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Pinochet Pierde la Inmunidad, Pero el Gobierno Chileno Trata
de Protegerlo
Mauricio Saavedra
19 Agosto 2000
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Luego de demorarse toda una tensa semana, los jueces de la
Corte Suprema chilena anunciaron el martes que habían votado
14 a 6 para despojar a General Augusto Pinochet de su fuero de
senador vitalicio. El dictamen no llegó a exigir
que al ex dictador militar se le sometiera a exámenes médicos
para averiguar si le podía encausar.
Es casi seguro que a Pinochet nunca llegue a juicio por los
157 cargos que se le imputa; cargos que sólo constituyen
una pequeña porción de las 3,000 víctimas
que verídicamente fueron asesinadas por su régimen,
de la desaparición de por lo menos 1,200 otros, y la tortura
de otras 400,000 personas entre 1973 y 1990.
El presidente Ricardo Lagos le ha pedido al pueblo chileno
que “ acepte el fallo de los tribunales”, pero
el gobierno de coalición, encabezado por su Partido Socialista,
está a favor de proteger a Pinochet y a otros oficiales
de las fuerzas armadas bajo el acuerdo que recientemente adoptaron
los militares y varios partidos. El propósito del acuerdo,
firmado en junio, consiste en eludir el pretexto legal que hizo
posible imputarle los cargos a Pinochet.
Cuando la junta de Pinochet le entregó las riendas del
gobierno a políticos civiles en 1990, los generales permanecieron
protegidos por una ley de amnistía que cubría los
crímenes que cometieron entre 1973 y 1978. No obstante,
la Corte Suprema, dictó en junio, 1999, que esta amnistía
no protegía los secuestros y otras desapariciones. Bajo
esa decisión, los “secuestros agravados” se consideran
delitos continuos hasta que la víctima se ubique.
Indiscreciones por parte de la corte misma revelaron la semana
pasada que los jueces habían votado cancelar por separado
la inmunidad que la constitución civil le había
concedido a Pinochet como senador vitalicio. Pero tales fueron
los conflictos que el caso desencadenó que la corte rehusó
dejar a conocer su veredicto hasta que todos los jueces firmaran
la decisión con su puño y letra.
Al mismo tiempo que la corte hacía diligencias para
llegar a su decisión, miles de personas—muchos de
los cuales eran parientes de los desaparecidos—manifestaban
fuera del edificio de la corte, gritando, “¡Justicia
y Castigo!”. Los partidarios de Pinochet se congregaron en
las afueras del hogar de Pinochet y gritaron insultos. También
le pusieron fuego a pilas de huesos, que para ellos representaban
los restos mortales de los desaparecidos.
El margen del voto sobre el veredicto de la Corte Suprema—que
no se esperaba fuera tan extenso—reveló que varios
de los mismos partidarios de Pinochet en la corte habían
votado contra él. Tres de los 20 jueces habían sido
nombrados por el mismo Pinochet; los otros diecisiete fueron aprobados
por un senado controlado por grupos pinochetistas. A nueve de
los jueces se les consideraba firmes conservadores. El resultado
indica que en los círculos derechistas militares y políticos
existen diferentes puntos de vista en cuanto a como proceder.
General Izurieta, jefe de la Fuerzas Armadas, visitó
a Pinochet y alabó sus “ muchos esfuerzos valientes
por la patria”. No obstante, reafirmó su promesa
de respetar el acuerdo congresista obtenido por el gobierno de
Lagos.
En el congreso, legisladores derechistas boicotearon la sesión
del día mientras diputados de la coalición centro
izquierda gobernante cantaban el himno nacional, aplaudían
y vitoreaban la decisión de la Corte. Vivian Díaz,
miembro del Partido Socialista (PS), declaró que el veredicto
comprobaba “ que Pinochet ya no está por encima
de la ley”. Otro legislador del PS, Isabel Allende, cuyo
padre, Salvador Allende, fue derrocado y asesinado en el golpe
de estado que Pinochet encabezó, declaró: “
Estamos orgullosos que por primera vez en Chile, la impunidad
ha terminado y las puertas de la justicia se han abierto”.
Este tipo de comentario se hace sabiendo muy bien que Pinochet
todavía puede refugiarse detrás de muchos privilegios
políticos y legales.
Factor importante es su edad. Las leyes chilenas requieren
que todo acusado que sea mayor de los 70 años reciba atención
psicológica. Para el dictador de 84 años de edad,
quien aparentemente sufre de varias enfermedades del cerebro,
estos análisis podrían ser esenciales para que pueda
evadir juicio. Sus médicos sostienen que ha sufrido por
lo menos dos hemorragias cerebrales que le han causado “daños
irreversibles al cerebro”.
Además, otras consideraciones acerca de su salud física—que
el gobierno de Blair en la Gran Bretaña usó como
pretexto para no entregarlo por extradición a España,
donde se le iba a enjuiciar - también pueden salvarle del
juicio, aún cuando sus abogados lo defendieron sin éxito
durante la sección de la auditoría consagrada a
los procedimientos.
Ni tampoco está Pinochet obligado por la ley a obedecer
la orden que se someta a exámenes médicos. Su familia
y sus consejeros legales han puesto bien claro que rehusará
obedecerla. Además, en cualquier diligencia preliminar,
Pinochet, como general jubilado, tiene derecho a ser interrogado
por escrito, no verbalmente. Este sería un largo y complicado
proceso.
Mucho más importante aún es que Pinochet pueda
beneficiarse del acuerdo sobre los desaparecidos, el cual consta
de los cargos contra él, inclusive los casos que tienen
que ver con la notoria “caravana de la muerte”. Bajo
órdenes de directas de Pinochet, comandantes militares
dieron giras en helicópteros por ciertas zonas del país
durante los meses que siguieron el golpe de 1973 y asesinaron
a 73 prisioneros. Los restos mortales de 19 de los ejecutados
nunca se han recuperado, lo cual le dio origen a los cargos de
“secuestros agravados”.
Sólo la semana pasada, como parte del acuerdo con los
militares, un pastor metodista cedió documentos que un
oficial jubilado de la fuerza aérea le había entregado.
Estos expedientes describen como los escuadrones militares de
la muerte cortaban los cadáveres de sus víctimas,
los inyectaban con substancias químicas para atraer peces
carnívoros, y luego los echaban al Pacífico desde
aviones en el aire.
Una vez que un tribunal acepte esta evidencia—se supone
en el nombre de descubrir el destino de varios desaparecidos—los
perpetradores tendrán derecho a la amnistía del
1978.
La acusación formal contra Pinochet se ha convertido
en un gesto cínico, diseñado a resucitar el sistema
judicial y político ante el pueblo chileno. Un abogado
que defiende los derechos humanos, Roberto Garretón, quien
fuera miembro de la “mesa redonda” que negoció
el acuerdo de este año con los militares, admitió
lo mismo cuando alabó el voto de la Corte Suprema: “
Los chilenos comenzarán a creer que los tribunales están
para servirles. En una democracia, eso es muy importante”.
Garretón explicó que esto era de crítica
importancia para la Corte Suprema, la cual sigue con la mancha
de haberle brindado apoyo y respaldo legal al golpe de Pinochet
en 1973. Pero la búsqueda por la legitimidad también
le ha causado a los políticos de Chile la misma presión,
sobretodo al Partido Socialista, el cual es responsable de haber
defendido la amnistía que se le obsequió a los militares.
Y como había de esperarse, la prensa chilena recibió
la decisión de la Corte Suprema con los brazos abiertos
e hizo comentarios tales como, “ la decisión ha
reafirmado la fortaleza de la democracia chilena”.
Erich Schnake, miembro envejeciente del grupillo “socialista
renovado” y ex colega del presidente asesinado, Salvador
Allende, hizo una súplica revelante. Le urgió al
pueblo que aceptara el hecho que Pinochet permanecería
intocable.
“ Logramos sólo lo que fue posible”,
arguyó. “Pinochet dejó el poder no porque
era débil, sino porque fue mal aconsejado...Entre las condiciones
que nunca se revelaron en el acuerd estaba la que a Pinochet nunca
se le debería tocar...Y la aceptamos. Dejarlo sin tocar
y quitárselo a los tribunales a razón de su edad
es una de las maneras de respetar el pacto”.
Algunos 80 oficiales de la era de Pinochet han sido acusados
formalmente durante años recientes, incluyendo a agentes
de la CNI (policía secreta) que les condenó a cadena
perpetua la semana pasada por los asesinatos políticos
que cometieron en 1986.
Pero estos fallos de culpabilidad son gestos inocuos. Los intereses
establecidos, en Chile y a nivel internacional, que organizaron
y se beneficiaron del golpe de Pinochet todavía mantienen
el poder económico y político. Pero el comentario
más despreciable acerca del fallo contra Pinochet se originó
en Washington, donde Richard Boucher, vocero del Departamento
de Estado, le dijo a una conferencia de prensa que el fallo “era
significante para Chile, para un gobierno basado en la ley, y
para la promoción y protección de los derechos humanos”.
La decisión, continuó Boucher, “reafirma
el principio fundamental que nadie está por encima de la
ley. De verdad esperamos que contribuirá a la resolución
de las disputas acerca de los derechos humanos no han podido resolverse
durante mucho tiempo, y que avanzará el proceso de la justicia
y la reconciliación en Chile”.
No sólo respaldó Los EE.UU. el golpe de Pinochet,
sino que la CIA participó en todos los detalles preparativos
que condujeron a él y a la conducta criminal quie desató.
Además, el gobierno de Clinton sigue rehusando abrir los
archivos de la CIA, los cuales revelarían hasta que punto
llegó la participación de Los Estados Unidos en
ese desastre.
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