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Las Inundaciones de Chile Desenmascaran Falta de Planificación
e Infraestructura
Por Perla Astudillo
29 Junio 2000
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Severas inundaciones por todo Chile durante el mes pasado han
causado por lo menos 17 muertes. Se calcula que 129,000 personas
han perdido sus hogares. Lluvias torrenciales azotaron la capital,
Santiago, convirtiendo a más del 75% de las calles metropolitanas,
inclusive la carretera principal de la ciudad, en pantanos. Las
regiones del centro y del sur del país — de importancia
agricultora mayor — también se encuentran entre las
más afectadas.
Las inundaciones se consideran las peores de Chile durante
los últimos 20 años. Semanas de lluvia a cántaros
causaron daño mayor a la infraestructura, sobretodo a las
carreteras y los puentes, a un coste que se calcula en $1.5 billones.
Se declaró un estado de emergencia en la zona metropolitana
de Santiago. Las escuelas tuvieron que cerrar sus puertas, los
servicios de tren se cancelaron, y muchos vecindarios sufrieron
apagones de luz a causa de los grandes vientos. Varias zonas de
la ciudad quedaron paralizadas; muchas de las carreteras estaban
bloqueadas y varios puentes se habían desplomado.
Vientos a 90 kilómetros por hora y lluvias abrumadoras
destruyeron muchas casas, forzando a miles guarecerse en refugios
por todo Santiago. La gran mayoría de las personas que
quedaron sin hogar a través de la zona metropolitana provenían
de los barrios más pobres de Santiago, incluyendo a Pudahuel,
El Monte, Talagante, Isla de Maipo y San Ramón.
Cinco mineros se sofocaron a muerte cuando una fuerte tormenta
en el norte del país, formada de agua y hielo, los atrapó
dentro de una mina.
Diez de miles de personas perdieron sus hogares en el sur del
país, sobretodo los pobres del campo. Muchos viven cerca
de los ríos que se desbordaron y barrieron con sus viviendas.
Fueron forzados a vivir en escuelas que pronto se convirtieron
en hospederías provisionales. La reacción del gobierno
al sufrimiento de las víctimas de las inundaciones ha sido
tan inadecuado que mucha gente ha regresado a sus hogares saturados
de agua para tratar de secarlos y usarlos de carbón.
Se calcula que en el sur las cosechas, los sistemas de irrigación
y los recursos agricultores, tales como el ganado y los invernaderos,
han sufrido daños de $6.5 billones. Las carreteras permanecen
inundadas y no permiten que se transporte el alimento para los
ganados, causando que éstos mueran por inanición.
El desastre ha desenmascarado sin piedad al gobierno de Ricardo
Lagos, primer presidente del Partido Socialista desde que el General
Augusto Pinochet derrocara a Salvador Allende en el famoso golpe
militar de 1973.
En primer lugar, el único dinero destinado a asistir
a las personas que las inundaciones han dejado sin hogar ha provenido
de las donaciones del público en general, pagadas a una
cuenta en el Banco del Estado. Al pueblo también se le
ha urgido que contribuya mantas (frazadas), ropa, alimentos no
perecederos y material para la construcción.
Segundo, aunque Lagos ha tratado de mostrar su consternación
por las víctimas que han quedado sin hogar — visitó
los suburbios de Santiago más devastados — la responsabilidad
por el desastre cae directamente sobre sus hombros. Lagos fue
Ministro de Obras Públicas por seis años bajo el
gobierno de Eduardo Frei. Permitió que la infraestructura
que se diseñó para prevenir los desastres resultara
totalmente inadecuada.
Tal como divulgó un diputado del parlamento, sólo
40% de Santiago cuenta con alcantarillas para las aguas pluviales.
Durante su ministerio, el gobierno aumentó el área
de las zonas residenciales de 2.7 a 14 millones de metros cuadrados
sin a la misma vez expandir el sistema de acueductos para la lluvia.
La vivienda barata para los pobres siguió construyéndose
más y más cerca de las montañas de los Andes
sin instalar drenajes para el agua de tormentas. Estos suburbios
son los más afectados por este último desastre.
Además, las zonas que anteriormente habían sido
instaladas con drenaje para el agua fueron construidas en concreto.
Durante las últimas inundaciones importantes de Chile
en 1997, las viviendas construidas por el gobierno fueron las
más afectadas; fueron incapaces de aguantar el azote de
grandes tormentas. Cuando las inundaciones ocurrieron en junio
de ese año, el gobierno, con tal de reducir los costes,
contrató a una empresa privada, Copeva, para reparar los
hogares. Cuando las inundaciones volvieron a ocurrir en agosto,
los mismos hogares fueron borrados del mapa. Bajo enorme presión
pública, el ministro Lagos se vio obligado a admitir que
las viviendas construidas por el gobierno en estas zonas no estaban
capacitadas para el tipo de inundaciones que sufrieron. Trató
de culpar a las compañías de construcción.
Hoy día Lagos asume el mismo punto de vista. Sostiene
que las leyes actuales fracasan en proteger a las víctimas
de viviendas construidas mal. Por ejemplo, visitó 400 familias
del barrio pobre, Maipú, quienes estaban coléricos
acerca de las condiciones y la falta de reacción por parte
del gobierno. Lagos declaró que las irresponsables compañías
de construcción tenían la culpa y que el gobierno
quería introducir un proyecto de ley para proteger a los
consumidores.
Esto es una táctica para desviar al pueblo del hecho
que el gobierno mismo es responsable por la carencia de planificación
y de fondos suficientes para financiar la infraestructura. En
primer lugar, fue el propio gobierno el que contrató a
las compañías.
Este desastre de la vivienda es parte de un panorama mucho
más amplio. Durante la última década, la
economía de Chile se ha basado en un programa enorme de
desnacionalización, cuyos beneficios han ido a parar en
manos de la élite rica mientras la clase trabajadora ha
tenido que encararse a las reducciones de personal, la reestructurización,
la eliminación de los servicios públicos y la disminución
de los niveles de vida.
Las inundaciones — y la reacción del gobierno de
Lagos — demuestran que esta política seguirá
continuando. Las declaraciones que Lagos hiciera cuando se inauguró
como presidente — que la gente ordinaria gozaría de
reformas en la vivienda y en la infraestructura — han probado
ser completamente fraudulentas.
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