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Inmigrante paquistaní muere en una prisión norteamericana
Por Shannon Jones
13 Noviembre 2001
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el autor
La muerte de un inmigrante paquistaní, prisionero en
una cárcel norteamericana, revela las violaciones a las
libertades civiles que sufren cientos de ciudadanos extranjeros
detenidos sin derecho a ningún recurso legal luego de los
ataques terroristas del 11 de septiembre.
Mohammed Rafiq Butt, de 55 años , murió el 23
de Octubre por aparentes fallas cardiacas en su celda de la institución
correccional de Kearne, en el condado de Hudson, Nueva Jersey.
En este lugar hay alrededor de 280 inmigrantes detenidos. Un compañero
de celda encontró el cuerpo cara abajo en un camastro.
Las autoridades no dieron noticia del deceso sino hasta el día
después.
El inmigrante paquistaní fue tomado en custodia en una
redada policial en contra de cientos de árabes, musulmanes
y otros inmigrantes después de los secuestros de aviones
y los ataques contra el World Trade Center y el Pentágono.
Butt, quien trabajaba en un restaurant y vivía en Queens
, Nueva York , fue acusado de estar en los Estados Unidos por
un tiempo mayor al permitido por su visa, lo que es considerado
una falta menor.
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) dijo que Butt no
tenía conocimiento de ninguna información con respecto
a los ataques del 11 de septiembre y había accedido voluntariamente
a ser deportado. Un portavoz del Servicio de Inmigración
y Naturalización (INS) dijo que Bitt estaba detenido en
espera de que las autoridades paquistaníes emitieran un
pasaporte válido. Por su parte, personal del Consulado
de Paquistán dicen que nunca fueron informados del arresto
de Butt ni se les había solicitado ningún tipo de
documentos de viaje.
Miembros del departamento de inmigración no explicaron
el por qué Butt llevaba en custodia mas de un mes, si había
accedido a ser deportado a Paquistán. El sobrino de Butt
dijo por su parte que su tío nunca se quejó de algún
problema de salud antes de su arresto.
Personal paquistaní declaró que Butt nunca intentó
contactarlos. Guardias de la prisión le dijeron a miembros
del consulado que Butt había declarado que sufría
de una enfermedad de tipo genética y que estaba siendo
tratado con antibióticos. Si Butt hubiese contactado al
consulado, personal paquistaní habría, como es regular,
notificado a sus familiares y arreglado asistencia legal. De hecho,
en muchos casos inmigrantes en la misma situación que Butt
antes de los atentados del 11 de septiembre eran liberados mientras
esperaban por su deportación.
El gobierno se niega a entregar información acerca de
detenidos en redadas antiterroristas y han hecho difícil
para los encarcelados el obtener ayuda legal.
De acuerdo a un artículo en el Los Angeles Times, “Jueces
niegan fianzas, cancelan audiencias y cierran sumarios. Fiscales
se niegan a divulgar que está ocurriendo tras las puertas
cerradas de las cárceles y cortes de justicia. Abogados
defensores a menudo no saben que les sucede a sus clientes o se
rehusan a discutirlo con ellos.”
“Autoridades federales incluso se niegan a dar a conocer
el número de personas en custodia”.
Abogados reclaman por un creciente mal trato de los detenidos.
Un hombre de origen Saudita, representante de ventas, detenido
por cargos menores en contra de leyes de inmigración, fue
encadenado de piernas cuando recibió a su familia en la
cárcel. Se le negó bebida e incluso un colchón
o manta.
Hay informes de ataques físicos y otros abusos en contra
de quienes son detenidos en custodia. En Mississippi, un estudiante
de intercambio paquistaní de 20 años dijo que fue
desnudado y golpeado por otros prisioneros cuando fue ingresado
por guardias a la celda. Luego que se le negó atención
médica, dijo.
“Creo que es totalmente deprimente y triste”, dijo
Jeanne Butterfield, jefe de la Asociación Americana de
Abogados de Inmigración en Washington. “Sólo
reafirma nuestra creencia de que debe haber más apertura.
Hemos estado pidiendo información acerca de quien esta
detenido y si tienen acceso a ayuda legal. Pero no puedo obtener
nada”.
Nancy Chang, jefe del Centro sobre Derechos Constitucionales
en Nueva York, dijo que sus intentos para obtener información
han chocado contra una pared de piedra. “Es un poco extraordinario”,
dijo, comentando que estas órdenes “mordaza”
emitidas por jueces no tienen precedente alguno en sus capacidades.
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