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El callejón sin salida de la "revolución"
de Chávez Amenaza el golpe de estado en Venezuela
Por Bill Vann
10 Septiembre 1999
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La prolongada crisis constitucional que resultara en la elección
del ex oficial militar y dirigente golpista Hugo Chávez
en Venezuela ha exacerbado el peligro que los militares se estén
preparando a usurpar el poder y así aplastar cualquier
disturbio social que estalle. La peligro de una intervención
militar ha adquirido mayor posibilidad luego que el 27 de agosto
eruptaran batallas en las calles que hospedan el Congreso venezolano.
Los contrincantes de estas batallas consistieron por una parte
de los partidarios de Chávez y la recientemente elegida
Asamblea Constituyente y por otra de los miembros de los partidos
tradicionales reinantes venezolanos, que todavía controlan
la cámara legislativa.
Al mismo tiempo que pelotones militarizados de la Guardia nacional
se unían a la policía para disipar las muchedumbres
bélicas que luchaban fuera del parlamento, la herarquía
de la iglesia Católica del país trataba de funcionar
como árbitro para lograr que el régimen de Chávez
y los antiguos partidos reinantes llegaran a un acuerdo.
En 1992, Chávez, ex paracaidista que alcanzara el rango
de teniente coronel, había tratado encabezar un golpe de
estado contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez.
El golpe fracasó y los esfuerzos de Chávez le hicieron
parar en la cárcel. Tan solo seis años después
fue elegido presidente del país como dirigente del Polo
Patriótico, frente electoral compuesto de su propio Movimiento
de la Quinta República y varios partidos de la izquierda
pequeño-burguesa nacionalista.
La fama meteórica del Comandante Chávez
refleja la putrefacción de las formas gubernamentales burguesas
venezolanas. Los dos partidos que han monopolizado el poder político
por más de cuarenta años y que regularmente se turnan
en el palacio presidencial Acción Democrática
(afiliada con el internacional Social-demócrata) y COPEI
(Demócrata cristiana)son instrumentos políticos
de la corrupta élite venezolana que ha sido totalmente
desacreditada.
Entre los paises más ricos de Latinoamérica a
causa de sus enormes reservas de petróleo, Venezuela no
obstante tiene al 80 por ciento de su población viviendo
en la pobreza. El 35 por ciento está desempleado y un 50
por ciento de aquellos que se catalogan como económicamente
activos se gana la vida en el llamado sector informal; es decir,
trabajando como vendedores callejeros, colectando desperdicios
y desempeñando trabajos aquí y allá. Durante
los últimos veinte años, el poder de adquisición
de la clase media ha disminuido un 70 por ciento. La deuda nacional,
cuarta mayor en Latinoamérica, se traga 40 por ciento del
presupuesto nacional. Por décadas, la vida político-económica
total de este país, cuya población alcanza los 23
millones, ha sido subordinada al mantenimiento de las normas de
vida de una pequeña élite y a cumplir con los pagos
de interés exigidos por la deuda externa que los bancos
de Wall Street controlan.
La repudiación de los partidos que hasta ahora se han
identificado con estas normas opresivas se expresó con
el voto mayoritario de 56 por ciento que Chávez recibiera
en las elecciones presidenciales de febrero y en el voto aún
mayor en las elecciones a la Asamblea Constituyente. En éstas
los partidos que respaldaban al nuevo gobierno obtuvieron 92 por
ciento del voto, recibiendo 120 de sus 131 puestos. En el Congreso,
cuyos miembros habían sido elegidos antes de que Chávez
alcanzara el poder, los partidos que apoyan al nuevo presidente
sólo tienen el 33 por ciento de los puestos.
Aunque la demagogia populista de Chávez y sus críticas
a la élite gobernante le han ganado el respaldo popular,
su política bien cae dentro de los límites impuestos
por el Fondo Monetario Internacional y Wall Street. El nuevo gobierno,
a pesar que ha prometido hacer gastos enormes, ha reducido los
gastos públicos un 20 por ciento en comparación
al año pasado. Los salarios del sector público han
sido congelados, pero la ley que rige las inversiones en el gas
natural le provee al capital extranjero las condiciones más
favorables del hemisferio. El gobierno también ha planteado
proyectos para convertir a los sectores de aluminio y energía
en empresas privadas.
Chávez ha usado la Asamblea Constituyente para declarar
un estado de emergencia y comenzar el desmantelamiento
de todas las viejas instituciones políticas del estado
venezolano. La supuesta misión de la asamblea consistía
en delinear una nueva constitución que reemplazara la que
se había adoptado en 1961 luego de la dictadura militar
del general Marcos Pérez Jiménez, la cual había
existido con el respaldo de Los Estados Unidos. Sin embargo, pronto
después de su formación,. la asamblea comenzó
a auto transformarse en un ariete contra los poderes legislativos
y judiciales del gobierno, así como también contra
la federación sindicalista nacional de Venezuela, la CTV:
Confederación de Trabajadores Venezolanos.
La riña callejera entre los partidarios de Chávez
y los que apoyan a los partidos reinantes tradicionales ha provocado
que la Asamblea Constituyente clausure la legislatura y asuma
todos los poderes de ésta. Aunque dicha acción obligó
al presidente de la Cámara de Diputados, Henrique Capriles,
a advertir que Venezuela había tomado el camino hacia la
guerra civil, la confrontación fue notable porque no hubo
ninguna mobilización de las masas. Grupillos de varios
cientos de partidarios izquierdistas de Chávez intercambiaromn
insultos y puñetazos con una cantidad similar de mercenarios
del COPEI y de la Acción Democrática, ocasionando
que 200 soldados de la guardia nacional los dispersara con gas
lacrimógeno.
El acuerdo negociado por la Iglesia Católica, anunciado
el 9 de septiembre, provee un breve período de cohabitación
entre el Congreso y la Asamblea Constituyente. La tregua le permite
al Congreso continuar sus labores hasta mediados de diciembre,
cuando se le lleve a la nueva constitución a plebiscito
nacional y las elecciones al cuerpo legislativo tomen lugar.
No obstante que decretos de emergencia permanecen vigentes,
el régimen de Chávez ha optado por intervenir en
los cuerpos legislativo y judicial con más cautela, si
bien porque le teme a que surja una oposición dentro del
comando militar.
Según el jornal español, El País,
Chávez se dirigió directamente al comando militar
general el marzo pasado y le rogó que apoyara la reorganización
de la estructura estatal y la disolución del Congreso.
Fracasó en obtener el apoyo de los jefes militares. Los
militares hoy parecen tan divididos como lo eran cuando el teniente
coronel dirigió su golpe de estado siete años antes.
Cierto grupillo de oficiales más jóvenes, en su
gran mayoría capitanes y mayores que respaldaron el golpe,
continúan apoyando al nuevo presidente. Pero otros jefes,
que se opusieron a Chávez en 1992 y suprimieron su rebelión,
permanecen distanciados del nuevo gobierno. Muchos de los que
respaldaron al presidente Andrés pérez en 1992 por
supuesto recibieron promociones y alcanzaron los puestos dirigentes
dentro del mando militar. A esta capa más antigua le preocupa
no sólo la retórica populista de Chávez,
sino también que éste comenzará a interferir
de manera más concreta con el sistema militar de promociones
y recompensas, elevando a sus propios partidarios a costillas
de aquellos que previamente se le habían opuesto.
Pero serias grietas existen aún entre los compañeros
de armas que participaron en el golpe de 1992. Muchos desprecian
la alianza del nuevo presidente con la izquierda pequeño-burguesa
venezolana, inclusive ex guerrilleros convertidos en políticos,
entre ellos los dirigentes del MAS (Movimiento al Socialismo),
cuyo secretario general, Leopoldo Puchi, sirvió de Ministro
del Trabajo durante los primeros meses del gobierno de Chávez.
Muy concientes de la inquietud entre los cuerpos militares,
los dirigentes de los partidos tradicionales se dirigieron directamente
a las fuerzas armadas y les pidieron que defendieran la constitución
contra el régimen de Chávez. César Pérez
Rivas, jefe de la facción parlamentaria del COPEI, lanzó
la declaración en alianza con Acción Democrática
y el Partido Proyecto Venezolano, protestando la intervención
en el Congreso y la Asamblea Constituyente.
En conjunto con la oposición de los militares, varias
declaraciones procedientes de Washington han expresado la
creciente consternación acerca de la crisis constitucional
de un país que es de los más importantes abastecedores
de petróleo a Los Estados Unidos. El capital internacional
también ha expresado sus dudas al disminuir las inversiones
directas por un 40 por ciento durante el año pasado.
Mientras tanto, el régimen Chávez también
ha retractado, hasta cierto punto, sus promesas iniciales de abolir
la CTV, la cual cuenta con la participación de 4,000 sindicatos
y 2 millones de miembros. En cambio, ha optado por cancelar las
subvenciones que el antiguo gobierno le había premiado
a la burocracia sindicalista durante cuatro décadas. A
la vez ha iniciado una intervención de cuentas en el presupuesto
anual de la CTV, cuyo valor llega a los $24 millones. Puesto que
la corrupción, los salarios inflados de los dirigentes
y la supresión de las huelgas han hecho a la CTV famosa,
existe poco peligro que estas acciones provoquen la resistencia
de los trabajadores venezolanos. Por otra parte, los dirigentes
de varios partidos izquierdista-nacionalistas se han identificado
con la reforma laborista del gobierno, considerándolo
como vehículo con el potencial de suplantar a la vieja
burocracia vinculada a Acción Democrática.
Muchos nacionalistas izquierdistas en Venezuela, y en Latinoamérica
en general, han laudado la ascendencia de Chávez como si
fuera un desarrollo revolucionario. Ansiosos periodistas izquierdistas
de Buenos Aires, Ciudad de México y otras lugares han escrito
artículos jadeantes sobres sus peregrinaciones al palacio
presidencial Miraflores, donde han conducido entrevistas directas
con el presidente paracaidista.
Esta gente representa una capa socio-política incapaz
de olvidar o aprender nada. Las mismas tendencias elogiaron los
credenciales antiimperialistas de figuras como el
General J.J. Torres en Bolivia; Velasco Alvarado del Perú
y su revolución humanista; el general panameño
Omar Torrijos y su revolución de los desposeídos;
y el General Rodríguez Lara en Ecuador y su orientación
revolucionaria nacionalista. Igual a Chávez,
muchos de estos dictadores militares adoptaron una retórica
reformista radical y se mostraron muy amistosos hacia Cuba.
En cada caso, sin embargo, estas figuras sólo le abrieron
paso a regímenes más reaccionarios, por lo regular
dictaduras militares, que prontamente procedían a destruir
toda pequeña reforma que se había puesto en práctica
y ferozmente atacaban los derechos políticos y condiciones
sociales de las masas trabajadoras de sus paises. El apoyo que
los izquierdistas pequeño-burgueses le brindaron a los
militares revolucionarios sólo sirvió
para desorientar a la clase obrera y dejarla desarmada políticamente
a medida que los jefes militares de estas naciones le hacían
caso omiso a sus pretenciones nacionalistas y reformistas y se
viraban pronunciadamente hacia la derecha.
Para decir la verdad, la propia historia de Venezuela provee
el ejemplo más claro de esta trayectoria política
que tantas veces se ha repetido. En 1945, un grupo de militares
oficiales jóvenes vinculados a Acción Democrática
tomaron el poder y formaron una junta civil-militar que trató
de enmendar la constitución e inició varias reformas.
Pero al ver sus intereses amenazados, otros sectores militares,
respaldados por Washington, las empresas de petróleo y
partidos de oposición derechistas, lanzaronsu propio golpe
de estado e instalaron el régimen policíaco de Pérez
Jiménez, quien gobernó el país por diez años.
Chávez ha tratado de hacerle hincapié a las diferencias
entre sus acciones y las de los oficiales militares venezolanos
en los 1940. Pero los acontecimientos de las últimas semanas
revelan que existe la amenaza creciente, siempre que la capacidad
luchadora de la clase obrera venezolana permanezca subordinada
a las maniobras políticas del régimen de Chávez,
de un fin similar.
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