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El Caso de Amadou Diallo: Las Raíces Socio-políticas
de la Violencia Policíaca
Por la Junta Editorial
28 Febrero 2000
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Es posible que los cuatro policías neoyorquinos que
el 25 de febrero fueron exonerados de la matanza a balazos de
Amadou Diallo todavía puedan ser sometidos a juicio interno
del mismo Departamento de la Policía. Si se determina que
la muerte fue en violación de los estatutos reglamentarios
policiales, puede que los cuatro queden cesantes de sus empleos.
Por otra parte, los padres de Diallo han expresado la intención
de entablar una demanda civil contra la policía y la municipalidad.
También el Departamento de Justicia federal ha anunciado,
a través del fiscal que lo representa en la división
sur de la ciudad de Nueva York, que “investigará el
caso para determinar si hubo alguna infracción de las leyes
que protegen los derechos civiles”.
No importa lo que resulte de cualquier acción futura,
el veredicto en Albany tiene insinuaciones bien siniestras. Ya
éste se ha interpretado como justificación para
el abuso diario y la ocupación casi segura de vecindarios
pobres y poblados por las minorías, así como también
para la matanza de inocentes. Según uno de los abogados
que defendió a los agentes, “los oficiales de la policía
tienen ahora el poder legítimo de tomar medidas agresivas
sin tener que pestañar. Para éso la sociedad les
paga. No podemos darnos el lujo de ponerles obstáculos
en el camino. Tal vez fue con ésto que el jurado concurrió”.
La policía sirve como defensora del sistema social en
existencia en una ciudad que se caracteriza por una desigualdad
social espeluznante. Mientras los presupuestos para los programas
sociales se han reducido repetidamente durante los últimos
25 años, la cantidad de agentes policiales ha aumentado
a 40,000; es decir, una cifra sin precedente.
La misión principal de la policía consiste en
defender a los ricos de los desposeídos en una ciudad donde,
según un estudio reciente, el 20 por ciento de la población
con mayor ingreso tiene una entrada 25 veces mayor que el resto;
una ciudad que tiene el índice de personas sin hogares
más alto de todo el país, personas que caminan las
mismas calles codo a codo con la mayor concentración de
multi-millonarios en todo el mundo.
Que a Diallo lo ejecutaran como si lo hubieran puesto contra
un paredón expresa de la manera más pasmosa la repudiación
total de los derechos democráticos elementales de la clase
obrera y de los pobres, sobretodo de las poblaciones negras, hispanas
e inmigrantes. Bajo la política de “detener y registrar”
implementada por la Unidad contra el Crimen Callejero, diez de
miles han sido tirados contra la pared y registrados bajo sospechas
tan frívolas como las que terminaron en la muerte del inmigrante
de Africa Occidental.
De acuerdo con los propios cálculos conservadores del
Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), 16 personas
de raza negra fueron detenidos por cada arresto que se hizo. Agentes
de la policía informan que en varios vecindarios, jóvenes
fueron sometidos tantas veces a este trato bestial que éllos
mismos, cuando veían que se acercaba un carro de la policía
secreta, por su propia cuenta “se ponían en figura
de águila” para que se les registrara.
El traslado del juicio de Brooklyn a Albany fue como echarle
sal a una herida: los trabajadores no sólo tienen que enfrentarse
a la balas de la policía, sino que también se les
niega el derecho a prestar sus servicios como miembros de jurados
luego de semejantes atrocidades.
Rudolph Giuliani, alcalde de Nueva York, alabó la exoneración
de los policías y llovió con elogios a un sistema
judicial con jurado que no aceptaba como miembros a los mismos
residentes que él representa. Declaró: “Me
llena con sumo respeto ser americano y vivir en un país
donde existe el juicio con jurado”. La semana anterior, el
alcalde repetidamente había atacado el “prejuicio
anti-policial”, igualándolo al fanatismo racial y
al anti-semitismo y poniendo a los policías neoyorquinos
al mismo nivel de los “trabajadores que abogan por los derechos
civiles”.
La contrincante de Giuliani en las eclecciones venideras para
el Senado de la república, Hillary Clinton, respondió
al fallo en términos casi iguales a los de Giuliani. “Todos
tenemos que trabajar juntos para lograr el día en que todos
los ciudanos y los policías se respeten unos a otros”,
declaró, añadiendo que ”No podemos dejar que
este veredicto divida a los neoyorquinos. Mientras Bill Clinton
hace alarde de que uno de sus grandes éxitos ha sido el
empleo de 100,000 agentes de policías adicionales con fondos
federales, su esposa propone añadir otros 5,000.
En una carta anterior dirigida a la Patrolmen's Benevolent
Association, el sindicato de agentes de policía que representa
a los cuatro policías (pertenecientes a la Unidad Contra
el Crimen Callejero), Clinton se disculpó por haberse referido
a la muerte de Diallo como “un asesinato”, diciendo
que había cometido un error. Declaró a continuación
que apoyaba la pena de muerte en casos en que ocurre la muere
de un policía”.
Muchos neoyorquinos reaccionaron al veredicto con ira e incredulidad
estupefacta. Sólo horas luego de la exoneración
de los policías, cientos de personas se congregaron espontáneamente
para expresar su ira en el mismo lugar donde los policías
le habían matado al inmigrante el año pasado. El
sábado, miles de personas desfilaron por la Quinta Avenida
en Manhattan y terminaron su marcha ante el Consejo Municipal.
Muchos fueron arrestados y acusados de “conducta escandalosa”
y con “incitar a motines”.
Miles más llevaron manifestaron en frente de las Naciones
Unidas en la zona este de Manhattan. Dicha manifestación
había sido convocada por el National Action Network bajo
la dirección de Al Sharpton. Este, quien recientemente
se transformara de demagogo racista en empresario dirigente Negro
del Partido Demócrata del estado de Nueva York, presentó
a varios políticos ante la multitud. Entre éstos
se encontraba David Dinkins, cuyo reino como alcalde de la ciudad
durante cuatro años causó tantas matanzas a manos
de la policía como las que han sucedido durante los siete
años bajo Giuliani También presentó al Diputado
Federal que representa a Harlem, Charles Rangel.
Los políticos Demócratas han presentado dos demandas
principales: entablar un pleito federal basado en la defensa de
los derechos civiles contra los cuatro policías; y establecer
una junta civil independiente que investigue al Departamento de
Policía de Nueva York.
Toda persona con ilusiones de que estos paliativos conducirán
a algo más substancial que el establecimiento de programas
para “capacitar a los policías a ser más sensibles”
solo tiene que fijarse en Los Angeles. Ahí se siguió
la ruta de acción federal basada en la defensa de los derechos
civiles contra los cuatro policías que salvajamente apalearon
al motorista negro, Rodney King, en 1991. Los cuatro fueron exonerados
en el juicio estatal, el cual había sido trasladado a Simi
Valley, suburbio predominantemente blanco. Reventaron motines
enormes por toda la ciudad que dejaron a más de cincuenta
muertos.
Sólo dos de los policías angelinos recibieron
fallo de culpabilidad en el juicio federal convocado para aplacar
las emociones ardientes que la exoneración había
desatado. Recibieron una leve sentencia de treinta meses de cárcel.
En cuanto a la junta investidadora, Los Angeles ya ha contado
por años con una Comisión Civil para la Supervisión
de la Policía. Tres años atrás, el gobierno
municipal creó una comisión bajo el mando de un
inspector general cuya misión consistía en investigar
acusaciones de corrupción y abusos contra la policía.
El impacto de estas iniciativas ha sido cero, pues destalles
del escándalo supurante que agobia al Departamento de la
Policía de Los Angeles (LAPD) siguen revelándose
a cántaros. Más de 70 agents de policía se
supone que están bajo investigación. Se la ha
hecho un llamado al FBI se le ha llamado para que investigue
evidencia de corrupción y brutalidad desenfrenadas, inclusive
testimonio que una unidad policial anti-pandilla por costumbre
solía acusar fraudulentamente, moler a palos y hasta asesinar
a inocentes.
Estos escándalos policiales son perennes en la vida
estadounidense. Desde la Comisión Knapp a principios de
los 1970 a la Comisión Mollen en los 1990, es asombrosa
la regularidad de con que se revelan agentes de la policía
que actúan como criminales al infligir violencia mortífera
contra las poblaciones que se supone protegen.
La enorme polarización social que existe en Nueva York
y por todo Los Estados Unidos es incompatible con los derechos
democráticos básicos. A las capas gobernantes no
les queda otro remedio que valerse de la represión estatal
para defender sus sistema y sus privilegios. Ese es el mensaje
que el veredicto de Albany envía.
Súplicas para que se reforme a la policía o que
intervengan las cortes federales no cambiarán para nada
las raíces de la violencia políciaca. Lo que se
requiere es la construcción de un movimiento político
independiente que luche para unir a todo el pueblo trabajador—negro,
blanco, hispano, e inmigrante—,en una lucha común
por la alternativa socialista a la opresión capitalista
y la miseria social.
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