Internet recibirá
el mismo trato que trap-and-trace, aunque la información
así obtenida va más allá de una simple lista
telefónica. Esta incluiría direcciones de correo
electrónico, acceso a sitios web, y aun las palabras que
se presentan para las búsquedas electrónicas.
El senador republicano de New Hampshire Judd Gregg hizo un
llamado para una vigilancia aun mayor del Internet, cuando sugirió
que la industria de cómputo debería proveer al gobierno
las claves para decodificar los mensajes electrónicos previamente
codificados.
A la par de la iniciativa del gobierno de Bush y el Congreso
para asumir mayores poderes de espionaje doméstico, los
medios de comunicación estadounidenses buscan crear el
clima político necesario con sus continuas declaraciones
que para combatir el terrorismo es necesario limitar los derechos
democráticos.
Tanto los diarios como la televisión y redes de cable
presentan un público estadounidense deseoso de ver sus
libertades limitadas a cambio de lo que absurdamente se llama
una guerra de la “libertad” contra el terrorismo.
La actitud del New York Times tiene particular importancia.
En un artículo publicado el 18 de septiembre donde se predice
la transformación de los EE.UU. “en un nuevo tipo
de país, donde la identificación electrónica
podría convertirse en lo normal, donde a los inmigrantes
se les investigaría regularmente y donde el espacio aéreo
sobre las ciudades quede fuera de los límites de la aviación
civil.”
Entre las medidas que posiblemente se adopten, el Times predice,
está la tarjeta electrónica de indentificación
a nivel nacional: “Estas tarjetas, con un chip, tendrían
información detallada de los individuos, quienes serían
identificados cuando las tarjetas son leídas por una computadora.
Las tarjetas podrían ser coordinadas con huellas digitales
o, en pocos años, con las características faciales,
y también podrían ser programadas para controlar
el acceso a edificios y zonas específicas. Con ellas se
podría determinar dónde se encuentra una persona,
qué transacciones financieras ha efectuado, sus antecedentes
penales y hasta la velocidad a que conducía en la autopista
en una noche determinada.”
Otras acciones bajo consideración incluyen el control
de la inmigración, el uso de videos y uso mayor de reseñas
biográficas por parte de la policía, “incluyendo
posiblemente descripciones raciales para identificar a terroristas
potenciales. Estas reseñas podrían utilizarse como
base para buscar a personas en cualquier lugar sospechado de albergar
terroristas.”
El análsis del Times concluye: “Algunos funcionarios
de seguridad dicen que los estadounidenses aun tienen que enfocarse
en las cuestiones más difíciles que resultarán
de una seguridad más estricta en los aeropuertos. Luego
que los aeropuertos y los aviones estén más seguros,
dicen, el país tendrá que considerar extender estas
restricciones a otros lugares público: estadios, estaciones
de trenes y autobuses, universidades, escuelas primarias, parques
y represas.”
Durante la campaña de 1998-99 para enjuiciar al presidente
y la crisis electoral del 2000, salió a la luz que en los
círculos de los medios de prensa y de la política
estadounidense, no existía ninguna intensión de
defender los derechos democráticos. Los sectores predominantes
de la clase dirigente se habían tornado hostiles hacia
todo principio que protegiera los derechos civiles y democráticos
establecidos por la Constitución, considerándolos
obstáculos a la puesta en práctica de una política
impopular que incluye el militarismo y la guerra, la eliminación
de toda restricción a las ganancias de las empresas y la
destrucción de programas sociales como Medicare y el Seguro
Social. Las formas tradicionales de la democracia burguesa se
habían tornado incompatibles con una estructura social
marcada por la creciente desigualdad y la enorme brecha que existe
entre los círculos políticos y la mayoría
del pueblo. El ala liberal, por su parte, exhibió una gran
indiferencia; no deseaba—ni podia—oponerse al ataque
contra los derechos democráticos.
Ahora, después del vil y reaccionario ataque terrorista
del 11 de septiembre, la profunda erosión de las instituciones
democráticas ha encontrado una nueva expresión en
la decisión de la élite gobernante, que cuenta con
la ayuda de unos medios de prensa que funcionan como agencia del
estado, para empujar al país hacia una guerra de duración
indefinida contra una lista de enemigos que no se han especificado,
y, sin ningún diálogo o debate público, restringir
drásticamente las libertades civiles.
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