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El alto el fuego de ETA intensifica la crisis política
en España
Por Vicky Short
12 Octubre 1998
España ha sido sumida en una grave crisis constitucional
que podría resultar en la desintegración de la nación.
La declaración hace dos semanas de un indefinido alto el
fuego por parte del movimiento separatista vasco ETA ha provocado
intensa discordia entre el gobierno y el partido principal de
oposición. Al mismo tiempo ha exacerbado los conflictos
entre el gobierno y los dirigentes de various partidos separatistas
y nacionalistas.
El primer ministro, José Maria Aznar, del Partido Popular,
ha celebrado una serie de reuniones con líderes de los
otros partidos en el gobierno y en la oposición en un esfuerzo
contínuo para decidir una respuesta política coordinada
a la tregua de ETA. Ya en Marzo de 1996, ETA declaró que
si el Estado español reconocía el derecho a la auto-determinación
y la integridad territorial del pais vasco, ETA declararía
un alto el fuego. Afirmó así mismo que tal tregua
sería seguida por un proceso democrático en el que
la población vasca decidiera todos los aspectos relacionados
con su futuro.
Resuelto a aniquilar a ETA, el gobierno de Aznar continuó
su campaña de represión estatal durante la cual
desmanteló varios comandos de ETA, desbarató su
red financiera, encarceló a dirigentes de su ala política,
Herri Batasuna (HB) y cerró su periódico. En contra
de esta estrategia, el partido de oposición PSOE (Partido
Socialista Obrero de España) y otros intentaron ejercer
presión sobre el gobierno para que organizase una contraofensiva
encabezada por los "partidos democráticos moderados".
Izquierda Unida (IU), una coalición de radicales y nacionalistas
liderada por los estalinistas de España, se adelantó
como paladín de esta alternativa. Bajo sus auspicios, los
separatistas vascos formaron un bloque con otros partidos y sindicatos
vascos para reclamar mayor independencia del gobierno central,
asegurándose el apoyo de los partidos separatistas catalán
y gallego, Convergencia i Unio (CiU) y Bloque Nacionalista Gallego
(BNG) en una reclamación general de mayor autonomía
regional.
ETA y HB lanzaron su alto el fuego con la intención
de preparar los cimientos para el mismo tipo de "proceso
de paz" que produjo el Acuerdo de Irlanda del Norte. El Lunes
pasado, "La Declaración de Lizarra", firmada
por various partidos separatistas, fue entregada a Gerry Adams,
el líder del partido republicano irlandés Sinn Fein,
cuando visitó Bilbao como invitado de HB. Se le pidió
que pasara el documento al presidente de los Estados Unidos, Bill
Clinton, cuando se encuentrara con él en Washington el
10 de Octubre.
El cambio de táctica de los separatistas vascos ha dejado
la política del gobierno del PP en total confusión.
El 26 de Septiembre en San Sebastián, Aznar intentó
limitar las demandas de los nacionalistas vascos y sus ataques
a la Carta Magna (Constitución) de España con un
discurso conciliatorio. En él dijo: "la paz cabe perfectamente
en la actual Carta Magna".
Xabier Arzalluz, presidente del principal partido nacionalista
vasco PNV, reaccionó con una seca réplica: "No
sé si la paz cabe en la Constitución, pero este
pueblo no cabe en ella.... Hoy por hoy, como nacionalistas vascos,
no aceptamos ninguna Constitución, ni ésta ni otra,
en la que el pueblo vasco no pueda elegir estar o no estar, o
cómo estar en esa Constitución."
Arzalluz habló ante más de 100,000 afiliados y simpatizantes
del PNV en Vitoria y recordó al gobierno que compartía
la tribuna con representantes de otros partidos nacionalistas.
CiU y BNG tampoco estaban de acuerdo con la Carta Magna, dijo
Arzalluz, primero porque el artículo 8 dice que el "Ejército
es la garantía de la unidad territorial, y éstas
no son palabras de paz", y además porque no contempla
la posibilidad de que las nacionalidades decidan su propio futuro.
"El cañón es la última razón
de la Constitución y eso no dice mucho en favor de la paz."
Las palabras que Arzalluz dirigió a Felipe Gonzalez,
ex-primer ministro y líder del PSOE, no fueron menos acerbas,
acusándole de pensar "como un serbio". Esta fue
su respuesta a los temores expresados por Gonzalez de que después
de la transición en España de la dictadura fascista
de Franco a la democracia parlamentaria, la "segunda transición
vaya camino, no de Bruselas, sino de Tirana y Sarajevo."
El PSOE había ya hecho un llamamiento al gobierno para
que exigiera a Arzalluz lealtad a la Constitución. Gonzalez
subrayó estar de acuerdo con Aznar haciendo constar que
sólo la Constitución garantiza una paz "digna".
"No admitimos que el precio de la paz pase por hacer concesiones
a los nacionalistas".
Con el fin de apaciguar la situación, Arzalluz celebró
reuniones con el primer ministro Aznar en las que declaró
que un acuerdo no sería posible sin un censenso suficiente,
que tendría que incluir al PP y el PSOE. El proceso de
paz podía proceder inmediatamente si reclamaciones de mayor
autonomía se discutían en una próxima fecha.
El coordinador general de IU en el País Vasco, Javier
Madrazo, coincidió de pleno con Arzalluz, declarando: "La
mayoría del pueblo vasco no se identifica con esta Constitución."
Por su parte, el CiU catalán teme que sus propias reivindicaciones
queden aparcadas por los acontecimientos vascos. El líder
de CiU, Jordi Pujol, dijo que, pase lo que pase en el País
Vasco, el Gobierno catalán quiere más poder y soberanía.
Y los quiere en un horizonte de dos o tres años.
El objetivo es hacer de la Generalitat (gobierno autónomo)
la sóla autoridad, a excepción de las competencias
que la Constitución reserva con carácter de exclusividad
al Gobierno central. La primera meta parcial es conseguir un nuevo
sistema de financiación autonómica similar al que
ya existe en el País Vasco y en el que la Generalitat recaude
todos los impuestos y luego transfiera al Estado una parte acordada.
Esto, declaró Pujol, puede lograrse con una más
flexible interpretación de la Constitución. En caso
contrario, advirtió, "la Constitución es revisable...
no es intocable."
Refiriéndose a la "solidaridad y lealtad"
con el resto del Estado español ya demostradas por CiU
(una referencia al apoyo parlamentario de CiU a los dos gobiernos
minoritarios, el anterior PSOE y el presente PP), Pujol manifestó
que la Generalitat se había ganado el derecho a plantear
sus reivindicaciones soberanistas sin reservas.
La crisis constitucional, si bien precipitada por la tregua
de ETA, estaba ya a punto de surgir. La Constitución de
1978 fue la culminación de la llamada transición
pacífica desde 36 años de fascismo a la democracia
parlamentaria que resultó como continuación a la
muerte de Franco en 1975.
Todos los líderes mencionados tomaron parte en el diseño
de la misma constitución que ahora estan dispuestos a despedazar.
Bajo la dirección de Santiago Carrillo, entonces secretario
general del Partido Comunista, todos los principales partidos
políticos, los partidos separatistas y los sindicatos se
unificaron con el propósito de suprimir la furia de los
obreros españoles que siguió la muerte de Franco,
imponiéndoles una constitución que proporcionaba
una amnistía a los fascistas preservando al mismo tiempo
la autoridad burguesa.
La constitución de 1978 intentó acomodar todos
los divergentes intereses regionales, que habían sido suprimidos
por el régimen de Franco, dentro de una "Nación
de las Autonomías" compuesta por 17 regiones distintas.
A partir de entonces los vascos y catalanes han alcanzado una
alta medida de autonomía a cambio de actuar como socios
parlamentarios de los dos últimos gobiernos del PSOE y
PP.
Hoy por el contrario el mantenimiento de la integridad territorial
y el mercado nacional de España es menos importante para
las distintas burguesías regionales que el poder desarrollar
conexiones directas con el mercado mundial y la obtención
de inversiones internacionales en sus propias regiones. El País
Vasco, por ejemplo, es una de las zonas más industrializadas
de España. La aspiración de los separatistas es
lograr la total administración de la economía vasca
y de este modo poder establecer relaciones independientes con
la Unión Europea y las corporaciones transnacionales.
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