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Lo que el caso de Pinochet revela sobre Gran Bretaña

Chris Marsden y Julie Hyland
9 Enero 1999

Cuando los abogados del ex dictador chileno vuelvan a la Casa de los Lores el 18 de enero, para confirmar el veredicto del 28 de octubre de la Alta Corte, concediéndole "inmunidad soberana" contra cualquier proceso, contarán con el apoyo de importantes sectores del liderazgo británico.

La oposición tory, las grandes compañías, la Iglesia de Inglaterra y un sector importante de la prensa inglesa se han unido en defensa del general. Margaret Thatcher, la ex primera ministra conservadora es la que más ha clamado por su excarcelación. Esta baronesa, en una carta al Times, escribe que el general "siempre fue un buen amigo de este país". Cautela que toda manera de intervenir en la "transición democrática chilena" implicaría "un peligro para nosotros". El día en que el Secretario de Interior Jack Straw dio permiso a la extradición española, Thatcher dijo que la libertad de Pinochet favorecía "los intereses de Chile y de Gran Bretaña".

Pinochet toma el poder en 1973, a través de un golpe de estado, producto de años de subversión, en colaboración con las agencias de inteligencia norteamericanas. Derroca al gobierno democrático del Partido Socialista del Presidente Salvador Allende. Sigue con una campaña terrorista para capturar, detener en campos de concentración, torturar y asesinar a decenas de miles de sus opositores del Partido Socialista, del Partido Comunista, incluyendo también a grupos, intelectuales, obreros y campesinos de izquierda. Poco después organiza la infame Operación Cóndor, que marca la colaboración de Pinochet con otras dictaduras latinoamericanas, como las de Brasil y Argentina, para cazar, raptar y asesinar refugiados. Entre sus víctimas caen ingleses, norteamericanos, y otros extranjeros. Su alcance criminal llega hasta Washington, donde se asesina a Orlando Letelier, Ministro de Defensa y Relaciones Exteriores del gobierno de Allende. No obstante, Thatcher y compañía no sienten la necesidad de ninguna disculpa en su defensa de este déspota, o de siquiera reconocer la repulsión que millones de gente siente frente a esos crímenes. Su posición se puede resumir en una sola oración: "¿Esperaban quizás alguna otra cosa?" Las implicancias de esa oración deben ser evaluadas con cuidado. Sobre la base de las palabras de Thatcher ¿Cabe alguna duda de que si la clase dominante inglesa se sintiera amenazada de manera similar a la chilena, no operaría del mismo modo?

Gran Bretaña tiene un largo récord de apoyo a dictaduras en otros países. Incluso ha instalado algunas. Acordémonos que importantes sectores de las elites británicas apoyaron una alianza con Hitler antes de la segunda guerra mundial. En tiempos más recientes patrocinó a regímenes como el de Suharto en Indonesia. Sólo si le conviene a sus intereses, recobra la clase dominante su sensibilidad democrática, como cuando demanda juicio contra el líder Serbio, Slobodan Milosevic o contra el Presidente de Iraq, Saddam Hussein. Cuando sus intereses son atacados en casa, no se siente obligada a obedecer normas democráticas para combatir a sus opositores. Sin embargo, en la presente situación, hay gran significado en la defensa de Pinochet por la elite inglesa. Tanto Thatcher como los que se beneficiaron de su política defienden a Pinochet porque consideran que su victoria en Chile era una cuestión estratégica. Durante los años entre 1968 y el primer lustro de los 1970 hubo una serie de luchas de clase explosivas en todo el mundo. Comenzando con la huelga general francesa, una ola de huelgas inundó a los países europeos: Alemania, Italia y también a Gran Bretaña.

Ese levantamiento militante causó el colapso de las dictaduras fascistas y militares de Portugal y Grecia. En Los Estados Unidos, ocurrieron luchas obreras, manifestaciones populares y protestas masivas contra la Guerra de Vietnam. Dada la posibilidad de revolución social, tanto en América Latina como en Europa, los ingleses que apoyan a Pinochet sostienen que sus acciones eran necesarias para defender al país de la "amenaza marxista". Justifican su demanda de libertad para el ex mandatario a que, como ex presidente, merece "inmunidad soberana" por sus actos. Los abogados del ex general también han argüido en los tribunales que la carnicería en masa, con fines políticos y no raciales, no es genocidio.

Nadie se le adelantó al gobierno británico en aprobar el golpe de Pinochet. El gobierno tory de Edward Heath fue uno de los primeros en reconocer a la junta militar. En enero 1974 dos delegaciones de alto rango representando a la junta chilena visitaron a Gran Bretaña para tener discusiones secretas con el gobierno. Un mes después, una delegación de oficiales de la Fuerza Aérea Chilena se reunió con fabricantes de aviones en Londres para discutir la aceleración de los envíos de pertrechos militares a Chiles. Desde entonces las FF.AA. chilenas han sido equipadas en gran parte por Gran Bretaña. Ese mismo año representantes de la junta se reunieron con la reina.

El apoyo a Pinochet obedecía razones internas. Entre julio de 1970 y agosto de 1972, hubo cuatro estados de emergencia en Inglaterra como resultado del aumento de movilizaciones obreras. En el momento del golpe chileno, Heath acababa de decretar otro estado de emergencia en respuesta a una huelga nacional de mineros que amenazaba con extenderse a otros sectores trabajadores.

En enero 1974, el estado de emergencia se fortaleció con la extensión de la Ley de Poderes de Emergencia, que le daba el derecho al gabinete tory a gobernar por medio del Consejo Privado de la Casa de los Lores. Hubo seria discusiones en el comando del ejército sobre la posibilidad de imponer un gobierno militar. En secreto, Heath puso al servicio civil, a la policía y al Ministerio de Defensa en una clase estado de alerta, antes designado en caso de un "ataque nuclear menor".

Ese mismo año, el Informe Anual del Consejo Nacional de Libertades Civiles comenta: "El Parlamento fue disuelto en el marco de un anticomunismo sin par en los últimos 30 años, con la declaración de un sexto estado de emergencia, la continuación de un operativo policiaco militar en el aeropuerto de Heathrow, de dudosa justificación, cuando el Secretario Interior Robert Carr, admitía que se usarían tropas en disputas industriales."

Al final Heath evitó una guerra abierta con la clase obrera. En cambio, organizó elecciones usando el eslogan: "¿Quién manda el país, el gobierno o los sindicatos?" El Partido Laborista ganó y por un tiempo logró calmar las tensiones sociales aumentando sueldos y adoptando otras medidas reformistas.

Thatcher ascendió el Partido Conservador como crítica acérrima al fracaso de Heath de darle un golpe decisivo al movimiento obrero británico. Como discípula de Milton Friedman, líder espiritual del monetarismo, aplaudió el éxito de Pinochet cuando éste imponía contrarreformas económicas basadas en la represión bárbara de los derechos democráticos. Al mismo tiempo declaraba su intención de establecer el "modelo chileno" en Gran Bretaña.

En 1979, el gobierno laborista pierde el poder en el marco de niveles récord de movilizaciones obreras, que culminan con lo que se conoce como el "invierno de nuestro descontento." El gobierno tory que le sigue, al igual que el Presidente Reagan de Los Estados Unidos, rompe de una vez por todas con la política reformista del periodo de posguerra. A lo largo de trece años en el poder, el gobierno de Thatcher trata de destrozar todas las conquistas sociales de la clase obrera. Medidas de beneficios, y servicios sociales son tachadas de "socialistas." El mercado es "librado" de toda restricción. Los derechos democráticos, incluyendo el de la huelga y de establecer uniones, son cercenados con dureza.

Durante la huelga minera de un año de 1984 y 1985, Thatcher denuncia a los mineros de ser "el enemigo interno" y moviliza a toda la policía y a los tribunales para arrestar y condenar a la prisión a cientos de obreros y derrotar la huelga. Todo el aparato de seguridad de Gran Bretaña es reorganizado para intervenir contra la amenaza interna. Se crea un departamento especial, el F2, cuyo blanco era el movimiento obrero y sindical, con una concentración especial en los grupos socialistas.

Pero el paralelo histórico entre la trayectoria de Pinochet y el de ese gobierno tory no es el único elemento que motiva a los que defienden a aquél. No explicaría la posición del gobierno de Blair. A fin de cuentas el Partido Laborista condenó el golpe de Pinochet contra un socio suyo en la Internacional Socialista. Blair fue elegido en 1997, pretendiendo distanciarse de las confrontaciones de los 1980 y pidiendo una "renovación moral" de la política británica. En cambio, el laborismo ha continuado las relaciones con el general y ha laborado entre telones para por su libertad.

Los derechos estratégicos de la burguesía, que Blair defiende, están ligados a la suerte de Pinochet. A pesar de las declaraciones constantes sobre el "fin del socialismo" y de la lucha de clases, la clase dominante está muy al tanto de la aguda polarización social que existe actualmente en Inglaterra. La diferencia entre ricos y pobres es más grande que nunca en la historia. Ninguna de las reformas democráticas que prometiera el gobierno de Blair ha tomado lugar. Sus medidas sociales han beneficiado a las grandes compañías a costillas de la mayoría. Esa es una receta de confrontación social.

En esa situación, el caso de Pinochet, ayuda a desenmascarar cuan débil es el compromiso que tienen las autoridades británicas con las formas parlamentarias. Al defender la "inmunidad soberana" de Pinochet, la clase dominante se reserva el derecho de actuar como actuó él, en el futuro.

El peligro de esa alternativa crece con la postración de la opinión liberal y reformista oficial en Gran Bretaña. Si bien ha habido declaraciones inciertas a favor de la extradición de Pinochet, apoyo significativo existe a favor del argumento que un juicio contra el general inflamaría las tensiones políticas dentro de Chile y que pondría en peligro la "frágil democracia chilena." Un editorial en el Guardian hace un año, le aconseja al Secretario del Interior, Jack Straw, a que se "olvide de su pasada militancia estudiantil evitando dar la impresión que saciará lo que desgraciadamente parece ser una sed de sangre de ex izquierdistas. Aunque sus dioses hayan fracasado, éstos aún reclaman procesos jacobinos. Las obligaciones de Straw ahora abarcan a mucho más."

El historiador Eric Hobsbawm ha hecho una de las declaraciones más francas a favor de la excarcelación de Pinochet. En la edición del 2 de diciembre del Guardian escribe: " La opinión circunspecta de los líderes de la izquierda chilena es que el regreso de un Pinochet inevitablemente desacreditado y humillado haría el menor daño al progreso democrático de su país."

Hobsbawm, un stalinista por vida, aconseja la misma cobardía y conciliación que sus pares chilenos practicaron hace 25 años y que aún practican. Cuando en 1973 el gobierno de Allende y sus aliados del Partido Comunista se rehusaron a movilizar a la clase obrera en una lucha revolucionaria, justificando su posición con el argumento de que el camino pacífico al socialismo era posible mano con mano con la burguesía democrática, le abrieron la puerta a la victoria fascista. La transición a gobiernos civiles, que Hobsbawm aplaude, sólo fue permitida a cambio de que el Partido Socialista aceptara suprimir los deseos la clase obrera, por la democracia y justicia social. También tuvo que asegurar que el régimen militar permanecería más o menos intacto. Esa perspectiva plantea el verdadero peligro para los derechos democráticos, no sólo en Chile, sino también en Gran Bretaña.

Ver también:
Lecciones polìticas del golpe de Estado en Chile
Declaración de la Cuarta Internacional,
18 de septiembre de 1973
Una respuesta a los defensores de Pinochet
[17 de Noviembre de 1998]
Entrevista con el Secretario General de la Asociación de los Arrestados y Desaparecidos en Chile: "El principio de la justicia y los derechos humanos tiene que ser rescatado"
[12 noviembre 1998]