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Disturbios en Chile por arresto de Pinochet
Por Mauricio Saavedra
28 Octubre 1998
Como toda gran crisis política, los eventos desencadenados
por el arresto del ex-dictador chileno general Augusto Pinochet
han revelado el carácter de los principales protagonistas.
En particular, el arresto ha creado graves problemas para el gobierno
de coalición chileno dirigido por el presidente Eduardo
Frei, para los militares y los llamados partidos de izquierda.
A pesar del esfuerzo de estos protagonistas, que vienen trabajando
juntos desde el fin del régimen militar en 1990, por aminorar
las consecuencias del arresto, han resurgido las cuestiones centrales
relacionadas a asesinatos masivos, secuestros y la represión
política ocurridos durante la dictadura y el golpe militar
de 1973 que contó con el respaldo de los EE.UU.
El domingo pasado 30,000 personas, en su mayoría jóvenes,
se reunieron en el parque O'Higgins en Santiago para celebrar
el arresto de Pinochet y demandar que se le lleve a juicio. Al
final del evento, la polícia atacó a la juventud
con gases lacrimógenos y cañones de agua. Los jóvenes
manifestantes respondieron con piedras y bombas incenciarias,
rompiendo luces de tráfico y prendiendo fogatas en las
calles. Con el arresto de muchos de estos jóvenes, el total
de detenidos en eventos pasados es mayor a 300.
El gobierno de Frei-una alianza entre la Unión Demócrata
Cristiana (UDC) y el Partido Socialista (PS)-ha condenado el arresto
de Pinochet y demanda que las autoridades británicas respeten
su inmunidad diplomática. Líderes del gobierno ha
respaldado en varias ocasiones la posición oficial de que
el arresto del general "es un reto a la soberanía
chilena, minando sus leyes e instituciones y atacando su dignidad
nacional".
En 1973 los militares derrocaron al gobierno del socialista
Salvador Allende, quien fue asesinado, junto a decenas de miles
de obreros y jóvenes, muchos de ellos miembros del PS y
el Partido Comunista. A pesar de ésto, la facción
del PS en el gobierno de Frei se ha alineado, aún más,
ha tomado el liderazgo de la campaña demandando la liberación
de Pinochet. El ministro de relaciones exteriores, el socialista
José Miguel Insulza, quien fuera exiliado por más
de una década, está a cargo de los esfuerzos diplomáticos
del gobierno.
El gobierno auto-denominado de centro-izquierda está
tratando de mantener los frágiles arreglos constitucionales
que los líderes de la UDC y el PS, junto a los partidos
de ultra-derecha y pro-militares, acordaron con Pinochet y los
generales después que el pueblo chileno votó en
1988 un referendum rechazando la continuidad del régimen
militar.
De acuerdo a la constitución escrita por Pinochet, el
ex-dictador ocupa el cargo de senador vitalicio, a pesar de haber
ya dejado en marzo pasado su puesto de comandante en jefe de las
Fuerzas Armadas chilenas. Los militares continúan con el
rol protector bajo la misma constitución. Diez de los 48
senadores son nombrados a dedo. De éstos, cinco, incluyendo
a Pinochet, son designados por los militares. En tres ocasiones
desde que el régimen militar formalmente llegó a
su fin, estos senadores han bloqueado el intento de abolir sus
privilegios políticos.
La ley de amnistía de 1978 previene el juicio de individuos
implicados en los actos criminales cometidos entre 1973 y 1978.
Además, sólo las cortes militares pueden enjuiciar
a hombres en uniforme, convirtiéndose así en un
obstáculo legal para enfrentar la ola de crímenes
de los años 70 y 80. Cuando en 1993 las autoridades judiciales
indicaron que investigarían los años de la dictadura
militar, Pinochet y los militares protagonisaron una muestra de
fuerza.
La reacción al arresto de Pinochet ha revelado una vez
más la fragilidad de la democracia chilena. La posición
del gobierno ha desencadenado una dura reacción por parte
de los militares y la ultra-derecha, quienes muy bien pueden acabar
directamente comprometidos si se lleva a cabo el juicio contra
Pinochet en España. Los militares, los medios de comunicación,
líderes de corporaciones y la derecha se han unido al llamado
de "dignidad nacional".
"Apreciamos las declaraciones y la posición del
presidente Frei en esta hora. El ha interpretado el sentimiento
de la gran mayoría del país, particularmente el
de la Fuerzas Armadas," dijo el comandante en jefe del ejército,
general Ricardo Izurieta, después de haberse reunido a
puerta cerrada con 1,200 jefes y oficiales de la Guarnición
del Ejército de la Región Metropolitana. Izurieta,
el comandante en jefe de la marina, almirante Jorge Arancibia,
y el vice-almirante Hernán Couyoumdjian Bergaamali cancelaron
compromisos pendientes en el exterior para participar de dicha
reunión.
La reunión de los militares fue seguida por el boicot
del parlamento por parte de los partidos de derecha, logrando
que se interrumpan las sesiones del parlamento. El sábado
pasado auspiciaron una manifestación de 15,000 que sacaron
la bandera chilena en un afluyente distrito de Santiago, demandando
la liberación de Pinochet en el nombre de la "dignidad
nacional". El ex-comandante en jefe de la marina, el senador
designado a dedo Jorge Martinez Busch, hicieron un llamado para
que se suspenda el parlamento hasta que "se resuelva el arresto
del general Pinochet". Martinez recibió el respaldo
de ex-generales del ejército y del senador designado Julio
Canessa, quien declaró que el arresto amenaza la "estabilidad
de la nación".
Una delegación de parlamentarios del ultra-derechista
partido de oposición Renovación Nacional (RN) y
la Unión Democrática Independiente (UDI) viajaron
a Inglaterra y España para presionar por la liberación
de Pinochet y para dialogar con sus co-pensadores políticos
en esos países. Hablando ante la prensa, el líder
RN Sergio Romero y el presidente de la UDI Pablo Lonqueira dijeron
que tenían pruebas de que el arresto de Pinochet era parte
de una "conspiración internacional coordinada por
la izquierda". Presentaron un escenario en el cual Pinochet
era la víctima de un complot socialista que incluía
al abogado español Baltasar Garzón, el gobierno
laborista británico, el líder del PS Lagos y "todos
aquellos chilenos que han aplaudido el arresto del general Pinochet".
Insinuando una amenaza de intervención militar, el senador
UDI Hernán Larraín advirtió que de no reaccionar
toda la población con orgullo nacionalista, podrían
caer las "instituciones democráticas". El país
"retornaría a los días del gobierno de Unidad
Popular de los 70"-refiriéndose al gobierno de Allende
derrocado por Pinochet. El diario El Mercurio reveló que
se estaban reagrupando miembros de las agencias de inteligencia
chilenas (DINA y CNI), la policía secreta que organizó
a los escuadrones de la muerte, campos de concentración
y cámaras de torturas.
Poco tiempo después, el senador independiente de ultra-derecha
Evelyn Matthei y los diputados de RN Pía Guzmán
y Rosa Gonzalez establecieron el "Movimiento Femenino por
la Dignidad Chilena", y llevaron a cabo una protesta frente
a la embaja española demandando el boicot a todos los productos
españoles e ingleses. En Providencia, un afluyente barrio
de Santiago, el alcalde suspendió la recolección
de basura en la embajada española, y con el apoyo de otros
17 alcaldes del país izó la bandera chilena en todas
la áreas públicas y residencias privadas.
Estas manifestaciones de la derecha, reminicentes de los meses
anteriores al golpe de 1973, han sido acompañadas por amenazas
de muerte contra legisladores del PS y diputados como la hija
de Allende Isabel, Fanny Pollarol, Guido Girandi y Jaime Naranjo.
La secretario general del Partido Comunista Gladys Marín
reveló la semana pasada que varios miembros del PC también
han sido amenazados.
La activista por los derechos humanos Carmen Soria ha presentado
una demanda de protección para ella y su familia, después
de ser amenazada. La hija de Carmelo Soria, el chileno-español
funcionario de Naciones Unidas asesinado en 1976, es reconocida
por sus repetidos intentos de llevar sus casos a la corte.
Pero la respuesta más sorprendente al arresto de Pinochet
viene de los líderes del Partido Socialista. Ellos han
corrido a la defensa del ex-dictador. En un típico comentario,
uno de los parlamentarios del partido, José Viera-Gallo,
dijo: "Si el general Pinochet hubiese pedido asilo, nosotros
(los socialistas) seríamos los primeros en apoyar sus derechos
democráticos a pesar de nuestros desacuerdos (con Pinochet).
El problema es que él se encuentra en Gran Bretaña
que no acepta el argumento de que tiene inmunidad diplomática".
Ricardo Lagos, el candidato presidencial del PS y del Partido
por la Democracia (PPD), se ha unido a Frei en pedir la libertad
de Pinochet, diciendo que la democracia no sobrevirá si
se juzga al ex-dictador. "Los chilenos están irreconciliablemente
divididos y nuestra democracia no está lista para enfrentar
el cuestionamiento histórico que se abriría con
un juicio de los abusos a los derechos humanos por parte de Pinochet",
dijo.
Su predecesor, Salvador Allende, había pronunciado llamados
similares por la paz y la unidad nacional en los meses y días
anteriores a su derrocamiento, oponiéndose a todos los
esfuerzos de la clase obrera para autodefenderse contra el inminente
golpe. Esta es una de las "cuestiones históricas"
que Lagos quiere evitar.
Lagos resaltó su lealtad a la "democracia"
diseñada por políticos, líderes empresariales
y militares a partir de 1990. Condenó la suspensión
del parlamento por la oposición de derecha porque interfería
con la aprobación del presupuesto gubernamental. "Hubiese
preferido menos pasión y más razón,"
dijo. "Quieren prevenir el funcionamiento del congreso y
bloquear el presupuesto."
Estas declaraciones de los líderes del ala izquierda
del parlamento son testamento de su impotencia e indiferencia
por las miles de víctimas de la dictadura de Pinochet.
El objetivo central del golpe del 11 de septiembre de 1973 era
atomizar a la clase obrera y suprimir la posibilidad de una revolución
socialista. Pinochet se jacta de haber creado "el único
país que erradicó completamente a los comunistas
marxistas-leninistas y salvó al país de una guerra
civil."
Pinochet y los militares tuvieron éxito en 1973 porque
el gobierno de Unidad Popular, esencialmente una alianza entre
el PS y PC, se opuso y sistemáticamente bloqueó
la moviliazación independiente de la clase obrera, atando
a los obreros a la corrupta fachada de la democracia capitalista.
La manifestación contra Pinochet del domingo pasado en
el parque O'Higgins demuestra que hoy existe un peligro similar.
El evento fue organizado por el PC, la Central Sindical de
Trabajadores y grupos de derechos humanos. Marín, el secretario
general del PC, criticó al ex-candidato presidencial del
PS, Lagos, por dar su apoyo al reclamo de inmunidad diplomática
de Pinochet. Pero la manifestación sirvió de plataforma
para oradores de la coalición gobernante, incluyendo a
los demócrata cristianos del presidente Frei-el partido
que apoyó el golpe de Pinochet 25 años atrás.
Uno de sus parlamentaristas, Gabriel Ascencio, argumentó
que Pinochet debería de ser juzgado en el exterior porque
no había posibilidad de llevarlo a la justicia en Chile.
"Si no podemos juzgar a Pinochet en Chile, entonces nuestra
responsabilidad moral y ética es asistir a cualquier corte
que pueda juzgarlo," dijo.
La pregunta obvia es: ¿Por qué no se le ha juzgado
a Pinochet en Chile? Para hacerlo, la clase obrera tendría
que saldar cuentas con todos los responsable por la dictadura,
así como también con todos aquellos que los han
encubierto hasta el día de hoy.
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