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Retorno de Pinochet desata conflictos políticos en
Chile
Por Mauricio Saavedra
18 Marzo 2000
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La reciente llegada de Pinochet a Chile, luego de dieciséis
meses de arresto domiciliario en Inglaterra, ha desatado los antagonismos
nacionales que se habían suprimido. Las víctimas
de la dictadura, fortalecidos por el arresto domiciliario del
antiguo ex-dictador, han exigido que se le encause en conjunto
con otros funcionarios militares. Por otro lado, la detención
de Pinochet ha alentado la militancia de los antiguos partidarios
de la dictadura.
El 11 de marzo, Ricardo Lagos, dirigente de Concertación,
coalición de centro-izquierda, se juramentó como
presidente ante miles de partidarios que cantaban “juicio
para Pinochet”. Lagos es el primer presidente socialista
desde Salvador Allende, quien fue asesinado por los militares
durante el golpe de estado dirigido por Pinochet en 1973.
Lagos, miembro de la facción Renovada del Partido Socialista,
hizo un llamado a la reconciliación con la antigua junta
militar. Afirmó que hablaba en nombre de todo Chile: “del
centro, de la izquierda, de la derecha, y de los militares y civiles”,
pero los que varias veces le ahogaron la voz exigían justicia,
no reconciliación, para las tres mil víctimas de
Pinochet durante sus diecisiete años de gobierno.
Acontecimientos similares ya habían tomado lugar esa
misma semana cuando varios miles de manifestantes contra Pinochet
gritaron “juicio al asesino” en las afueras del Palacio
de la Moneda. Según el periódico argentino ,
El Clarín, “Esa misma noche los guardias
de asalto dispersaron a los manifestantes anti pinochetistas con
mangueras de agua y varas de policía. Éstos respondieron
a la acción represiva lanzando piedras”.
Los pinochetistas también salieron con nuevo vigor.
Cuando Pinochet llegó el 3 de marzo, funcionarios militares
y miembros de los partidos de ultra derecha, Unión Democrática
Independiente y Partido de Renovación Nacional, lo aclamaron
con una recepción. Una banda militar interpretó
marchas de guerra de la Wehrmacht (nazi) alemana.
En la recepción, el comandante en jefe del ejército,
Ricardo Izurieta, dejó bien claro que las Fuerzas Armadas
“continuarían brindando su apoyo permanente y su solidaridad...
en toda eventualidad” a su mentor. Izurieta públicamente
vinculó a los militares con los partidarios derechistas
de Pinochet en la oposición parlamentaria. Luego ese mismo
día, aproximadamente 5000 pinochetistas se congregaron
frente al hospital militar en un suburbio rico de Santiago, donde
al general se le sometía a exámenes médicos.
José Miguel Insulza, ex Ministro del Exterior y dirigente
del Partido Socialista, protestó que los generales habían
acordado con el gobierno que “Pinochet llegaría como
persona enferma y que sus familiares y amigos le recibirían
de manera mucho más discreta... no para evitar a la prensa,
sino para juzgar lo que a ésta se le revelaría”.
El gobierno laborista de Inglaterra había liberado a
Pinochet basándose en que éste estaba enfermo. No
obstante, Pinochet, animado por la fiesta de bienvenida, aparentemente
olvidó sus varias enfermedades físicas y mentales.
Se levantó de su silla de ruedas sin ningún problema
y comenzó a pasearse, saludando a sus admiradores y amigos
en presencia de más o menos 200 periodistas internacionales.
Dada la furia tan amplia que la liberación de Pinochet
causó, esta fiesta de bienvenida provocó consternación
a los líderes de la Concertación. Lo último
que deseaban era que el público dentro y fuera del país
se diera cuenta que los generales continuaban en el poder, y que
protegerían a su líder a toda costa.
“El gobierno expresó su disgusto con la decisión
del ejército en organizar una recepción para Pinochet”,
declaró Raúl Troncoso, Ministro del Interior en
el gobierno de Concertación de Eduardo Frei, que está
a punto de terminar su período. “Tiene sentido absoluto
que los partidarios de Pinochet vayan al aeropuerto a recibirle,
pero hacerle una recepción oficial organizada por los militares
es otra cosa... Creémos que, dada la situación,
esta acción no es apropiada”.
Desde el arresto de Pinochet en 1998, el gobierno de Frei se
ha esforzado para darle al mundo la impresión que Chile
es capaz de encausar a los ex oficiales de la junta por sus crímenes.
Durante los primeros meses de 1988, los jueces del Tribunal Supremo,
quienes recientemente habían sido nombrados, reinterpretaron
la ley de amnistía que hasta ese entonces había
protegido a los militares de todo enjuiciamiento durante los primeros
10 años de gobierno civil.
Bajo la nueva interpretación, varios oficiales de alto
rango fueron encarcelados. Cinco ex generales y docenas de funcionarios
de bajo rango se encuentran bajo arresto militar por delitos cuya
gama va del secuestro agravante al asesinato.
Además, el ejército participó en varias
reuniones con abogados de los derechos humanos y organizaciones
religiosas. A estas reuniones se les caracterizó de “mesas
redondas”, las cuales ostensiblemente localizarían
a unas 1,200 víctimas cuyos cadáveres todavía
permanecen desaparecidos.
El retorno triunfante de Pinochet ha paralizado las mesas redondas.
El abogado de derechos humanos, Roberto Garreton, atribuyó
el colapso de éstas a la “bienvenida de héroe”
para Pinochet.
Se revela el papel del gobierno de la Concertación
Las protestas de los líderes de la Concertación
contra la recepción para Pinochet tenían otro propósito:
desviar la atención de su propia complicidad en la liberación
de Pinochet.
El periódico chileno La Tercera
publicó un artículo interesante el 3 de marzo que
establecía los vínculos estrechos que existen entre
el gobierno Concertación, el líder del PS, Insulza,
las fuerzas armadas y la antigua junta.
“En junio, 1999, se produjeron cambios que contribuyeron
a mejorar las relaciones entre el ejército y el gobierno”
continuaba el artículo. “El presidente Eduardo Frei
hizo cambios extensos en el Gabinete y nombró a Juan Gabriel
Valdés como Ministro del Exterior, aunque el verdadero
estratega para el caso (de Pinochet) seguía siendo José
Miguel Insulza...
“Según fuentes oficiales, el elemento que contribuyó
a que el Gobierno y los militares mantuvieran una labor bien coordinada
fue ... la promesa de Frei para lograr que Pinochet regresara
al país antes del primero finalizar su mandato en marzo.
La llegada de Pablo Cabrera como embajador en Londres constituyó
otro paso en estas relaciones. Cabrera estableció relaciones
excelentes con el general”.
El artículo reveló el compromiso de Frei con
el ejército para lograr la liberación de Pinochet
antes de salir del gobierno el 10 de marzo. Con la asistencia
del gobierno británico, Frei cumplió su promesa
con siete días de adelanto. El artículo también
revela el papel “estratégico” que desempeñara
Insulza, líder del Partido Socialista, muchos de cuyos
miembros fueron asesinados o exiliados durante el régimen
militar.
Mientras el gobierno se encuentra ansioso por enterrar el caso
Pinochet, otro caso, conocido como “La Caravana de la Muerte”,
se ha convertido en el foco de resistencia contínua a la
protección del ejército. Es sólo una de 72
causas que se han entablado contra la junta. Iniciado a primeros
de 1998 por el juez Juan Guzmán, quien actúa como
juez y fiscal en la práctica del derecho chileno, el caso
ya ha resultado en el arresto de cinco oficiales del ejército,
incluyendo un ex general.
El caso implica a un escuadrón del ejército en
las ejecuciones sumarias de 72 prisioneros políticos durante
el mes luego del golpe militar. Todavía no se han podido
ubicar e identificar los cadáveres de 19 víctimas.
El caso efectivamente ha eludido una de las disposiciones de
la amnistía relacionadas con los crímenes cometidos
por la junta durante los primeros cinco años en el poder.
Guzmán decidió que, puesto que los 19 cadáveres
todavía no han aparecido, sus personas deben considerarse
vivas. Por consiguiente, los oficiales implicados en las ejecuciones
fueron arrestados y acusados de secuestro agravante, no de asesinato.
Podrían permanecer encarcelados hasta que se identifiquen
los cadáveres.
Es significativo que la Caravana de la Muerte es de los pocos
casos que directamente implican a Pinochet. Según Sergio
Arellano Stark, general a cargo del escuadrón, él
estaba bajo órdenes directas de Pinochet para acelerar
las ejecuciones de los prisioneros políticos. Arellano
Stark viajó a varios centros del interior del país
con un expediente presuntamente firmado por Pinochet que revocaba
las decisiones de los comandantes del interior y ordenaba los
asesinatos.
La inmunidad senatorial protege a Pinochet contra todo enjuiciamiento,
pero Guzmán está apelando a la Corte de Apelaciones
para despojar al ex dictador de semejante privilegio. Las dos
partes pueden apelar su dictamen a la Corte Suprema.
Antes de que cualquier diligencia pueda proseguir, los análisis
médicos deben verificar que Pinochet sufre de senilidad
o cualquier otra incapacidad mental que le impida comparecer ante
un tribunal. Si es necesario, el gobierno chileno puede valerse
de la misma defensa que sus contrapartes ingleses usaron: que
Pinochet está demasiado débil para ser enjuiciado.
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