|
WSWS
: Español
Abogados piden la libertad de Pinochet por razones de salud
By Julie Hyland
15 Septiembre 1999
Use
this version To print
El jueves 9 de septiembre el gobierno español oficialmente
rechazó la petición de Chile para que se estableciera
un tribunal internacional de arbitraje que decida quien tiene
jurisdicción sobre las acusaciones de tortura y genocidio
contra el ex dictador Augusto Pinochet.
Pinochet fue arrestado el 16 de octubre del año pasado
en Londres cuando el juez español Baltazar Garzón
ordenó su extradición. Esa orden acusa a Pinochet
de haber asesinado o hecho “desaparecer” a más
de 3 mil chilenos y extranjeros durante el golpe militar que éste
liderara en 1973 y durante la subsiguiente dictadura.
El caso se ha convertido en una bomba de tiempo política
para los gobiernos de la Gran Bretaña y España.
Pinochet está bajo arresto domiciliario en su mansión
de Surrey desde hace once meses. Desde entonces ambos gobiernos
buscan los mecanismos legales para que el General regrese a Chile,
aunque niegan las acusaciones de que se han convertido en defensores
del tirano.
En marzo, las cortes británicas limitaron las bases
para la extradición a solamente aquellos casos que se supone
ocurrieron después del 1988, año en que Gran Bretaña
ratificó la Convención de la Naciones Unidas contra
la Tortura. Esa decisión tuvo el efecto de reducir dramáticamente
el número de acusaciones contra Pinochet. Durante los últimos
meses, los gobiernos de España y Chile han llevado a cabo
negociaciones sobre la propuesta chilena para formar un “tribunal
internacional amistoso” como alternativa a la extradición.
Mientras que la Corte Nacional española oficialmente
había apoyado la orden de Garzón, el caso hizo salir
al aire escisiones internas en el poder judicial y en los círculos
políticos reinantes. Los partidarios de Pinochet han recibido
el respaldo abierto de fuerzas derechistas internacionales, inclusive
de los defensores de la vieja dictadura de Franco en España
y de los Conservadores ingleses. El sábado pasado, representantes
de éstos se reunieron en la mansión del General
para celebrar el XXVI aniversario del golpe. Entre los 27 hombres
de negocios y políticos que asistieron se encontraba Mario
Ríos, Vicepresidente del senado chileno. Ríos le
extendió al ex dictador los mejores deseos del pueblo chileno.
Mientras tanto en Santiago, durante la víspera del aniversario,
hubo choques en los distritos obreros y en las universidades entre
la policía y militantes antipinochistas. El gobierno había
previamente ordenado que la policía impida cualquier “desorden”
y había prohibido todas las manifestaciones de los opositores
del golpe de 1973 menos una. El mismo día, parientes de
los “desaparecidos” chilenos, con el respaldo del Comité
Chileno por la Justicia, presentaron una petición formal
a la Policía Metropolitana de Londres para que ésta
comenzara una investigación sobre los crímenes del
General. La petición, alega que las “desapariciones”
que no se han resuelto también constituyen un acto delictivo
y de tortura contra los sobrevivientes.
El acuerdo inicial del derechista Partido Popular español
de considerar la propuesta chilena de un tribunal de arbitraje
provocó la ira popular. Ante esa presión popular,
el Ministro del Exterior Abel Matutes tuvo que a su igual chileno
que España no podría aceptar la posibilidad de resolver,
a través de medios diplomáticos o tribunales de
arbitraje, un caso que actualmente en manos del proceso judicial.
Según Matutes, el gobierno había decidido permitir
que la justicia tomara su curso.
No obstante, en la misma carta, Matutes le aconseja al gobierno
chileno que, bajo los acuerdos sobre los derechos humanos de las
Naciones Unidas, éste tendría el derecho de apelar
la decisión española ante la Corte Internacional
de Justicia en La Haya. Matutes prometió que Chile contaría
en ese caso con la cooperación del gobierno español.
Pinochet había previamente indicado que posiblemente
se entregaría a las cortes españolas antes del 27
de septiembre, fecha en que se trató el caso de su extradición
en Londres. Fernando Escardó y José María
Stampa Braun, que recientemente fueron nombrados sus defensores
públicos españoles, descartaron esa alternativa
a principios de mes. Tal acción, aconsejan ellos, es descabellada
y suicida, pues pone a Pinochet en riesgo de ser acusado de los
delitos de genocidio, tortura y terrorismo que Garzón está
formalizando, y que van más allá de los delitos
que Gran Bretaña acepta para la extradición.
Toda la atención ahora recae sobre las cortes inglesas
y sobre Jack Straw, Ministro del Interior del gobierno laborista.
El Daily Telegraph informó hace unos días
que Robin Cook, el Ministro del Exterior, participaba en negociaciones
secretas con sus iguales de España y Chile para hacer posible
el regreso de Pinochet a Chile. Informó además que
el caso ya se había discutido durante la reunión
cumbre entre la Unión Europea y los países latinoamericanos
en Río de Janeiro. La prensa chilena escribe que Cook le
habría dicho a Matutes que no dejaría que Pinochet
“muriera en la Gran Bretaña”. Se rumora que Matutes
le respondió: que él no permitiría que Pinochet
fuera a España.
El pretexto que más probable para maniobrar el regreso
de Pinochet a Chile es su salud. Antes que la audiencia pertinente
a la extradición se lleve a cabo, se espera que los abogados
de Pinochet, basándose sobre la cuestión de la salud,
de nuevo le pidan a Straw que anule la causa y le permita al General
regresar a su país. Aunque en agosto Straw había
negado una petición similar, también indicó
entonces que estaría dispuesto a reexaminar su decisión
si surgiera nueva información.
Un miembro del equipo legal inglés de Pinochet dio la
siguiente información anónima: “Aunque es cierto
que estamos considerando plantear el tema de la salud de nuestro
cliente no se ha tomado ninguna decisión final. La percepción
general es que su salud se ha deteriorado últimamente.
Es nuestro punto de vista que le cabe a todas las partes confrontar
apropiadamente el tema."
El gobierno chileno ha comisionado un informe médico
sobre la salud del General que lleva la firma del médico
personal de Pinochet, Helmuth Hernández, y de un doctor
inglés, Michael Loxton. El informe describe varias condiciones
de salud, incluyendo diabetes, fallo cardíaco, problemas
de la próstata, artritis de la rodilla izquierda y una
leve asma. El lunes 13 el general entró a un hospital de
Londres donde, bajo gran publicidad, le hicieron radiografías
del cerebro. Nadie ofreció ninguna razón para ese
procedimiento “rutinario”.
Lo que el caso de Pinochet revela sobre Gran Bretaña
http://www.wsws.org/es/articles/1999/ene1999/brit-e09.shtml
Regresar a la parte superior de la página
Copyright 1998-2012
World Socialist Web Site
All rights reserved |
