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El antiguo Primer Ministro socialista, Felipe Gonzalez, se une a los defensores de Pinochet.

Por Vicky Short
8 Octubre 1999

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8 Octubre 1999

Felipe Gonzalez, ex-Secretario General del Partido Socialista Obrero de España (PSOE), se ha declarado oficialmente en apoyo del dictador Augusto Pinochet. Gonzalez presidió el gobierno durante 14 años, entre 1982 y 1996.

Durante una entrevista con la red chilena de televisión el 28 de agosto, dijo que no le parecía "razonable" la situación en que se encontraba Augusto Pinochet.

"Estoy seguro de que hay más gente de la que se piensa que comparte mi posición", añadió. Gonzalez, que en el pasado se había declarado siempre como anti-Pinochet, agregó que él no pensaba que éste era un caso estrictamente judicial: "puedo estar equivacado, pero si el asunto del Sr Pinochet no es política, entonces yo me he equivacado de profesión." (Gonzalez es abogado).

Pinochet fue arrestado en Londres el 16 de octubre de 1998 bajo una petición de extradición presentada por el juez Baltasar Garzón. La petición presentaba cargos contra Pinochet por el asesinato y la desaparición de más de 3.100 chilenos y extranjeros durante el golpe militar de 1973 y los subsecuentes 17 años de dictadura. La decisión del magistrado británico, Ronald Bartle, sobre si la extradición puede ser implementada se espera hoy.

Si Bartle decidiera que la extradicción a España puede proceder, caería el asunto en el regazo del gobierno español en un momento delicado, a menos de seis meses de las elecciones generales. El gobierno derechista español de José María Aznar, que acordó aprobar la petición de extradición solicitada por Garzón, no desearía ver al ex-dictador en el umbral de su casa.

Ya se han hecho varias tentativas por parte de los gobiernos chileno y español para encontrar los medios de prevenir que Pinochet sea juzgado en España.

Discusiones entre los dos gobiernos tuvieron lugar en julio sobre la posibilidad de que Pinochet fuera juzgado por medio de arbitraje internacional y el Ministro de Asuntos Exteriores español, Abel Matutes, trató de conseguir el acuerdo del PSOE con tal fín. El gobierno llegó hasta proveer a Chile documentos que contenían argumentos de magistrados españoles que se habían opuesto a la demanda de extradición. Cuando ésto fue publicado en la prensa chilena creó tal crisis política y constitucional en España que el gobierno se vio forzado a aparecer ante el Congreso para explicar sus acciones. Después de ésto se sintió obligado a rechazar la petición de Chile sobre la base de que la materia era sub-judice y que tal acción habría roto la ley española que separa lo judicial de lo ejecutivo.

El gobierno chileno entonces indicó que estaba preparándose para disputar la questión de la jurisdicción de España sobre un nacional chileno en el Tribunal de Justicia Internacional de La Haya. El gobierno español acogió con simpatía esta propuesta. Según el diario El Pais ahora ha instruido a sus representantes en el Reino Unido que no apelen en el caso de que la decisión sea no extraditar a Pinochet. Si la decisión es a favor de Pinochet éste puede volver a Chile inmediatamente.

La intervención de Gonzalez se debe entender en este contexto. El juicio de Pinochet en España, sobre todo en medio de una campaña electoral, provocaría discusión sobre la naturaleza del propio pasado de España, particularmente su versión de la “transición pacífica” del fascismo a la democracia. Los abogados de Pinochet sin duda alguna utilizarían al máximo las comparaciones entre los dos paises para su mayor ventaja.

Nadie es más consciente de este peligro que Felipe Gonzalez, quien jugó un papel clave en estabilizar la situación política en ambos paises cuando confrontaban una creciente oposición a las dictaduras derechistas de los franquistas y los pinochetistas. En la misma entrevista él dijo: "Yo hice la transición en España y no me habría gustado que alguien hubiera interferido en ese proceso una vez que teníamos la posibilidad de definirlo nosotros."

De vuelta en España, el 25 de septiembre, Gonzalez añadió que “el pueblo chileno tenía el derecho de decidir su propio destino." En apoyo del hecho que a Pinochet le fue asignado un puesto en el “Gobierno de la Concertación” así como inmunidad por vida, Gonzalez declaró: “Si en el 63 me hubieran dicho que Franco pasaba a ser senador vitalicio, hubiera firmado con tal de quitarme de encima al viejo 13 años antes de que se muriera. "

Otros dirigentes del partido desempeñaron un papel similar en asegurar que no hubiera un ajuste de cuentas verdadero con el régimen de Pinochet. En un artículo en EL Pais del 27 de septiembre, Jordi Solé Tura, Diputado PSC-PSOE (y ex-Stalinista), explica que varios meses antes del referéndum de 1988 en Chile, él fue invitado a dar conferencias y reunirse con representantes de todos los partidos de oposición. El tema básico de sus discusiones fue si había lecciones que aprender de la transición política desde la dictadura en España. El dijo a su público que por muchas que fueran las similitudes entre uno y otro proceso, había también diferencias básicas: “La primera era que nosotros habíamos iniciado y completado la transición con Franco muerto y ellos la tendrían que iniciar y pilotar con su Franco vivo. La segunda, que en España habían transcurrido cuarenta años .... y que en Chile el golpe militar que acabó con la democracia era todavía muy reciente.”

“En España”, continuó, “habían entrado en escena nuevas generaciones, las memorias de nuestra espantosa guerra seguían vivas pero más alejadas de la vida cotidiana, las Fuerzas Armadas eran todavía un reducto del franquismo pero ya no estaban en condiciones de imponer un régimen militar y, además, estábamos en una nueva Europa, que lamía sus terribles heridas pero que se encaminaba hacia un nuevo proyecto de paz, de unión y de prosperidad. En Chile, en cambio, las memorias eran inmediatas, las heridas no se habían curado, las Fuerzas Armadas seguían siendo el factor fundamental de la vida política y en el continente americano persistía la presión de Estados Unidos para alimentar una guerra fría que no admitía concesiones ni aperturas y metía todo lo que no le gustase en el cajón del ‘comunismo internacional'.”

Gonzalez, Solé, y otros temen que un juicio de plena envergadura en España contra Pinochet también volvería a despertar amargas memorias en el pueblo español y plantearía preguntas y discusión en cuanto a exáctamente qué tipo de compromiso de clase el PSOE, en colaboración con el Partido Comunista, gestionó en 1975.

Durante los 36 años de Franco en el poder - 1939 a 1975 - más de un millón de españoles perdieron la vida a manos de su régimen dictatorial. Después de la muerte de Franco en 1975 y el derrumbamiento de su régimen, el PSOE hizo todo en su poder para prevenir a los trabajadores ajustar cuentas con los carniceros fascistas. Por el contrario, adoptaron el lema del Partido Comunista de "olvidar y perdonar."

La “transición pacífica” otorgó total amnistía política a los fascistas. La mayoría de ellos, incluyendo generales, jefes de la policía y la guardia civil, así como jefes industriales, comerciales y banqueros, continuaron en sus empleos. Sólamente las leyes más abiertamente anti-democráticas fueron suprimidas, tales como la pena de muerte y castigo del aborto, cesó la educación fascista religiosa. Referéndums serían permitidos, el sufragio universal fue reestablecido, y un cierto nivel de autonomía de los nacionalismos catalán y vasco reconocido. La nueva constitución garantizaba la separación entre los poderes judicial y ejecutivo. Pero la propiedad permaneció en manos de sus anteriores propietarios y, aparte de uno o dos juicios de exhibición que condenaron a un minúsculo número de los más prominentes fascistas a arresto en su casa, nadie fue juzgado o castigado por genocidio, tortura o por pisotear los derechos humanos y democráticos. La bandera de Franco fue adoptada por el nuevo gobierno, al igual que el himno nacional.

Para hacerse más acceptable a los fascistas y militares, el PSOE descartó todos los rastros de su supuesto pasado socialista. Gonzalez, que procedía de la " izquierda católica" personificó el cambio ideológico que el partido efectuó alrededor 1978/79. Después del 18 Congreso del PSOE, Gonzalez dimitió brevemente para marcar su oposición a la denegación de la mayoría de los delegados de su propuesta para retirar la definición de la ideología del partido como marxista. Para entonces, Gonzalez se había convertido en una figura popular, agasajado por los medios de comunicación y políticos como el líder joven, carismático y moderno que podría substituir al gobierno derechista existente entonces de Adolfo Suarez.

Cuatro meses después un Congreso extraordinario decidió no definir el PSOE como marxista, pero indicar que el marxismo era sólamente una de las muchas ideologías contribuyentes al partido. El PSOE, con Felipe Gonzalez como su Secretario General, finalmente tomó el poder en España en 1982.

Que Gonzalez hoy se una a tipos como la antigua Primer Ministro, la conservadora Margaret Thatcher, en una campaña para liberar a Pinochet ha desconcertado a los actuales líderes del PSOE. El presente Secretario General, Joaquín Almunia, declaró que las opiniones de Gonzalez no eran las del partido. Sin embargo, el Secretario General del PSOE en Andalucia, Manuel Chavez, calificó ésto al decir que el partido no podía “practicar la política del avestruz” e ignorar que el caso Pinochet podría enturbiar las relaciones entre dos países soveranos y perjudicar también la transición chilena. Otros dirigentes del PSOE has hecho declaraciones semejantes.