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Bush declara guerra contra su propio país con

la censura, las mentiras y los secretos

Por Patrick Martin
25 Octubre 2001

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Durante el mes que ha transcurrido desde los ataques terroristas contra Nueva York y Washington, se han dado cambios dramáticos en las actividades cotidianas del gobierno de Los Estados Unidos. Han salido al aire tendencias muy poderosas hacia métodos gubernamentales anti democráticos y dictatoriales.

El gobierno de Bush ha tratado de imponer los secretos a un nivel mayor al que existía durante la Segunda Guerra Mundial. Ha presionado a la prensa para que ésta censure los reportajes acerca de los que se oponen a su política y los informes acerca de los blancos que están siendo bombardeados en la guerra que se lleva a cabo en Asia Central. También ha cometido arrestos arbitrarios y detenciones sin juicio de una manera que no vista en Los Estados Unidos por más de 80 años.

El Partido Demócrata ha sido cómplice intencional en este ataque desmesurado contra los derechos democráticos. La semana pasada, el Comité Judicial de la Cámara de Diputados votó 36-0 pora favor de un programa para imponer medidas represivas que el gobierno de Bush quería con el pretexto de combatir el terrorismo. El 11 de octubre, el Senado aprobó un proyecto de ley similar con un voto de 96-1 a favor. Se espera que las dos cámaras aprueben el proyecto la semana entrante.

El proyecto de ley ante la Cámara de Diputados expande los poderes del FBI significantemente, pues esta mano del estado podrá interceptar las llamadas de teléfonos celulares y la comunicación por el internet. Se le ha autoriza diseminar a otras oficinas del gobierno toda información bajo su poder, así como también detener a inmigrantes bajo órdenes del Fiscal General de la nación con ningún recurso a la revisión judicial.

El Senado adoptó su propia versión del proyecto de ley anti terrorista luego de derrotar, con voto abrumadoramente mayoritario, las enmiendas que el Senador Russell Feingold, del estado de Wisconsin y la única voz oposicionista, había propuesto. Feingold declaró que la medida autorizaría al FBI a espiar contra enormes sectores de la sociedad estadounidense que no tienen nada que ver con los ataques terroristas del 11 de septiembre.

Una de las disposiciones del proyecto de ley autoriza al FBI a espiar el Internet cuando una persona consigue acceso “sin permiso” a una computadora. El lenguaje es tan amplio y abstracto que podría aplicarse a cualquier empleado que utilize una computadora, que le pertenezca a una empresa o al gobierno, para hacer compras a través del Internet. También podría aplicarse a cualquier adolescente que use la computadora de cualquier biblioteca para visitar un sitio del Internet que no haya sido aprobado.

El proyecto de ley del Senado es símbolo de la manera eficaz con que el FBI y otras agencias del gobierno han sido militarizadas. Como Bob Graham, Diputado Demócrata de la Florida y presidente del Comité sobre el Espionaje, declarara: “Si las disposiciones sobre el espionaje de este proyecto de ley anti terrorista tienen un objetivo único, éste ha de cambiar su enfoque: dejar de reaccionar a actos que ya se han cometido y comenzar a prevenir los que amenazan las vidas de los ciudadanos estadounidenses. No podemos seguir usando información crucial sólo en juicios penales”. En la práctica esto significa que estas agencias no participarán en hacer cumplir la ley—tal como hasta ahora se ha definido convencionalmente,— pero actuarán como brazos del Pentágono en la “guerra contra el terrorismo”.

Ambos proyectos legislativos llevan títulos orwelianos. El del Senado se llama “El Acta para la Unificación y Fortalecimiento de Los Estados Unidos (USA). El de la Cámara de Diputados se ha apelado, “El Acta de 2001 para Proveer la Maquinaria Necesaria para Interceptar y Obstruir el Terrorismo [en inglés el acrónimo empleado es PATRIOT].

Ambos proyectos definen el terrorismo de manera tan amplia y abstracta que hasta el que participe en alguna actividad pacífica, tal como formar líneas de piquete en las huelgas o la desobediencia civil, puede convertirse en blanco del espionaje electrónico y por el Internet. Puede, incluso ser encarcelado indefinidamente y ser sometido a procesos penales en secreto.

¿Qué forma tomarán en la práctica los nuevos poderes anti terroristas concedidos al gobierno? Ésta ya se puede ver en la experiencia de miles de árabes estadounidenses y musulmanes durante el mes pasado. Más de 600 personas han sido arrestadas o detenidas por el FBI y otras agencias policiales bajo condiciones en que sistemáticamente se han violado las libertades civiles.

Sólo un puñado de los arrestados o detenidos han podido obtener abogados, lo cual indica que a estos prisioneros no se les ha informado que tienen derecho a un abogado o simplemente se les ha negado que ejerzan ese derecho. Un abogado, Mitchell Gray, le describió al Washington Post la paradoja sin salida. Los carceleros federales le exigieron que presentara una solicitud de autorización, firmada por su cliente.

“Hablé con el Departamento de Inmigración y Naturalización (INS) varias veces y nadie me podía decir dónde estaba mi cliente”, siguió Gray. “Me dijeron, ‘¿Tiene usted el permiso G-28 firmado por su cliente? No podemos dejar que usted lo vea si no nos muestra el permiso' Bueno, bien, pero, ¿cómo es posible que mi cliente pueda firmar una G-28 si no me permiten verlo?”

Los funcionarios de la policía han mantenido en secreto casi toda información acerca de los detenidos. Solamente se han divulgado algunos nombres. A las familias no se les ha informado donde los presos están encarcelados, ni de los cargos—si es que los hay—que se les ha imputado. Un hecho está bien claro: Ni a uno de los más de 600 se le ha imputado ningún cargo que tenga que ver con los bombardeo-secuestros del 11 de septiembre. La mayoría se encuentra detenida por infracciones técnicas de las leyes de inmigración o de tráfico que nunca habrían conducido a la cárcel antes de los ataques contra el World Trade Center y el Pentágono.

El gobierno de Bush se ha valido de toda una serie de advertencias ominosas y vagas para crear la impresión que habrá más ataques terroristas. Así se crea una histeria entre las masas para que éstas respalden no sólo las medidas represivas de corta duración, sino también la creación de un marco constitucional nuevo para interferir con los que se opongan políticamente a la intervención militar estadounidense en Asia Central, el Medio Oriente y doquier.

Se le ha ordenado a la nueva Oficina para la Seguridad de la Patria, que funciona dentro de la Casa Blanca, que forme, por primera vez en la historia de Los Estados Unidos, las oficinas del Jefe Supremo EE.UU ., sede para controlar todas las actividades militares en el hemisferio occidental, la cual tendría su mirilla hacia EE.UU. Este plan integragría los cuatro comando militares en existencia, inclusive dos más: el Comando del Sur, que es reponsable por las actividades en Latinoamérica y famoso por promover golpes de estado militares; y el Comando Estratégico, que tiene bajo su mando las fuerzas nucleares.

El Secretario Asistente del Departamento de Defensa, Paul Wolfowitz, aclaró las insinuaciones políticas de esta reorganización militar. Le dijo a un comité del Congreso la semana pasada que el favorece el rechazo de la doctrina posse comitatus, adoptada luego de la Guerra Civil estadounidense, que prohibe el uso de las fuerzas armadas para actuar como policía.

Ya el gobierno de Bush ha aprobado la colocación de tropas de la Guardia Nacional en los aeropuertos, medida que casi no tiene ningún efecto para ampliar la seguridad de los vuelos, pero sí acostumbra al público en general a aceptar la presencia militar diaria. El próximo paso será el desplazamiento de fuerzas militares ordinarias para que puedan ejecutar sus actividades dentro del país mismo, cosa que no se había visto por más de un siglo.

Estas movidas no son solamente una reacción a los ataques del 11 de septiembre. Fueron parte del Repaso de Defensa Cuadrienal del Pentágono, plan que ya estaba en marcha desde hace tiempo y al cual Wolfowitz y el Secretario de Defensa, Donald Rumsfield, le habían prestado bastante atención desde que asumieron sus puestos en el gobierno a principios de año. Esto le hace hincapié al hecho que el gobierno de Bush se ha valido de los ataques terroristas para presentar una agenda política anti democrática que se había planeado hace tiempo.

Uno de los principales componentes para aumentar las fuerzas represivas consta de frenar y disciplinar a la prensa. El secretario de prensa de Bush, Ari Fleischer, dio la señal con su famosa declaración que los estadounidenses deberían “de tener cuidado con lo que dicen” acerca de los militares, el espionaje y las actividades policiales. La campaña de Casa Blanca para obligar a la prensa que siga la línea no se ha encontrado con ninguna - o con muy poca - resistencia por parte de las corporaciones gigantes que controlan las cadenas de televisión y los periódicos.

En varios comentarios en el New York Times del 7 de octubre, Fleischer sostuvo que el público se estaba rebelando no porque el gobierno insistía en encubrirlo todo, sino debido a que la prensa hacía demasiadas preguntas no aptas. “El punto no es lo que los funcionarios del gobierno están diciendo”, dijo Fleischer. ”Es el tipo de pregunta que los corresponsales están haciendo. La prensa está haciendo demasiadas preguntas que, a mi parecer, el pueblo estadounidense prefiere que ni se pregunten ni se contesten”.

El 10 de octubre, la Consejera sobre la Seguridad Nacional, Condoleesa Rice, llevó a cabo una conferencia con los ejecutivos de las cinco cadenas nacionales de televisión. Les urgió que no televisaran las declaraciones en videocintas producidas por Osama bin Laden o, si las televisaban, que las censuraran bastante. Rice les dijo que televisar la propaganda de bin Laden socavaría el esfuerzo militar de Los Estados Unidos. En tanto, otros funcionarios de la Casa Blanca insistieron en que las videocintas podrían tener mensajes en código dirigidos a células terroristas.

Los argumentos políticos y pro militaristas para defender este tipo de auto-censura son absurdos. Nadie puede insistir que los comentarios de bin Laden en las videocintas, alabando la destrucción del World Trade Center y la matanza de más de 5,000 personas inocentes, van a encontrar apoyo político significante entre los espectadores estadounidenses. En cuanto a la sugerencia acerca de los mensajes en código, la censura estadounidense no tendría ningún efecto. Cualquier persona que se interese en recibir dichos mensajes puede leer las declaraciones de bin Laden en el Internet, a través de las transmisiones en árabe o de los medios de prensa en el exterior del país.

Cuando un miembro del cuerpo de prensa de la casa Blanca le preguntó a Fleischer si había pruebas para comprobar que las videocintas contenían mensajes en código, el vocero de prensa de Bush admitió que la presunta amenaza se basaba solamente en “sospechas”.

El jueves por la mañana, 11 de octubre, ejecutivos de las cinco cadenas nacionales de televisión divulgaron una decisión colectiva que esencialmente representaba una capitulación a las exigencias del gobierno. Uno de los ejecutivos le dijo al New York Times que esta acción—la primera vez en la historia de la televisión que todas las cadenas se pusieron de acuerdo para imponer restricciones a las noticias—había sido una decisión “patriótica”. Un funcionario de CNN dijo que dicha cadena, consagrada totalmente a las noticias, iba a “considerar consejos de las autoridades debidas” para decidir cuales serían las noticias acerca de la guerra que se podían transmitir.

Anteriormente habían aparecido varios actos de auto-censura.

* La cadena de periódicos Knight-Ridder rehusó publicar un informe—luego publicado por USA Today —que decía que fuerzas especiales estadounidenses ya habían estado en tierra mucho antes que comenzaran los bombardeos. La cadena accedió al Pentágono para ocultar información al pueblo estadounidense, aunque ésta no era ningún secreto al régimen del Talibán en Afganistán.

* Reaccionando a las llamadas telefónicas de Fleischer, funcionarios de las cinco cadenas de televisión y de los servicios cablegráficos de noticias, basándose en cuestiones seguridad, se pusieron de acuerdo para cesar el reportaje sobre los horarios y nombramientos de Bush y Cheney.

* Aproximadamente 17 organizaciones noticieras tenían conocimiento por adelantado del comienzo de los bombardeos el 7 de octubre. Todas se pusieron de acuerdo para aguantar los informes hasta después de los bombardeos.

* Toda la prensa estadounidense ha acordado no utilizar los nombres del personal militar que participa en misiones de combate, inclusive los de los marinos abordo de buques en el Mar Arábico, el cual se encuentra a 2,000 millas de Afganistán. Esto no tiene nada que ver con respetar las actividades secretas o con proteger a los soldados de las represalias terroristas, puesto que a menudo se mencionan y libremente se citan a los oficiales de alto rango. Más bien sirve para distanciar al público estadounidense de los soldados, marinos y pilotos, y darle menos importancia a los efectos que las bajas en el campo de batalla puedan causar.

* La prensa, en gran parte, ha aceptado plácidamente la negativa del Pentágono en proveer toda descripción de los daños causados por el bombardeo o de las bajas en Afganistán. Este precedente se estableció con la Guerra del Golfo Persa, donde EE.UU. nunca hizo un cálculo de las pérdidas iraquís, las cuales se cree llegaron a los diez de miles.

Estas medidas significan un esfuerzo sistemático para evitar toda expresión de oposición a la intervención militar estadounidense, y para acostumbrar a la prensa y al público estadounidense a aceptar medidas de censura más abiertas por parte del gobierno.

El gobierno de Bush busca la manera de mantener secreta la información, no sólo del público en general, sino también del Congreso. El 5 de octubre, Bush ordenó que todas las agencias que tuvieran que ver con la seguridad nacional limitaran las conferencias secretas a sólo ocho miembros del Congreso: los dirigentes del partido mayoritario y del minoritario en el Senado; el presidente y el dirigente del partido minoritario de la Cámara de Diputados; y el presidente y miembro del más alto rango de los Comités sobre el Espionaje de ambas cámaras.

Los asistentes de la Casa Blanca habían declarado que miembros del Congreso habían sido responsables de divulgar información secreta que habían obtenido durante una conferencia con el Fiscal General de la Nación, John Ashcroft. Éste había dicho que era “casi 100% seguro” que iban a haber más ataques terroristas contra blancos estadounidenses. Pero Ashcroft había hecho declaraciones similares en entrevistas por televisión durante la semana, pero eso no previno que el gobierno utilizara los informes sobre las conferencias con el Congreso como pretexto para cesar la divulgación de mayor información. Bush casi acusó de traidores a los miembros del Congreso. Declaró: “Quiero que el Congreso deje de taparse los oídos y me escuche bien: divulgar información secreta es inaceptable cuando tenemos tropas corriendo riesgos”.

El gobierno de Bush sólo se puso de acuerdo en adoptar medidas menos restrictivas y amplias sobre la diseminación de información secreta luego que miembros Republicanos se unieron a Demócratas en oposición. Éstos citaron la obligación legal que la rama ejecutiva tiene de ser responsable ante la legislatura en cuanto a la ejecución de las leyes y la manera de distribuir fondos apropiados.

Una de las características más siniestras del nuevo régimen es la desaparición casi completa del Vice Presidente Dick Cheney, a quien el público casi no ha visto últimamente. Se ha dicho que Cheney fue llevado a un “lugar seguro” el 7 de octubre, cuando el bombardeo estadounidense de Afganistán comenzó.

Al otro día, Cheney no se apareció en una ceremonia en la cual se iba a juramentar al gobernador del estado de Pennsylvania, Tom Ridge, como director de la nueva Oficina para la Seguridad de la Patria. Dicha ceremonia se llevó a cabo en la sala oriental de la Casa Blanca. Cheney iba a presidir, pero lo sustituyó Clarence Thomas, juez de la Corte Suprema.

El vice presidente fue evacuado de su residencia oficial, y aparentemente participa no en persona, sino por medio de videocinta en las reuniones diarias del Consejo sobre la Seguridad Nacional. Para el viernes, a Cheney no se le había visto en Washington por seis días.

Esto tiene un significado muy especial, pues Cheney es de gran prominencia en el gobierno de Bush. Se ha dicho que Cheney juega el papel de Jefe Ejecutivo y Bush el de Presidente del Consejo. El funcionamiento diario está bajo su cargo y tiene gran influencia sobre las cuestiones relacionadas con la seguridad nacional, pues fue Secretario de Defensa durante la Guerra del Golfo de Persia en 1990-1991.

Cuando Cheney se ausentó de su silla de costumbre—es decir, en función de Vice Presidente justamente atrás del presidente - cuando Bush pronunció un discurso ante el Congreso el 20 de septiembre que fue televisado a nivel nacional, los funcionarios de la Casa Blanca declararon que se la había enviado a otro lugar a causa de las amenazas contra la seguridad a las cuales el gobierno se enfrentaba.

Algunos informes de prensa han sugerido que los asistentes políticos de Bush han tratado de darle menos proyección a Cheney, pues tienen inquietudes que la experiencia mayor de éste en cuanto a la política exterior, además de su seriedad, puedan ser embarazosos a Bush. Pero hay mucho más que simbolismo o envidia mezquina en la desaparición de Cheney. Al quitarlo de la vista pública, el gobierno de Bush está defendiendo su líder principal del escrutinio público o absolverlo de toda responsabilidad. En realidad, Cheney es cabeza de lo que, en efecto, se ha convertido en una rama secreta del gobierno.

Al atacar a Afganistán, Los Estados Unidos está tratando de ubicarse en una de las regiones estratégicas más importantes y ricas en materias primas del mundo: Asia Central. El imperialismo estadounidense casi no tenía acceso a la región hasta que se desplomara la Unión Soviética. Durante la década después de disolverse la URSS, el Pentágono, la CIA y el Departamento de Estado—y las corporaciones petroleras gigantes cuyos intereses éstos protegen—han entrado en la zona de manera agresiva. La matanza de miles en el World Trade Center se convirtió en el pretexto para desplegar una intervención militar en la región que se había estado preparando y planeando por mucho, mucho tiempo.

De manera similar, la política interna del gobierno de Bush representa la culminación de una agresión prolongada contra los principios constitucionales y procesos democráticos de Los Estados Unidos. A través de los 1990, el Partido Republicano, que más y más se ve dominado por elementos ultra-derechistas, embistió al gobierno de Clinton con acusaciones falsas e investigaciones espurias para derrocarlo.

Esta campaña logró que, por primera vez en la historia de Los Estados Unidos, a un presidente elegido se le enjuiciara políticamente. Aunque a fin de cuentas no logró sacar a Clinton de la presidencia, la campaña reveló la impotencia y parálisis del Partido Demócrata. El deseo de enjuiciar creó las condiciones para una ruptura fundamental con los procesos democráticos, la cual se manifestó con el robo de las elecciones del 2000, en las cuales la Corte Suprema intervino con tal de parar el cuento de votos en la Florida e instalar a George W. Bush en la Casa Blanca.

El hombre que fue elevado a la presidencia a pesar de perder el voto popular ahora lleva al pueblo estadounidense a una guerra de duración y dimensiones desconocidas. Al mismo tiempo sigue sosteniendo que esta guerra, presuntamente por la “libertad y la democracia”, requiere la supresión de los derechos democráticos aquí mismo en este país.