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El plan económico de Bush: buen regalo de guerra para
las corporaciones estadounidenses
Por Kate Randall
17 Octubre 2001
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el autor
Aquella personas que el gobierno y los medios de prensa han
convencido de que la guerra contra Afganistán se está
llevando a cabo para defender a las masas del pueblo estadounidense
deberían considerar la política interior que se
está planeando en el Congreso, aun mientras el gobierno
expande su campaña militar en Asia Central.
La serie de estímulos económicos que el gobierno
de Bush ha propuesto luego de los ataques terroristas del 11 de
septiembre le ofrece billones de dólares a los ricos por
medio de la reducción de los impuestos, pero le ofrece
poco auxilio a los millones de trabajadores y familias que han
sido afectados por la tragedia.
Durante los días que siguieron el ataque, el Congreso
aprobó $40 billones en asistencia de emergencia, gran parte
de ella destinada a pagar los costos de limpieza del World
Trade Center y del Pentágono y tomar los primeros pasos
para reconstruir la infraestructura de las zonas de Nueva York
que fueron devastadas.
Quince billones de dólares adicionales se usaron para
asistir a las aerolíneas, quienes habían presionado
extensamente para que se les ‘inyectara' el dinero que le
pertenece a los contribuyentes [de impuestos o rentas internas].
Al mismo tiempo, despedían a más de 100,000 empleados.
Esperando aprovecharse de la situación, la industria de
los seguros también esta presionando para que se adopte
legislación que establezca un fondo, respaldado por el
gobierno federal, que la proteja de reclamos que resulten de ataques
terroristas en el futuro.
Con el proyecto de ley para el estímulo de la economía,
el gobierno de Bush se ha aprovechado de los trágicos acontecimientos
del 11 de septiembre para avanzar su agenda pro corporativa. El
programa proveerá solamente $3 billones en beneficios de
desempleo (con extensión), primas para el seguro médico
y costos para los trabajadores de jardines infantiles que han
perdido sus empleos, resultado de los secuestros-bombardeos. No
permite casi ningún dinero adicional para comenzar proyectos
de construcción urgentes o para la reconstrucción
de la infraestructura de la nación. La mayoría de
los fondos—cuyo total se calcula entre $60 y $75 billones—están
destinados a acelerar el plan para la reducción de las
rentas internas (que batió el récord) promulgada
por la ley a principios de año y que de varias maneras
excluye a las corporaciones de pagar los impuestos.
Luego de reunirse en la Casa Blanca la semana pasada con aproximadamente
70 líderes del mundo de los negocios, Bush declaró:
“El Congreso no necesita gastar más dinero; lo que
tienen que hacer es reducir las rentas internas”. Los miembros
del establecimiento político y corporativo entienden esto
bien. Quiere decir la mayor parte de estos fondos caerá
en manos de los sectores más ricos y privilegiados de la
sociedad. Un asistente de la dirigencia Republicana comentó
que con esta legislación el presidente “decidió
irse con la gente que lo habían traído a bailar”;
es decir, los sectores más voraces de la élite corporativa.
Varios Demócratas han protestado—aunque muy suavemente—los
prejuicios extravagantemente pro negocios del plan de Bush. El
diputado Charles Rangel (estado de Nueva York), Demócrata
y miembro del más alto rango del Comité de Medios
y Árbitros de la Cámara de Diputados, declaró:
“Creen que pueden sacar al aire todo lo que quieran y cubrirlo
con la bandera”.
Pero la oposición más escandalosa al plan proviene
de figuras en el Partido Republicano, que han denunciado al plan
porque, al no concederle suficiente plata a las grandes empresas,
representa tremenda concesión a los Demócratas.
Cierto grupo de diputados conservadores, con el Caudillo de la
Mayoría del Congreso, Tom DeLay (Republicano de Texas),
a la cabeza, se ha opuesto a todo gasto y asistencia a los trabajadores
que han quedado destituidos de sus empleos o a la reconstrucción
de la infraestructura. Según el grupo, el plan sólo
debería incluir reducciones de las rentas internas.
Se espera que el Congreso apruebe las principales disposiciones
del plan del gobierno durante las próximas semanas. El
gobierno de Bush ha cambiado de parecer en cuanto a las reducciones
en los impuestos que se le cobran a los ingresos de las corporaciones
y los incrementos de capital. Pero es posible que se adopte otra
política para reducir las rentas internas, cosa que por
mucho tiempo los grandes negocios habían buscado.
Uno de los grandes despilfarros para los ricos es la propuesta
para acelerar del año 2004 al 2002 la reducción
por 1% de la tasa de impuestos sobre la renta que se fija al 27%
de los ingresos. Esta categoría impositiva sólo
se le aplica a un 24% de los hogares que ganan un promedio de
$132,000 al año.
Entre las prioridades que Bush quiere añadirle a este
programa está la revocación del impuesto mínimo
alterno (AMT) que se le cobra a las corporaciones. Desde 1986,
la Asociación Nacional de Manufacturantes ha estado tratando
de hacer todo lo posible para que el AMT se rescinda. La anulación
de éste permitiría que muchas empresas no paguen
ningún impuesto sobre la renta.
Otra disposición extendería el período
durante el cual a las empresas se les permitiría descontar
hacia el pasado—de dos a cinco años—las pérdidas
netas sufridas por sus actividades normales. Esto permitiría
que los negocios recuperen varios impuestos de la renta que tuvieron
que pagar sobre las ganancias récord que tuvieron a principios
de los 1990. Las aerolíneas y la industria del petróleo
son los patrocinadores más fervorosos de esta medida.
En contraste, los fondos y beneficios destinados a los trabajadores
y sus familias son dolorosamente inadecuados y temporales. Los
beneficios del seguro de desempleo han de extenderse de 26 a 39
semanas para los trabajadores que perdieron sus empleos luego
del 11 de septiembre, pero solamente en aquellos estados donde
la tasa de desempleo aumentara el 30% desde esa fecha. Sólo
tres estados están exentos de este requisito del 30%: Nueva
York, New Jersey y Virginia.
Sólo uno de tres trabajadores estadounidenses actualmente
es idóneo para recibir los beneficios de desempleo, pero
muchos que reciben sueldos bajos, que tienen oficios temporales,
que son eventuales o trabajan por contrato, serán excluidos
de esta cobertura. El hecho que los trabajadores idóneos
para recibir los beneficios de desempleo sean tan pocos revela
de la propuesta de Bush para extender los beneficios—con
restricciones—es todavía más cínica.
También revela la tremenda erosión en las condiciones
de vida de los trabajadores que ha ocurrido como consecuencia
de una ofensiva contra la clase obrera; ofensiva que ha durado
veinte años con el apoyo de las corporaciones.
Más de 200,000 trabajadores estadounidenses han perdido
sus empleos desde el 11 de septiembre, ya que las compañías
en casi todos los sectores de la economía han anunciado
reducciones importantes. Aquellos empleados que son idóneos
para recibir los beneficios de desempleo van a tener muchas dificultades
en encontrar nuevos trabajos, pues la crisis económica
sigue profundizándose. Cuando los beneficios de desempleo
se acaben, el último recurso para estos trabajadores serán
los programas de asistencia social que el gobierno Clinton desentrañara
al instituir sus “reformas de bienestar social”.
Bajo el disfraz de “gastos para la asistencia”, otra
disposición del programa la robaría a un sector
de la clase obrera para financiar a otro sector de la misma. Bush
propone sacar $11 billones del Programa de Seguro Médico
para Niños (CHIP) con tal de expandir la cobertura médica
para los desempleados. Bajo la ley de 1997 que creó CHIP,
los estados reciben cierta cantidad anual para proveer seguro
médico a los niños pobres. El dinero que no se gaste
por tres años se le reparte a otros estados. Actualmente,
este dinero llega a los $11 billones, los cuales los funcionarios
del gobierno consideran “dinero que no se ha gastado”.
Ron Pollack, director ejecutivo Families USA, grupo
que aboga por la salud, ha declarado que este dinero no estaba
“tirado a un lado” esperando que lo gastaran; había
sido destinado para el seguro médico de los niños
pobres. Comentó: “No es manera muy eficaz de ayudar
a las familias, cuando se le roba a los niños para pagar
a los adultos”.
El plan de Bush también propone enviar cheques de descuentos
a los contribuyentes que poseen recursos económicos escasos
y que no recibieron el descuento de $300-600 establecido por la
ley adoptada a principios de año. Esta medida, como las
anteriores, es temporal y sólo de la daría una ayuda
mínima a los trabajadores y a los pobres.
El estímulo que el proyecto de ley que Bush ha propuesto
demuestra que no habido ningún paro en la ofensiva que
la clase gobernante ha emprendido desde los ataques terroristas.
Esta legislación debería conocerse por lo que en
realidad es: otra oportunidad para que la élite corporativa
avance sus limitados intereses clasistas a costillas de las masas
amplias de la población. Las disposiciones de esta ley
están hechas a la medida para satisfacer a los grandes
negocios, quienes ya habían conducido una campaña
para reducir sus impuestos.
El pueblo trabajador debería hacerse la siguiente pregunta:
si el gobierno de Bush actúa tan despiadadamente para defender
los intereses de una minoría privilegiada en cuanto a la
política interior, ¿puede su política exterior
ser motivada por intereses clasistas diferentes? Las mismas fuerzas
capitalistas que respaldan el programa de Bush para estimular
la economía promueven la guerra contra Afganistán,
país de gran inestabilidad ubicado estratégicamente
en una zona geográfica que contiene enormes reservas de
petróleo crudo.
La familia Bush y el Vice Presidente Cheney, entre otros, tienen
vínculos directos a la industria petrolera. La política
interior del gobierno y su guerra en Asia Central representan
dos lados de la misma moneda que se le ocultan al público,
lo cual refleja los intereses de la oligarquía financiera.
El gobierno y los medios de prensa hacen llamados patrióticos
a la unidad nacional en la “guerra contra el terrorismo”
para manipular la opinión pública con tal de que
apoye la guerra. Pero el plan económico que está
siendo empujado en el Congreso revela que detrás de la
unidad nacional, la clase gobernante está despiadadamente
siguiendo su programa de guerra contra la clase trabajadora.
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