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Corte Suprema Chilena Despoja a Pinochet de su Inmunidad pero
Mantiene el Veredicto Secreto
Mauricio Saavedra
15 Agosto 2000
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Según comunicados subretpticios con orígenes
en la corte misma, la Corte Suprema chilena por estrecha mayoría
votó el 1ro. de agosto quitarle al ex dictador Augusto
Pinochet su inmunidad parlamentaria. Este paso ha hecho posible
que eventualmente se le enjuicie bajo 154 cargos criminales, todos
provenientes del golpe de estado militar de 1973. Cierta fuente
de información declaró que el voto de la Corte Suprema
se había dividido en 11 a 9. Otro infome lo puso en 14-6.
Tan delicada fue la decisión para los camarillas militares
y políticos chilenos, sin embargo, que el presidente de
la Corte Suprema, Hernán Álvarez, rehusó
dejarle saber al público la índole del fallo. Inicialmente
indicó que lo revelaría hoy, pero luego postergó
la divulgación hasta el próximo martes, 8 de agosto.
Álvarez declaró que, en caso que cualquier juez
cambiara de parecer, los 20 jueces que participaron en las diligencias
habían jurado guardar silencio hasta que todos firmaran
el dictamen. Esto indica que el voto fue extremadamente estrecho,
lo cual refleja rupturas en los círculos gobernantes acerca
de como proseguir con el caso de Pinochet. También sugiere
que a los jueces se les está aplicando intensa presión.
Es muy posible que se estén debatiendo medidas para
prevenir el juicio, quizás valiéndose de la pobre
salud de Pinochet como excusa. La semana pasada, sin embargo,
la misma corte votó 11 a 9 para rechazar la petición
de los abogados defensores que el ex general se sometiera a exámenes
médicos y de tal modo resolver la disputa.
En mayo, la Corte de Apelaciones votó 13 a 9 para despojar
a Pinochet de la inmunidad que goza como senador vitalicio bajo
la constitución concordada por los militares y políticos
civiles en 1988. Pinochet apeló a la Corte Suprema —
la más alta del país —contra ese dictamen.
El gobierno socialista de Ricardo Lagos reaccionó inmediatamente
al voto de la Corte Suprtema. En las afueras de la corte, un miembro
del parlamento, Isabel Allende, hija de Salvador Allende, presidente
quien fuera derrocado y asesinado en 1973, dijo que el pueblo
tendría que esperar por el veredicto oficial.
Haciendo hincapié a las tensiones del caso, manifestaciones
pro y anti pinochistas tomaron lugar justamente fuera de la corte.
Aproximadamente 200 militantes anti pinochetistas gritaban “Justicia,
justicia!”, mientras partidiarios de los militares y de partidos
de extrema derecha quemaban huesos de ganado en burla de la resolución
y firmeza que los parientes de las víctimas del golpe han
demostrado para que se encuentren los cadáveres de los
seres queridos que desaparecieron.
Puede que el dictamen de la Corte Suprema facilite que a otras
figuras militares — y no sólo a Pinochet — se
les acuse de haber participado en la muerte de miles de trabajadores,
estudiantes y militantes políticos. Oficialmente, los militares
asesinaron a 3,190 personas y más de 1,000 desaparecieron,
pero los parientes indican que hubieron miles más de casos.
El gobierno de Lagos está haciendo todo lo posible para
proteger a Pinochet y prevenir más acusaciones formales
contra los militares. En preparación para la decisión
de la Corte Suprema, ha patrocinado un acuerdo entre varios partidos
para ponerle fin los cientos de demandas que las familias de las
víctimas desaparecidas han entablado contra otros dirigentes
militares.
El 23 de junio, el gobierno de Lagos convocó una sesión
del Congreso chileno, que duró 33 horas, para aprobar un
acuerdo que militares, abogados defensores de los derechos humanos,
grupos religiosos y representantes de las comunidades y barrios
habían firmado anteriormente el mismo mes. Ostensiblemente,
el acuerdo compremetió a los militares a localizar las
víctimas que desaparecieron durante los diecisiete años
de la dictadura de Pinochet.
Los orígenes del acuerdo están el el caso de
“La Caravana de la Muerte” que comenzó en enero,
1998. Oficiales militares de alto rango, bajo las órdenes
directas de Pinochet, desataron una campaña de muerte en
el norte de Chile en la cual por lo menos 72 personas fueron asesinadas
durante los meses que siguieron el golpe. Los cadáveres
desaparecieron en secreto.
A estos oficiales militares se les ha acusado de haber secuestrado
a los desparecidos, lo cual es delito que no
forma parte de la amnistía que los políticos le
otorgaron a la junta de Pinochet, a los militares y al servicio
secreto como parte del retorno al gobierno civil en 1990.
El acuerdo entre los varios partidos le da a los militares
un período de seis meses para ubicar o establecer el destino
de los desaparecidos. Con la asistencia de varias organizaciones
religiosas, el ejército establecerá centros donde
informantes puedan prestar testimonio anónimamente. Una
vez que toda la información se reuna, ésta se le
entregará a los tribunales para establecer “la localización,
exhumación, identificación, establecimiento de la
data y causas de la muerte”.
Lo fundamental es que los tribunales entonces pondrán
a la amnistía en vigor, la cual protégé a
los militares de acusaciones de homicidio. Según el periódico
chileno, La Tercera, cuando Lagos instruyó
a los jefes militares acerca del acuerdo el 2 de junio, les aseguró
que la amnistía entraría en efecto inmediatamente
se ubicaran los cadáveres.
Los círculos gobernantes chilenos se mostraron eufóricos
acerca del acuerdo, pues éste le puso fin a diez años
de esfuerzos infructíferos para llegar a un acuerdo sobre
los desaparecidos. Luego de sentirse amenazados por la reacción
en el interior y en el exterior de Chile al arresto de Pinochet
en la Gran Bretaña, esperaban que este acuerdo le pusiera
punto final al asunto.
En un típico editorial titulado “Mesa de diálogo:
un hito histórico”, La Tercera escribió:
“Hoy el país tiene una oportunidad única para
cerrar uno de los capítulos más complejos de la
transición: encontrar el paradero de los cuerpos de los
detenidos desaparecidos. Lo que durante diez años de democracia
la ciudadanía le ha pedido al poder político —
ser capaz de dar vuelta la página del pasado - comienza
a aparecer como una meta más cercana, sin tener para ello
que negar lo ocurrido en la historia reciente”.
Los medios de prensa alabaron al Partido Socialista (PS) por
rescatar a los militares. Noticias de Pamela Pereira calurosamente
abrazando al General Juan Carlos Salgado se difundieron por todo
el mundo. La Sra. Pereira es abogada defensora de los derechos
humanos, miembro del PS, y autora del acuerdo de cuatro páginas
de largo.
El acuerdo abiertamente justificó el golpe de Pinochet
en 1973. Declaró que “Chile sufrió, a partir
de la decada de los 1960, una espiral de violencia política.
Este grave conflicto social y político culminó con
los hechos del 11 de Septiembre, 1973, sobre los cuales los chilenos
sostienen, legítimamente, distintas opiniones”.
La verdad es que el gobierno de Unidad Popular encabezado por
Salvador Allende, quien asumió la presidencia en 1970,
hizo todo lo posible bajo su poder para suprimir las luchas de
masas que inicialmente se habían desatado en los 1960.
Su gobierno se opuso a toda mobilización independiente
de la clase obrera chilena, aun cuando era obvio que los militares,
con el respaldo de la CIA, preparaban un golpe sangriento.
El documento de Pererira termina con un llamado a la reconciliación
con los militares. “El espíritu que nos anima es legar
a las nuevas generaciones de chilenos una cultura de convivencia
basada en la libertad, la verdad, la tolerancia y el respeto.
La Mesa de Diálogo estima que, sobre estas premisas se
pueden crear las condiciones que efectivamente contribuyan a la
unidad nacional y profundizar las bases de la convivencia entre
todos los chilenos”.
El Partido Socialista nunca antes había defendido el
golpe tan flagrantemente. El acuerdo muestra la ansiedad del PS
por acabar con todo debate acerca del tema bajo condiciones en
que la gente ordinaria todavía exige que a los militares
se les lleve a la justicia. El acuerdo también es advertencia
que los camarillas políticos, inclusive el PS, se encuentran
bastante preparados para de nuevo pedir los servicios del ejército—en
caso que surja una oposición de masas a las órdenes
de los mercados financieros, que el gobierno de Lagos sigue imponiéndole
a la clase obrera.
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